Se enciende la inconformidad social en Morelos

**Más de 160 organizaciones se manifestarán el próximo martes 16 de agosto para demandar en Cuernavaca la destitución del gobernador de Morelos, el perredista Graco Ramírez.


Se enciende la inconformidad social en Morelos

La Crónica de Chihuahua
11 de agosto, 15:21 pm

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Martín Morales

Más de 160 organizaciones campesinas, urbanas y civiles participarán en las manifestaciones masivas de protesta pública que el próximo martes 16 de agosto demandarán en Cuernavaca la destitución del gobernador de Morelos, el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, a causa de su ineficiencia y negligencia para solucionar los graves problemas sociales, económicos, ecológicos, educativos y de seguridad pública, gobernabilidad y corrupción que padecen hoy los morelenses.

Entre los grupos que recientemente se incorporaron a esta demanda ciudadana figura el Frente Amplio Popular (FAP), que encabeza Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata, quien el pasado 30 de julio anunció su adhesión a las movilizaciones de inconformidad que desde hace más de un año vienen realizando alrededor de 100 organizaciones civiles de la mayoría de los municipios del estado de Morelos y 60 comunidades rurales de Anenecuilco.

Uno de los principales reclamos contra Graco Ramírez es el deterioro de los recursos acuíferos de la región montañosa de Morelos, severamente amenazados por la termoeléctrica La Huesca, que se construye en el municipio de Yecapixtla por cuenta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluye la construcción de un gasoducto y un acueducto y forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM) del Gobierno estatal.

Esta demanda fue planteada la semana anterior por la organización En Defensa de la Madre Tierra y el Territorio de Morelos (EDMTTM), integrante de una red nacional conformada por 180 agrupaciones locales y 97 pueblos indígenas del país, que se opone también a la ampliación de las autopistas Siglo XXI y Tepoztlán-Cuernavaca porque estos tramos afectarían el entorno ecológico de esa región del estado.

El 26 de julio, Rosario Velázquez Flores, dirigente estatal de El Barzón Morelos, denunció que el proyecto de La Huesca está en manos de inversionistas españoles; que están por expedirse permisos de explotación minera en 15 mil hectáreas de tierras del sur de Morelos concesionadas a una compañía canadiense y que todos estos proyectos empresariales afectarán el medio ambiente de la entidad en perjuicio de la vida de comunidades enteras del estado.

Velázquez Flores anticipó la realización de marchas de protesta de El Barzón contra estos proyectos; contra la ampliación de las autopistas Tepoztlán, Siglo XXI y Los Venados, en Jiutepec, contra varios proyectos inmobiliarios también en la región de Morelos, y convocó a otras organizaciones ecológicas morelenses y nacionales a sumar esfuerzos para demandar un cambio de fondo en la política integral del país dentro del proyecto M-18.

“Es necesario que México se prepare para emprender una etapa de reestructuración política en el país; para construir un gran movimiento comprometido con la recuperación del futuro de los mexicanos, cuyo horizonte sea el cambio de Gobierno”, dijo la lideresa.

Con las demandas y denuncias renovadas por EDMTTM y El Barzón, la lista de agravios imputados al Gobierno perredista de Morelos abarca prácticamente todos los aspectos de la vida social morelense y evidencia que Graco Ramírez ha logrado sumar en su contra lo mismo a campesinos, colonos, artesanos, empresarios y comerciantes informales, que a estudiantes, maestros, intelectuales y ciudadanos en general.

Otros dirigentes sociales en pie de lucha contra el Gobierno autoritario de Ramírez Garrido son el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), doctor Alejandro Vera Jiménez; Gerardo Becerra Chávez Hita, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC); el poeta Javier Sicilia, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad(MPJD); Gustavo García Aragón, representante de los familiares de personas asesinadas en la administración estatal vigente; Dagoberto Rivera, dirigente de los transportistas locales; los artesanos desplazados del Centro Histórico de Cuernavaca y los líderes de más de 100 organizaciones no gubernamentales (ONG).

Inconformidad generalizada

Jorge Zapata González no sólo denunció la ingobernabilidad y la gran inseguridad pública que enfrenta Morelos, sino aseguró que el FAP se propone luchar también por la defensa de la autonomía de la UAEM, a la que el gobernador quiere mutilar con la reforma que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) promueve en el Congreso del estado; denunciar la corrupción imperante en la administración pública de Ramírez Garrido, el imparable aumento de la violencia y la criminalidad, la falta de desarrollo social en la entidad y el abandono y deterioro del campo.

Uno de los aspectos más criticados por los dirigentes de las organizaciones convocantes del FAP es el manejo de las finanzas públicas y la imposición de medidas que afectan a diversos sectores, incluso a la burocracia, como la legislación sobre el crédito para los trabajadores al servicio del Estado, reformada el pasado 15 de julio y en la que el PRD obtuvo mayoría en una sesión realizada en la madrugada, en una sede alterna al Congreso local y con el resguardo de la policía estatal.

Esa reforma, según los activistas, permitirá que la banca se haga cargo de los ahorros de 25 mil empleados del estado, quienes ahora podrán recibir préstamos de sus propios ahorros, con la imposición de una tasa de interés bancaria.

En la misma sesión “privada” o semiclandestina, el Congreso aprobó también una reforma a la legislación sobre transporte y movilidad que abre cancha al proyecto del Morebús del gobernador Graco Ramírez.

En esa oportunidad, los diputados aprobaron modificaciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable y a la Ley de Transporte del Estado de Morelos, especialmente al Artículo 54, con estas modificacionnes sentaron las bases para la introducción de empresas de transporte masivo articulado, sin que el Gobierno hubiera acordado previamente un programa de apoyo a los transportistas locales que operan autobuses y taxis.

Aumentó el índice de pobreza

Todas las inconformidades sociales que hoy se manifiestan en la mayor parte de los municipios de Morelos evidencian el notorio decaimiento de las condiciones de vida de la mayoría de sus habitantes.

En el reporte 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el periodo 2012-2014, correspondiente a los primeros dos años del Gobierno del perredista Graco Ramírez, el índice de pobreza aumentó 17.8 por ciento, haciendo que 52.3 por ciento de la población de ese nivel socioeconómico, es decir, 993 mil morelenses (según el censo de población de 2010), vivan en condiciones precarias.

Uno de los rubros que el gobierno morelense destacó en 2015 como de mayor “avance” fue el de la educación, pero en la realidad las condiciones generales de la infraestructura escolar son deprimentes, como reconoció el titular del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Fernando Pacheco Godínez, el pasado 21 de mayo, cuando aceptó que de los mil 800 planteles de educación básica (preprimaria, primaria y secundaria) mil tienen insuficiencias en los servicios de agua, drenaje, electrificación; otros carecen de techumbres, bardas perimetrales, sus salones son demasiados estrechos y con infraestructura deteriorada.

El deterioro físico de muchos inmuebles es tal, que en el pasado ciclo escolar, los padres de familia se quejaron de no haber recibido los recursos de apoyo prometidos por el gobierno para evitar el pago de cuotas de mantenimiento; en algunos planteles el nivel de estas protestas llegó al cierre temporal de las instalaciones, con la advertencia de repetir estas acciones de presión social en el próximo ciclo escolar si no se entrega el dinero prometido.

El rezago educativo en Morelos es grave. Según datos públicos del Instituto Estatal de Educación para Adultos (INEEA) en el estado hay 464 mil 441 alumnos con edades de 15 años o más con carencias educativas: 81 mil 45 son analfabetas; 143 mil 336 no concluyeron la educación primaria y 240 mil 60 no acabaron la secundaria. La mayoría de estos infantes y jóvenes se concentra en tres de los 33 municipios de la entidad: Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec.

Inseguridad galopante

Uno de los reclamos contra Graco Ramírez es su incumplimiento a la promesa que hiciera en 2012 de abatir la delincuencia en 18 meses o de lo contrario, someterse a una consulta ciudadana para determinar si debía o no seguir en el cargo.

Ninguna de las dos acciones implicadas en este compromiso han sido satisfechas, pues a casi cuatro años de iniciado su gobierno han ocurrido tres mil 673 homicidios, mil 992 dolosos y mil 681 culposos, según datos del sistema informativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); sin embargo, el mandatario morelense sigue en el cargo.

En Morelos hay extorsiones, secuestros, asaltos, robo de vehículos. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, con datos de 2014, reveló que la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes fue de 29 mil 647, por encima de la media nacional de 28 mil 200. El 24 de mayo, el gobernador dijo:

“Vamos a tener que tomar decisiones muy importantes para que tengamos una absoluta seguridad pública en Morelos, se va acabar la inseguridad. Les pido 18 meses para que tengamos la certeza de que en Morelos vamos a estar cuidando el territorio, las entradas y salidas”.

El pasado lunes 11 de julio murió asesinada la chef Elvira Santillán Guerra, dueña de la escuela de gastronomía Liceo Escoffier, de la capital morelense, luego de haber sido baleada mientras viajaba en automóvil en compañía de su esposo.

Ambos fueron atacados desde otro vehículo por presuntos delincuentes que previamente los habían amenazado de muerte por negarse a ser extorsionados. En el momento de la agresión, la pareja había solicitado la protección de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del estado.

Un día después, el 12 de julio, fue asesinado Marco Antonio García Barrera, subsecretario del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Morelos; los hechos ocurrieron en la colonia La Calera, del municipio de Jiutepec, en donde García Barrera fue atacado con un arma blanca.

El pasado 23 de julio hubo una movilización de miembros del SME, encabezados por el dirigente Martín Esparza, quien exigió al gobernador perredista que la investigación del crimen contra García Barrera incluyera una línea específica relacionada con sus actividades sociales y demandó a Graco Ramírez que cumpla con su promesa de campaña de brindar seguridad y justicia a la entidad.

La mañana del 28 de julio de 2016, en el perímetro del Palacio de Gobierno, en pleno Centro Histórico de Cuernavaca, fue asesinado de un balazo en la cabeza un comerciante identificado como Alejandro Bahena, de 50 años, quien fue encontrado en el segundo piso del negocio rotulado como Castillo Infantil, ubicado en la calle Guerrero, donde se vende ropa para niños y vestidos de novia.

El cuatro de junio de 2016 fueron asesinados a bordo de su vehículo Guadalupe Farelas, conocida dirigente de comerciantes de Cuautla, y su esposo. Ella recibió cinco balazos.

El hecho ocurrió mientras los ahora occisos se dirigían a sus actividades en el centro cuautlense. Por esos días también fue localizado el cuerpo de una persona en Tehuixtla, Jojutla; en Xochitepec se halló una persona muerta con heridas de bala, tendida sobre el Camino Real a Tezoyuca, municipio de Xochitepec.

Un caso muy relevante, que no ha sido aclarado hasta la fecha, tuvo lugar el 28 de marzo de 2014, cuando fueron encontrados, en fosas clandestinas del municipio de Tetelcingo, 119 cuerpos inhumados de manera ilegal en noviembre de 2015.

El 20 de junio de 2016, la Fiscalía de Morelos presentó un informe, señalando que de los 117 cuerpos, previamente exhumados por peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), 41 corresponden a personas que fueron asesinadas de manera violenta. 12 de los cuerpos hallados se encontraban dispersos en bolsas, hecho que ha generado especulaciones sobre las causas de la muerte de dichas personas, cuya identidad genética sólo podrá ser conocida hasta octubre de este año.

Hasta ahora sólo se ha logrado la identificación de dos personas exhumadas en diciembre de 2014: una de nombre Oliver Navarrete y una mujer que aparentemente era profesora.

Por otro lado, de acuerdo con datos de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), organización no gubernamental local que ha dado seguimiento a los feminicidios en la entidad, éstos siguen ejecutándose, a pesar de la alerta de género lanzada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación, el 10 de agosto de 2014, para ocho municipios de Morelos: Yautepec, Xochitepec, Temixco, Puente de Ixtla, Jiutepec, Emiliano Zapata, Cuernavaca y Cuautla. De acuerdo con datos de la CIDHM, entre julio de 2013 y el 10 de febrero de 2016, se registraron 156 feminicidios y la cifra entre el año 2000 y el cuatro de junio de 2013 fue de 530 casos. Su dato global más actualizado es de 775 feminicidios.

Toda la estadística anterior demuestra el fracaso del modelo estatal de “mando único”, que el Gobierno perredista ofreció como un gran proyecto de seguridad pública y que en la práctica cotidiana sólo ha dado pie a abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos.

El pasado 27 de julio de 2016, el propio secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, declaró que el mando único no dio resultados favorables, por lo que sería modificado a partir del segundo semestre de este año, con la integración de un modelo de “policía de proximidad” en los 33 municipios y la formación de comités de vigilancia ciudadana.

También anticipó la colocación de cámaras de seguridad y botones de pánico, todo ello coordinado por el mismo comisionado estatal de seguridad, Alberto Capella Ibarra.

Edeudamiento y opacidad

En la misma sesión a puerta cerrada del Congreso local, que se realizó el 15 de julio, los legisladores del PRD lograron la autorización para que el gobernador pudiera contratar nuevos créditos por un total de dos mil 50 millones de pesos, pese a las dudas que subsisten acerca del destino final de otro endeudamiento por dos mil 806 millones de pesos, aprobado en 2013 y que forma parte de un paquete mayor de cuatro mil 184 millones 933 mil 348 pesos.

Este adeudo en bloque, derivado de sus primeros actos de gobierno en materia financiera, tuvo dos destinos que en nada procuraron el desarrollo social y económico de los morelenses, pues los dos mil 806 millones 348 mil pesos se destinaron a cubrir los gastos de la actual administración perredista y el resto para subsanar la deuda del anterior Gobierno encabezado por el panista Marco Antonio Adame. Para pagar y sostener esa deuda onerosa e improductiva, el Congreso local aprobó destinar 43.8 por ciento de las participaciones presupuestales federales.

El 22 de octubre de 2015, Adriana Flores Garza, secretaria de Hacienda del Gobierno morelense, compareció ante el Congreso para hacer frente a las denuncias públicas sobre el presunto desvío de dos mil 806 millones de pesos aprobados como deuda por el Congreso, dado que la Constitución local establece que los recursos provenientes de endeudamiento sólo pueden usarse en inversiones productivas, mientras el gobernador Ramírez los habría usado para cubrir gasto corriente, es decir, nóminas, espectáculos, remodelación del estadio de futbol de Zacatepec y el pago de las deudas que dejó su antecesor panista.

Flores dijo que cuando Graco Ramírez tomó la administración había una deuda de dos mil 700 millones de pesos y no había recursos para educación, salud y agua potable, por lo que el gobernador pidió que se le autorizara endeudarse por dos mil 806 millones de pesos. Planteado eso, los legisladores determinaron que sería mejor tratar el asunto en una sesión privada.

En un comunicado de prensa posterior a la reunión, se informó que la funcionaria dio cabal cuenta de las operaciones financieras del Gobierno; pero los datos de la funcionaria fueron desmentidos por Vicente Loredo Méndez, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), quien reveló que hasta el 31 de agosto de 2015, la institución sólo había auditado mil 646 millones de pesos y no el total del monto de la deuda (dos mil 806 millones de pesos).

El 18 de noviembre de 2015, la CMMC, encabezada por Gerardo Becerra Chávez Hita, presentó una de las dos demandas de juicio político que se han entablado en contra del gobernador Graco Ramírez, por el presunto desvío de dos mil 806 millones de pesos.

El argumento fue que el dinero era producto de una deuda y por lo tanto debió usarse en inversión productiva y no para el gasto corriente, como ocurrió.

La respuesta del Congreso a la CMMC, emitida el 11 de abril de este año, fue negativa, aduciendo que no había “causales” para tramitar la solicitud. La misma actitud asumieron los diputados locales cuando el 12 de enero de 2016 rechazaron un procedimiento de juicio político que había solicitado el ciudadano Valentín Pobedano Arce.

El Congreso expuso que los resultados de una auditoría especial practicada por la ESAF encontró que los dos mil 806 millones de pesos fueron “razonablemente bien ejecutados” por el gobernador Graco Ramírez; y se dio a conocer que el gobernador había destinado 400 millones de pesos para construir un nuevo edificio del Poder Legislativo, obra que hasta la fecha no se ha realizado.

La CMMC también había interpuesto una denuncia por el presunto desvío de recursos públicos, ante la Procuraduría General de la República, el 25 de marzo de 2015, frente a la que el gobernador se ha amparado de manera reiterada; el procedimiento se mantiene sin mayores cambios hasta la fecha.


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