Piden vitalicia para 5 feminicidas en Juárez

Además se exigió una mayor vigilancia en el centro de Juárez para evitar más delitos contra féminas

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2015, 11:00 am

Prisión de por vida pide la Fiscalía de género en contra de los cinco hombres encontrados culpables de prostituir y asesinar a 11 jóvenes cuyos restos óseos se localizaron en el arroyo El Navajo, y la Red Mesa de Mujeres, que actuó en representación de varias víctimas, solicitó al Tribunal de Juicio Oral que como parte de la sentencia ordene la apertura de una investigación a las autoridades penitenciarias y policiacas que presuntamente fueron parte de la corrupción que permitió y hasta obtuvo un beneficio de los delitos de que fueron objeto las víctimas.

Esto durante la audiencia de individualización de sanción y reparación del daño que se realizó ayer en la segunda sala de la “Ciudad Judicial”, luego de que el sábado pasado Manuel Vital Anguiano, César Félix Romero Esparza, Jesús Hernández Martínez, José Antonio Contreras Terrazas y Edgar Jesús Regalado Villa fueron encontrados penalmente culpables de los delitos de trata y homicidio agravado, por unanimidad de votos de un Tribunal de Juicio Oral.

Además la representación social demandó el pago de aproximadamente un millón 353 mil 221 pesos como reparación del daño causado a más víctimas, indemnización por muerte, gastos funerarios y otros rubros.

En este último renglón se incluyen los honorarios al grupo de argentino de Antropología Forense por el análisis que realizó, un total de 33 mil 250 pesos erogados por la organización civil “Red Mesa de Mujeres”.

También se solicita la liquidación de 165 mil 650 pesos a un laboratorio Word Tecnologic en Virginia, Estados Unidos, por la realización de un análisis a las muestras de tejido óseo tomado a los restos de que posteriormente fueron identificados como pertenecientes a Idalí Juache Laguna y María Guadalupe Pérez Montes.

En este caso se enviaron 15 muestras y el estudio de cada una tuvo un costo de 750 dólares, que sumo 11 mil 250 dólares equivalente a los 165 mil 650 pesos, dijo el agente del Ministerio Público Rafael Rodela Díaz.

Adicionalmente la interpretación de los perfiles genéticos de Idalí y María Guadalupe tuvo un costo total de mil 500 dólares.

Tanto por la remuneración correspondiente a los honorarios a las antropólogas y el envió al laboratorio de Virginia, los abogados defensores se inconformaron al referir que la Fiscalía General del Estado cuenta con los laboratorios necesarios para esos estudios y por tanto fueron gastos excesivos que no están obligados a pagar los sentenciados.

Por cada una de las 11 víctimas, el Ministerio Público exige un pago de 43 mil 668 pesos como indemnización por muerte a favor de sus familiares. Cantidad calculada a partir de multiplicar 730 días por el salario mínimo vigente al momento del fallecimiento de las jóvenes, que era de 59.89 pesos, esto en cumplimiento a lo establecido en los artículos 501 fracción I y 502 la Ley Federal del Trabajo al aplicarla de forma supletoria.Además por gastos funerarios un total de 323 mil 988 pesos, por las 11 víctimas y a favor de Gobierno del Estado.

“A los condenados se les deben aplicar las penas máximas de prisión y de multa considerando el grado de culpabilidad de los sentenciados y la gravedad de los ilícitos que se cometieron pues no se debe pasar por alto que se trata de homicidio agravado y trata de personas los cuales reguardan el primero la vida y el segundo la dignidad de las personas, bienes jurídicos que forma parte de los bienes mayores en la escala de valores sociales”, afirmó el fiscal.

El representante social también pidió al Tribunal que al momento de definir cuál será la pena a imponer, tome en cuenta que Edgar Jesús Regalado tiene otro proceso penal pendiente por delitos contra la salud; a José Antonio se le formularon cargos el homicidio de otras dos mujeres y están en proceso otras investigaciones en su contra también por feminicidios; Jesús Hernández fue sentenciado por el secuestro de una mujer que sobrevivió a la prostitución de que fue víctima y a Manuel Vital se le relaciona con la desaparición de tres mujeres que no son parte de este Juicio Oral número 267/14.

En relación a César Félix Romero no dijo nada.

Rodela indicó que por el género de las víctimas y la minoría de edad de siete de las ofendidas el ilícito de homicidio se agrava.

En su turno, el abogado de la “Red Mesa de Mujeres”, Santiago González Reyes le dijo al Tribunal que en cumplimiento a los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano es obligatorio para ellas que juzguen con perspectiva de género, privilegien los derechos humanos y se tome en cuenta la sentencia del Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo referente a eliminar todos los factores causales de discriminación a la mujer.

‘Que vigilen la zona Centro’

Además exigió que ese Tribunal de Juicio Oral, como parte de la sentencia se pida al Gobierno Municipal, Gobierno del Estado, Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y la Procuraduría General de la República que vigilen la zona Centro para evitar que continúen registrándose de forma reiterada delitos contra las mujeres.

El defensor de derechos humanos denunció que en el primer cuadro de la ciudad continúa registrándose la prostitución forzada con la anuncia, complicidad y participación de las autoridades municipales, estatales y federales.

También pidió que se ordene la realización de un peritaje antropológico en la zona Centro de Ciudad Juárez para que se generen políticas públicas de carácter preventivo y disuasivo de la comisión de delitos de género.

“Solicitamos la declaración por este Tribunal de que existe un contexto de violencia contra las mujeres donde se encuentran involucradas diferentes instancias de gobierno como centros penitenciarias estatales y federales, Policía Municipal, estatal, federal y Ejército así como grupos del crimen organizados; que se reparen proporcionalmente los daños materiales, nos referimos a una indemnización compensatoria que no se limite únicamente a los gastos escritos en facturas si no una compensación real y suficiente que contemple el sufrimiento de las víctimas indirectas destinadas a todos los miembros de su familia y no solo a los denunciante”, abundó.

González Reyes demandó se ofrezca atención médica, psicológica y psiquiátrica a todos los integrantes de las familias afectadas tanto a los que residen en esta frontera como fuera del estado.

Las juezas Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Mirna Luz Rocha Pineda decretaron un receso, para entrar al estudio de lo argumentado por el Ministerio Público, la defensa y los coadyuvantes e indicaron que responderá a las peticiones al momento de dar lectura a la sentencia integra, el próximo lunes.

LD