Vivienda para los pobres, una opción negada en Chihuahua

Por Froilán Meza Rivera

La Crónica de Chihuahua
Marzo de 2018, 11:00 am

“Tenemos, aparte de Antorcha, a otros 15 mil solicitantes a los que tampoco hemos podido dotar de terrenos”, dijo con un orgullo que apenas pudo disimular, Irma Villalobos, jefa del Departamento de Regularización del Suelo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno del estado de Chihuahua. Así respondió esta funcionaria a la solicitud de información que le hicieron los representantes antorchistas que habían acudido a la dependencia para reclamar la falta de respuesta a los acuerdos que fueron puestos en papel membretado por el propio gobierno de Chihuahua, desde el ya lejano año de 2014, cuando se firmó una minuta entre solicitantes y autoridades, para dotar de terrenos para vivienda a cuatro grupos en igual número de municipios, y cuya demanda era ya a esas alturas, por cierto, añeja y estaba ya muy manoseada por autoridades estatales y municipales por igual.

Y cuando los comisionados notaron el tono de Irma Villalobos, le reclamaron que estuviera tratando de contraponer a unos solicitantes contra los otros, pero sobre todo, que la dependencia estatal que por mandato de una ley constitucional dota de terrenos para vivienda a los pobres de Chihuahua, se enorgulleciera de que a nadie le ha podido (o querido) solucionar su carencia.

Pero la jefa del Departamento de Regularización del Suelo Urbano no salió a atender realmente a los antorchistas, quienes aquel día se manifestaban al pie del edificio Héroes de la Revolución, sede de Desarrollo Urbano. No. Ella fue usada solamente como uno de los muchos “torpedos” o “kamikazes” que ha enviado la dependencia a distraer a los inconformes, unos ahora, otros después, con el fin de que no accedan a hablar con quien realmente les pudiera dar respuestas. Se trata, entonces, de poner más tiempo de por medio entre la urgencia de la gente y una solución efectiva, como una de las varias tácticas que le han servido a Desarrollo Urbano para dejar a la deriva, sin solución, no solamente a los antorchistas, sino a todos esos otros 15 mil solicitantes a los que la propia autoridad reconoce con un orgullo absurdo aunque explicable, que no ha atendido en su necesidad de un terreno.

¿De qué tácticas se trata?

Les mandan a funcionarios de tercera que no pueden dar respuestas y que sólo balbucean incoherencias porque ni siquiera tienen una pálida idea de qué se les está preguntando. Les mienten diciendo que sus expedientes “no están”, que “se extraviaron”, que “están incompletos”. Otra: les vuelven a mentir diciéndoles que es “la presidencia municipal” la que no ha realizado tal o cual acción. Y en fin, a partir del mes de septiembre de 2014, cuando el secretario de Gobierno y los solicitantes firmaron aquella famosa minuta de acuerdos, ya pasaron más de tres años, y si consideramos que, por ejemplo, los solicitantes más viejos de Delicias tienen un expediente en Desarrollo Urbano desde el año de 2011, se entiende que aquí la intención clarísima es la de cansarlos. Se trata, pues, de dejar pasar el mayor tiempo posible para que la gente desista, para que las familias se olviden de que viven pagando renta, de que tienen que dormir amontonados en un cuartito prestado, o que se les olvide que las familias recién formadas siguen viviendo en la casa de los abuelos de los niños, igualmente amontonados y hacinados, y que esas familias “nuevas” se van haciendo viejas dentro del seno paterno, y no se les hace realidad el sabio dicho de que “el casado casa quiere”.

Pero ¿de veras creen estos servidores públicos que a la gente se le va a olvidar que necesita una casa?

Debo hacer notar que la solicitud inicial del Movimiento Antorchista, documentada en consecutivos pliegos petitorios anuales desde el año de 2010 y que fueron entregados al inicio de cada año ante la anterior administración de César Duarte, comprendía la asignación de 500 lotes para vivienda, para cuatro grupos de igual número de municipios. Pero ante reiterados incumplimientos por parte del gobierno, la demanda de los lotes fue llevada como una de las tres peticiones con que esta organización instaló el plantón en el mes de septiembre de 2014 en la Plaza Hidalgo frente al Palacio de Gobierno y que, tras una protesta de 19 días, la administración estatal accedió a firmar una minuta de acuerdos en la que se consignó como uno de los logros, la dotación de esos 500 terrenos. ¿En qué consistía esta petición? Se solicitaron 100 terrenos para lotificar en Chihuahua, en Cuauhtémoc 150; en Delicias 150 y 100 en Parral, para beneficio de los grupos de solicitantes respectivos, algunos de los cuales ya habían entregado incluso sus enganches en Desarrollo Urbano, porque no los estaban pidiendo regalados, sino que, utilizando los programas ya existentes, plantearon pagar con facilidades. Esto último es necesario que se resalte con letras en negrita y en color rojo: la petición nunca fue –no puede serlo por la propia normatividad oficial- que el gobierno “regalara”, ni “entregara” los terrenos, no. La cosa funciona de la siguiente manera: Desarrollo Urbano estatal funge sólo como intermediario entre un vendedor, que puede ser un particular o el propio gobierno, mediante la venta de sus propias reservas territoriales, y los compradores, es decir, los grupos solicitantes. La parte gubernamental se encarga de ordenar la lotificación, de sortear y asignar los terrenos, de diseñar las calles y apartar los debidos espacios para parques, para escuelas y sitios públicos, así como de recoger las mensualidades que van dando los compradores.

El sexenio de César Duarte terminó, se extinguió en medio de conflictos sin fin, y para el Movimiento Antorchista nunca se hizo realidad la minuta famosa del 2014, con excepción de los solicitantes de Chihuahua, quienes pudieron contratar la compra de un predio. Pero dentro de la actual administración estatal, todo, todo: las actitudes, las tácticas dilatorias, el lenguaje evasivo y cantinflesco, el desinterés, etcétera, todo apunta a que va a ser, en materia de solución de los problemas de la clase trabajadora, una copia al carbón, pero gris, del sexenio anterior, a pesar de que en el discurso se diga lo contrario. Los hechos, las omisiones, dicen más que un millón de palabras.

El gobierno, por otra parte, prefiere que las viviendas que sí tiene, las que construyó supuestamente para destinarlas a las familias de escasos recursos económicos, se le echen a perder, prefiere que se le estén pudriendo, que entregarlas con facilidades y a precios accesibles, a familias que las necesitan ¿De qué estamos hablando? De una injusticia brutal, producto de la insensibilidad política más extrema. Me explico: existen cientos de viviendas ecológicas de 50 metros cuadrados de construcción en el fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado, que tienen ya tres años completos de estar en el abandono, por lo que algunas ya fueron vandalizadas y hasta sirven de refugio para malvivientes, a pesar de que aquí se invirtieron 400 millones de pesos para este proyecto. Siguen sin ser habitadas en su mayoría estas viviendas, cuyo conjunto se localiza a un costado del periférico Francisco R. Aldama, frente a la colonia Zootecnia, en la capital de Chihuahua. El alto precio que se les puso y las pequeñas dimensiones de estos inmuebles, son las principales razones de que sean poco deseables o inalcanzables para sus potenciales compradores.

El proyecto inicial contemplaba dotar, tómese nota: ¡a los solicitantes de Antorcha Popular! ¡A los solicitantes de Antorcha Popular! y a un grupo de indígenas rarámuris, pero el gobierno del estado lo canceló. ¿El resultado? Los rarámuris nunca obtuvieron viviendas, ni siquiera un predio pelón para construir, y los antorchistas se vieron obligados, como ya se dijo, a ponerse en plantón en la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno, para lograr ésta y otras cuatro demandas, en septiembre del año 2014.

En abril de ese mismo 2014, Pensiones Civiles del Estado anunció la construcción de viviendas ecológicas y de muy bajo costo (170 mil pesos), dirigidas a los empleados de gobierno, subsidiadas por la Comisión Nacional de Vivienda y el Fondo Monetario Internacional, a fin de beneficiar a las familias de más bajos ingresos para que pudieran adquirir su propia casa. Luego, a dos años de anunciado el proyecto, Pensiones Civiles abrió la oferta a la población en general, pero el precio de las viviendas ascendió, de los 170 mil pesos en que se ofertaba originalmente cada una de las casas, a 380 mil pesos pero sólo para los empleados de gobierno, porque para la sociedad en general, el precio es de 440 mil pesos, pagaderos a 20 años y para lo cual se requiere el concurso de una de dos instituciones bancarias, Bancomer o Banorte.

La mera existencia de ese fraccionamiento así, abandonado, semivacío, caro hasta el absurdo, es un preocupante síntoma de la persistente e histórica insensibilidad, hereditaria también, por lo que se ve, de los gobiernos y administraciones, hacia las verdaderas necesidades de las mayorías empobrecidas.

Cabe la pregunta, entonces: ¿cuáles opciones tiene la gente pobre para adquirir vivienda en Chihuahua?

Se me antoja decir que ninguna, pero sucede que los antorchistas, que se sepa, nunca en la historia han abandonado ninguna demanda justa, bien fundamentada, por la que sus futuros beneficiarios estén dispuestos a luchar, y ésta no va a ser –por supuesto- la excepción. En los días que vienen, el gobierno y el pueblo de Chihuahua van a saber de esta lucha, porque los solicitantes y sus compañeros solidarios retomarán las comisiones hacia las dependencias, los mítines, las manifestaciones y todo tipo de denuncia pública verbal, escrita, electrónica, visual, hasta lograr que se sensibilicen lo suficiente quienes están renuentes a resolver esta importante demanda, y se haga por fin realidad el viejo anhelo de estas 400 familias por tener un espacio propio en qué vivir.