Recuperar el estado de derecho

Por Abel Pérez Zamorano


Recuperar el estado de derecho

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2015, 14:23 pm

Durante el apogeo de las monarquías absolutas, con su pura palabra los reyes disponían de vidas y haciendas; su sola voluntad hacía la diferencia entre la vida y la muerte. Pero ningún absolutismo es eterno. En Inglaterra, ante los excesos en el uso del poder por parte del rey Juan I (Juan sin tierra), se elevó la protesta de los barones, el clero y habitantes de las ciudades, reacción que daría origen a la Carta Magna, que en 1215 el rey debió signar, contra su voluntad, pues acotaba sus atribuciones y protegía de sus abusos a la sociedad. A resultas de ello, en 1265, una segunda revuelta, secuela de la anterior, obligó a Enrique III (hijo de Juan I), a aceptar la creación de la Cámara de los Comunes, que, hasta hoy, junto con la de los Lores, constituyen el Parlamento y sirve de equilibrio ante el poder de la monarquía; eran controles y contrapesos que acotaban las decisiones de los reyes. En Francia el absolutismo alcanzó su cima con Luis XIV, el Rey Sol, quien expresó en su forma más cínica el poder irrestricto del monarca frente a la sociedad: L’État, c’est moi (el Estado soy yo), dijo, así de fresco, sin reconocer más potestad que la suya.

Ante los excesos de la monarquía absoluta se manifestó, principalmente en Francia, en el Siglo de las Luces el pensamiento democrático, expresión de los intereses y ambiciones de la burguesía en ascenso. A esa época corresponde la tesis del barón de Montesquieu sobre la división de poderes o, más formalmente, separación de funciones; con la filosofía política de este pensador y una pléyade de intelectuales, la clase burguesa enfrentaba al absolutismo y preparaba su ascenso. Era la fórmula que daba origen a la democracia moderna, con su sistema de controles y contrapesos: organizaba el poder del Estado en tres partes: el gobierno, que ejerce el poder ejecutivo, el judicial, que imparte justicia, y el legislativo, que hace las leyes. Así lo expuso Montesquieu en 1747 en El espíritu de las leyes, inspirado en buena medida en la revolución de Cromwell en Inglaterra en el siglo anterior. La propuesta era progresista, pues partía del principio de que la soberanía reside en el pueblo, condición de una verdadera democracia.

La organización del Estado en nuestro país se inspiró en las ideas de la Ilustración. El Artículo 39 de la Constitución dice que: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Y así, se supone, según el precepto constitucional, que el poder, que es único y tiene como base al pueblo, se divide en las tres funciones mencionadas. Ésta es la teoría; la realidad es otra. Como todo ciudadano observador sabe, el ejecutivo ha avasallado a los otros, incluso al llamado “cuarto poder”, la prensa, que actúa en complicidad con los otros poderes cuando el pueblo reclama sus derechos.

Dicen que nadie está por encima de la ley, pero cuando el propio Estado se coloca en esa situación las cosas se tornan graves. Un Estado que viola la misma ley que está obligado a salvaguardar se convierte en un peligro social pues dispone de toda la fuerza: la policía, el ejército, los jueces, las cárceles, los medios de comunicación a su servicio, etc. Formalmente en México rige el Estado de derecho: “El Estado de derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder; el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, sociales, culturales y políticos” (Diego Valadés, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Revista Jurídica). Líneas más adelante, el mismo autor agrega: “El concepto de Estado de derecho es una respuesta al Estado absolutista, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder.”

El derecho es el marco que limita las atribuciones del Estado, y específicamente del gobierno, que debe proteger garantías individuales como el derecho de petición, de libre manifestación; a una educación gratuita y de buena calidad para todos, como lo ordena el Artículo 3º constitucional. Debe garantizar que: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” (Artículo 4º); también el cumplimiento del Artículo 123: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”; que “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición…” (Artículo 8º). Así dice el papel, pero, en México estas garantías se violan cotidianamente a ciencia y paciencia de los propios gobernantes; más aún: muchos funcionarios son precisamente quienes atropellan leyes fundamentales como el derecho de petición y manifestación, literalmente perseguido, y quienes lo ejercen, considerados como criminales sobre quienes debe recaer todo el peso de la ley. Es el quebrantamiento en toda forma del Estado de Derecho, convertido en letra muerta, en simple papel, útil para el discurso, pero totalmente inocuo en términos prácticos.

Como vemos, aquella clase que fue democrática cuando sufría bajo el dominio del absolutismo y elevó su protesta y su pensamiento; aquella clase que antaño luchara, incluso heroicamente (como Francisco I. Madero, Pino Suárez y Belisario Domínguez), por crear un Estado donde fueran escuchadas y atendidas las voces e intereses de los de abajo, parece haber olvidado con los años su propia fe democrática, aquel principio de que “toda soberanía radica en el pueblo”, ese mismo pueblo que hoy sale a las calles a reclamar educación, derecho a la vivienda e impartición justa de la justicia ¡a qué tautologías obliga la realidad! Frente a la insensibilidad, urge recuperar el Estado de derecho, peligrosamente vulnerado por quienes tienen la obligación de protegerlo; el abuso del poder, en lugar de resolver problemas los agrava. La sociedad necesita de la protección de las leyes, pues en la total anarquía queda sólo la ley de la jungla, la ley del más fuerte, dejando inermes a los débiles. Por esto urge atender el problema y restablecer el imperio de la ley, lo cual requiere una verdadera voluntad democrática, auténtica sensibilidad social y sentido de la política.