Modernas empresas mineras sacaron el doble del oro que los españoles en 300 años

**La incalculable riqueza mineral pertenece a los mexicanos, pero cada año miles y miles de millones de dólares rebosan las alforjas de un grupúsculo de consorcios nacionales y empresas foráneas, sin que a cambio la nación reciba beneficio alguno.

La Crónica de Chihuahua
Junio de 2018, 11:00 am

Por Carlos Fernández Vega,
autor de la columna México SA
de La Jornada.

En noviembre de 2011 un suplemento especial de La Jornada documentó una terrible realidad que a muchos dejó boquiabiertos: “tanto ha dado y sigue dando esta tierra, que sólo en la primera década del siglo XXI, con dos gobiernos panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras –con las canadienses a la cabeza– extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821, en lo que hoy es México.

“En esa década panista, con Fox y Calderón en Los Pinos, los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro y 28 mil 274 toneladas de plata de las minas mexicanas, contra 182 y 53 mil 500 toneladas, respectivamente, en los tres siglos citados. Ello, sin olvidar que 20 años atrás las invaluables reservas nacionales de cobre se entregaron a una sola empresa, Grupo México, cuyo dueño, Germán Larrea (el segundo hombre más rico del país), ni siquiera hizo el intento de rescatar los cuerpos de los 63 mineros que, cinco años después de la explosión, se mantienen bajo cientos de toneladas de tierra en la mina Pasta de Conchos, Coahuila”.

Si se actualizan las cifras hasta 2014 (últimas disponibles), la depredación de los colonizadores españoles se quedó corta frente a lo alcanzado por un grupúsculo de impunes barones de la minería (nacionales y extranjeros) cobijados por los últimos cinco inquilinos de Los Pinos (de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto), con la complicidad del Congreso que se dice mexicano.

Lo anterior, porque sólo entre 2011 y 2014 el saqueo de oro mexicano sumó unas 430 toneladas adicionales (en cuatro superaron la extracción de 300 años de Corona española) y 22 mil toneladas de plata.

Con la información actualizada que se cita, en lo que va del siglo XXI los barones de la minería en México se han apropiado de 810 toneladas de oro (2.13 veces más que el obtenido por la Corona española en tres siglos) y más de 50 mil toneladas de plata (prácticamente el mismo volumen que lo acumulado en esos 300 años).

Y ¿cómo ha sido posible este saqueo a la nación? Pues bien, también La Jornada lo ha documentado. En su edición del pasado lunes, con información de Roberto González Amador, los lectores del diario fueron informados de que “en 20 años, los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa otorgaron en concesión 97 millones 800 mil hectáreas a empresas mineras nacionales y extranjeras” (falta documentar la extensión entregada por Peña Nieto en sus dos años y pico en Los Pinos).

Lo anterior resulta espeluznante: prácticamente la mitad del territorio nacional ha sido concesionada a unos cuantos empresarios (principalmente al tóxico Germán Larrea –el de Pasta de Conchos–, Alberto Bailleres (“totalmente Palacio”), Carlos Slim –a quien señalan como “preponderante” en el mundo de las telecomunicaciones, pero ni de lejos lo mencionan, al igual que a los otros dos, por lo mismo en el sector de la minería– y un pequeño grupo de trasnacionales canadienses.

Neolatifundismo puro, disfrazado de “modernidad”. Cuando menos en tiempos de la corona española ésta no tenía problema alguno para presumir que todo era de su propiedad: el territorio, los naturales y la riqueza minera de lo que posteriormente sería México. Pero en esta democracia “de, para y por los empresarios” (Fox dixit) aseguran que todo se trata de las “reformas que el país requiere, en beneficio de los mexicanos”.

En 1992 Carlos Salinas de Gortari “reformó” la ley minera en México, y como tantas otras “modernizaciones” el único objetivo fue la entrega de los recursos de la nación al club de amigos privados del régimen, no sin antes pactar el cobro de “porcentajes”, “comisiones”, “moches” o como quiera llamársele. Saqueo garantizado.

Veinte años después, a Los Pinos arribó otro “reformista” y, Pacto por México de por medio, prometió una “nueva ley de explotación minera”, la cual revisaría “el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión. Se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector”.

Dicho “compromiso” (el número 61 del Pacto Por México) es letra muerta –de hecho su anuncio sólo fue para la foto–, y por el contrario Enrique Peña Nieto y sus muchachos no dejan de otorgar concesiones mineras al grupúsculo de siempre, con un regalo adicional: petróleo y gas para los barones de la minería, por cortesía de la “reforma” energética.

Lo curioso, por llamarle así, es que todos tienen los ojos puestos en lo que sucederá con el petróleo mexicano, qué corporativos llegarán y cómo se repartirá el pastel, pero muy pocos se han enterado, o han mostrado interés en hacerlo, qué sucedió con la minería en el país y de qué tamaño es el regalo del régimen (nada más la mitad del territorio nacional, y contando). Ampliar la mira es fundamental, porque el saqueo a la nación no se limita al oro negro. De hecho éste sólo es la cereza del pastel privatizador.

Como en este espacio se ha comentado, nadie ha movido un dedo para detener el salvaje saqueo de los barones de la minería y sus cómplices. La incalculable riqueza mineral pertenece a los mexicanos pero, a la vista de todos y en connivencia con el gobierno federal, cada año miles y miles de millones de dólares rebosan las alforjas de un grupúsculo de consorcios nacionales y unas cuantas empresas foráneas, sin que a cambio la nación reciba beneficio alguno. Millones y millones de hectáreas concesionadas al gran capital del ramo, miles y miles de kilogramos de metales preciosos extraídos, enormes daños ecológicos provocados (allí está el caso de Larrea en Sonora), miserables salarios pagados, ilegal persecución a sindicatos y sus líderes, y condiciones laborales infrahumanas, a cambio de migajas,si bien va.

Por lo visto, Porfirio Díaz resulta un niño de teta comparado con los gobiernos neoliberales.