Trayectoria del neoliberalismo del Porfiriato hasta nuestros días

REPORTAJE ESPECIAL

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Martín Morales

El geógrafo británico David Harvey, autor del libro Breve historia del neoliberalismo (2007), dijo en julio pasado en una entrevista de prensa: “Leer a Marx hoy tiene sentido. En cierto modo, estamos volviendo a las condiciones de trabajo del siglo XIX, que es a lo que apunta el proyecto neoliberal: reducir el poder de los trabajadores y ponerlos en una posición en la que no sean capaces de resistir los procesos de explotación masiva”.

Un mes después, en otra declaración periodística, Harvey dijo: “Siempre he tratado el neoliberalismo como un proyecto político llevado a cabo por la clase capitalista corporativa que se sentía profundamente amenazada, tanto política como económicamente, hacia finales de la década de 1960 y en los años 70. Querían implantar desesperadamente un proyecto político que pusiera freno al poder del trabajo”.

Tras la implantación del modelo económico neoliberal en México hace tres décadas y el empujón definitivo que el ex presidente Carlos Salinas le dio en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la clase empresarial mexicana y sus socios trasnacionales pueden vanagloriarse de haber cumplido a cabalidad con los objetivos políticos del neoliberalismo e, incluso, de haber superado en “explotación masiva del trabajo” al Porfiriato, no obstante el desplome de este régimen dictatorial hace más de cien años.

En efecto, los resultados del neoliberalismo en México superan con mucho en casi todos los rubros a los que en un lapso igual logró Porfirio Díaz Mori durante su dictadura, pues actualmente la economía nacional depende en un 85 por ciento de la de Estados Unidos (EE.UU.), los salarios de la mayoría de los trabajadores figuran entre los más bajos del mundo y al menos 55.3 millones de los 120 millones de mexicanos sufren algún grado de pobreza, aunque el reconocido especialista en marginación de El Colegio de México, Julio Boltvinik, asegura que la cifra real es de 100 millones de pobres.

Durante el régimen de Porfirio Díaz, entre 1876 y 1911, la población nacional alcanzó la cifra de 15 millones de habitantes y el sector económico dominante estuvo encabezado por 840 hacendados –muchos de ellos extranjeros–quienes con la protección legal, política y armada del régimen se dedicaron a explotar la tierra y a la clase campesina para producir materias primas destinadas fundamentalmente a la exportación a EE. UU.

El sistema de protección que el Porfiriato brindó a los grandes terratenientes e industriales frente a las demandas laborales se reseñaban en una consigna policial y militar de Díaz: “mátalos en caliente”.

En 2016, la acumulación de la riqueza es aun más desigual que en aquel periodo histórico; hoy la proporción de los extremadamente ricos es mucho menor a la de entonces.

En la actualidad, la elite social, que posee el 43 por ciento de la riqueza del país, equivale al uno por ciento de la población, según investigaciones de la organización internacional OXFAM realizadas este año, y proporcionalmente las 40 familias más ricas del país agrupadas en el Consejo Mexicano de Hombres y Mujeres de Negocios (CMHMN) son 21 veces menos que los 840 grandes hacendados del Porfiriato.

La pequeña clase acaudalada de la dictadura encabezada por el presidente Díaz –ex aristócratas afrancesados, burócratas, hacendados e inversionistas de corporativos estadounidenses, canadienses, ingleses y franceses– se enriqueciógracias al impresionante crecimiento económico registrado en el último cuarto del siglo XIX, y hacia 1910 el ingreso per cápita era de 144.3 pesos, cifra 265 por ciento mayor al ingreso per cápita de 39.5 pesos en 1803, en la etapa final del Virreinato, cuando había 5.7 millones de habitantes, según Ernest Sánchez Santiró en su Ingresos fiscales y economía en México, 1790-1910, texto publicado por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora en 2007.

Durante el periodo porfirista, el 90 por ciento de los 15 millones de habitantes eran iletrados, pobres y marginados. Hoy en día, gracias al apoyo de los gobiernos neoliberales, las corporaciones estadounidenses, canadienses, inglesas, francesas y españolas dominan en las industrias manufacturera, petrolera, eléctrica, alimentaria, la minería y el comercio.

Hoy el país es aún más dependiente de los capitales internacionales que en el pasado y la deuda externa es infinitamente superior a los 498 millones 13 mil 990 pesos que a principios del siglo XX renegociaba José Yves Limantour, el secretario de Hacienda de Díaz, a fin de no distraer cada año el 30 por ciento de los ingresos públicos (42 millones de pesos) en el pago de intereses a la banca internacional.

Actualmente la deuda externa mexicana, alentada por los secretarios Agustín Carstens, Ernesto Cordero y José Antonio Meade Kuribreña durante el gobierno del panista Felipe Calderón (2006-2012), y por Luis Videgaray Caso y Meade Kuribreña, los dos hacendistas del actual mandatario priista Enrique Peña Nieto (2012-2018)-, asciende a 9.3 billones de pesos, cifra equivalente al 50 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que significa que 50 centavos de cada peso producido debe destinarse al pago de la deuda.

De acuerdo con el economista Luis Foncerrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el monto de la deuda saltó de 6.3 a 9.3 billones de pesos de diciembre de 2012 a mayo de 2016, y la mayor parte está contratada con la banca internacional, controlada por Washington.

“Hay marchas, recientemente de campesinos, plantones, actos de protesta, huelgas de hambre de trabajadores que ya no ven por dónde salir. Los precios de los alimentos van en aumento, vemos una situación muy penosa.

Bajos salarios, despidos, contratos de protección, sindicatos blancos, corrupción en el sindicalismo oficial, todo esto ofrece una situación dramática y lo vemos prácticamente todos los días, en la mayoría de los estados del país.

Detrás de todo esto están las reformas estructurales neoliberales que se han aplicado en este sexenio, cuyos resultados van en contra de los trabajadores del campo y de la ciudad”, expresó a buzos Alfredo Domínguez Araujo, dirigente del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), organización afiliada a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC).

Precarización de los trabajadores
Alejandro Vega García, especialista del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), planteó en una entrevista que el trabajo se ha precarizado aceleradamente, sobre todo, a partir de la reforma estructural en materia laboral aprobada a finales de 2012, reglamentada y puesta en marcha en 2013, que prácticamente pulverizó los derechos laborales logrados por la lucha obrera de principios del siglo XX.

Esa reforma obstaculizó la sindicalización y el derecho de huelga. A partir de esta nueva normativa, el gobierno puede autorizar con mayor rigor quiénes pueden abrir un sindicato y cuál huelga es legal. Se derriba el modelo del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) al abrirse paso al “moderno” outsourcing, modelo de reclutamiento por medio de terceros, sin contratos ni prestaciones, esquema preferido por los corporativos trasnacionales, porque pueden pagar lo que quieren y sin compromisos legales.

El Censo de 1910 registraba 15 millones 160 mil 369 mexicanos, de los cuales el 80 por ciento vivía en zonas rurales, aproximadamente 11 millones eran trabajadores desposeídos de tierra, prácticamente vendidos a los hacendados mexicanos y extranjeros, sin derechos laborales; es decir, virtualmente esclavizados, como escribiera en su obra México Bárbaro el periodista John Kenneth Turner, quien pudo establecer que los trabajadores mexicanos ganaban entre 25 y 30 centavos diarios, que les eran pagados en especie en las tiendas de raya.

El analfabetismo de la sociedad actual, integrada por 120 millones de personas, es cercano al cuatro por ciento, pero el salario mínimo general es de 73.10 pesos y la mayoría de la población gana entre dos y tres salarios mínimos.

Efecto directo del resquebrajamiento económico, producto del proyecto neoliberal, es la reducción en la calidad de vida de la mayoría de la población.

El 28 de septiembre pasado se realizó la Conferencia Internacional “Estado del Arte del Salario Mínimo”, convocada por la organización Frente a la Pobreza y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En el panel “Aumento al salario”, el doctor Gerardo Esquivel, investigador de El Colegio de México, autor del estudio de OXFAM sobre concentración de la riqueza, puso de manifiesto que la pérdida del poder adquisitivo del salario base ha sido del 75 por ciento en los últimos 40 años y su monto sigue resquebrajándose.

Actualmente, al menos 30 de los 52 millones de trabajadores del campo y la ciudad laboran en la indefensión jurídica, sin contratos ni prestaciones, mientras el poder adquisitivo de su salario sigue en caída.

Hoy en día, como en el Porfiriato, los agricultores son despojados de sus tierras que se adjudican a empresas mineras o a poderosas corporaciones agroalimentarias, como Nestlé, Cargill o Monsanto.

En la poca porfirista, la elite hacendada estaba formada por 840 personas protegidas por el régimen de Díaz. De los poco más de 15 millones de habitantes, solamente 411 mil 96 agricultores tenían tierras.

Hoy el campesino beneficiado por el reparto revolucionario pierde sus tierras por la pobreza y se vuelve trabajador a sueldo.

Actualmente,“son 7 millones de personas las que se emplean en actividades agrícolas, encargadas de producir los alimentos para 118 millones de habitantes del país y, aún así, la mayor parte de ellos se encuentran en pobreza.

A pesar de esto, tan solo el ocho por ciento de los programas sociales están destinados a los productores más pobres, siendo que en México el 80 por ciento de los productores tienen menos de cinco hectáreas”, indica un documento sobre el tema de la organización Campo para Nutrir a México (CNM), formada por las organizaciones Oxfam-México, El Barzón, Fundación Mídete y Coanutrición.

Los actuales corporativos trasnacionales, cobijados por el neolilberlismo, no han representado ninguna solución social; pagan sueldos a través de maquiladoras y empresas agroalimentarias con promedio de cinco dólares por jornadas de por lo menos ocho horas, mientras que en EE. UU. deben pagar entre 11 y 15 dólares por hora, según las cuotas salariales que prevalecen en California.

En tiempos recientes se han venido denunciando casos de abusos laborales en manufactureras al servicio de trasnacionales ubicadas al Norte de la República.

A finales de 2015, surgió el caso de las obreras juarenses de Lexmark, fabricante de impresoras y consumibles. Unos 100 obreros querían fundar un sindicato y exigían un aumento de apenas seis pesos para pasar de 114 a 120 pesos diarios. El sindicato no fue autorizado y la empresa los despidió.

Casos similares de inconformidad se presentaron en las plantas de los corporativos Foxconn y Eaton Busmann. Y siguen las denuncias.

Exportación y dependencia
La historia de la dependencia económica mexicana hacia EE. UU. viene desde el siglo XIX. Luego de la crisis capitalista de 1872, hacia 1880 las poderosas economías mundiales de EE.UU, Inglaterra, y Francia se lanzaron a la búsqueda de ganancias que no podían obtener en sus propios países, cuyos mercados estaban saturados.

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, las grandes economías imperialistas se enfocaron en dominar economías débiles y dependientes como la mexicana, a fin de sacar provecho a sus materias primas y su mano de obra extremadamente baratas.

En México, un país desindustrializado y dependiente de otros países en materia de comercialización, el sometimiento fue aun superior, como detalla Hilario Barcelata Chávez, doctor en Finanzas Públicas, docente e investigador de la Universidad Veracruzana (UV) en su trabajo Desarrollo Industrial y Dependencia Económica en México 1940-1970, editado en 2008.

La inversión extranjera en el Porfiriato fue de tres mil 400 millones 387 mil 960 pesos. En ferrocarriles, mil 130 millones 545 mil 462 pesos; es decir, 34.5 por ciento del total. En minería y metalurgia fue de 817 millones 199 mil 140 pesos, equivalente al 24.4 por ciento en ese rubro, según describe el doctor Barcelata.

En 1911, EE. UU. era el país con más inversiones en México, con aproximadamente mil 292 millones 387 mil 302 pesos, de las que el 41.3 por ciento se radicaron en ferrocarriles y el 38.6 por ciento en la industria minera. Ambas ramas representaban el 80 por ciento de esas inversiones en el país.

Control de la tierra
Durante el régimen de Porfirio Díaz, los inversores ingleses destinaron grandes recursos a la explotación minera en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la tierra del dictador. España dominaba la industria de los textiles y EE.UU los ferrocarriles, sistema que estaba íntimamente relacionado con sus negocios, especialmente vinculados al transporte de materias primas y mercancías de exportacion. El gobierno de Díaz identificaba al ferrocarril como “palanca del progreso”, aunque no definía para quiénes estaba destinado éste.

El fomento del capitalismo durante el régimen porfirista procuró también dar plenas garantías a la propiedad privada, especialmente para los latifundistas, mexicanos y extranjeros. Luis Terrazas, un sujeto de la época, quien se ufanaba de ser dueño de Chihuahua, poseía siete millones de hectáreas; en Baja California, ocho personas controlaban 22 millones 500 mil hectáreas.

En Oaxaca había un terrateniente con dos millones de hectáreas. Con la Ley de Deslinde y Colonización, el Estado mexicano se dedicó a apropiarse de tierras de campesinos, que luego fueron subastadas entre particulares, incluidos extranjeros, quienes por ello pasaron a ser dueños de las vidas de los trabajadores del campo despojados.

Hoy sucede algo parecido con la reforma neoliberal al artículo 27 constitucional, que da preferencia al uso de la tierra para el desarrollo industrial, energético y que prevé figuras encubiertas de expropiación.

Se calcula que en la actualidad, aproximadamente el 30 por ciento del territorio mexicano, compuesto por unos 90 millones de hectáreas, está concesionado a empresas mineras extranjeras que pagan contribuciones ridículas y que producen fabulosas ganancias que se llevan a sus países.

El 75 por ciento de estas concesiones pertenece a firmas canadienses que aprovecharon las ventajas ofrecidas por el TLCAN.

La compañía minera canadiense más relevante es Goldcorp, aunque hay otras como Torex Gold Resources, Yamana Gold, New Gold, Alamos Gold, y Agnico Eagle y Black Fire Exploration. La acumulación de oro en Canadá es un activo internacional.

Entre las mineras mexicanas destaca el Grupo México; como las empresas extranjeras, éste se ha visto envuelto en múltiples controversias por daños ambientales y laborales, como sucedió por la explosión de 2006 en el mina Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, 63 de cuyos cuerpos nunca fueron rescatados.

También el caso de la Sierrita de Galeana, en Tlahualilo, Durango, donde la empresa canadiense Excellon Resources enfrentó protestas de ejidatarios por presuntas violaciones al contrato que firmaron para el uso de sus tierras, ya que mientras exploraba vetas de plata, plomo y zinc fuera del área pactada, provocó daños al entorno ecológico y perjuicios a las comunidades aledañas.

La también canadiense First Majestic Silver y su Proyecto La Luz ha provocado graves problemas en el centro territorial de San Luis Potosí por violentar el territorio sagrado de la región Wirikuta (huichol), que goza del apoyo del Gobierno Federal por su condición de patrimonio cultural privilegiado para México.

Son cuantiosas las inversiones extranjeras y sus ganancias, sin que esto represente beneficios sociales para la población mayoritaria del país y los trabajadores.

En la producción de oro, México ocupó el octavo lugar en 2013 con 118 mil toneladas, las que sin embargo fueron propiedad de las empresas canadienses.

En 2013, México obtuvo el primer lugar en producción de plata con cinco millones 821 mil toneladas, monto que representó el 26 por ciento de la producción mundial. Esto equivalió a seis mil 575.8 millones de dólares y en 2014 a seis mil 175.5 millones de dólares. Dinero, que fue a parar a Canadá.

En tanto, corporativos mineros canadienses están dejando en México una estela de destrucción ecológica y deterioro social, mientras pagan ínfimos salarios a los trabajadores mexicanos y prácticamente no pagan impuestos al gobierno. Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2013, indica que de 2008 a 2013, México perdió unos tres mil millones de pesos en la explotación de recursos mineros, ya que del billón 200 mil obtenido como ganancia por las empresas extranjeras, solamente 0.6 por ciento se quedó en el país.

A su vez, la apertura al capital extranjero de la industria de los hidrocarburos y la energía eléctrica, promovida ahora por la reforma energética neoliberal, prácticamente restaura las casi irrestrictas condiciones de explotación del régimen de Porfirio Díaz. Las compañías beneficiadas por éste fueron particularmente las estadounidenses Standard Oil, de John Rockefeller, la cual tenía bajo control el crudo y su refinación.

Esta misma actividad tendrá hoy, gracias a la reforma energética neoliberal, por medio de su marca Gulf y su careta Chevron Oil, numerosas gasolineras en el país.

De igual modo que en el Porfiriato los inversionistas ingleses controlaron el 85 por ciento de la producción de electricidad -con participaciones estadounidenses y canadienses- hoy los mismos, en asociación con estodounidenses y canadienses, podrán reasumir el control de la industria eléctrica con el corporativo TransCanadá.

En tiempos porfirianos, las textileras multinacionales controlaron extensas regiones del país, sometiendo a los trabajadores mexicanos a un régimen prácticamente similar al de la esclavitud. Había unas 150 fábricas en el Estado de México, Puebla, Querétaro, Jalisco y Veracruz. Hoy grandes firmas alemanas, inglesas y estadounidenses tienen la mirada puesta en la maquila mexicana.

Corporativos agroalimentarios
En 2016, corporativos agroalimentarios trasnacionales dominan la producción de alimentos y controlan la producción en el campo, actuando como las haciendas privadas del siglo XIX.

Hoy, los dueños de la tierra no son propiamente hacendados, sino corporativos locales y trasnacionales que tienen el control del cultivo de alimentos y reciben apoyo del gobierno.

La organización Un Campo para Nutrir a México (UCNM) denuncia que el 60 por ciento del mercado interno de granos está en manos de grandes corporativos mexicanos como Maseca, Bimbo, Molinos de México, Gamesa, Minsa, Bachoco, Lala, Malta de México, Grupo Altex, y extranjeros como Cargil, Monsanto, ADM, Pilgrim´s Pride y Tyson.

El gigante alimentario del mundo, Nestlé, y la empresa Agroindustrias Unidas de México (AMSA) controlan tierras de cultivo de grano al sur de la República, la primera para su marca Nescafé.

Poseen tierras que antes eran propiedad de agricultores mexicanos, quienes una vez empobrecidos se vieron obligados a vender sus parcelas ejidales o comunitarias con base en las reformas estructurales al artículo 27 constitucional emprendidas en el gobierno de Carlos Salinas. AMSA comenzó a operar en 1979 en Tapachula, Chiapas, como “Omnicafé” y junto con Nestlé hoy tiene el control del 50 por ciento del mercado del café de exportación. Esta empresa exporta a Puerto Rico, Japón, Australia, Suecia, Holanda, Alemania, Suiza, Inglaterra y Emiratos Árabes Unidos.

La UCNM denuncia que Bimbo y Pepsico dominan la producción de comida chatarra, y que esta última, junto a la Coca Cola, monopoliza el mercado de los refrescos, en tanto que Kellogs y Nestlé lo hacen en el de los cereales, y las mexicanas Lala y Alpura y la francesa Danone en el mercado de leche y derivados lácteos.

Asimismo, las extranjeras Pilgrim´s Pride y Tyson, junto a la mexicana Bachoco, controlan el mercado del pollo y el mexicano Grupo Maseca domina en el de la harina de maíz y las tortillas.

En suma, lo que prevalece hoy es un capitalismo neoliberal muy similar al capitalismo medieval del Porfiriato.