Nuevo modelo de justicia penal, prematuro trasplante

REPORTAJE ESPECIAL


Nuevo modelo de justicia penal, prematuro trasplante

La Crónica de Chihuahua
25 de agosto, 21:12 pm

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Martín Morales

El 18 de junio se cumplieron los ocho años que el Estado mexicano se dio de plazo para remodelar su sistema de justicia penal para sintonizarlo con los juicios orales y los intereses de la política exterior de Estados Unidos (EE. UU.), sin que la citada “reforma estructural” evidencie avances significativos en su instrumentación.

Para acceder a esta meta, dijo a buzos Yesenia Valdez Flores, especialista en derecho penal, faltan varios años, porque el proyecto de justicia penal aprobado en 2008 por el Congreso de la Unión enfrenta obstáculos tanto financieros como culturales, como la falta de capacitación del personal del sistema de administración y procuración de justicia, la ineficiencia y la corrupción.

El mayor problema se halla, explicó la experta, en las dificultades que existen para edificar el sistema de juicios orales sobre un modelo de justicia anterior que por décadas había funcionado en medio de la corrupción, la impunidad y en un entorno nacional muy diferente a las condiciones sociales, económicas y culturales de EE. UU.

Estas mismas diferencias sociales y políticas, aclaró la abogada Valdez, serán determinantes para que en México, pese a la similitud en los sistemas de justicia penal, se inhiba la posibilidad de que en el futuro próximo se aprobara la pena de muerte para sancionar delitos graves en el país.

De inspiración estadounidense

El nuevo sistema de justicia penal mexicano fue diseñado conforme a las necesidades de la política exterior de Washington. Emanó del Plan Mérida o Iniciativa Mérida (IM), que incluye asistencia monetaria y tecnología militar para mejorar la seguridad pública local y regional y como parte del sistema de seguridad nacional de EE.UU.

Fue concertado en 2008 por el entonces presidente panista Felipe Calderón y su homólogo estadounidense George W. Bush, como producto derivado de un acuerdo previo que el propio Bush impuso al también presidente panista Vicente Fox durante la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), celebrada en marzo de 2005 y que se convirtió en la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) México, Estados Unidos y Canadá. La más reciente evaluación de la CLAN se realizó el 29 de junio en Canadá.

En el reporte Iniciativa Mérida, Avances registrados durante 2014 existe un apartado con el título Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que se describen las acciones realizadas en 2014: “la Iniciativa (Mérida) contribuyó para la capacitación de investigadores y fiscales federales en su rol en el nuevo sistema de justicia penal (…) se contribuyó al desarrollo de nueva legislación en temas como justicia para adolescentes, sentencias, justicia alternativa, y en el desarrollo de leyes modelo para los estados en temas como extinción de dominio, seguridad pública, asistencia a la víctima, defensores públicos, tribunales superiores de justicia, procuradurías generales de justicia de los estados, protección del testigo, y la administración de bienes confiscados”.

La aplicación de lo dispuesto en la IM es supervisada por la embajada de EE. UU. en México. La operadora es la controversial Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), creada por John F. Kennedy en 1961 en plena Guerra Fría, con el objetivo de contrarrestar el ejemplo de la Cuba revolucionaria y evitar el desarrollo de políticas, entonces pro-soviéticas, en el Continente Americano. Hoy conserva el objetivo de imponer políticas públicas pro estadounidenses en países latinoamericanos, incluidas las de seguridad y justicia, a fin de que sean compatibles con la política exterior de EE.UU. Esta labor es dirigida por el Departamento de Estado, del cual depende la USAID.

El 21 de noviembre de 2014, el administrador asociado de la USAID en México, Mark Feierstein, el embajador estadounidense Anthony Wayne, la secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), María de los Ángeles Fromow y el coordinador en México para la IM, David Garay, lanzaron el membrete Promoviendo Justicia (PROJUSTICIA ó PROJUS), con un plan de cinco años para reforzar la implementación de la reforma de justicia penal. Para ello se pactó la entrega de 68 millones de dólares utilizables en capacitación de abogados, jueces, ministerios públicos, además de apoyos para organizaciones civiles y profesionistas asociados al proyecto.

Desde el arranque mismo de la IM se han deslizado recursos financieros aportados por EE.UU. para empujar la mencionada reforma de justicia penal, cuya aplicación es verificada por la USAID en combinación con organizaciones civiles y varios think thanks (tanques de pensamiento) mexicanos.

Formalmente, la USAID es una agencia del Departamento de Estado, pero en América Latina con frecuencia ha sido denunciada como una fachada más de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. en la realización de operaciones encubiertas de espionaje, sabotaje y desestabilización de otros Estados nacionales.

El gobierno de Cuba la ha denunciado reiteradamente y en mayo de 2014, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ordenó la expulsión del personal directivo de la USAID tras imputarle la pretensión de querer influir en el diseño de las políticas públicas de su país.

En noviembre de 2015, la periodista y escritora argentina Stella Calloni publicó un ensayo político en el que denunció acciones de subversión y desestabilización política de la USAID y la CIA contra varios países de Latinoamérica, en los que estas agencias estadounidenses utilizaron como punta de lanza a organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones internacionales como Los Pueblos Hablan, Purificación de la Blanca y Ojos para la Paz, entre otras.

“Ante el cada vez más evidente accionar de las fundaciones y agencias utilizadas por la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en América Latina y el Caribe, hacemos un llamamiento solidario a los gobiernos de nuestra región para enfrentar esta grave amenaza que avanza cada día, con la presencia encubierta de esos organismos y miles de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que dependen de éstos, para que se investigue la injerencia permanente que ha derivado en golpes de estado, intentos golpistas y desestabilizaciones permanentes de nuestros gobiernos violando la soberanía de nuestros países y la voluntad de nuestros pueblos.

“Como ejemplo citamos a la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), creada en 1961 en Estados Unidos, presentándola como una organización encargada de una misión supuestamente humanitaria, de suministrar apoyo económico, prevención de conflictos, ayudar a expandir la democracia y para el desarrollo, entre otros supuestos objetivos, para países con problemas en el mundo y que de hecho funciona como una agencia destinada a proteger y garantizar los intereses políticos, económicos y estratégicos del gobierno de Estados Unidos (…) Su objetivo ha sido y sigue siendo revertir procesos, mediatizar proyectos, infiltrar organizaciones diversas, para actuar especialmente contra gobiernos que no responden a los intereses de EE. UU.

En estos momentos tratan de frenar, obstaculizar y destruir el proceso emancipatorio de la integración de América Latina y el Caribe y a varios gobiernos”, escribió Stella Scalloni.

Capacitación extranjera

Desde 2008, la USAID ha acentuado específicamente su infiltración en centros educativos de derecho penal a fin de formar y capacitar en el funcionamiento del nuevo sistema penal a ministerios públicos, jueces y policías.

Por ejemplo, el ocho de febrero, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que impulsaba la adopción de protocolos de actuación conforme al nuevo sistema de justicia penal, por lo que funcionarios de la institución habían asistido a la conferencia “Coordinación entre la Policía de Investigación, el Fiscal y el Primer Respondiente”, impartida por Alejandro Ponce de León Gómez, director general de USAID en México.

El tres de marzo de 2012, el gobernador oaxaqueño Gabino Cué se reunió con Thomas Delaney, entonces director de la USAID México, para coordinar los programas que esta institución financia para implementar el nuevo sistema de justicia penal, incluso en las comunidades donde prevalecen los usos y costumbres.

“Coincidimos con USAID, nos interesa atender el tema del cambio climático, las reformas judiciales, porque Oaxaca es el segundo más avanzado en este tema en el país”, dijo Cué en esa oportunidad, quien además reveló que en este tipo de programas trabajan también el Banco Mundial y otros organismos internacionales.

Actualmente, la directora de esa agencia en México es Margaret Spears. El 27 de julio de 2016, Spears, acompañada por Bob Page, representante de TetraTech DPK, un corporativo especializado en el diseño y desarrollo de instalaciones para juzgados, atestiguó el arranque de una campaña de difusión nacional del nuevo sistema de justicia penal, con el uso de medios de comunicación masiva, en el que participan documentalistas y cineastas mexicanos como creadores de contenidos cuyos productores son “PROJUSTICIA” y USAID.

En el proyecto de difusión también participan las asociaciones civiles Mujeres en Frecuencia, que presentará un programa de televisión con el personaje Doña Justa, a fin de relacionar el nuevo sistema penal con los derechos de las mujeres y Semblanza Documental Ambulante, asociación civil fundada en 2005 por los actores Gael García y Diego Luna para producir spots para televisión y radio, así como cortometrajes encaminados a divulgar el nuevo modelo de justicia penal.

En su Programa 2015 de Alianzas, fechado el siete de enero de 2015, en el que hace una convocatoria a organizaciones civiles para realizar proyectos conjuntos, la USAID describe los temas en los que está trabajando en México: “Prevención del delito y la violencia: prevenir el delito y la violencia aumentando las capacidades de los jóvenes en riesgo de reclutamiento en actividades violentas... jóvenes en riesgo, para que jueguen un papel productivo en sus comunidades y facilitando la réplica de modelos exitosos de prevención del delito y la violencia por parte de actores locales”.

Otros de esos programas son: “Reforma al sistema de Justicia Penal”, cuyo objetivo es apoyar los esfuerzos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para lograr que la reforma constitucional al sistema de justicia penal llevada a cabo en México en 2008 sea operativa en 2016; “Derechos Humanos”, para apoyar a las OSC a promover la protección de los derechos humanos, prevenir abusos y asistir a víctimas; “Cambio Climático Global”, para apoyar el compromiso de México para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Arranque del financiamiento

Para emprender la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal en México, el gobierno de EE.UU. destinó 21 mil millones de pesos en 2008, pero el dinero no alcanzó. Según datos divulgados en junio pasado por la titular de la Setec, María de los Ángeles Fromow Rangel, para mantener actualizado el nuevo sistema de justicia deberán invertirse por lo menos 50 mil millones de pesos entre 2016 y 2030, a fin de completar la capacitación, crear infraestructura y actualizar tecnología.

El 20 de junio de 2016, Fromow Rangel anunció el arranque oficial del sistema, que oficialmente entró en vigor el día 18 de junio. En ocho años se armonizaron 352 leyes locales conforme a las reformas a la Constitución; se adecuaron dos mil 800 instalaciones, que fueron construidas o remodeladas; se capacitó a 400 mil funcionarios y se fijaron tareas de reorganización en 150 instancias locales.

La titular de Setec destacó los avances alcanzados conforme a una cobertura. Informó que en junio de 2016, con el nuevo modelo de justicia penal puesto en marcha, estaba cubierto el 94.6 por ciento de la población, equivalente a 114 millones 469 mil 201 mexicanos. Afirmó que en dos o tres años se podría llegar al 100 por ciento de la cobertura, aunque para ello se requerirá una inversión constante para ampliar servicios y mantener actualizado el equipo tecnológico necesario.

Reforma constitucional sin capacitación

La reforma de 2008 en materia de justicia implicó modificaciones a los artículos constitucionales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, así como a las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; VII del 115 y XIII del apartado B del artículo 123, con el propósito de mejorar la impartición de justicia, la procuración e impartición de la misma, la reinserción social y en general también la seguridad pública.

La abogada Yesenia Valdez Flores, comentó a buzos: “Finalmente, la reforma está vigente y se tiene que aplicar tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, también vigente, y todas las reformas que ya están funcionando.

El problema está en la instrumentación operativa, porque, efectivamente, el personal no está adecuadamente capacitado, jueces, ministerios públicos, defensores, nuevos personajes que se agregan como asistentes legales, las policías, sobre las que ahora hay una mayor exigencia de capacitación, porque deberán actuar con un perfil científico y más elementos de investigación. Éste sería el problema, que aún no se tiene la capacitación idónea en muchos de los estados de la República”.

“La reforma, como sabemos, se aprobó en 2008, y hubo ocho años para que los estados y el gobierno federal instrumentaran las medidas necesarias que pudieran poner a funcionar este nuevo sistema, que se conociera, cuáles serían las medidas, las etapas procesales; en qué consistiría cada etapa, los derechos de la víctima. Hubo tiempo suficiente para darlo a conocer; el problema es que no se ha capacitado al personal en todos los estados, ni del gobierno federal, la PGR y las policías que tienen que ver con la investigación de delitos”, indicó la litigante.

Dos sistemas diferentes

En el nuevo esquema se antepone en todo momento la presunción de inocencia, a diferencia del anterior, que buscaba culpables. Además, a criterio del juez, existen mayores posibilidades de que el inculpado siga un proceso penal en libertad, por lo cual se disminuye la necesidad de la prisión preventiva, de la que el sistema de justicia anterior abusó.

Se estableció una división clara entre los encargados de investigar, acusar y resolver los casos, entidades que anteriormente estaban revueltas.

Las víctimas del delito reciben apoyo. Se procura una igualdad de condiciones para las partes acusadora y defensora. Además, se abren alternativas para evitar que todo proceso llegue a un juicio; es decir, el proceso penal puede detenerse por alguna alternativa de solución del caso entre acusado y acusador, lo que no era posible con el anterior formato.

En lugar de juicios mixtos, por escrito y en mínima parte orales como antes, ahora los juicios son completamente orales y públicos –salvo que el juzgador determine lo contrario sobre la publicidad en condiciones especiales– y en ellos participan todos los involucrados en las partes acusadora y defensora.

Otra diferencia es que el juez o los jueces (habrá de uno a tres por juicio) están obligados a explicar en detalle sus decisiones. En materia de seguridad pública se impulsa la formación policial profesional y el trabajo científico, una mayor inteligencia policiaca y con apoyo tecnológico. Por todo ello puede entenderse que el nuevo esquema penal tenga un alto costo.

Otros aspectos de la nueva justicia penal son: Los particulares podrán ejercer de manera directa la acción penal ante una autoridad judicial, es decir, una acusación directa debe ser motivo de una consecuente investigación.

Se institucionalizan los jueces de control encargados de resolver rápidamente solicitudes de medidas cautelares; habrá otros de instrucción y otros de juicio oral. En tanto, se refrenda la posible aplicación de los arraigos en el caso de personas vinculadas con delitos de delincuencia organizada.

Con los cambios al artículo 17 se ratificó la necesidad de una defensoría pública de calidad y en la nueva redacción del apartado B del artículo 20 constitucional se definió que el imputado sólo podrá ser defendido por un abogado, con lo cual desaparece la posibilidad de que lo haga cualquier otra persona “de confianza” que no sea un profesionista del derecho.

La primera etapa del proceso penal es la investigación. La policía investigará y el ministerio público (MP) determinará si hubo delito para proceder a acusar o si se desiste de acusar. De haberlo, el MP acusa ante un juez de distrito, quien determina si el proceso debe seguir. Al respecto, el juez puede dictar libertad absoluta, proceso en libertad o prisión preventiva. La segunda etapa es la intermedia. El MP reúne pruebas y testigos contra el inculpado.

Acusador y defensa debaten ante el Juez de Control sobre las pruebas de cargo y descargo. De tratarse de delitos menores se pueden acordar medidas de solución como la justicia alternativa, suspensión condicional del proceso o proceso abreviado. El objetivo es evitar que un caso no grave llegue a juicio y se resuelva de manera pronta.

La tercera etapa es propiamente el juicio oral, que implica una audiencia pública, aunque el juzgador puede evitar la publicidad, según las características del asunto.

El MP, que es la parte acusadora, debate con el defensor ante un Tribunal de Enjuiciamiento formado por uno y hasta tres jueces, quienes no conocen –se supone– el caso tratado.

El juicio debe desarrollarse en uno o varios días, según su complejidad. El o los juzgadores toman una decisión final, que debe ser explicada plenamente al acusado y a la víctima.

En este marco, puede asumirse un “criterio de oportunidad”, de tal forma que el MP no acuse si el inculpado repara al daño causado o si la víctima expresa su interés en la reparación del daño.

El MP también puede desistirse si en la comisión del delito el inculpado sufrió un daño grave o si éste colaborará en la investigación de un hecho más grave. La Justicia Alternativa no aplica cuando el acusado es reincidente o cuando el interés público sea mayor, por ejemplo, en casos de seguridad nacional.

La Suspensión Condicional del Proceso se utilizará cuando un delincuente lo sea por primera ocasión y haya cometido un delito no grave. El inculpado puede aceptar su culpa, comprometerse a indemnizar a la víctima y aceptar las condiciones impuestas por un juez. El Proceso Abreviado se da cuando el inculpado acepta su responsabilidad en los hechos para acelerar su juicio, en cuyo caso puede recibir una pena menor a la que le correspondería.

María Elena Morera, presidenta de Causa Común A.C., afirmó que este sistema de justicia penal apenas está en “labor de parto” y todavía falta un largo camino por recorrer para ponerlo en marcha al 100 por ciento y, en consecuencia, para alcanzar sus eventuales beneficios sociales en materia de procuración, administración de justicia y seguridad pública en general.

Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, resaltó que la corrupción y la impunidad siguen vigentes, lo cual hará difícil abatir con la celeridad deseada un sistema de justicia que duró más de 80 años. Sin embargo, dijo, con el nuevo sistema habrá posibilidades de detectar fallas con mayor facilidad, de ventilar a la vista pública los juicios y evitar que “los asuntos de la justicia se resuelvan en alguna oficina privada”.

En torno a la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal, José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró recientemente que el hecho de que hallan ahora salas especiales para juicios orales no garantiza que el sistema de justicia vaya a funcionar de manera correcta.

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