Masacre en Ayotzinapa: Hacia el cierre de las Normales Rurales

REPORTAJE especial/ Periodismo de fondo en La Crónica de Chihuahua


Masacre en Ayotzinapa: Hacia el cierre de las Normales Rurales

La Crónica de Chihuahua
Octubre de 2014, 10:25 am

/facebook @twitterOlivia Ortiz Trigo

La noche del domingo 5 de octubre, la noticia de que la policía municipal de Iguala puso en manos de la organización delictiva Guerreros Unidos al menos a 17 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, cimbró a sus familiares y a los habitantes del municipio de Tixtla, Guerrero, toda vez que dicha tragedia se sumaba al artero asesinato de los estudiantes Daniel Solís Gallardo, originario de Zihuatanejo; de Julio César Mondragón, de la Ciudad de México, y Aldo Gutiérrez Solano, de Ayutla, cometido el viernes 26 de septiembre.

Rostros adustos, aunque todavía con un dejo de esperanza, repentinamente liberaron, con torrentes de lágrimas, la angustia que habían contenido durante nueve días. El dolor se palpaba en cada centímetro de la cancha techada que desde el día 26 había servido de albergue a los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos.

Las esperanzas que doña Catita tenía de ver con vida a su nieto se desplomaron repentinamente y, agarrándose el pecho, sollozó: “Mi niño tenía muchas ganas de superarse; no le hacía daño a nadie, era alegre y juguetón. Yo lo quiero ver”, alcanzó a decir, pero el dolor le impidió seguir hablando.

Un ex alumno de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, que en julio de 2008 dejó de funcionar en la comunidad de El Mexe, Hidalgo, expresó su convicción de que lo ocurrido en la Normal de Ayotzinapa está encaminado a cumplir el proyecto gubernamental de cerrar las 16 normales rurales que aún existen en el país.

“Es el mismo método que se utilizó hace seis años en Hidalgo”, dijo el egresado, quien calificó de criminal la forma en que el Estado quiere deshacerse de este tipo de instituciones, atentando contra el pueblo de México para desaparecer escuelas que han beneficiado a los hijos de indígenas y campesinos, ávidos de prepararse académicamente.

El egresado de El Mexe agregó que “las normales rurales no le convienen al Gobierno porque tienen un enfoque socialista”, pero exhortó a los jóvenes de Ayotzinapa a continuar luchando de pie en la defensa de su normal, sin caer en las provocaciones del Gobierno.

Lo anterior coincide con la opinión del maestro Javier Abarca, egresado de la Normal de Ayotzinapa y dirigente de un grupo de maestros jubilados y pensionados de Acapulco, quien acudió a llevar un apoyo económico recabado a través de distintas actividades.

Abarca recordó que en 2007 el Gobierno del perredista Zeferino Torreblanca Galindo intentó infructuosamente reformar la organización institucional con el argumento baladí de que no había dinero para seguir sosteniendo el internado y con el propósito final de desaparecer la normal.

Pero los estudiantes se movilizaron y tras arduas jornadas de lucha lograron que la Secretaría de Educación de Guerrero desistiera de dichas reformas.

“Siempre hemos sido perseguidos, pero en esta ocasión las cosas se salieron de control. ¡No se vale masacrar a jóvenes que iban desarmados! ¡Ojalá regresen con vida!”, exclamó Abarca, quien evocó otros actos de represión gubernamental contra la Normal de Azotzinapa. Entre otros, citó el desalojo violento de la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, el 12 de diciembre de 2011, cuando perdieron la vida los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Los egresados de la Normal de Ayotzinapa Esperanza Abarca, Carlos Tizapa y Agustín G. denunciaron el intento de eliminación de las normales rurales y señalaron que el atentado criminal contra sus compañeros es un indicio claro de que se quiere exterminar a esta escuela –que cuenta actualmente con una matrícula de 522 alumnos– y todas las normales rurales del país.

“Es un crimen de Estado”: CETEG

José Ángel Moreno, integrante de la Comisión de Finanzas y vocero estatal de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), llamó detestable al asesinato a mansalva de tres normalistas y la desaparición de 43.

“No somos ingenuos; vemos algo raro detrás de esto y una clara tendencia de responsabilizar a alguien”, comentó Moreno, quien hizo responsable de la masacre al Gobierno federal, por las circunstancias en que se han dado estos hechos recientes.

“Esto es un crimen de Estado, no es posible que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, le eche la bolita al gobernador pidiéndole arreglar el asunto, cuando todo mundo sabe que el crimen organizado y la desaparición de personas es un delito federal. Con esto queda claro que el crimen organizado está enraizado en este asunto”.

Moreno apuntó, sin embargo, que algo inédito está ocurriendo actualmente, porque la sociedad civil, que por lo general repudia la organización de marchas, en la manifestación conmemorativa del 2 de Octubre salió de sus casas a ofrecerles agua y víveres.

El vocero de la CETEG anunció que el 8 de octubre, día en que se realizaron una marcha nacional a favor de Ayotzinapa, su organización se declararó en paro indefinido con la exigencia de que aparezcan los jóvenes secuestrados, dejando en segundo término otras demandas.

Alexis, quien cursa el segundo año en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dijo que otra prueba de que el Gobierno federal quiere cerrar este centro escolar es la suspensión del subsidio para alimentos anunciada a raíz de los hechos violentos del 26 de septiembre.

Alexis negó que sus maestros estén respaldando su lucha: “Los maestros nos dejaron solos, el único respaldo que tenemos es el del pueblo, la gente de Tixtla se organiza, nos acompaña día y noche y nos traen comida, agua y ropa. A los docentes no les importa la lucha social, ellos sólo vienen, dan su clase y se van. Ahora que no tenemos clases únicamente cubren su horario y se retiran, sin dar la más mínima prueba de apoyo…”.

Confirman la colaboración de Guerreros Unidos

La noche del domingo 5 de octubre, el fiscal general de Guerrero, Iñaky Blanco, confirmó la localización de 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas de la comunidad de Pueblo Viejo, del municipio de Iguala, y anunció que en 15 días podrá determinarse la identidad de las personas, pese a que algunos están calcinados y fragmentados.

Blanco confirmó la participación de policías municipales de Iguala en el homicidio de los normalistas, la entrega de al menos 17 estudiantes de Ayotzinapa a la organización delictiva Guerreros Unidos y que la orden de detener a los normalistas fue del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Salgado Valladares. También precisó que uno de los mandos de Guerreros Unidos fue quien ordenó matar a los estudiantes.