Violencia homicida contra familias en Tijuana, Baja California

**Alguien mandó a matar y alguien tuvo que jalar el gatillo. Aquí, “donde empieza la Patria”, la alevosa muerte sorprendió al joven José Corrales Almejo el 29 de abril de 2017.


Violencia homicida contra familias en Tijuana, Baja California

La Crónica de Chihuahua
22 de mayo, 11:31 am

Reportaje por Minerva Flores Torres y Adamina Márquez

A mediados de febrero del presente, fue habitada por más de 800 personas la Tercera sección del Polígono 6 del Nuevo centro de población ejidal Ojo de Agua, delegación La Presa Este (una de las nueve que conforman el populoso y fronterizo municipio de Tijuana, Baja California).

La vida transcurría en completa normalidad para los nuevos inquilinos y hasta el 23 de abril nuevas familias improvisaban sus viviendas conforme les asignaban un lote.

No se habían cumplido tres meses cuando el 26 de abril, al medio día, un impresionante equipo de maquinaria pesada arrastrando 20 contenedores metálicos irrumpió sorpresivamente en el paraje, se estacionó en dos filas, dejó uno en el centro con desechos médicos y otro más adelante. Sin exhibir documento o identificación alguna, Juana Rodríguez García exigía a todos, con palabras altisonantes, que salieran de su terreno o haría un “cagadero”.

Los nuevos pobladores no se dejaron intimidar ni por los pesados contendores de 3.5 toneladas ni por la violencia verbal de la agresiva mujer, pero tomaron sus precauciones, organizando cuadrillas que día y noche custodiaban el predio a la luz de las fogatas, compartiendo humeantes tazas de café.

La Presa Este es la delegación más poblada de Tijuana (350 mil habitantes aproximadamente); colinda con los municipios de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito; su extensión territorial equivale a la suma de las ocho restantes que conforman el municipio; cuenta con un presupuesto anual de nueve millones de pesos y, de acuerdo con su administrador, José Guadalupe Payán Castro, descontando sueldos y servicios, le quedan tres millones para operar, cantidad que apenas alcanzaría para pavimentar tres calles.

La irregularidad es la norma en La Presa Este desde que la separaron de la delegación La Presa, hace apenas dos años y medio (2014).

Ochenta por ciento de la demarcación es de terracería; 69 de sus 84 colonias son irregulares; 50 por ciento de sus fraccionamientos no están registrados en el Ayuntamiento, por lo que “constitucionalmente no se les debería otorgar ningún servicio”; los camiones de basura apenas atienden a las 300 escuelas una o dos veces al mes, y comparten instalaciones con la Dirección de Seguridad Pública y Estación de Bomberos, según información del administrador delegacional.

Los tres departamentos dependen del alcalde de Tijuana, donde la mancha urbana crece un kilómetro cuadrado por día y donde se asientan diariamente 300 migrantes.

“Invasiones, desalojos, litigios por la regularización o reventa de terrenos son un problema estatal, lo mismo que ocurre en La Presa Este se presenta en Ensenada y en Mexicali… en todo Baja California. Hay mucho asentamiento irregular derivado de la migración”, aseguró a buzos la secretaria delegacional, Carmen Castro Olvera.

Primera amonestación

Al filo de la noche del miércoles 26, seis delincuentes, comúnmente denominados “cholos” en la entidad, apostados frente a la entrada principal de la Tercera sección del Polígono 6, descargaron sus armas y exigieron a los guardianes del predio: “váyanse, no los queremos ver aquí”. Los vigilantes, atemorizados e indefensos, salieron corriendo.

La mañana siguiente, jueves 27 de abril, el señor Salvador Rivas, en compañía de su representante legal (Gustavo Álvarez Barroso) denunció ante el Ministerio Público (Número Único de Caso 0204-19386) que fue desalojado de su propiedad y agredidos sus familiares en Valle Redondo, predio contiguo al Polígono 6.

El viernes 28 de abril, a las 10 de la mañana, la ex jefa de campaña del candidato priista a la presidencia municipal de Tijuana (René Mendívil Acosta), Ana Érika Santana González, acusó sin pruebas al Movimiento Antorchista y a su ex líder, Ignacio Acosta Montes, actual encargado de despacho de La Presa Este, de presunto despojo. En la conferencia de prensa estuvo acompañada por Salvador Rivas, dueño de la recicladora “El Cimarrón” y representante de su hermano Arturo Rivas.

En carta dirigida al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, aseguró que “los nativos y fundadores de la ciudad de Tijuana: vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. El delito de despojo (quien va y ocupa el predio, además de quien lo instiga, promueve y lidere) se castiga con cárcel. Exigimos cárcel a estos delincuentes”.

Al medio día, el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, le pidió su renuncia como encargado de despacho a Ignacio Acosta, pero éste no la aceptó: “firmar sería aceptar que cometí un delito y nunca lo he hecho. Esa gente está en regla y, en honor a la verdad, ella es la que fue invadida. Si quiere, que me despida”.

Por la tarde del mismo día, Juana Rodríguez García se volvió a apersonar en el Polígono 6 junto con el abogado de Salvador Rivas. Descendió de una camioneta pick up blanca e intentó golpear a la señora Hortensia P. –se omite su nombre real por temor a represalias–.

Hortensia evadió los golpes y Juana ingresó al terreno; reconoció a una de sus empleadas, le reclamó qué hacía ahí y la instó a retirarse: “tú sabes que este terreno es mío, salte de aquí porque voy a hacer un cagadero. Voy a meter la máquina, voy a traer gente, les voy a meter sus balazos y los voy a sacar”.

Los solicitantes de vivienda y nuevos habitantes de la Tercera sección del Ejido Ojo de Agua no se retiraron del predio. Estaban amparados en la resolución presidencial de 1980 que terminó de ejecutarse en 2012, tal como consta en la Carpeta básica original del ejido con el correspondiente acto de deslinde. Además, de común acuerdo con los 80 ejidatarios y el Gobierno del estado (a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), antes CORETT, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) poblaron el predio y siguieron vigilantes de su nueva propiedad.

“Nosotros como ejido no habíamos entrado a tomar posesión de lo que nos corresponde. El terreno está cedido desde hace casi cinco años y en proceso de regularización. Los contenedores los pusieron los supuestos dueños para que la gente no siguiera tomando posesión, pero esa sí es invasión a una propiedad privada. En principio de cuentas es nuestro y, para que se tomara posesión, autorizamos al Movimiento Antorchista”, aseguró a buzos el secretario del Consejo de Vigilancia del Ejido Ojo de Agua, Rogelio Vázquez.

Amenaza cumplida

La guardia nocturna del 29 de abril había encendido una fogata a unos cuantos pasos del portón porque la noche era fría y corría bastante aire. Cuatro jóvenes conformaban el grupo. Tenían la tarea de resguardar la seguridad de las 247 familias que hacía solo unos meses habían llegado a habitar las 12 hectáreas de la Tercera sección del Polígono 6.

El reloj marcaba la media noche. Durante el día se veían ir y venir a los niños corriendo detrás de desinfladas pelotas, a sus madres detrás de ellos, por los vericuetos del pedregoso terreno, y el carro del pan y del agua que ofrecían su mercancía. Pero a esta hora de la noche la oscuridad rodeaba todo el predio y la tranquilidad se había apoderado de la zona.

El más joven de la cuadrilla había comenzado a cabecear, mirándolo compasivamente sus compañeros lo disculparon y permitieron que se fuera a recostar dentro del carro que a estas alturas era considerado cama, instrumento de trabajo y medio de trasporte, todo al mismo tiempo. Uno hacía rondín y la guardia se redujo a dos.

La manecilla del reloj había avanzado media hora cuando la guardia nocturna escuchó el avanzar de una máquina demoledora. “Escuchamos la retroexcavadora, la vimos doblar la esquina y acercarse a la entrada de la colonia. Adivinamos sus intenciones cuando se colocó justo en frente del portón y amenazó como echársenos encima. Nosotros dos estábamos parados justo en la entrada para impedirle el paso, pero la máquina no dio señales de retroceder. Vimos entonces que detrás de ella venian dos patrullas y dos camiones llenos de chavos; los jóvenes se bajaron, todos veían uniformados con cascos amarrillos y chalecos verde fluorescente, en las manos portaban armas, cuchillos, machetes, varillas, tubos, bates, piedras y bombas molotov. Antes de que la máquina se nos echara encima nos aventamos a un lado del portón”, cuenta Teo J.

Una horda de 100 maleantes, cuyas edades iban de los 17 a los 24 años irrumpió en el lugar, iban drogados, según la policía ministerial. En unos segundos comenzaron a quemar casas, golpear coches y a cuanta persona se encontraban en su camino.

Marcos Z. iba camino a relevar al grupo de guardia cuando vio que la retroexcavadora arrasaba con el portón. “Comenzó a azotar a todos los vehículos que había en la entrada. Tratamos de bajar al que conducía la máquina pero la cabina del conductor estaba protegida con una malla metálica y venía con toda la intención de destruir todo. Intentamos huir por el otro lado, pero nos encontramos con 80 o más que traían antorchas y gritaban: “sálganse, hijos de su puta madre, esto es una propiedad privada”.

Habían pasado pocos minutos para que el ejido pasara de la tranquilidad a la agitación de una zona de guerra. Niños y niñas llorando de incertidumbre, hombres golpeados, madres corriendo de un lado a otro tratando de rescatar a sus familias, casas incendiadas, gritos, sangre, humo y oscuridad.

“Fuimos por la parte trasera y nos encontramos con unas mujeres y una chiquillada. Tratamos de ayudarla. Un señor que vive en la Segunda sección nos dijo que lo siguiéramos, que él conocía un camino. Y allá vamos, yo con un chiquillo a cada lado y una niña en la espalda, ella con otro pequeño, el señor con otro y… bueno, intentando salvarlos porque estaba seguro que los iban a matar; esos venían golpeando y quemando a diestra y siniestra a todo el que se les ponía en enfrente”, narra Marcos Z.

En veinte minutos, al menos 80 casas ardían y el olor a gasolina impregnaba la atmósfera. Algunos malandros habían pasado de incendiar carros y camionetas a golpear niños, hombres y mujeres. Uno de ellos arrastraba a una mujer embarazada que pudo liberarse gracias al auxilio de sus compañeros. Afuera varios vehículos ardían y la humareda alcanzaba los 10 metros.

“¿Y la policía?, eso es lo que yo me pregunto. Yo la vi afuerita. Luego luego había una patrulla, las señoras les pedían a los policías que se metieran, que hicieran algo, que detuvieran a los cholos, pero ellos contestaron que iban a esperar a que llegaran los refuerzos. Ya no supe más porque alguien me golpeó y me noqueó, no sé con qué. Desperté minutos después y me dolía la nuca. Estaba en la parte trasera de la pick up de mi hijo, con su esposa y mi nieto de siete meses. Él nos había sacado y se había regresado a ayudar…”, cuenta Pedro P.

En el otro extremo de la colonia, Lucio C. también se regresó a ayudar. Después de poner a salvo a su mujer volvió al predio a defender lo que llama su cachito de tierra. “Ya tengo muchos años aquí luchando para tener un terreno, para tener una vivienda para mis hijos y que no anden batallando. Regresé a detener a esos cuates, ni modos que dejara que nos vinieran a sacar nomás por capricho de alguien. Nadie se dejaría, ¿por qué?, porque son cosas que a uno le han costado con el sudor de su frente. Por eso pensé en defender, en ayudar, en no quedarme con los brazos cruzados”.

La líder de los vecinos de Ojo de Agua asegura que la policía nunca intervino en el atropello. “Ni siquiera intentaron detener a la máquina retroexcavadora cuando ésta trataba de huir, ¿cómo va a avanzar más rápido una máquina de ésas que una patrulla? Al final la alcanzaron, convenientemente para el agresor, fuera del lugar de los hechos”.

Al contrario de los elementos de seguridad, Lucio C., Marcos Z, el hijo de éste y algunos vecinos lograron detener a siete invasores que después entregaron a la policía para que iniciara con la investigación.

Cerca de la una de la mañana varios vecinos escucharon una detonación. La única testigo del hecho, Gabriela N., cuenta: “yo estaba en la calle, afuera del predio, pero fui hacia la entrada porque mi hijo era uno de los que estaba haciendo guardia esa noche. Le marco al celular y me dice que está bien, que lo golpearon pero no es nada grave. Le digo que se suba a la camioneta y yo me meto al predio, veo que hay mucha gente gritando, niños llorando, los padres tratando de sacarlos y, detrás de ellos a los cholos de los chalecos verdes. Me salgo y me voy hacia la parte de los contenedores (la parte baja del predio), como estaba oscuro me escondo y es cuando veo un forcejeo. Era un compañero de nosotros y uno de los de chaleco verde. Escucho una detonación y cae nuestro compañero. El otro se echa a correr. Me acerco y me doy cuenta de que es José, un compañero muy querido por nosotros. Me apretaba fuertemente las manos y me hablaba muy bajito, pero no pude entender lo que decía. Yo le pedía: no te duermas José, no te duermas…”.

Veinte minutos después llegó la ambulancia. En ella iban dos heridos más de la trifulca, José era el tercero. Los paramédicos no permitieron que ningún familiar o amigo subiera para acompañar al herido de bala ni a los otros dos. “Pidieron expresamente que no los siguiéramos, que iban a llevar a José al Hospital General”, relata Gabriela N.

Dos compañeros de José Corrales se dirigieron al Hospital General para pedir informes sobre su estado, pero el herido no estaba ahí. Fueron hasta Tecate, pero tampoco se encontraba en ese municipio; en la Cruz Roja nadie les dio razón. Regresaron al Hospital General, donde por fin se les dio aviso de que José había sido trasladado a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tijuana. El reloj marcaba las ocho de la mañana.

En el predio los bomberos habían sofocado el fuego, la policía se encontraba dando parte del suceso, la ministerial recorría Ojo de Agua para realizar las pesquisas, pero de José Corrales aún no se sabía nada porque el personal de la Clínica 1 se encontraba en cambio de turno. A las 12:30 del día su hermano por fin obtuvo el pase de visita pero la cama del hospital estaba vacía y los intendentes limpiaban la habitación.

Juan Corrales salió inmediatamente y corrió hacia sus compañeros diciendo desesperadamente: “lo mataron, porque me dijeron que ya está en la morgue”.

Los vicios del proceso

Mientras el cuerpo del difunto se encontraba en la morgue, el plazo constitucional para poner a disposición a los detenidos había comenzado a correr desde las 00:25 horas del sábado y concluiría la madrugada del lunes. No había tiempo que perder.

Los siete detenidos puestos a disposición de la policía se sumaron al maquinista detenido por los agentes policiacos, quienes le habían permitido salir ileso del predio y lo custodiaron más allá de la colonia Terrazas, a dos kilómetros del Ejido Ojo de Agua.

El sábado, la policía ministerial llamó a cinco personas.

En pleno Día del Niño, domingo 30 de abril, cuando los hijos y familiares de José sufrían por su muerte y las calles de Tijuana estaban casi vacías, los asesores jurídicos Luis Miguel Hernández Mejía, Gonzalo Iván Martínez Vera y Maribel Rodríguez Rodríguez arribaron alrededor de las dos de la tarde con más de 20 heridos al MP, tras percatarse de que los policías solo habían entrevistado a sus representados pero no les habían tomado ninguna declaración. Treinta y cuatro horas habían pasado del incidente, y las omisiones comenzaron a acumularse.

A 12 horas de que se venciera el plazo, el asesor jurídico se entrevistó con la agente del MP, Hamelin Chalico Parra, para saber sobre el homicidio derivado de los hechos.
MP: Yo solo voy a estar viendo el asunto de los daños y las lesiones. Porque el homicidio es otra cosa. Además, él se disparó solo.

ASESOR: ¿Usted ya investigó y determinó que se disparó solo?
MP: Bueno, es que eso dice una entrevista. Además a mí no me toca ver eso. Yo lo único que estoy viendo es el asunto de las lesiones y los daños; y como en los partes informativos de la policía no hubo ningún herido de bala y no tengo conocimiento de eso, no puedo investigar ni recabar pruebas.
ASESOR: Le informamos que hubo un herido de bala y solicitamos la acumulación de carpetas porque derivan de los mismos hechos; además, que reciba a los que presenciaron y fueron víctimas de las agresiones, les tomen su declaración y que los revise el médico legista porque todos vienen lesionados.
MP: Vamos viendo. Primero páseme a los cinco lesionados que yo había citado…
Pasadas varias horas la ministerio público volvió y dijo: “voy a recibir solo a los cinco, a todos los demás no los puedo recibir porque ya se me está acabando el tiempo. Si el plazo se vence va a ser culpa de ustedes”.

Los lesionados con heridas físicas visibles nunca rindieron declaración ante el MP, nadie les tomó denuncia alguna ni fueron revisados por el médico legista que estaba frente a ellos.

No se realizaron las pruebas periciales, no se recogió evidencia científica ni en el momento ni después de los hechos, ni la policía dio parte al MP de que había un herido de bala. Nadie hizo nada.

A las 10 de la noche, cuatro horas antes de que se venciera el plazo constitucional, la ministerio salió unos segundos y pidió al convaleciente contingente que volviera a las 12 de la noche para informarle la razón por la que iba a poner a los detenidos a disposición del juez y el día que se celebraría la audiencia de control de detención.

Defensores y representados regresaron a las 11:30 de la noche y continuaron esperando. Se venció el plazo, los aporreados dormían afuera de las instalaciones del MP mientras aparecía de nuevo la ministerio. Hasta las 4:30 de la mañana salió e informó que pondría a disposición a los detenidos por lesiones, daños, con agravante por medios violentos.

Hasta ahí todos estuvieron de acuerdo, “porque pensamos: a lo mejor eso amerita que no les de la libertad bajo caución ni de ninguna modalidad, sino que les dicten prisión preventiva oficiosa”, aseguró el asesor.

Los vecinos de Ojo de Agua regresaron a sus casas como llegaron, heridos y sin haber sido escuchados.

A las cinco de la tarde, del lunes 1º de mayo, los asesores fueron informados que se celebró la audiencia en la cual se dejaba en libertad al maquinista y a los otros siete agresores, el primero porque no se le detuvo en flagrancia y a los segundos porque el juez de control consideró que la ministerio público no acreditó que los hechos delictivos se hubiesen realizado por medios violentos.

El cuerpo de José fue entregado hasta el 2 de mayo.

“Los integrantes de la organización Movimiento Antorchista estaban en su derecho de tomar posesión de los terrenos que actualmente se hallan en el proceso administrativo de expropiación por parte de INSUS; no cometieron ninguna invasión. En cuanto termine el proceso pagarán al Gobierno el valor social del predio y nosotros pagaremos al Ejido Ojo de Agua”, aclaró a buzos, Gilberto Covelli Gómez, delegado de INSUS.

Cerbero R. tiene el pendiente de que esa señora “ya no contrate a esos cholos, sino a sicarios. Ellos no llegan apedreando ni con bombas molotov, llegan y barren con sus armas grandes”.

A la una de la mañana del 29 abril, mientras el predio ardía en llamas, volaban vidrios y trozos de madera, la gente se percató que en la calle de enfrente se encontraba la pick up blanca, la misma que días antes había arribado con Juana Rodríguez García, corrieron hacia ella, pero salió disparada, pasó de largo y con risa sardónica les gritó a los que corrían despavoridos: “Se los advertí hijos de la chingada, les dije que iba a pasar esto y no hicieron caso”.

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