Sigue la inseguridad en Guadalupe y Calvo: amenazan de muerte a indigenista

** La activista Isela González de Alianza Sierra Madre A.C. y el abogado de esta, no pueden pisar desde hace 16 meses la Sierra Tarahumara. ** Caciques y crimen organizado coludidos con autoridades, detrás de las amenazas. "Todos somos Choréachi" se realizará con la Policía Federal vigilando.

La Crónica de Chihuahua
Septiembre de 2014, 18:53 pm

Chihuahua, Chih.- Activistas derechohumanistas del estado de Chihuahua denunciaron el contubernio entre caciques y narcos que domina en varias zonas de la Sierra Tarahumara, de las más peligrosas, las carreteras de Guadalupe y Calvo y circundantes, que apenas el lunes registraron un atentado contra el alcalde de ese municipio, y hoy martes, la activista Isela González hizo público que está amenazada de muerte por estos grupos.

Por ello, en el encuentro por Choreachi que realizarán desde el jueves, tanto Isela González como el abogado de Alianza Sierra Madre, participarán protegidos por agentes de la Policía Federal.

Eso provocó, dijo en rueda de prensa, que desde hace 16 meses, ella y el abogado también integrante de la organización indigenista Alianza Sierra Madre no puedan ir a Choreachi, en donde realizan su trabajo, a raíz de las amenazas de caciques que dijeron ambos, comenzaron una campaña de hostigamiento y acoso entre las comunidades Rarámuris por los juicios a los que los han llevado para pelear contra el despojo de sus tierras por los caciques y por el daño ecológico que causaban, varios ganados y otros en proceso.

La lucha ha sido legal y ha cobrado vidas desde hace 40 años señalaron, al comenzar los operativos gubernamentales contra el crimen e incrementarse los ataques de las organizaciones delincuenciales, la problemática aumentó y derivó en que los caciques dijeron, se aliaron con ellos y acosan tanto a activistas como personas de las etnias, la última muestra es que en diciembre asesinaron a 2 integrantes de la comunidad de Choreachi, coludidos criminales con autoridades municipales. En junio, cuando ya habían sido amenazados de muerte el abogado y la activista, llevaron la denuncia a la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara, se instaló a partir de ahí una mesa interinstitucional a nivel estatal y federal para poder encontrar salida a este conflicto, en los tribunales y fuera de ellos, pero la amenaza está latente, y los únicos que han demostrado poder en la Sierra, son los criminales.

Organizaciones civiles como El Barzón, Casa Iskra, Red por la Participación Ciudadana o Insurgencia Magisterial, llamaron a las autoridades a ejercer su obligación de proteger a los activistas, como lo marca la ONU y la OEA, organizaciones internacionales a las que están suscritas, en este caso más, indicó por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) Luz Estela Castro, porque sus vidas están amenazadas de muerte, “lo hicimos con Marisela Escobedo, con Ismael y Manuelita Solís del peligro, lanzamos la advertencia, no queremos que compañeros sufran ningún tipo de violencia, ni intimidación, ni amenaza”.

No es nuevo esto dijo, hay un expediente abierto de impunidad y amenazas por los caciques en la Sierra Tarahumara. Previo al encuentro entre expertos, miembros de la comunidad de Choreachi y activistas que se realizará desde el 11 de septiembre, una activista de la Red por la Participación Ciudadana señaló que este es de vital importancia precisamente para visibilizar las problemáticas de las comunidades, que generalmente tienen que ver con la dificultad para acceder a la justicia de muchas maneras, y que el trabajo de los derechohumanistas es esencial para que no terminen olvidados estos pueblos.

Por último, por El Barzón, Gabino Gómez dijo por las organizaciones que el trabajo de Isela González y el abogado estaba respaldado por una vida dedicada a defender el derecho a vivir de otros, y en ese sentido, exigían a las autoridades que cumplieran con su obligación de proteger a los ciudadanos y en este caso derechohumanistas, “en una zona controlada por el narco, por el contubernio con grupos criminales, donde impera la Ley de los traficantes y los talabosques coludidos con ellos, no es posible que no puedan ir a hacer su trabajo por defender los recursos, el territorio de las comunidades indígenas”.