Ciudad Juárez, un gran reto para sus autoridades

Por Antonio Escamilla Meza*

La Crónica de Chihuahua
Septiembre de 2011, 14:12 pm

Originalmente llamada Paso del Norte, Ciudad Juárez recibió su actual nombre en 1888, por decreto de Porfirio Díaz, en honor a Benito Juárez, quien por poco tiempo convirtió a esta ciudad en sede del poder de la nación, con motivo de la segunda Intervención Francesa.

Después de ser una de las ciudades del país con más empleos estables creados, en virtud de su condición de ciudad fronteriza que le permitió tener una gran proliferación de industrias maquiladoras desde la década de los años sesenta, y ser, por tanto, un polo de atracción migratoria (derivada de la gran oferta de trabajo), entre 2006 y 2009 se registró una pérdida cercana a los 75 mil empleos, sólo en este tipo de industria.

La situación se agravó drásticamente por la inseguridad ya que miles de pequeños, medianos y grandes negocios se han visto obligados a cerrar como consecuencia de la extorsión aumentando el desempleo.
El desempleo, la pérdida de prestaciones y bonos, la destrucción de unidades económicas de producción familiares y la desaparición de opciones informales para complementar el ingreso o como alternativa ante el desempleo, son algunos de los efectos de la crisis económica sobre la población juarense. Lo anterior ha agudizado las condiciones de explotación de los trabajadores –especialmente en la industria maquiladora-, ha disminuido el ingreso de las familias de manera drástica y, por consiguiente, ha profundizado la pobreza en amplios sectores de la población.

Otro impacto de la crisis en las familias se refleja en la imposibilidad de enviar a sus hijos a la escuela, especialmente a partir de la secundaria, lo que origina un buen caldo de cultivo para el crimen organizado y no organizado.

La crisis económica y de inseguridad ha afectado también el patrimonio de las familias. Como se ha señalado, muchas familias jóvenes han tenido que abandonar sus viviendas, pues ante la disminución de su ingreso, no han podido pagar el crédito de Infonavit, o bien miles de familias huyen de sus hogares por la escalada de violencia imperante, en Chihuahua existen más de 46 mil casas abandonadas de las cuales el 74% están en Ciudad Juárez, de acuerdo a lo publicado por El Diario en su edición del 31 de agosto de los corrientes.

A esto hay que agregar la proliferación de decenas de colonias sin agua, sin drenaje, sin pavimento, sin viviendas dignas, sin servicios de salud ni de educación, sin regularización de la tenencia de la tierra, muchas de ellas en zonas de alto riesgo, con una gran inseguridad, etc., producto de la falta de una política social para el desarrollo urbano integral de la ciudad.

Ante el gran pasado histórico de Ciudad Juárez, ante la importancia que para la nación tiene, y ante la gran pobreza y sus secuelas que proliferan por doquier, todos esperamos que las instancias gubernamentales pongan manos a la obra para erradicar las causas que engendran la pobreza que, a su vez, es la causa de la inseguridad y la violencia que desangran diariamente a los juarenses. Lo que no deberían hacer sus gobernantes, para estar a la altura del inconmensurable reto, sería ignorar a sus ciudadanos y a sus ancestrales problemas.

Lo anterior viene a cuento porque el 20 de agosto pasado, en audiencia pública, el ingeniero Héctor Murguía Lardizábal, presidente municipal de la emblemática Ciudad Juárez, recibió a una comisión de ciudadanos juarenses encabezada por Marco Antonio Martínez Soto, dirigente antorchista en el Municipio quien, aparte de exponerle en términos generales el pliego petitorio de nuestro Movimiento que contiene solicitudes de agua potable, drenaje, muros de contención, mejoramiento a la vivienda, etc., le solicitó una audiencia para el Comité Estatal de nuestra organización, con la finalidad de dialogar ampliamente sobre el mencionado pliego, y buscar soluciones a las demandas de elemental justicia social ahí planteadas.

De inmediato el ingeniero Murguía instruyó a su secretario particular para que la audiencia fuera agendada, dando esperanza a los antorchistas juarenses de resolver sus peticiones.
Sin embargo, han transcurrido ya más de 8 días y la audiencia no ha sido agendada, ni tampoco se han girado instrucciones para que las solicitudes sean atendidas.

Hay que destacar que el pliego petitorio y la solicitud de audiencia no fueron planteados hace una semana en la oficina del munícipe sino desde el mes de noviembre del 2010, es decir, desde hace casi 10 meses.

Por ello, los antorchistas esperamos, muy atentamente, que la audiencia prometida por el ingeniero Héctor Murguía Lardizábal, para nuestro Comité Estatal, realmente se lleve a cabo y que se resuelva satisfactoriamente el mencionado pliego petitorio. Solamente así la autoridad municipal estaría haciendo justicia a miles de juarenses y se pondría realmente a la altura de las circunstancias. Lo contrario significaría dar síntomas de debilidad ante el gran reto de convertir a Ciudad Juárez en una ciudad de paz, de progreso, de desarrollo, de una alta calidad de vida, libre de crímenes y de violencia.

(El autor es dirigente estatal del Movimiento Antorchista de Chihuahua)