Topes de campaña, un “lástima, Margarito” para el ciudadano común que quiera ser candidato

**Con esas miserias de presupuesto para campañas, sólo quienes forman parte de una estructura partidista o empresarial pueden aspirar a un cargo de elección popular.

La Crónica de Chihuahua
Marzo de 2016, 11:55 am

Por: Alejandro Salmón Aguilera/ ahoramismo.mx

En su sesión Novena Sesión Extraordinaria celebrada este miércoles, el Instituto Estatal Electoral tomó un resolutivo que vino a confirmar lo que ya habíamos señalado en esta columna: que no existen los candidatos “independientes”. ¿Por qué? Nada más hay qué ver los topes de campaña que se les impuso a los candidatos a gobernador o gobernadora para entender que sólo quienes forman parte de una estructura partidista o empresarial pueden aspirar a un cargo de elección popular.

Ahí están las cifras: quien se postule para contender para gobernadora/or del estado, podrá gastar hasta $48,393,692.82 (cuarenta y ocho millones, trescientos noventa y tres mil seiscientos noventa y dos pesos 82/100 moneda nacional). “Hasta”, dice el acuerdo. Es decir, que puede ser menos la cantidad a gastar, pero a riesgo de quedar en franca desventaja frente a candidatos o independientes patrocinados por grandes corporaciones.

Para darnos una idea, esa cantidad es superior al subsidio estatal que se les da a las universidades tecnológicas de Juárez o la de Chihuahua.

Es, para compararlos en términos de gasto partidista, más del doble de los $20,915,414.00 (veinte mil novecientos quince millones cuatrocientos catorce mil pesos) que percibe el Partido Acción Nacional sólo para gastos de campaña. Y eso que es el partido que más dinero público recibe.

Decirle a un ciudadano común que tiene legítimas aspiraciones de gobernar a su estado que puede gastarse casi 50 millones de pesos en sólo tres meses, con una grande probabilidad de que sea dinero bueno tirado al malo, suena a chiste de mal gusto. Parecen palabras salidas de la boca de aquel personaje de comedia “Jonny Leatino” que le hacía bromas de pésimo gusto a su eterno concursante, Margarito Pérez.

Si a ese dinero se agrega el que debe gastar un aspirante independiente en recabar las más de 70 mil firmas que necesita para sustentar su candidatura, la broma es todavía más pesada.

Esas cantidades establecidas por el IEE parecen un freno a las libertades políticas de la población mexicana, la cual tiene el derecho constitucional de votar y ser votado, porque antes de éste, antepone la capacidad monetaria para poder colocar su nombre y emblema en la boleta electoral.

Así, el dueño de una empresa de tamaño medio que tiene un importante liderazgo en su comunidad; un profesionista prestigiado o un/a ciudadana/o que se haya distinguido por su aportación a la comunidad, tendrá fuera de su alcance su legítimo derecho a buscar un cargo de elección popular por no tener dinero para pagar una campaña.

Los topes de campaña pretendían ser un límite al despilfarro que hacen los partidos políticos en tiempos electorales y, aun así, sonaban a burla para la mayoría de los habitantes de la comunidad que nunca ha visto ni verá una cantidad como la ahora autorizada. Pero en esos días, cuando se abren las posibilidades para que alguien busque un cargo electoral sin la intercesión de un partido político, no sólo suena a insulto, sino a una transgresión al derecho constitucional de ser votado.