Se asoma el hambre: Crisis agrícola en Guerrero

**Cerca de 100 mil campesinos guerrerenses no podrán cosechar alimentos “ni para el autoconsumo” si el Gobierno Federal continúa escamoteándoles los fertilizantes requeridos para el ciclo agrícola 2020.

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2020, 12:36 pm

Olivia Ortiz/
Buzos de la Noticia

Cerca de 100 mil campesinos guerrerenses no podrán cosechar alimentos “ni para el autoconsumo” si el Gobierno Federal continúa escamoteándoles los fertilizantes requeridos para el ciclo agrícola 2020, denunciaron varias organizaciones sociales y campesinas de la entidad.

En 2019, la fallida estrategia del Programa Nacional de Fertilizantes (PNF) de la administración actual dejó sin estos insumos agrícolas a más de 70 mil campesinos de las siete regiones del estado de Guerrero que, de un total de casi 400 mil, se quedaron con los “vales” entregados y que a la fecha no han podido validar.

Ese retraso en la entrega de fertilizantes redujo en casi el 50 por ciento sus cosechas, les provocó pérdidas económicas conjuntas por más de tres mil millones de pesos (mdp) y abrió la posibilidad de que en este año haya una crisis alimentaria debido a que la mayoría de los campesinos se encargan de los productos de autoconsumo.

Una de las principales causas del retraso en la entrega de fertilizantes se debe a que el PNF es manipulado con fines político-partidistas por los denominados “servidores de la nación” del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes operan con el apoyo del “centro” y al margen de las autoridades municipales y estatales .

Esta actitud corrupta y discriminatoria del grupo faccioso del partido en el poder ha provocado múltiples tensiones en los niveles municipal y regional, más de 130 protestas masivas, marchas y tomas de carreteras; pero su efecto más dramático es la incertidumbre que la baja producción ha sembrado en el campo guerrerense.

Se prevé que la magnitud del problema escale en abril y mayo de 2020, cuando se produzca una caída en las cosechas de maíz y que, por lo mismo, la situación del campo se declare en crisis. Por ello, las organizaciones campesinas de la entidad hacen un llamado al gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) para que cumpla el compromiso de apoyar a los campesinos guerrerenses.

Formulan esta convocatoria los dirigentes del Movimiento Campesino Guerrerense (MCG), el Movimiento Antorchista Nacional (MAN), la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Central Campesina Independiente (CCI), Alcanos Unidos de Guerrero y Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ).

Además de la entrega oportuna de fertilizantes y de los apoyos que el actual gobierno otorga a personas marginadas a través de programas asistenciales, las organizaciones citadas ahora solicitan que los “servidores de la nación” no metan las manos en la aplicación del PNF, porque desconocen el campo guerrerense, actúan de manera facciosa y crean enfrentamientos entre los productores y las autoridades municipales.

Los líderes campesinos denuncian, asimismo, que el Gobierno Federal actual no invierte en las obras públicas requeridas en la entidad con urgencia y que los programas destinados al campo están detenidos o avanzan lentamente, con lo que se arriesga la gobernabilidad de un estado tan pobre como Guerrero.

Es cierto que la falta de lluvias fue una de las afectaciones para las cosechas; pero a ese problema se sumó la falta o el retraso en la entrega de fertilizantes. Esta situación representa un grave padecimiento para la mayoría de los campesinos en las regiones de La Montaña, Costa Chica y Costa Grande, donde se siembra fundamentalmente para el autoconsumo; es decir, para que las familias cubran sus gastos básicos.

Según datos del Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera, en 2018, Guerrero produjo un millón 275 mil toneladas de granos básicos y, en 2019, solo cosechó 711 mil toneladas. Estos datos fueron confirmados por Jorge Gage Francois, excoordinador del PNF, quien asegura que el panorama para 2020 no es alentador, porque a la fecha no existe un padrón de beneficiarios ni se han publicado las reglas de operación para acceder a ese apoyo proveniente del Gobierno Federal.

“Ni para el ganado hubo mazorca”

En Zirándaro de los Chávez, Tierra Caliente, un campesino de la comunidad La Calera, quien solicitó no revelar su nombre ante la violencia extrema que prevalece en el municipio, advirtió que siempre se ha dedicado al cultivo de granos básicos y que, con esta actividad, ha sacado adelante a su familia, pues sostiene los estudios a cuatro de sus siete hijos. Sus otros tres vástagos no quisieron estudiar y hoy también se dedican a trabajar la tierra.

Entrevistado en su tierra de labor, don Jacinto –como lo llamaremos por razones de seguridad– contó a buzos: “Aquí el trabajo inicia al amanecer y concluye con los últimos rayos del Sol, que en esta zona es inclemente, al alcanzar las temperaturas más altas del estado. El trabajo es extenuante, pero daba lo necesario para sostener a la familia, preparábamos la tierra y la abonábamos con el fertilizante que cada año recibíamos del gobierno del estado; llegaban las lluvias y luego las cosechas, una parte para la venta y otra para el autoconsumo”.

Tras un breve silencio y con la mirada al cielo de un azul intenso, agrega: “el año pasado no hubo maíz para vender y solo quedó un poco para consumo… Tampoco hubo mazorca para los animales, las lluvias no fueron buenas y el fertilizante para abonar la tierra nunca llegó. En este año ya hemos ido a las dependencias correspondientes a solicitar información para ingresar al PNF, pero aún no hay respuesta. Tampoco sabemos si se va a respetar el padrón de beneficiarios del año pasado; la temporada de siembra se acerca y la incertidumbre de los que nos dedicamos al campo, aumenta”.

Proceso siembra-cosecha

En la zona Centro de Guerrero, Rumualdo Vázquez, campesino de Chilapa de Álvarez, municipio inmerso también en los graves problemas de la inseguridad pública, detalló a buzos la manera en que trabaja la siembra, que se inicia en este mes. La incertidumbre y la desesperación prevaleciente crece entre los campesinos; esto se debe a que no se ha difundido el padrón de beneficiarios del PNF para el ciclo agrícola primavera–verano 2020.

Rumualdo Vázquez informó que los trabajadores del campo empiezan a limpiar sus tierras los últimos días de marzo y terminan a mediados de mayo. Esta labor se llama barbecho y consiste en dejar la tierra libre de hierbas y rastrojos (los restos de los tallos y hojas que quedaron del cultivo anterior); luego se fumiga el terreno con herbicida y posteriormente, en junio, se inicia la siembra de semilla de maíz en llano o en surco.

Si el maíz es criollo, se colocan entre tres o cuatro semillas en cada hoyo, el cual debe estar separado 50 centímetros (cm) de los hoyos más próximos. Si el maíz es híbrido, se colocan dos semillas en cada hoyo, separado 25 cm de los otros hoyos; la separación de los surcos es de 70 cm. Estos trabajos se hacen con instrumentos de labranza como arado tirado por una yunta, barreta o tarecua.

A los 20 días que salen los primeros brotes de la milpa, se requiere la primera dosis de fertilizante y se revisa cuidadosamente si no nació alguna planta para resembrar en el hoyo que falló. El sembradío se revisa constantemente y, cuando la planta tiene un metro de altura, se fumiga nuevamente la tierra y se da la segunda dosis de fertilizante.

La milpa es permanentemente revisada y cuando tiene aproximadamente 1.30 metros de altura, periodo cuando está a punto de soltar la espiga, se le aplica la tercera dosis de fertilizante, que se necesita para lograr un alto rendimiento. Este proceso tarda de tres a tres meses y medio; es decir, la cosecha estará lista para el mes de septiembre y de ésta depende la seguridad alimentaria de las familias de Chilapa de Álvarez, Acuentla, Ahuexotitlán, Ayahualulco, Nejapa, Pantitlán, Amate Amarillo, Atzacoaloya, Alcozacán, Ahuihuiyuco, Terrero y Coatzingo.

En Tierra Caliente, la producción cayó a la mitad

Por fallas en la entrega de fertilizantes, la escasez de lluvias, la politización del programa y la falta de experiencia del Gobierno Federal, en el ciclo agrícola primavera-verano 2019, la producción de maíz en Guerrero cayó hasta en 50 por ciento. Así lo informaron, vía telefónica y por separado, la presidenta municipal de Tlapehuala, Anabel Balbuena, y los integrantes de la Confederación Nacional de Productores de Maíz (CNPM).

Por esta situación, así como por la incertidumbre dominante, los campesinos advierten que si no hay un cambio en la manera ineficiente y manipuladora en que la Federación entregó el abono el año pasado, se corre el riesgo de que la gente vuelva a inconformarse, a interceptar y saquear los tráileres que transportan el fertilizante, ya que su desesperación es extrema.

“En el segundo año del PNF no pueden continuar los mismos errores, porque el campo guerrerense no está para experimentos políticos, por lo que es necesario que en el padrón de beneficiarios estén todos los campesinos y para lograr esto hay que cruzar información entre las autoridades federales, estatales y municipales junto con los líderes comunales y ejidales. También es indispensable eliminar tantos trámites burocráticos, innecesarios y costosos, pues hay una serie de nudos que se deben desatar”, expresaron los dirigentes agrarios.

La alcaldesa perredista del municipio de Tlapehuala, Anabel Balbuena Lara, criticó el hecho de que las autoridades federales hicieran a un lado a los ediles en la entrega del insumo a los productores guerrerenses y, asimismo, que en la elaboración de los padrones se omitiera la información contenida en las listas de beneficiarios de años anteriores.

Juan Pablo Rojas, dirigente de la CNPM, declaró que “poco más de tres mil millones de pesos estamos perdiendo en Guerrero por no contar con infraestructura de acopio, de almacenamiento y distribución de agua; y por no tener el fertilizante a tiempo ante la cerrazón de los nuevos funcionarios”.

Alertó que, al menos durante seis meses de este año, la entidad padecerá carencia de alimentos a partir abril, debido a la pérdida del 50 por ciento en la producción de maíz. “La gente que está en la parte rural produciendo para subsistir y el autoconsumo va a tener carencia de esos productos, de esos alimentos, tanto para la alimentación humana como para el ganado, a los animales con los que se ayudan para el trabajo”, explicó.

Los errores en la distribución de fertilizantes en Guerrero obligarán a las autoridades locales a comprar maíz de otros estados para enfrentar la crisis alimentaria que se avecina, pues los agricultores locales no tendrán producto. Pronostica también que entre abril y mayo de 2020 comenzará a resentirse la caída en la cosecha del grano, por lo que exhorta a la 4T a que apoye a las familias que siembran para autoconsumo y que están en condiciones de pobreza.

Vía telefónica, Rafael Higuera Sandoval, alcalde suplente de Coyuca de Catalán, señaló que su municipio sufre una situación muy similar: No hubo cosechas en cientos de hectáreas cultivadas, las milpas se secaron y no tuvieron producto; muchos campesinos se retrasaron en sus siembras porque el abono nunca fue entregado al 100 por ciento y, cuando comenzaron a sembrar, ya era muy tarde, porque las lluvias pararon.

“Estamos en seco, no habrá ni siquiera pasto para el ganado y no vamos a sacar ningún grano de maíz. No hemos llorado porque somos hombres, pero da lástima ir a las parcelas y ver cómo las milpas se secan sin siquiera haber tenido mazorca”, precisó don Rafael.

La situación actual no es diferente. Los campesinos están listos para trabajar sus tierras y esperan ser incluidos en el padrón de fertilizante de este año. Pero el panorama es desalentador.

La contingencia sanitaria pone en mayor riesgo al campo

La situación por la que el país actualmente pasa debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus (Covid-19) pone en mayor riesgo la productividad del agro mexicano, debido a que los programas de apoyo al campo guerrerense se encuentran desfasados, tienen poca transparencia y operan con un desconocimiento total de los tiempos y las necesidades reales del agro local, indicó Marco Antonio Reyes, dirigente de la UNTA.

“Estamos a 20 de marzo y aún no está publicado el padrón de beneficiarios ni las reglas de operación para acceder al Programa Nacional de Fertilizante y los otros programas de la 4T no están atendiendo a los verdaderos productores”, deplora el líder campesino.

“Hay opacidad en la ejecución del PNF 2020, todavía no hay claridad respecto a las reglas de operación de este importante programa y sí hay una campaña abierta por parte de los servidores de la nación, de funcionarios de la Secretaría del Bienestar y de la Procuraduría Agraria que llevan a cabo, en contubernio con los ayuntamientos, reuniones ilegales, desinformando a los productores al decirles que son ellos quienes van a manejar el programa. Esto provoca una confrontación entre los campesinos, ya que la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN) están convocando a los comisariados ejidales a que integren la lista de productores, solicitando nuevamente la documentación, lo cual está totalmente fuera de la ley”, denuncia Reyes.

A decir del dirigente, se está desinformando a los campesinos, respaldados por el director del RAN, Plutarco García Jiménez, y el subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez Carrera, quienes están detrás de este movimiento que nuevamente llevará a la crisis al campo guerrerense y a las familias campesinas, debido fundamentalmente a las ambiciones de poder político.

Los funcionarios plantean que son 200 mil productores guerrerenses, pero en los listados de años pasados había entre 280 mil a 300 mil productores, con lo que generan incertidumbre en cerca de 100 mil productores. “Tampoco sabemos cómo van a ser elegidos; se habla de asambleas comunitarias, que si no están integradas por los productores y los comisarios serán asambleas fallidas porque algunos presidentes ya se sienten dueños de los listados y lo que se requiere es la integración de asambleas incluyentes, para que se favorezca a los verdaderos trabajadores del campo”, explicó Reyes.

O sea que, en Guerrero, está configurándose una situación de crisis socioeconómica, y probablemente también política, debido a la irresponsabilidad de los funcionarios federales y locales morenistas en la aplicación de los programas del gobierno de la 4T y a la irrupción inesperada del Covid-19. Ojalá que sus dirigentes apliquen las estrategias para solucionar esta emergencia regional y entiendan que Guerrero “no está para experimentos políticos”.