Primero alegó PGR que era delito federal y al final no quiso acusarlo

**Dio diferentes argumentos hasta que atrajo el caso y logró que un juez lo sobreseyera.


Primero alegó PGR que era delito federal y al final no quiso acusarlo

La Crónica de Chihuahua
2 de septiembre, 11:43 am

David Piñón, David Morales/
El Heraldo de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- En los 6 intentos registrados por lograr la liberación del exsecretario general del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez “la Coneja”, la Procuraduría General de la República ha utilizado 4 argumentos diferentes: que era delito electoral federal, que había sido torturado, que el ilícito y los daños eran contra la Federación y finalmente que no hay evidencia para procesarlo.

Desde enero hasta agosto, el Ministerio Público Federal o la defensa del imputado, acusado de peculado por 250 millones de pesos, han cambiado los alegatos centrales de los procesos iniciados por el Ministerio Público Estatal, de acuerdo a los expedientes de las causas penales estatales, que posteriormente fueron federalizadas.

El exsenador y exaspirante a la gubernatura de Coahuila por el PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, fue detenido en Saltillo el 20 de diciembre del año pasado, por una orden de aprehensión por el delito de peculado; el 2 de enero le fue formulada otra imputación por otro delito de peculado, que sumaban ambas 250 millones de pesos.

La primera causa fue por llevarse 246 millones de pesos de Chihuahua, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público depositara esa cantidad a las arcas estatales, mediante convenios con la Secretaría de Educación, sin embargo los recursos se extrajeron de otras cuentas del erario estatal, diferentes a las que sirvieron para que se depositara el recurso federal. La segunda causa fue por el uso de su empresa Jet Combustibles, para cobrarle al Gobierno del Estado servicios simulados de transporte, según las acusaciones.

Según las acusaciones formuladas ante los jueces locales que vincularon a proceso a Gutiérrez y le dictaron la prisión preventiva por el riesgo de fuga, los elementos de prueba eran los testimonios de dos testigos con identidad reservada, así como los documentos que mostraban el origen y destino del dinero, los contratos con empresas “facturadoras” que diseñaron otros dos detenidos de la administración de César Duarte, Gerardo Villegas y Antonio Tarín, exdirectores de Administración y Adquisiciones; así como los testimonios de dos sentenciados por el mismo delito de desvío de recursos públicos; el exsecretario de Educación, Ricardo Yáñez y la exadministradora de Educación, Karla Jurado, quienes involucraron a “la Coneja” en la operación para la extracción indebida de recursos.

Luego de esas acusaciones, el 10 de enero de este año la Procuraduría General de la República ordenó una investigación por tortura contra Gutiérrez, la cual concluyó en marzo, determinándose por las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, que el detenido había sido tratado conforme a la ley. La acusación de tortura fue descalificada por el gobernador Javier Corral, como una estrategia para liberarlo, pues la PGR pidió que fuera trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social, lo que la autoridad estatal jamás aceptó, ya que incluso jamás había requerido a “la Coneja” para interrogarlo, lo que hacía increíble el alegato de que había sido torturado.

Para el 22 de enero, cuando se había desvanecido el argumento de la tortura, fue la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR, a través de su titular Héctor Díaz Santana, quien anunció la atracción del caso por tratarse de un delito electoral con recursos federales. Ante la negativa de la Fiscalía General del Estado de entregar a “la Coneja” y las causas penales relacionadas, se acordó la intervención de la Fepade exclusivamente en la investigación por probables delitos electorales.

Tras el argumento del delito electoral ante el que no cedió la FGE, el 11 de mayo, luego de semanas de litigios, el juez federal de Control con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se declaró competente para conocer todas las causas penales contra Alejandro Gutiérrez, es decir que consideró todos los delitos como federales y como tales, deberían juzgarse en esa jurisdicción. Aunque semanas después los tribunales colegiados corrigieron algunos aspectos procedimentales, las causas penales locales terminaron por “federalizarse”, aun con un cambio de juez que ordenó el Consejo de la Judicatura Federal.

Al ser federalizadas todas las causas, el viernes 31 de agosto el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia sobreseyó el caso contra “la Coneja”, debido a que el Ministerio Público Federal consideró que no había elementos de prueba para imputarle algún delito, pues ni siquiera existía delito, según la argumentación de la parte acusadora, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se consideraba víctima de alguno y por lo tanto no procedía una acción penal.

ARGUMENTOS DIFERENTES CON UN MISMO FIN: LIBERAR A GUTIÉRREZ

1.- PRIMERO FUE LA TORTURA. El 10 de enero se ordenó una investigación por supuestos actos de tortura, que había denunciado el imputado Alejandro Gutiérrez, razón por la cual la PGR solicitó tenerlo bajo su custodia e incluso liberarlo; en marzo las instancias de derechos humanos determinaron que no había indicios de tal delito en su contra y que ni siquiera había declarado ante la autoridad.

2.- LUEGO EL DELITO ELECTORAL. El 22 de enero, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR anunció que ejercería su facultad de atracción, pues al haber sido desviados 250 millones de pesos a campañas políticas del PRI, esto se investigaría como peculado electoral federal.

3.- SIGUIÓ LA FEDERALIZACIÓN DE LAS CAUSAS PENALES.El 11 de mayo un juez federal de la Ciudad de México, Gerardo Moreno, ahora removido, se declara competente para atraer las dos acusaciones de peculado que enfrenta Alejandro Gutiérrez en Chihuahua, ordenando su traslado inmediato al Reclusorio Norte de la capital del país, dado que se trata de delitos federales, no estatales.

4.- FINALMENTE NO HAY PRUEBAS. El 31 de agosto el juez federal Marco Antonio Fuerte, desde la Ciudad de México, determina sobreseer el caso penal contra Alejandro Gutiérrez, porque el Ministerio Público Federal dice que no tiene pruebas para acusarlo ni existe delito qué perseguir.

Reprueba Coparmex la posible liberación de Alejandro Gutiérrez

“El gobierno federal está siendo injusto con Chihuahua, se está vulnerando el Estado de derecho de la manera más burda, reprobamos que este gobierno o el que viene puedan pensar en impunidad a personajes como éste que cometieron actos de corrupción y afectaron las finanzas del estado”, expresó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chihuahua, Federico Baeza Mares, en torno a la posible liberación de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI nacional acusado de desviar 250 millones de pesos a dicho partido.

El líder empresarial expresó que “se tiene ya demostrado que sí desvió recursos que hubieran podido ser invertidos en otras cosas, por lo que reprobaríamos que (Gutiérrez Gutiérrez) saliera sin haber reparado el daño ya que él es el responsable del desvío, respaldamos al Gobierno del Estado en esta lucha, porque hablar de 250 millones es hablar de oportunidades para decenas de miles de personas que fueron arrebatadas para dárselos a un partido”.

Asimismo, extendió una felicitación a la Fiscalía General del Estado “porque están haciendo lo posible para evitar que esta persona sea liberada”.

Una maniobra apresurada del gobierno de Peña Nieto: CMIC

“Ahora resulta que no hay culpables, cuando él fue el orquestador de la millonaria maniobra”, declaró respecto a la posible liberación de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado de coordinar la operación por la cual se desviaron 250 millones de pesos del erario chihuahuense para apoyar actividades del PRI, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chihuahua, Arturo Dávila Dozal.

Así mismo, el líder del gremio de la construcción en el estado señaló que es “es una injusticia que ya en la última parte del sexenio de Peña Nieto están dando las patadas de ahogado para no dejar situaciones comprometedoras, evidentemente es una maniobra muy apresurada para dejarlo libre, porque la presión e información que se pudiera conseguir con esta persona implicaría seguramente serias consecuencias para el gobierno saliente”, por lo que manifestó que entre los líderes de la industria de la construcción y afines priva actualmente una sensación de incertidumbre respecto al resultado.

Al abundar en este punto, enfatizó en que “no se entiende el porqué de este movimiento tan repentino, la mayoría del tiempo los empresarios tenemos una visión práctica de las cosas que seguramente deben tener también los operadores políticos, pero este tipo de situaciones dejan a la ciudadanía con la boca abierta”.

“No sabemos qué vaya a seguir en estos días, pero dejarlo libre sin que se haga justicia sería un grave error”. Por otra parte, Dávila Dozal manifestó que los diversos sectores empresariales con los que ha tenido contacto confían en que el gobernador Javier Corral Jurado “seguirá en la lucha, tratando de defender los recursos del estado, aunque habrá que ver qué sigue de esto”.

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