Avala Suprema Corte el precio único del libro

**Ahora se puede promulgar esa ley que pretende extender la lectura a las grandes mayorías.

La Crónica de Chihuahua
Septiembre de 2011, 08:55 am

Por mayoría dividida, de seis votos contra cinco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el precio único para los libros no viola los principios de libre concurrencia y competencia económica, y avaló la constitucionalidad de la Ley Fomento para la Lectura y el Libro.

Así, el pleno negó a la empresa Cotsco el amparo que promovió para impugnar diversos artículos de la ley, que faculta a editores e importadores para fijar un precio único para los libros, que regirá independientemente del lugar donde se adquieran.

Los tres ministros que el martes configuraron la minoría, lograron sumar ayer a su postura al presidente de la Corte, Juan Silva Meza, y al ministro Luis María Aguilar Morales, pero no consiguieron los seis votos necesarios para derrotar el proyecto de Olga Sánchez Cordero que negaba el amparo.

Defendieron los argumentos de que el precio único es un medio fundamental para fomentar la lectura en el país y multiplicar las librerías a nivel nacional, facilitando el acceso equitativo a los libros y que los distribuidores compitan en servicio y surtido, no en descuentos.

Margarita Luna y Salvador Aguirre, en la minoría, sostuvieron que la fijación de precios únicos por parte de dos integrantes de la cadena del libro contraviene el Artículo 28 Constitucional, el cual prohibe el establecimiento de monopolios y cualquier práctica que atente contra la libre concurrencia y competencia económica.

Aguilar, que en las votaciones previas se pronunció por la constitucionalidad de la ley impugnada, anunció incluso que modificaría el proyecto de sentencia que había elaborado negando el otro amparo sobre el mismo tema, promovido por la librería Porrúa. Se dijo convencido por los argumentos de Luna Ramos y decidió replantear su propuesta, que presentará en otra sesión.

La minoría insistió en que el precio único no conseguirá incrementar los puntos de venta de libros, porque no considera los costos de traslado de los ejemplares en todo el país y prohíbe descuentos para textos editados o importados antes de 18 meses.

“¿Creen que señalando el precio único como territorio exclusivo del editor e importador se van a llegar a multiplicar las librerías por el abaratamiento a través de ese precio único para consumidores?, para mí eso es un chiste, lo único que van a generar con esto es una nueva norma protectiva para sacar del mercado a ciertas actividades del comercio”, dijo Aguirre.

Jorge Mario Pardo, en la mayoría, consideró que la medida pretende combatir la concentración de puntos de venta de libros, ya que 40% de las librerías del país están en el DF, mientras que la mitad de los estados cuenta con apenas una o dos.

Silva Meza recordó que el principio de libre competencia reconoce como única excepción para evitar prácticas monopólicas, absolutas o relativas la posibilidad de que el Estado pueda fijar precios máximos para evitar la especulación. Se trata de precios tope, no precios únicos, ni mínimos, que sólo puede fijar el Estado en aquellos casos en los que no exista una competencia efectiva, destacó el presidente de la Corte.

Consideró que una regulación como la del precio único impide que se pueda ofertar a lo consumidores un producto a varios costos, “lo que es contrario a la sana competencia y a la libre concurrencia, pues las distorsiona”.

Rechazó también que la política de precio único pueda favorecer la creación en el país de una red extensa de librerías, pues no toma en cuenta los costos de traslado al resto del territorio nacional que es muy amplio.

Silva reconoció que el artículo cuarto constitucional obliga al Estado a promover los medios para garantizar el acceso a la cultura.

Sin embargo, afirmó, el Estado no puede cumplir esta obligación mediante políticas públicas como la del precio único que violan disposiciones constitucionales expresas prohibitivas de prácticas monopólicas, que restringen la libre competencia y generan perjuicio a otros competidores.

Así, votó en contra del proyecto, junto con Margarita Luna Ramos, Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Luis María Aguilar. Por negar el amparo votaron Olga Sánchez Cordero; José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Sergio Valls y Jorge Mario Pardo.