El caso de los loquitos de San Diego de Alcalá, otro aniversario

**Memoria histórica de uno de los mayores actos de crueldad cometidos con personas indefensas en la ciudad de Chihuahua.

La Crónica de Chihuahua
Octubre de 2010, 23:17 pm

Froilán Meza Rivera
Octubre de 2010, 23:17 pm

Chihuahua, Chih.- En San Diego, las gentes se enteraron por el periódico de la desgracia, y se encolerizaron igual que las gentes de buena fe en todo el estado, porque en la historia reciente no se había registrado acto tan cruel e inhumano.

El viernes 21 de julio de 1983, en el punto más ardiente de aquel verano sin gota de lluvia todavía, nueve personas fueron abandonadas en el camino de tierra que comunica la Carretera Federal 45 con el poblado de San Diego de Alcalá.

Literalmente los tiraron para que se murieran en el desierto, para que se los comieran el sol, la sed y el hambre, y para que sus cuerpos sirvieran de pasto a los animales del monte.

Se trató de un acto premeditado cuyo objetivo era “limpiar” de “locos” la capital del estado. Una patrulla de aquéllas que había entonces, llamadas “julias” o “perreras”, fue atestada de “loquitos” después de que la policía municipal de Chihuahua hubo realizado una razzia en las calles.

Dos días después de que fueron abandonados, siete de los nueve “loquitos” iniciales vagaban en las inmediaciones de la carretera, hambrientos, delirantes de sed y a punto de la insolación. Fueron encontrados por automovilistas y recogidos después por agentes de la policía judicial.

En la cuarta fecha del crimen, el lunes 24, sobre la carretera, cerca del poblado de Tomás García, estaban los cadáveres de los dos que no pudieron sobrevivir. Graciela Torres, de 27 años, ya no tenía ropa y mostraba signos de deshidratación y de mordeduras de animales. El otro muerto fue “El Maromero”, de escasos 17 años de edad, quien murió atropellado.

¿Quién dio la orden de levantar, trasladar y sacrificar a esos indefensos seres humanos?

Al cabo del juicio que se abrió para fincarles responsabilidad, resultaron “culpables” el oficial de barandilla Héctor Delgado y el alcaide de la cárcel municipal Jaime Acosta Osollo, a quienes se atribuyó haber dado la orden.

En diciembre de ese año, una comisión formada por una veintena de vecinos de la colonia Dale se había entrevistado con el procurador general de Justicia del Estado, Toribio Porras Villegas, para protestar enérgicamente ante él por la serie de graves irregularidades que se presentaron en el expediente por parte del Ministerio Público. El proceso, que estaba a punto de concluir sin que se hubiera señalado siquiera a los verdaderos responsables del crimen, estuvo amañado desde el principio, y el juez falló de acuerdo a una orden dada desde arriba.

¿Vino la orden de arriba?

Ramiro Cota, el presidente municipal, se deslindó, por supuesto, de haber dado cualquier orden en el sentido de realizar una “limpia”, y defendió también a su director de Seguridad Pública Municipal, Adolfo Baca Beltrán, quien por escrito aseguró que él nunca se enteró siquiera de lo que hicieron sus subalternos con los “loquitos”.

Los policías alegaron siempre ser inocentes, y nunca dejaron de asegurar que “sólo cumplieron órdenes”.

La justicia para los “loquitos de San Diego de Alcalá” sigue pendiente, pero a tantos años ya de distancia, nadie cree en la versión de las autoridades.