Otra canallada de López Obrador, vincular la toma de la Boquilla con el crimen organizado

**Venganza, represalias, mentiras, calumnias, son la tónica de Andrés Manuel López Obrador hacia todas las organizaciones sociales, hacia todos los movimientos que quedan fuera de su control.

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2021, 09:46 am

Por Froilán Meza Rivera

Como “desafortunadas” consideró Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH), las declaraciones emitidas el pasado lunes 12 de abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se atrevió a afirmar que, en la toma de la presa La Boquilla del año pasado, participaron junto con los agricultores, los integrantes de un grupo criminal, el llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes habrían robado armas pertenecientes a la Guardia Nacional.

“En el movimiento en Chihuahua había gente vinculada con los que operan en Jalisco, en la delincuencia del Grupo de Jalisco”, acusó el mandatario durante su consabida “mañanera”, desde donde gobierna y desde donde acomoda golpes, ataques, amenazas y hasta mentiras, como ésta. De paso, López Obrador intentó justificar el despojo que se perpetró con la fuerza de las armas bajo sus órdenes directas, del agua de las presas en la región Centro-Sur de Chihuahua, que derivó directamente en la terrible situación que enfrenta la economía este año, con el ciclo agrícola reducido hasta en un 75 por ciento de la superficie disponible para la producción, solamente porque se le ocurrió disponer del Ejército y de la Guardia Nacional para poder abrir a toda su capacidad las válvulas de extracción de las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero. Hambre, desempleo, quiebra de negocios relacionados con la agricultura, aumento de los productos agrícolas, fueron consecuencias de la criminal decisión de llevarse el agua para los Estados Unidos. Dijo el señor de las “mañaneras”: “Hubo una disputa, una discrepancia, incluso movilizaciones, fue la Secretaría de la Defensa, estuvo la Guardia Nacional, porque teníamos que cumplir con ese compromiso internacional para evitar cualquier sanción o represalia que nos afectara”, señaló. Se refería al Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos firmado el 3 de febrero de 1944.

Don Salvado Alcántar, a quien el gobierno de la 4T intentó en lo personal desacreditarlo cuando le fueron congeladas sus cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, el garrote de AMLO), negó de manera tajante que haya ocurrido un robo de armas, pues recordó que los manifestantes permitieron a los militares llevarse su equipo una vez que la presa fue ocupada la tarde del 8 de septiembre pasado. En aquellos días, la ofensiva del presidente de la república alcanzó en total, al menos 50 cuentas bancarias de organizaciones de productores de la región Centro-Sur del estado de Chihuahua y del Ayuntamiento de Delicias, cuyos directivos participaron en las acciones para evitar la extracción de agua de la presa La Boquilla. Según la UIF, el bloqueo a esas cuentas se realizó por “detectar movimientos irregulares en el sistema financiero nacional”. Pero tanto él, como los demás participantes en la toma de La Boquilla recuerdan y señalan un hecho fundamental de aquella tarde: y es que hubo alrededor de mil testigos para corroborar que nadie se quedó con una sola resortera de los militares. Y ahí estaban todos los medios informativos de la región, registrando en escrito, en fotos, en videos, y hubo muchos ciudadanos, decenas de ellos, que capturaron cada segundo de la toma y de la consiguiente expulsión de las fuerzas militares con las cámaras de sus propios teléfonos celulares.

Por su parte, Fidel Carrasco Ruiz, presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Unidad Conchos, lamentó igualmente las declaraciones hechas por el primer mandatario, pues “se pretende relacionar a los agricultores con la delincuencia organizada”. También el diputado federal Mario Mata Carrasco consideró que las declaraciones del presidente pretenden desacreditar al movimiento de la defensa del agua por motivos electorales. “Me extraña que dejaran pasar tanto tiempo: noviembre, diciembre, enero, marzo y ahora abril, seis meses, para declarar eso. Ahora, en primer lugar, en ningún momento las armas estuvieron a disposición ni en poder de los agricultores: siempre hubo un comando del ejército para cuidarlas, eso fue lo que le pidió el general Vázquez a las personas que estuvieron en la toma de la parte de arriba, del pequeño edificio, del cuarto que está arriba de la presa, donde ellos guardaron las armas”, detalló.

Ahora bien, tres campesinos que participaron en la toma de La Boquilla el pasado 8 de septiembre junto con otros cientos de sus compañeros afectados por el despojo de agua, fueron encarcelados durante la noche de ese mismo día, detenidos de manera violenta por una patrulla militar y enviados a prisión. Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez siguen prisioneros de la “cuarta transformación” desde entonces, acusados de “terrorismo”. Este 8 de abril cumplieron ya 7 meses de estar privados de su libertad, sólo por defender su derecho al agua de riego, y sin que su caso avance un milímetro en los juzgados. Estos tres hombres son habitantes del municipio de La Cruz, y venían en horas de la noche aquel 8 de septiembre, después de haber participado entusiastamente de la toma violenta de la presa La Boquilla, distante a menos de una hora de sus hogares. Allá, de manera colectiva, la masa de agricultores, la mayoría como ellos, pequeños productores del campo, se abrió paso para romper la cerca de las instalaciones en la presa; entre todos obligaron a los militares de la Sedena y a los elementos de la Guardia Nacional, a retirarse. Fueron horas de tensión sin igual y sin precedentes en esta parte del mundo. Los integrantes de estas fuerzas militares debieron arrear su equipo y, a pie y en sus vehículos, formaron una fila para transitar en sentido contrario por la carretera Camargo- Boquilla. La escaramuza resultó un éxito, y la posición ganada por las fuerzas populares la mantienen hasta el día de hoy, con lo que los inconformes se aseguran de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya no siga saqueando la poca agua que dejó. Pero los militares no se iban a ir sin llevar prisioneros.

Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, acusados de portación de explosivos equiparable a “terrorismo”, siguen encarcelados como una represalia y para escarmentar a todos los que se opongan a los designios de la 4T. De acuerdo a su abogado, Gerardo Navarrete, permanecen detenidos en el Cereso de Aquiles Serdán luego de que se abriera una etapa de investigación complementaria que iba a tener una duración de tres meses. Ya pasaron siete, y esa primera etapa no concluye.

Venganza, represalias, mentiras, calumnias, son la tónica de Andrés Manuel López Obrador hacia todas las organizaciones sociales, hacia todos los movimientos que quedan fuera de su control. Todos quienes vayan en contra de sus políticas, todo el que cuestione, el que toque aun con el pétalo de una crítica sus altos designios, son sus enemigos, y son dignos de que se les arroje a la Guardia Nacional, de que se les congelen sus cuentas bancarias, de que se les compare con la delincuencia organizada, dignos de que el “altísimo” los etiquete como “conservadores”, “fifís”, etcétera.

Por otro lado, ¿por qué Juan Carlos Loera, candidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua, no se ha atrevido a hacer un solo mitin y ni un solo recorrido en Delicias, en Camargo, en Saucillo, San Francisco de Conchos, en Meoqui o Julimes? Tal vez porque tiene miedo de que le reclamen o lo corran, como ya lo hicieron en Rosales, porque defendió el despojo de agua de las presas. Por la misma razón por la cual no se ha presentado en las comunidades de Bocoyna y Guachochi a las que rechazó y engañó cuando le reclamaban que no ejerciera el presupuesto de los programas sociales, cuando Loera de la Rosa era el “súperdelegado” de AMLO y titular de la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar, y los indígenas realizaban hacia Chihuahua sus “marchas del hambre”. Quienes los calumniaron, engañaron y despreciaron, ahora pretenden gobernarlos.

Pero los chihuahuenses tienen ahora la posibilidad de enviar al basurero de la historia a quienes se han destacado como enemigos del pueblo, en las próximas elecciones de junio, no votando por ellos. ¡Que los chihuahuenses no olviden y se cobren en las urnas tantos agravios en su contra!