Privatización del IMSS: carambola de tres bandas

Por Mario Lanetta

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2011, 12:02 pm

Con alguna frecuencia, secretarios de estado en México, como el secretario de Salud José Ángel Córdova Villalobos, y el director general del IMSS Daniel Karam Toumeh, declaran públicamente que el Seguro Social está quebrado. “Gravemente enfermo”, “en fase terminal”, lo califican. Han dicho, como en las declaraciones que ambos personajes soltaron al aire en noviembre pasado, que al instituto le quedan “sólo dos años de vida”, y que por eso urge que el Poder Legislativo tome medidas, es decir, que le asigne más recursos e instrumente “las reformas que sean necesarias” para salvarlo. Ellos dicen que quieren dejar claro el punto de que lo que se busca “no es la privatización” del IMSS, sino sólo su “rescate”.

Pero los ciudadanos conscientes debemos aprender a discernir el fondo de las cosas, leer entre líneas, pero sobre todo sopesar los hechos y analizar los antecedentes de este problema. En efecto, ¿es urgente el rescate del IMSS? ¿Es cierto que no lo quieren privatizar?

Para empezar, algo que nunca falla es interpretar al revés una declaración de un funcionario, por ejemplo, si dice que no habrá crisis económica, o si sale, por poner un ejemplo, el secretario de Hacienda Ernesto Cordero, diciendo que “se recuperó el salario”, o afirmando descaradamente que “México dejó de ser pobre hace mucho tiempo”, sólo hay que poner todo eso al revés para conocer la verdad.

Exactamente lo mismo sucede con el caso del IMSS: si declaran que no se busca privatizar al instituto, debemos concluir que es precisamente eso lo que pretenden, privatizar el IMSS.

Pero vayamos a los hechos.

La privatización del IMSS ha comenzado desde hace ya muchos años, como lo demuestran el “concesionamiento” de las guarderías infantiles, los servicios de intendencia y mantenimiento, de seguridad, etcétera, que se han convertido en lucrativos negocios para empresas privadas. Pero si hay una prueba irrefutable y demoledora de la intención de convertir al Seguro Social en un inmenso negocio privado, ahí está la privatización del fondo nacional de ahorro para el retiro de los trabajadores, a través de las Afores, Siefores, Amafores y demás. Más de un billón de pesos (la suma total del ahorro de todos los trabajadores), que hasta hace 13 años se administraba dentro del IMSS para garantizar a los trabajadores una pensión, hoy lo jinetean alegremente una veintena de bancos y empresas poderosas, como Bancomer, Banamex, Coppel, MetLife, etc.

El gobierno panista intenta hacer, entonces, una carambola de tres bandas: una, deshacerse de la pesada y fastidiosa carga económica y social que significa para el Estado administrar el sistema nacional de salud. Dos, poner en manos de los capitalistas un fabuloso negocio para jinetearlo sin clemencia. Tres, un adelgazamiento drástico del aparato burocrático del Estado, que es el sueño dorado de los magnates del Banco Mundial y de toda la clase capitalista mundial: un gobierno fiel, eficiente y, sobre todo, barato.

La reciente crisis mundial creó el clima adecuado para acelerar la destrucción de la seguridad social, como lo testifica la actual embestida de los gobiernos europeos contra las pensiones (reducción de los pagos y ampliación de la edad de jubilación).

Es en ese contexto donde se ubica la crisis del sistema de salud en México, el IMSS, el ISSSTE, la secretaría del ramo. Pero es una crisis deliberada, fabricada por los gobiernos priistas y panistas citados con un objeto central: desmantelar el Estado de Bienestar que obligatoria y constitucionalmente es todavía financiado con el presupuesto, los empresarios y los trabajadores; de destruir sus principios de universalidad y solidaridad, de redistribución del ingreso, de amplia atención a la población cuyos limitados ingresos los margina de los mercaderes que medran y se enriquecen criminalmente con esos servicios.

El gobierno quiere eliminar las cuotas obrero-patronales para la seguridad social, como ha señalado insistentemente José Ángel Córdova, titular de Salud, para que sin esta “carga”, supuestamente, se “favorezca el desarrollo del empleo”, aun cuando un gran número de empresarios evaden sus pagos, y sustituirla con impuestos para financiarla.

Buscan sustituir el derecho constitucional a la salud para limitarlo a la subsidiariedad, el asistencialismo de los más pobres, a los servicios básicos y privatizar el resto, los más rentables.

Los privatizadores aspiran a que, en el largo plazo, el IMSS, el ISSTE y la Secretaría de Salud reduzcan sus actividades al Seguro Popular, que no es seguro ni es popular, y éste dé cobertura escasa en los servicios y los medicamentos, para extirparle a los dos primeros las jubilaciones de sus trabajadores antiguos y las prestaciones, como las guarderías, los subsidios y otras clases de ayudas que todavía prestan; subrogar sus servicios y sus instalaciones a los buitres empresariales de la salud; permitir que otros empresarios se encarguen de la construcción de su infraestructura con contratos leoninos.