Caso Ayotzinapa: Un mes sin los 43 normalistas de Guerrero

**Y aún no hay ni una sola línea de investigación

La Crónica de Chihuahua
Octubre de 2014, 11:25 am

Ciudad de México.- Desde hace ocho años en México nos acostumbramos a leer o ver imágenes de crueles ejecuciones y matanzas masivas realizadas por miembros del crimen organizado, sin embargo, pocos hechos logran despertar la indignación nacional y repudio internacional como la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos" en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.

Una de las primeras imágenes del caso, fue la un cadáver desollado, que correspondía a Julio César Mondragón de 22 años, normalista muerto en el primer ataque de los policías de Iguala y que fue dejado en una zona industrial, como un acto similar a las advertencias del crimen organizado.

Conforme avanzaron las investigaciones, el caso se tornó más dramático cuando la PGR confirmó que los 43 estudiantes provienen de comunidades marginadas e indígenas de Guerrero y que desaparecieron por órdenes del expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, expresidenta del DIF, a quien asociaron directamente con el grupo criminal de los Beltrán Leyva.

Mientras las autoridades estatales y federales demostraban su total incapacidad y contradicciones en las indagatorias, decenas de fosas, algunas con restos humanos calcinados, aparecían en la periferia de Iguala, Guerrero, las cuales, fueron ubicadas y reportadas por policías comunitarias de la UPOEG.

En las calles de México, miles de personas salieron a exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes, incluso a nivel mundial también hubo manifestaciones contra el gobierno de México por el caso.

El hartazgo social desató protestas violentas en Guerrero, contra edificios públicos del Gobierno incluidos el Congreso del Estado, el palacio de Gobierno, las instalaciones del PRD y una plaza comercial propiedad del alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca.

En la última megamarcha, padres de los normalistas dieron desgarradores testimonios de la última vez que vieron a sus hijos, incluso uno de ellos le declaró la guerra al gobierno, y dio dos días de plazo a las autoridades para encontrar a los normalistas.

Posteriormente el Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, advirtió que emprenderán acciones radicales, debido que este domingo se cumple un mes de la desaparición de sus 43 compañeros y no hay resultados.

Previo a que Ángel Aguirre pidiera licencia al Congreso de Guerrero para dejar el cargo de Gobernador, legisladores de derecha pidieron la desaparición de poderes, sin embargo, el Senado de la República consideró que la situación en el estado "no es causal determinante" para declarar que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales dejen de funcionar.

Hasta el momento, el Gobierno ha declarado que su prioridad es encontrar con vida a los normalistas, incluso la PGR ofreció recompensa de un millón de pesos a quien de información sobre el paradero de los jóvenes, lo que mantiene viva la esperanza de encontrarlos.

Quizá para que la noticia de la muerte no generé un impacto devastador en los familiares, amigos y en la población en general, se utilizó el prestigio y respeto que tiene el sacerdote defensor de los derechos humanos de migrantes, Alejandro Solalinde, filtrándole ‘información’ de que los jóvenes fueron asesinados y "quemados vivos".

Aunque la información sea contradictoria y la realidad sea otra, el clamor popular es ¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
Agencias