Se niegan policías de El Paso a detener inmigrantes

**Richard Wiles, sheriff del Condado, dijo que si sus oficiales hicieran operativos migratorios atentarían contra la confianza y las relaciones que han logrado construir por años.


Se niegan policías de El Paso a detener inmigrantes

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2017, 20:00 pm

El Paso, Texas.- La expansión del programa 287(g), o Comunidades Seguras, anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional, enfrenta la resistencia de municipalidades y condados, como es el caso de El Paso, que se ha declarado en contra de que sus policías apliquen leyes federales de Inmigración.

Tanto el Departamento de Policía como la Oficina del Sheriff del Condado han expresado públicamente que no están de acuerdo con la implementación de operaciones para ejercer como oficiales migratorios.

Richard Wiles, sheriff del Condado de El Paso, dijo que si sus oficiales hicieran operativos migratorios atentarían contra la confianza y las relaciones que han logrado construir por años de servicio y apoyo conjunto.

‘Hemos invertido una gran cantidad de recursos y de tiempo construyendo la confianza entre la comunidad y nosotros, que somos las agencias del orden público. Queremos que los residentes del condado den un paso adelante cuando se convierten en víctimas o en testigos de un crimen, sin importar su estatus migratorio’, dijo Wiles.

La Policía de El Paso explicó a través de un correo electrónico que sus oficiales se encargan de hacer “cumplir las leyes del Código Penal de Texas y no tenemos autoridad, ni capacitación para hacer cumplir las leyes de inmigración. Además, nuestros recursos son escasos y limitados. Cualquier tarea extra en el momento no es posible”.

Verónica Escobar, juez del Condado de El Paso, explicó que una de las razones principales por las que El Paso es reconocida repetidamente entre las ciudades más seguras del país, es porque los residentes confían en las agencias del orden público a nivel local.

“Las políticas que obligan a la Policía local a hacer cumplir las leyes de inmigración acabarán con esa confianza y eso sería un desastre para nuestra comunidad”, dijo Escobar.

De acuerdo con la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, en El Paso residen cerca de 60 mil inmigrantes sin un estatus legal definido y podrían verse afectados.

Organizaciones también expresan repudio

Al hacerse públicas las nuevas directivas migratorias, organizaciones defensoras de la comunidad migrante manifestaron su rechazo y alarma.

A pesar de que, desde DHS (Departamento de Seguridad Nacional, Department of Homeland Security), funcionarios enfatizaron en que lo último que se busca son deportaciones masivas, distintas organizaciones manifestaron su preocupación por el elevado grado de discreción con el que van a actuar los agentes de inmigración y los cuerpos policiales que se sumen al programa Comunidades Seguras.

Robert Heyman, director de políticas de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, asegura que la aplicación de controles migratorios por parte de las autoridades a nivel local aumentará las probabilidades de que las personas sientan temor de denunciar crímenes ante la posibilidad de ser deportados.