Sugiere Chihuahua: cadena perpetua a secuestradores

**Ese ilícito ha bajado allá casi un 90%, debido en gran parte a esa medida, dice el fiscal general

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2014, 10:45 am

Chihuahua.- A unos meses de que entre en ope­ración la Reforma Penal en mu­chos estados del país, Jorge Enrique González Nicolás, fiscal general de Chihuahua, recomendó a las entida­des, incluida San Luis Potosí, dejar de temer a la implementación de penas más severas, como la cadena per­petua, para combatir delitos de alto impacto que agravian a la sociedad.

En entrevista para Exprés, el fun­cionario dijo que su estado ha logra­do una disminución cercana al 90% en delitos como secuestro, extorsión y homicidios dolosos, dijo que las “penas severas” no funcionan, si an­tes no se da un “cambio importan­te” en la procuración de justicia. “Las penas no sirven, si no logramos tener al delincuente detenido”.

Muchos delitos se cometen con total impunidad, afirma, porque las entidades encargadas de procurar justica son “porosas” y se tarda más en entrar que en salir.

Sugirió a los estados del país ha­cer un análisis minucioso de los deli­tos que más agravian a la zona y a la gente, como el secuestro y la extor­sión, y una vez elaborado ese estu­dio determinar las penas. “Por ejem­plo, nosotros estamos endureciendo las penas por el robo de ganado, pe­ro estoy seguro que en la Ciudad de México ese problema casi no existe”.

Lo que también pidió es no ol­vidar “las cifras negras” de mu­chos delitos. Personalmente dijo no confiar demasiado en las estadísti­cas sobre extorsión, porque un buen número de casos no se denuncian.

Según el secretario de Seguridad Pública estatal de San Luis, Joel Melgar Arredondo, el delito de se­cuestro es poco grave en la entidad, pero reconoció que la extorsión “si pega fuerte”, como en todo el país.

No obstante, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reve­lan otro escenario. En 2010 se de­nunciaron aquí 11 casos de secues­tro, pero el año pasado la cifra au­mentó a 19, un crecimiento de 72%.

¿QUÉ HACER?
Jorge González Nicolás desmenu­zó la estrategia del gobierno de Chihuahua en los siguientes puntos, pero dijo que cada estado es distin­to, por lo que debe decidir su “pro­pio camino”.

El gobierno de Chihuahua apos­tó, en primera instancia, por modi­ficar su Código Penal en el año 2010. Se dotó de mayores atribuciones al Ministerio Público para que tuviera más fuerza y consistencia. Se esta­bleció la pena vitalicia (cadena per­petua) para secuestradores, extor­sionadores, multihomicidas y ho­micidas de policías y periodistas. Se modificaron 200 artículos.

A cuatro años de distancia, 121 reos tienen cadena perpetua y, en total, están detenidos 578 secues­tradores y 611 extorsionadores. Según el Fiscal, la reclusión de los extorsionadores ha permitido que se deje de cobrar “derecho de piso” a 7 mil comerciantes. Los delincuentes recababan hasta un millón de pe­sos a la semana, “por estas cifras es que me parece importante endure­cer las penas”.

Se creó la Fiscalía General del Estado, una institución “sui gene­ris”, que resulta de la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia. “En esta fiscalía se depositó el man­do de la policía estatal, municipales, preventiva, los MP, el sistema peni­tenciario (incluyendo el municipal) y Protección Civil”.

Se le explica al fiscal de Chihuahua que en San Luis existe una propuesta ciudadana de crear una Fiscalía General, a lo que res­ponde señalando las bondades ope­rativas que le ve a este modelo.

“En los estados se fracciona la fuerza policial y hay rivalidad y com­petencia entre policías. Entre el pro­curador y el secretario de seguri­dad también hay competencia. Cada uno quiere los recursos para su de­pendencia y se pelean por el dine­ro, se entiende, pero eso afecta”. En la Fiscalía General, en cambio, existe una sola autoridad que delega fun­ciones en su director general.

Se capacitó a policías y Ministerios Públicos. “El sistema dejó de ser po­roso. Los delincuentes se tardaban más en entrar que en salir. Ahora, en el 70% de los casos tenemos sen­tencias condenatorias”. También se depuraron las policías. El 28% de los elementos fueron despedidos. “Afortunadamente, cuando se hizo esto, no existían las comisiones de honor y justicia y todo eso que per­mite a los policías promover ampa­ros contra la autoridad”.

Se creó una unidad antisecuestro y otra antiextorsión, pero de élite, con personal capacitado por exper­tos colombianos y norteamericanos; y se sacó de las cárceles estatales a mil 500 reos “que nosotros sabíamos, operaban desde adentro”. A algunos se les envío a las Islas Marías.

El fiscal General está conven­cido de que los buenos resultados se deben a la “estrategia integral”. Muchos le han preguntado qué ha influido más, pero él cree que todo aporta. En un área como la seguri­dad y la impartición de justicia, si al­go no funciona, hay problemas en todo el sistema.

DELITOS A LA BAJA
La Fiscalía General de Chihuahua proporcionó datos de la baja criminal en Ciudad Juárez, la región donde más problemas tenían con la delincuencia:
> 180 secuestros se denunciaron en 2010.
> 30 secuestros se denunciaron en 2013.
> 3,200 homicidios dolosos se denunciaron en 2010.
> 460 se cometieron en 2013.
> 83 a 85% ha sido la disminución de delitos en 3 años.

En SLP, hay tibieza ante plagiarios

A nivel local, funcionarios públicos y abogados no se muestran a favor de la cadena perpetua, para ellos es necesario combatir los delitos desde otras aristas, como la educación, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la administración de la justicia y acabar con la impunidad.

El procurador General de Justicia del Estado, Miguel Ángel García Covarrubias, dijo que el endureci­miento de penas como en Chihuahua podría ser posible, pero es impor­tante tomar en cuenta la idiosincra­sia de cada lugar.

“Claro que es posible el endu­recimiento de penas, debe ser una propuesta desde el poder Legislativo, sin embargo, desde mi punto de vis­ta, convendría más fomentar la edu­cación desde la niñez para evitar que se cometan delitos”, declaró.

En tanto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, soli­citó pensar si las penas más seve­ras realmente disuaden la comisión de delitos.

“No basta una pena mayor, si­no que reforcemos los mecanismos para el aseguramiento de los proba­bles responsables, para combatir de manera más frontal la impunidad”.

Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Abogados, Martín Vaca Huerta, sostuvo que más que establecer figuras como la cadena perpetua es necesario forta­lecer los medios de control social, de prevención, pero sobre todo trabajar en el fortalecimiento de las institu­ciones encargadas de la administra­ción de la justicia.

Consideró que aumentar las pe­nas es una medida desesperada, pe­ro no soluciona de fondo el problema de la criminalidad.
Agencias