“Primero los pobres”: demagogia y represión de López Obrador en la CDMX

**Siendo jefe de Gobierno en la Ciudad de México entre 2000 y 2005, Andrés Manuel López Obrador impulsó la construcción de casas para la clase media alta y redujo la oferta de las viviendas de interés social, lo que provocó un aumento de asentamientos humanos irregulares.


“Primero los pobres”: demagogia y represión de López Obrador en la CDMX

La Crónica de Chihuahua
2 de junio, 15:00 pm

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Leyni Méndez

Durante su jefatura de gobierno en la Ciudad de México (CDMX), entre 2000 y 2005, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impulsó la construcción de casas para la clase media alta y redujo la oferta de las viviendas de interés social, lo que provocó un aumento de asentamientos humanos irregulares en la periferia de la capital de la República.

Por ello la frase “Primero los pobres”, el eslogan que hace 18 años AMLO utilizó para acceder al gobierno de la CDMX, es repetido con ironía y rabia por miles de familias que entonces fueron engañadas con promesas incumplidas y hoy habitan en predios marginales donde enfrentan constantemente amenazas de reubicación y desalojo violentos.

La mayoría de esas familias saben también que a pesar de sus promesas de campaña, el dueño, dirigente y candidato presidencial del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no es un defensor genuino de los pobres, sino un político demagogo y mentiroso que hace todo lo contrario de lo que promete.

Los habitantes más pobres de la capital de México supieron esto a los pocos días de su asunción a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal (GDF), pues el siete de diciembre de 2000 promulgó el Bando número 2, con el que se restringió la construcción de unidades habitacionales y los desarrollos comerciales en las delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; mientras que se promovió el crecimiento poblacional de las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza con el argumento de que en éstas había “infraestructura y servicios” urbanos subutilizados.

El decreto lopezobradorista incluyó un anuncio en el que se dijo que su gobierno impulsaría en esas delegaciones un programa de construcción de vivienda para “la gente humilde de la ciudad”.

Al poco tiempo, sin embargo, salieron a relucir los múltiples defectos del Bando 2: se elevó la construcción de casas destinadas a personas de clase media alta en cuatro delegaciones donde predominan estos sectores sociales; decayó sustancialmente la creación de viviendas de interés social y con ello se multiplicaron los asentamientos irregulares en el área metropolitana de la CDMX.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2010, el Bando 2 dio como resultado un incremento de las viviendas en zonas periféricas de alta marginación, que en lo inmediato provocaron desalojos con uso de la fuerza pública y violaciones a los derechos humanos.

El diario El Universal publicó una nota en la que se revela que a 10 años de la entrada en vigor del Bando 2, en la delegación Milpa Alta, la población había aumentado en 33 mil 738 habitantes; que Cuajimalpa tenía 35 mil 984 más y que Tláhuac, pese a las restricciones medioambientales, había alcanzado un crecimiento demográfico significativo.

Pero el Bando 2 no solo no impidió el crecimiento desordenado de la CDMX, sino que además alentó las prácticas de corrupción en el exGDF por vía de la facilidad con que a partir de entonces pudieron conseguirse licencias de construcción.

El diario La Jornada consignó recientemente que al finalizar el periodo gubernamental de AMLO, las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo fueron las más afectadas por la presencia de grandes empresas inmobiliarias. En la primera se construyeron 30 mil viviendas entre 2000 y 2006, cifra equivalente al 43 por ciento del total de las construidas en la capital mexicana en ese periodo, según datos del jefe de la jurisdicción, Germán de la Garza Estrada.

En su portal de Internet, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) reportó, por su parte, que durante el periodo gubernamental de AMLO se edificaron casi 70 mil viviendas.

Los efectos sociales del Bando 2

Los residentes del predio Morelos Bali de la delegación Iztapalapa se encuentran detenidos en el tiempo. Son 50 familias que habitan en casuchas de cartón y madera, levantadas en un espacio común donde comparten patios, baños y lavaderos colectivos.

Están ahí desde el año 2000, pese a que en el predio existe una falla sísmica y a que llevan tres sexenios continuos exigiendo su reubicación a viviendas populares dignas que los gobiernos de “izquierda” de AMLO, Marcelo Ebrard Casaubón y Miguel Ángel Mancera les han negado sistemáticamente pese a las miles de gestiones que han realizado en las oficinas gubernamentales correspondientes.

Los jóvenes que nacieron en el año 2000 no conocen otra forma de vivir más que la del hacinamiento. Por ello no es casual que varias adolescentes de 14 años se hayan embarazado.

Jesús del Ángel, uno de los habitantes del predio Morelos Bali, asegura que desde hace casi dos décadas él y sus vecinos han solicitado reiteradamente viviendas al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) y al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, pero ninguna de estas oficinas les ha hecho caso.

La principal razón por la que no pueden acceder a una vivienda de alguna de las unidades habitacionales cercanas es el precio de los departamentos, ya que éstos son demasiado altos y están destinados a personas con ingresos medios. Del Ángel sabe bien que este hecho fue propiciado por el Bando 2, que hace 18 años promovió el entonces candidato de “Primero los pobres”.

Por ello, indignado y molesto, Jesús del Ángel descalificó las actuales campañas electorales; dice que está seguro de que en estos días los candidatos se volverán asiduos visitantes de su predio, pero que solo vendrán, como siempre, a “tomarse la foto y a hacer promesas que nunca cumplirán”.

Sheinbaum y AMLO: desalojos y uso de la fuerza en contra de los pobres
Entre los años 2000 y 2006, la actual candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX del partido Morena, Claudia Sheinbaum, fue Secretaria del Medio Ambiente y aplicó con extremo rigor el Bando 2 de su jefe, empleando para ello la fuerza pública para desalojar de sus precarias viviendas a muchas familias humildes de distintas áreas de la capital mexicana.

En octubre de 2002, Sheinbaum ordenó el desalojo violento de un asentamiento irregular ubicado en la delegación Xochimilco, en el que habitaban 50 familias pobres. El saldo fue de 14 lesionados y 28 detenidos.

En octubre de 2003, esta señora volvió a agredir a los pobres mediante el desahucio de varios predios irregulares, sin ofrecer a las familias refugio alternativo. En todas las acciones hubo lesionados y detenidos. En Rancho Las Tablas, ejido de San Francisco Tlaltenco, delegación Tláhuac, fueron desocupadas entre 80 y 100 casas, hubo cinco heridos y cinco detenidos.

El 14 de noviembre de 2005, Sheinbaum acometió el desalojo del predio La Faja en Topilejo, Tlalpan. Carmen Ramírez Rodríguez, una habitante de esa colonia, relata lo que vivió entonces: “Fue muy triste, no avisaron a nadie; las máquinas y los granaderos llegaron por montones. A las familias que habían seleccionado para tirar su vivienda les dieron cinco minutos para sacar sus papeles, después tiraron todo”.

Hilario Sánchez Hernández, también vecino de La Faja desde el año 2000, muestra los restos de las viviendas destruidas hace 13 años. La mayoría de las casas estaban hechas con materiales de concreto. “Hemos intentado regularizar, pero no nos han hecho caso. Durante el gobierno de AMLO, en 2005, hubo un desalojo de 15 familias. Acudimos al gobierno de la ciudad y a la delegación para reclamar que no fuimos notificados, pero en ese momento los encargados imprimieron la orden de desalojo. Aún estaba la tinta fresca cuando llegaron a agredirnos”.

Carmen Ramírez recuerda que además del desalojo violento, los granaderos saquearon los bienes de la gente. Los policías se llevaron todos los electrodomésticos con la promesa de devolverlos si presentaban las facturas. Hasta la fecha los inquilinos del predio La Faja viven con miedo de que el gobierno de la CDMX los desahucie porque no les han dado ninguna alternativa para cambiar la situación jurídica del predio.

Una nota del diario Crónica del 25 de octubre del 2005 reporta que en un predio de la delegación Tlahuac los policías actuaron de modo similar, pues confiscaron los bienes domésticos a los desalojados y los almacenaron en el Campamento Tres de la colonia Selene. Las pérdidas materiales de los afectados rondan el medio millón de pesos, según cálculos de los ejidatarios.

Los afectados repudian la fórmula electoral Sheinbaum-AMLO en la campaña de 2018 para la CDMX y la Presidencia de la República porque, dicen, “hicieron juntos historia” con base en dos prácticas de gobierno antipopulares: desalojar de sus viviendas a cientos de familias muy pobres y promover la construcción de viviendas para la clase media alta.

Pero éstas no son todas las fechorías de Sheinbaum. En el periodo en que fue delegada de Tlalpan estuvo a punto de ser destituida porque además de cobrar como funcionaria pública recibía dinero como investigadora de “tiempo completo” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tectología (Conacyt).

En 2017, Sheinbaum fue denunciada por homicidio y lesiones por la omisión en la revisión de daños estructurales del Colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 37 niños por el sismo del 19 de septiembre. Durante la gestión administrativa de Sheinbaum, el edificio del Rébsamen fue ampliado sin que se realizaran las inspecciones anuales que marca el Programa de Protección Civil.

La señora Sheinbaum estuvo casada con el exjefe delegacional de Tlalpan, Carlos Imaz, involucrado en los videoescándalos de 2004, protagonizados por Carlos Ahumada, el empresario de la construcción denunciado por haber entregado dinero en efectivo a René Bejarano y al propio Imaz.

El verdadero rostro de AMLO en la CMDX

AMLO hace alarde de su gestión como Jefe de Gobierno de la CDMX entre 2000-2005. Sus resultados, sin embargo, evidencian lo contrario en varios rubros, incluido el social.

En el combate a la delincuencia, la página Verificado 2018 reporta, con base en los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que en ese lapso, en el Distrito Federal se redujeron los índices de algunos delitos, pero que hubo repunte en otros muy graves, como la extorsión:

La tasa de extorsiones, que en el año 2000 era de 2.4 por cada 100 mil habitantes, en 2006 subió a 4.25; es decir, aumentó en 71 por ciento. En la administración de Marcelo Ebrard (2006-2012), ahora flamante defensor del voto de AMLO, la tasa de este delito aumentó 211 por ciento; y con Mancera disminuyó 58 por ciento, de acuerdo con la misma publicación.

En el ámbito de la administración pública, la gestión de AMLO tampoco fue positiva. Según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), difundidos en medios nacionales e internacionales, reportan que en 2001 la deuda pública del ex GDF era de 32 mil 788 millones de pesos (mdp) y que en 2005 ascendió a 41 mil 439 mdp.

Lo mismo ocurrió en materia de empleo. En 2001, de acuerdo con datos del Inegi, el desempleo en la capital era del 3.9 por ciento y al término de la administración de AMLO era del 5.6 por ciento.

Según las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza alimentaria y patrimonial en la ciudad que gobernó AMLO era del 28 por ciento en 2001 y del 31.8 por ciento en 2005, año en que dejó el GDF para emprender su primera campaña presidencial.

Morena también se olvida de los pobres en Edomex

En el Estado de México, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha gobernado por casi 90 años, la llamada “izquierda” se ha adueñado del municipio de Texcoco, donde desde hace seis años gobierna Morena. En el periodo 2012-2015, a través de Delfina Gómez Álvarez, quien también fuera candidata al gobierno del Estado de México y luego por cuenta de Higinio Martínez, alcalde desde 2015 y actualmente en un segundo periodo gubernamental.

En Texcoco, como en la CDMX, se evidencia que Morena no tiene ninguna vocación o preferencia hacia los pobres y esto se advierte en el desempeño de sus primeros gobernantes, antecedidos por la “izquierda” del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De acuerdo con datos del último censo de población realizado por el Inegi, Texcoco cuenta con 235 mil 151 habitantes y según informaciones del Coneval y la Secretaría de Desarrollo social (Sedesol); de éstos, el 42.1 por ciento vive en pobreza; el 18.2 por ciento padece rezago educativo; el 46.3 por ciento no tiene acceso a servicios de salud; la mayoría de los hogares (14.8 por ciento) tienen espacios insuficientes y están construidos con materiales de mala calidad y el 22.4 por ciento de las viviendas no dispone de servicios básicos.

Higinio Martínez, militante de Morena, prometió la creación de cuatro centros especializados en atención primaria a la salud, pero a la fecha no ha construido ninguno a pesar de que 162 mil 92 personas carecen de acceso a los servicios de salud, cifra equivalente al 46.3 por ciento de la población, según cifras de la Sedesol.

Otra de las incongruencias AMLO y Morena se advierte en su propuesta de suspender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), cuyos trabajos incipientes benefician con empleos a Texcoco mediante la apertura de caminos, el reencarpetado de carreteras y calles, la ampliación de la entrada al municipio (por Chapingo), la remodelación del camino hacia el Molino de Flores y, solo por mencionar algunas obras, la renovación de techumbres escolares en las áreas vecinales del municipio.

El ejido Huizachal, Salitrería, colonia Guadalupe Victoria, San Felipe, Tocuila, Santa María Tecuanulco, San Jerónimo Amanalco y Coatlinchán, comunidades con hasta 30 años de existencia, son algunas de las localidades donde predomina la falta de pavimentación, drenaje, agua potable y electricidad.

Jesica Pérez, del Ejido Huizachal, denunció que su comunidad “no cuenta con luz, agua ni drenaje porque en el año 2016 fue el mismo municipio el que impidió la introducción del drenaje, cuando era una obra gratuita, no nos iba a costar nada. A finales del año pasado se intentó introducir el desagüe cobrándole a la comunidad, pero solo se hizo un tramo. Ahora lo que sabemos es que es el NAICM y no el municipio, el que está haciendo la obra de drenaje, aunque solo por tramos”.

En el 2016, más de cien elementos de la policía municipal llegaron a esta comunidad para impedir la introducción de la red de drenaje, obra que se realizaría con recursos federales y estaba autorizada por la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM).

Ely Cervantes García, mujer de la tercera edad, fue una de las víctimas de la represión: al intentar defender el inicio de la obra fue empujada por efectivos de la policía, dejándole daños en la vista y la cabeza:

“Por mucho tiempo hemos vivido en malas condiciones y lo más lamentable es que, aunque hemos tenido la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida, ha sido el propio gobierno de Morena el que nos lo ha impedido”, denunció.

En San Andrés Xaspa, localidad perteneciente al poblado de Coatlinchán, el gobierno municipal de Texcoco intentó prohibir, en 2017, la instalación de una red de drenaje, obra que se realizaría con financiamiento federal, beneficiando a más de 100 familias que por casi dos décadas han carecido de este servicio. A pesar de la presencia policiaca, enviada para reprimir, la comunidad impuso su deseo de mejorar y la alcaldía permitió la construcción del drenaje. En esta obra el Ayuntamiento morenista no invirtió un solo peso.

Morena no escapa a la corrupción

Los ultimos dos alcaldes de Texcoco han estado envueltos en escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Delfina Gómez Álvarez protagonizó desvíos de recursos de la nómina de los empleados de la administración destinados a Morena, liderada en Texcoco por Horacio Duarte e Higinio Martínez.

Este hecho fue corroborado por la propia exalcaldesa morenista; durante una entrevista con Carmen Aristegui aseguró que se trataba de una “aportación voluntaria”. Los recursos de los trabajadores fueron canalizados por Alberto Martínez, extesorero del Ayuntamiento de Texcoco, a una cuenta a nombre de Higinio Martínez (líder de Morena en ese municipio), cuenta en que acumuló 12 millones de pesos entre 2013 y 2015 como resultado de las “aportaciones voluntarias”.

Hubo dos desvíos más: uno por siete millones de pesos, distraídos de pensiones alimenticias y otro de 36 millones de pesos, robados del Fondo de Ahorro, según una denuncia del Partido Acción Nacional (PAN) ante la Procuraduría General de la República (PGR) durante la campaña electoral para elegir nuevo gobernador en el Estado de México.

Higinio Martínez Miranda ha sido reiteradamente señalado por aprovecharse de los cargos públicos para enriquecerse. El 15 de octubre de 2003, el diario Milenio publicó un reportaje en el que se describe la lujosa mansión de la que es propietario el dirigente de Morena en Santo Tomás Apipilhuasco. La residencia está asentada sobre un predio de 23 mil metros cuadrados y está valuada en 30 millones 679 mil 892 pesos de aquel entonces.

Entre octubre de 2010 y noviembre de 2015, la familia Martínez adquirió 14 propiedades en Texcoco y Tepetlaoxtoc, Estado de México, cuyo valor comercial asciende a más de 85 millones de pesos. Gracias a que Higinio Martínez es el alcalde y a que estos bienes forman parte de una sociedad anónima de capital variable denominada Grupo Mauler, S. A. de C. V., constituida por sus hijos María José, Ulises y Ernesto Martínez Mejía, esta transacción solo aportó al municipio el 10 por ciento de su valor comercial en derechos fiscales.

Estos hechos, sustentados en testimonios e información estadística fidedigna, demuestran que en la CDMX y en Texcoco la eficiencia política y el moralismo que AMLO y su partido Morena tanto pregonan carecen de sustento en la realidad cotidiana, que sus compromisos de campaña nada tienen que ver con los sectores sociales vulnerables y marginados y, que por lo tanto, no son la oferta política de cambio que el pueblo de México necesita y desea.

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