Un muro del lado mexicano, para cerrar el paso a las armas y a los pandilleros

Por: Alejandro Salmón Aguilera

La Crónica de Chihuahua
Septiembre de 2015, 10:30 am

La mayoría de los medios de comunicación que cubrieron el debate entre precandidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos de América coincidieron en que el tema dominante fue el de la migración y el endurecimiento de las medidas de seguridad en la frontera de ese país con México.

La tónica fue la misma que en el debate anterior: no se discute si hay que construir o no un muro que divida a ambos países, sino de qué material: cemento o malla ciclónica, y si se debe hacer uno o dos muros.

La sola mención de la propuesta ha causado indignación en México—salvo en la cancillería mexicana, que hasta la fecha no se ha pronunciado contra las incendiarias declaraciones de Donald Trump—y ha causado reacciones de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Sin embargo, tanto México como Estado soberano y Chihuahua como entidad federativa podrían tomar la coyuntura para debatir sobre el tema de la seguridad fronteriza no sólo en sentido norte-sur, sino también de “allá para acá”.

No estaría de más que, ahora que se habla de construir muros para proteger a Estados Unidos de México, en Chihuahua se hable de la necesidad de proteger al estado del tráfico de armas que provienen de aquel país para surtir a grupos delictivos.

No se trata sólo de una declaración del gobernador en turno, pues tanto Reyes Baeza como César Duarte se han quejado de lo mismo y hasta con frases similares: “mientras ellos venden armas, nosotros ponemos los muertos”. También se trata de discutir las operaciones efectuadas por una parte del Gobierno de los Estados Unidos para introducir armas a México a través de las operaciones “Wide Receiver” y “Fast and furiours”.

Las armas se compran de manera legal en el lado estadounidense y pasan ilegalmente hacia México y hasta forman parte de operaciones concertadas entre ambos gobiernos como las dos antes mencionadas, según ha trascendido en la cobertura de prensa en torno a esos dos operativos.

El tema de las armas es sólo un aspecto a discutir en torno al “muro” que México y Chihuahua necesitan. También está el de los grupos delictivos que operan en Juárez pero viven en El Paso como ciudadanos modelo.

El dato era parte de una leyenda urbana hasta que el 17 de marzo del 2010, cien integrantes de la pandilla “Los Aztecas” fueron aprehendidos en El Paso, Texas, y sometidos a interrogatorios como parte de la “Operación Knock Down”.

Los Aztecas cruzaron tranquilamente de una ciudad a otra hasta que se les involucró con el homicidio de los trabajadores del consultado de los Estados Unidos en Juárez, Lesley A. Enríquez y Arthur H. Redelfs.

No está de más mencionar la recurrente queja de los gobiernos locales de Chihuahua por la forma como las autoridades estadounidenses deportaban a mexicanos que habían cometido delitos o recién habían salido de prisión. Apenas los dejaban en el puente, del lado mexicano, sin avisarle a las autoridades mexicanas de la calaña de sujeto que recién había entrado a su territorio.

En esos casos no hubo muro que detuviera el tráfico de armas y delincuentes que causaron un daño profundo a Juárez, a Chihuahua y a México. Ahí no hubo un ultraderechista que le exigiera a los Estados Unidos dejar de mandar enemigos a México. Tal vez falta que México y Chihuahua también hagan su muro y pongan su puerta para revisar quién entra y quién sale.