Sin sentencia, 50% de reos federales; hay casi 23 mil procesos pendientes

**No alcanzaron beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal y deben concluir sus juicios con las viejas reglas; tardarían 21 años en resolverlos


Sin sentencia, 50% de reos federales; hay casi 23 mil procesos pendientes

La Crónica de Chihuahua
18 de septiembre, 11:53 am

El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) no traerá beneficios para 22 mil 779 presos que esperan sentencia tras ser acusados por delitos federales en el viejo esquema.

Estos olvidados de la justicia son 50.3% de la población penitenciaria federal, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

En la reforma constitucional que dio paso a los juicios orales se estableció que los reos deben concluir su proceso con el sistema vigente con el que se inició su proceso, confirmó en una ponencia el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío.

Y es que al viejo sistema de justicia podría tomarle hasta 21 años resolver los casi 23 mil casos en su poder, si continúa sentenciando a 89 presos al mes en promedio, como ha sucedido en el último año.

Imagínese cambiar las reglas del juego, el nuevo sistema colapsaría. No existen las salas de juicio oral para procesar a las miles de personas que están ahorita sujetas a un proceso penal y privadas de su libertad”, explicó por su parte el penalista Mario Uribe Olvera, académico de la Universidad Panamericana.

El NSJP, que entró en vigor en todo el país el pasado 18 de junio, establece que los jueces están obligados a liberar al inculpado si han transcurrido dos años sin recibir una sentencia condenatoria.

Enrique Guerrero Aviña, estudiante de la Facultad de Filosofía de la UNAM, está preso en una celda de alta seguridad en el penal de Puente Grande, Jalisco, en espera de ser sentenciado desde hace más de tres años.

La ONU analizó su caso. Él es uno de los excluidos del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

A Enrique Guerrero lo torturaron desde el primer momento en que unos policías vestidos de civiles, sin identificación, le echaron las manos encima.

PARA ELLOS, LA JUSTICIA ES CIEGA... Y EXCLUYENTE

Hace mil 218 días que Enrique Guerrero Aviña, estudiante de la UNAM, está esperando sentencia.

Desde una celda de máxima seguridad en el penal federal de Puente Grande, ubicado en Jalisco, este joven escuchó a su propia defensa calcular que, para el día de su sentencia, podría pasar otros mil o más días en prisión, debido a lo lento que suelen ser los procesos del sistema penal anterior.

En cambio, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que entró en vigor a nivel federal el pasado 18 de junio, los jueces están obligados a liberar al inculpado si han transcurrido dos años sin una sentencia, transformación que, a Enrique, no benefició.

En la misma situación jurídica de Guerrero Aviña están otros 22 mil 778 presos que fueron acusados por delitos federales en el viejo sistema de justicia penal y que continúan sin sentencia.

Estos olvidados de la justicia son más de la mitad del total de la población penitenciaria federal, 50.3%, según la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

El Nuevo Sistema de Justicia Penal no traerá beneficios para ellos. Hasta la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció que los inculpados deberán concluir su proceso con el sistema vigente con el que se inició su juicio, confirmó José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN).

“Imagínate cambiar las reglas del juego, el nuevo sistema colapsaría. No existen las salas de juicio orales para procesar a las miles de personas que están ahorita sujetas a un proceso y privadas de su libertad”, explicó el penalista Mario Uribe Olvera, académico de la Universidad Panamericana.

En todo el territorio nacional sólo hay 39 salas de juicios orales, donde los jueces analizarán los casos relacionados con el fuero federal.

Al viejo sistema de justicia podría tomarle hasta 21 años resolver los casi 23 mil casos en su poder, si continúa sentenciando a un ritmo de 89 presos cada mes, como ha sucedido en los últimos 12 meses.

SIN SABERLO, TRABAJÓ PARA LOS ZETAS

Una de las constantes críticas al viejo sistema penal, de parte de jóvenes estudiantes inculpados por delitos federales, y a quienes Excélsior entrevistó, no sólo ha sido el largo tiempo que a los jueces les lleva dictar una sentencia, sino también las torturas y vejaciones infligidas por parte de las autoridades, desde que son detenidos y durante su lucha por demostrar su inocencia, recluidos en las cárceles.

Fernando Ernesto Villegas Álvarez, ingeniero en Sistemas por parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), contó su experiencia luego de pasar tres años en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5 en Villa Aldama, Veracruz, acusado de ser parte de una célula criminal de Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie.

En teoría, la frase dice: ‘Todo hombre es inocente hasta que se le demuestre lo contrario’, pero la realidad en México es que ‘todo hombre es culpable hasta que demuestre su inocencia’”, relató.

Villegas Álvarez pasó tres años y un mes compartiendo una celda con sicarios de Los Zetas y del Cártel del Golfo, mientras demostraba a un juez que no era narcotraficante y que nunca había sido parte del grupo de La Barbie, como dijeron los cuatro policías federales que lo detuvieron mientras daba mantenimiento a los sistemas de cómputo en una casa del capo. A este joven lo presentaron ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), acusándolo por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

SE SALVÓ DE VIVIR 40 AÑOS EN LA CÁRCEL

"Yo no le vi ninguna bronca a ir, cuando mi jefe me pidió que fuera a una casa donde lo contrataron para darle mantenimiento a unas computadoras. Si tú no sabes quién es (La Barbie) no desconfías. Te juro que pensaba que era un americano cualquiera vacacionando con su familia en Acapulco. Además, cómo puedes desconfiar de un lugar en donde hay dos niños chiquititos de entre dos y tres años (los hijos del narcotraficante). Cuando la policía entró a la casa no sabía de qué se trataba mi detención. Nunca se me pidió que yo hiciera algo ajeno a mi trabajo de ingeniero ni nada que estuviera fuera de la ley”, aseguró.

Fernando jamás volvió a tener contacto con los cuatro policías que lo detuvieron y acusaron, porque de los tres careos a los que fueron citados, sólo asistieron a uno, pero llegaron ante el juez en estado de ebriedad, por lo que ya no pudo ser liberado.

Aunque la presunción de inocencia será la base del Nuevo Sistema de Justicia Penal, como la mayoría de los procesados siguen sujetos al viejo sistema, miles continúan siendo presuntos culpables, como Enrique Guerrero y como lo fue Fernando Villegas hasta que un juez absolvió sus cargos por delincuencia organizada y contra la salud, quitándole de encima una condena de 40 años.

EN MÉXICO IGNORAN PETICIÓN DE LA ONU

A Enrique Guerrero lo torturaron desde el primer momento en que unos policías vestidos de civiles, sin identificación, le echaron las manos encima. Durante más de 30 horas lo torturaron con una bolsa de plástico en la cabeza, lo golpearon con la mano abierta en la nuca —agresión conocida en el argot policiaco como chiricuazo—, le vendaron los ojos, colocaron una pistola en la frente y cortaron cartucho en varias ocasiones; le dislocaron el pulgar, lo desnudaron de la cintura hacia abajo, le tocaron los genitales y amenazaron con violarlo.

Un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre detenciones arbitrarias deliberó sobre el caso de Enrique que “el 19 de mayo de 2013 fue detenido por la policía en circunstancias muy excepcionales y feroces, y se le tuvo incomunicado por unas 30 horas, (fue) sicológica y físicamente abusado”.

El 18 de diciembre de 2015, luego de analizar el caso de tortura de Enrique Guerrero, la ONU solicitó al gobierno federal una compensación y su liberación. Sin embargo, las autoridades aún no emiten respuesta y el estudiante de filosofía sigue privado de su libertad.

LO ATACARON FEDERALES

La señora Aviña, madre de Enrique, entrevistada por este diario, recordó que mientras los policías iban persiguiendo a su hijo en dos camionetas blancas sin placas ni logos, Enrique la llamó para alertarla sobre los impactos de balas que acababa de recibir su auto, que quedaron incrustados en el asiento del copiloto.

A las 11:43 de la noche me llamó a mi celular y me dijo que lo estaban persiguiendo, que se ubicaba en Eje 8 Calzada Ermita Iztapalapa y avenida Río Churubusco. Después me mandó un mensaje explicándome que lo habían subido a una patrulla y quienes lo habían atacado eran policías federales, pero no sabía qué sucedía”, relató.

Tras la llamada pasaron dos días para que la señora Aviña volviera a tener noticias sobre su hijo, a pesar de haber recorrido todas las agencias del Ministerio Público de la Ciudad de México.

Fue hasta que Enrique la contactó desde la SEIDO, donde lo acusaban de crimen organizado y secuestro.

LOS ABUSOS CONTRA EL MAESTRO DE AJEDREZ

Éste es el testimonio sobre lo que padeció Enrique antes de ser presentado en la SEIDO. De acuerdo con lo que alcanzó a ver y a oír, pese a la venda de sus ojos, sus captores lo tenían en un lugar que parecía ser Tlatelolco.

«Comenzaron a golpearme con la mano abierta en la cabeza, con el puño cerrado en la nuca, con las rodillas en las costillas, y con algo duro que se sentía como un casco. Posteriormente, empezaron a asfixiarme con una bolsa. Alguien me sostenía el cuerpo, otro los pies y otro me ponía la bolsa en la cabeza, la quitaba y la volvía a poner, una y otra vez. Me decían que a qué me dedicaba y yo les insistía en que soy estudiante de Filosofía de la UNAM y maestro de ajedrez», señaló.

Amnistía Internacional, que también documentó el caso de Enrique y lo ha visitado en al menos dos ocasiones en el Cefereso 2 de Puente Grande, Jalisco, aseguró que las denuncias que la Procuraduría General de la República (PGR) ha recibido por tortura pasaron de 23 en 2006, cuando inició la guerra contra el crimen organizado, a dos mil 403 en 2014.

En el informe de la ONU se explicó que los agentes, para justificar la detención de Enrique, se basaron en una orden de localización y presentación a los portadores de unos números telefónicos entre los que estaba el celular 5519329669 que se le adjudicó al estudiante de la UNAM. Sin embargo, él no reconoció ese número.

Pero los maltratos por parte de las autoridades no terminan en las detenciones arbitrarias que han documentado la ONU y Amnistía Internacional, continúan dentro de los penales federales, como lo advierte Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

EL CALVARIO EN PRISIÓN

Si Fernando, el joven del IPN, tenía suerte, salía al patio una vez al mes a realizar a alguna actividad física. Lo peor es que, dentro de su celda, no sólo debía soportar el encierro 24 horas al día, sino vivir con diez presos más en un espacio diseñado para cinco. También muchas veces se quedó sin comer, porque la comida era insuficiente.

"Llegamos a ser diez personas por celda. Imagínate convivir con todos ellos las 24 horas, era un infierno. Así estaba la sobrepoblación. Además, los guardias nos insultaban, nos decían ‘ratas, no valen nada, no tienen derecho a reclamar’”, recordó.

La CNDH emitió la recomendación 14/2013, dirigida a la Comisión Nacional de Seguridad, luego de constatar la existencia de múltiples problemas en el Cefereso 5 de Villa Aldama, en el que Fernando pasó más de tres años de prisión preventiva, como la sobrepoblación y las carencias de servicios médicos, educación y deporte.

Más allá de su situación jurídica o del momento procesal en el que se encuentren, deben ser tratados con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano”, concluyó el organismo nacional.

Sobre el caso del maestro de ajedrez, un comité autodenominado Enrique Guerrero Aviña viajó a Bélgica, Suiza y Alemania para, en los próximos días, denunciar ante los parlamentarios y funcionarios de la Unión Europea, además de la ONU y organizaciones internacionales de Derechos Humanos, la injusticia que el estudiante de la UNAM sigue sufriendo en una prisión federal de México.

CONDENADOS, PERO A ESPERAR EN UNA PRISIÓN

En las cárceles del país hay 22 mil 779 personas que esperan sentencia y que, por haber sido acusados antes de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, sus casos no tienen para cuándo resolverse.

Expertos en la materia explican por qué la nueva reforma no puede beneficiar a los miles de presuntos culpables.

La propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales así lo disponen en sus artículos transitorios, donde se señala que los procedimientos penales serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad al nuevo sistema”, señala en una ponencia José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aunque este nuevo sistema, que entró en vigor el pasado 18 de junio, ofrece mucho más garantías a los inculpados, los procesados deberán continuar en este sistema tradicional, que, debido a sus fallas, tuvo que ser modificado en 2008, mediante una reforma constitucional de seguridad y justicia.

De acuerdo con Mario Uribe Olvera, penalista y académico de la Universidad Panamericana, una de las principales faltas del sistema tradicional son los procesos largos e injustos, donde los inculpados no tienen una defensa adecuada y el Ministerio Público comete muchas fallas.

Al cambiar radicalmente las reglas del juego habría muchos casos donde el nuevo sistema se colapsaría. No tenemos las salas de juicio orales para procesar a las miles personas que están ahorita sujetas a un proceso y privadas de su libertad”, aseguró.

A la fecha, en el país hay 38 Centros de Justicia Penal Federal con un total de 39 salas de juicio oral, donde los jueces especializados analizan casos relacionados con el fuero federal.

Cuando se diseñó la reforma en materia de justicia penal se estableció que este nuevo sistema iba a ser aplicable para las personas que fueran acusadas de un delito que se cometiera después de su entrada en vigor; hasta las horas anteriores (a su entrada en vigor), seguirían con el sistema tradicional”, detalló el penalista.

ESPERANZA

Hasta ahora, la ley ha dejado de lado a los detenidos y juzgados con el antiguo sistema de justicia, sin embargo Arturo Zaldívar, ministro de la SCJN, dejó la puerta abierta para el destino de estos miles de procesados por delitos federales que aún no reciben sentencia.

«Creo que en la Corte se juega en gran medida cuál va a ser el destino teleológico de la reforma, es decir, nosotros estamos obligados y, de hecho, ya lo hemos empezado a hacer, a generar nuevos criterios jurisdiccionales que respondan al paradigma del Nuevo Sistema Penal, porque obviamente muchos de los criterios que se consolidaron con el sistema anterior no sólo no se compadecen con el sistema sino que pueden ser incluso contradictorios”, dijo.»A la Corte han llegado muy pocos casos relacionados con el Nuevo Sistema, entiendo que hay un número importante de carpetas de investigación en la Procuraduría General de la República”, explicó en entrevista.
Excélsior

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