Desampara gobierno a las víctimas del Campo Algodonero

**A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara contra los tres niveles de gobierno, los familiares de las víctimas se quejan de que no hubo ninguna respuesta positiva de los implicados.

La Crónica de Chihuahua
Diciembre de 2010, 23:45 pm

Ciudad Juárez.- México le volvió a fallar a sus víctimas, las cientos de mujeres mexicanas que diariamente sufren violencia de género, así como a las desaparecidas, torturadas, asesinadas y vejadas que desde 1993 han ensombrecido el nombre de Ciudad Juárez.

Las autoridades han tenido a lo largo de este año una oportunidad histórica para resarcir años de desidia y abandono; sin embargo, una vez más, han optado por mirar hacia otro lado y depurar responsabilidades. Esta es la conclusión de organizaciones civiles, la Comisión Especial para los Feminicidios de la Cámara de Diputados y los abogados que durante ocho años han luchado para que se haga justicia.

A un año exacto de la sentencia contra el Estado mexicano por su responsabilidad en el asesinato de tres mujeres de Ciudad Juárez, la primera de este tipo en América Latina, todas las partes dan un categórico "suspenso" a las autoridades de todos los niveles de gobierno: el federal, el estatal y el local de Juárez.

"A estas alturas, la única justicia que espero es la divina, porque hay falta de voluntad de parte del Gobierno mexicano y de las autoridades de todos los niveles. Están demostrando que no les importan los homicidios y las desapariciones de mujeres y que aquí se pueden seguir violentando los Derechos Humanos", exclamaba Irma Monreal, madre de Esmeralda Herrera (15 años), una de las jóvenes aparecidas muertas en 2001 en una zona de Ciudad Juárez que se hizo famosa con el nombre de Campo Algodonero.

Sentencia histórica

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó hace exactamente un año que México violó los derechos a la vida, la integridad personal, de acceso a la justicia y a la protección judicial en el caso de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González (19 años) y Laura Berenice Ramos (17 años).

La sentencia, considerada histórica, establecía una serie de obligaciones que las autoridades mexicanas tenían que acatar en el plazo de un año, acciones inmediatas como el pago de una indemnización de 900 mil dólares a las familias, la realización de una disculpa pública, el levantamiento de un memorial en recuerdo a las víctimas, la prestación de servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos a los familiares; pero también acciones a medio plazo como la revisión de los protocolos y criterios de investigación en los casos de desapariciones y feminicidios que podrían suponer cambios estructurales en las fiscalías.

Frustración

"Tenemos un sentimiento de frustración, porque después de tantos años y del impacto que tuvo la sentencia, la autoridad nos dice que no va a cumplirla", lamenta David Peña, uno de los abogados del caso Campo Algodonero. Otra de las exigencias de la sentencia era abrir nuevas vías de investigación en este caso, ya que aún no se ha detenido a los verdaderos culpables. En un principio fueron señalados dos choferes de transporte urbano, pero se demostró que ambos fueron torturados para confesar. Uno de ellos murió misteriosamente en la cárcel.
(Dic. 13, 2010)