Los trabajadores de Walmart sacuden al monstruo

REPORTAJE ESPECIAL/ La intervención de la fuerza pública se hizo patente en Morelia, donde el Grupo de Operaciones Especiales de la policía local desalojó a los trabajadores que bloquearon el acceso a la tienda Walmart de Calzada de la Huerta.

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Martín Morales

El pasado 27 de mayo, trabajadores de la empresa Walmart, en las principales ciudades de nueve estados de la República, cerraron durante varias horas las tiendas de autoservicio en protesta contra la drástica reducción en el reparto de utilidades 2016, pero los gobiernos federal y estatales y los sindicatos al servicio de la trasnacional estadounidense, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), evitaron que el movimiento laboral se extendiera al resto de las entidades federativas.

El paro laboral, que intentaba desembocar en una “huelga nacional” cerrando las dos mil 300 tiendas que el oligopolio comercial tiene en México, se concretó en Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Coahuila, Morelos, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, donde los trabajadores solo recibieron entre 100 y 500 pesos por concepto de “reparto de utilidades” correspondientes a 2016, en contraste con los dos mil 400 que recibieron el año pasado.

Esta disminución llevó a los trabajadores de Walmart a realizar activismo laboral a través de las redes sociales y a convocar para el 27 de mayo a un paro de labores mediante el hashtag #UnDiaSinAsociados, a fin de obligar a la poderosa trasnacional a reconsiderar lo que consideraron una burla.

Pero los delegados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en esas entidades federativas, las autoridades laborales locales, los ejecutivos y los abogados del corporativo estadounidense entraron en acción en cuestión de horas para desactivar el paro.

En Guerrero, por ejemplo, después de 36 horas de suspensiones intermitentes de actividades, las tiendas Sam’s Club, Bodega Aurrerá y Walmart volvieron a la normalidad la tarde del 27 de mayo, una vez que los trabajadores se reunieron con los representantes de la corporación.

Según la prensa guerrerense, el delegado estatal de la STPS, Felipe de Jesús Delgadillo, conversó con alrededor de mil empleados inconformes, ante quienes se comprometió a investigar por qué se les habían pagado solamente entre 100 y 500 pesos a cada uno como reparto de utilidades.

Los ejecutivos del corporativo asumieron la misma actitud al prometer una revaloración inmediata del pago y a las seis de la tarde las tiendas estaban operando con normalidad.

En Guerrero, el movimiento parista había arrancado el día anterior mediante la publicación de testimonios anónimos de los trabajadores de Walmart, uno de ellos describió las operaciones de una de las tiendas: “En un día que no hay mucha venta, se llevan hasta millón y medio de pesos, y cuando hay mucho movimiento, se generan hasta tres millones de pesos. Si la empresa gana, nosotros también debemos ganar. No recibimos comisiones por venta; si vendemos algo en piso, no recibimos nada más que nuestro sueldo base”.

La intervención de la fuerza pública se hizo patente en Morelia, donde el Grupo de Operaciones Especiales de la policía local desalojó a los trabajadores que bloquearon el acceso a la tienda Walmart de Calzada de la Huerta, para obligar a la reapertura de la misma.

En Oaxaca, donde hubo tiendas que ni siquiera pagaron el reparto de utilidades, el delegado de la STPS pidió a los trabajadores que volvieran a sus puestos mientras la dependencia investigaba la situación, ya que le había fijado un mes a la corporación para que presentara sus alegatos de descargo.

En el pasado reciente lo más cercano a una huelga formal en el corporativo se registró en Los Cabos, Baja California, el miércoles seis de febrero de 2008, en un Walmart-Supercenter, un Sam’s Club y un restaurante Vip´s (parte de la cadena de 361 restaurantes, que Walmart, vendió en mayo de 2014 a la empresa Alsea) que habían sido inaugurados en 2007, con cuya plaza Grupo Walmart logró abarcar las 32 entidades del país.

Esta acción de protesta, encabezada por la Organización de Trabajadores de Wal-Mart, agrupación independiente fundada en 2006 se desarroló ante la constante vigilancia policiaca y duró algo más de 36 horas, siendo levantado el siete de febrero, una vez que ejecutivos y abogados del corporativo entablaron conversaciones con los inconformes.

Estructura y sustento legal

Esta poderosa corporación global es un conglomerado de miles de unidades comerciales que operan a su modo y conveniencia con el respaldo de contratos y sindicatos “de protección”, tal como los describen sindicalistas y especialistas laborales, en un marco jurídico que desde 2012-2013 flexibilizó, con apoyo del gobierno federal los derechos laborales en México a fin de atraer inversiones extranjeras como la representada por Walmart.

Es un monstruo de mil cabezas que puede contratar o despedir a cientos o miles de trabajadores con un chasquido de dedos, lo ha mostrado en su propio país, Estados Unidos (EE. UU.), y en Brasil.

Resultado de sus cálculos financieros de 2016, la corporación cerró de tajo 269 tiendas, 154 en EE. UU y 115 en América Latina, 60 de ellas en Brasil, echando a la calle a 16 mil “asociados” en cuestión de horas, siete mil de ellos en su país, para abrir otras tiendas y contratar personal en otros países en los que encontrara mejores condiciones para sus negocios, como México –especie de “paraíso laboral”, según investigadores académicos– donde la corporación planea duplicar sus tiendas entre 2017 y 2024.

En 2006, este corporativo estadounidense fue obligado a vender un centenar de tiendas en Alemania y expulsado de esa nación, tanto por sus prácticas de negación de los derechos sindicales como por su competencia desleal en el ámbito comercial. Las empresas locales rechazaron su habitual dumping, consistente en hacer compras masivas de artículos muy baratos para revenderlos por debajo de los costos a otros mercados, a fin de destruir a sus competidores y absorberlos.

En México, al igual que en otros países del “tercer mundo”, realiza libremente estas prácticas, pero en Alemania se topó con las rígidas leyes locales que prohíben el dumping, además de que los sindicatos alemanes no le permitieron –como aquí los llamados sindicalistas charros y blancos– la violación de su cultura laboral.

Pese a su presencia marginal en algunas economías desarrolladas del orbe, Walmart cuenta actualmente con seis mil 500 tiendas de autoservicio en 27 países, operadas por dos millones 200 mil empleados. La mayoría están ubicadas en países subdesarrollados como México, donde el seis de diciembre de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto la definió como el “empleador privado más grande del país” con sus dos mil 300 tiendas distribuidas en los 500 municipios más relevantes del territorio nacional.

En esa misma ocasión, el brasileño Gilherme Loureiro, presidente y director general de Walmart de México y Centroamérica desde 2016, anticipó que la corporación tendrá el doble de tiendas en 2024 y reveló que entre 2013 y 2017 –periodo en el que ya estuvo vigente la reforma neoliberal del artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo de México– invirtió 53 mil millones de pesos y abrió 566 nuevas tiendas.

“Hoy es un día de fiesta en el que nos complace anunciar que invertiremos mil 300 millones de dólares para expandir y fortalecer la infraestructura logística en México, esta cifra, más la inversión que hemos realizado en este sexenio, alcanza un monto cercano a los 80 mil millones de pesos, siendo 2016 un año muy positivo para nosotros. Sin duda, México nos ha permitido ser exitosos, recibimos a más de cuatro millones de mexicanos de manera diaria en nuestras tiendas, damos empleo a más de 200 mil personas, con una base de 28 mil proveedores”.

Seducir a la inversión extranjera

El doctor en sociología Alberto Arroyo Picard, miembro del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) dijo a buzos que para atraer inversiones externas se ofrecen condiciones de control y precariedad laboral. “México está intentando competir en la economía global a base de bajos salarios y precarias condiciones de trabajo, además de permitir el deterioro ambiental. No está realmente compitiendo con su sector exportador”.

Arroyo dijo que México incurre en dumping al ofrecer estas condiciones de mano de obra por debajo de las vigentes en territorio estadounidense y canadiense, donde las reglas para evitarlo están establecidas en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), firmado en 1994, pero no se han cumplido porque benefician a las corporaciones de EE. UU y Canadá.

Por ello el actual presidente estadounidense Donald Trump quiere devolver empresas a EE. UU, a fin de que ofrezcan empleos allá, donde sin embargo no les conviene porque incrementarían sus costos de producción y se reducirían sus ganancias.

Hasta ahora, las reglas laborales del TLCAN han intentado aplicarse sin éxito México, pero no se ha logrado porque a las grandes trasnacionales no les interesa exigir su cumplimiento, que les impediría mantener esta competencia. En el caso de Walmart no se cumplen principios de la legislación laboral, como el de la libertad sindical, y el Estado no ha hecho absolutamente nada al respecto.

Walmart sigue la política de evitar la presencia de sindicatos reales en su interior, mediante el uso de un discurso que hace creer a los trabajadores que son “socios” de un proyecto común con ella, a fin de desnaturalizar la relación laboral y propiciar su política de bajos salarios y adversas condiciones laborales.

“Esto es común en las corporaciones, pero Walmart es un ejemplo extremo. Por atraer este tipo de inversión extranjera los derechos laborales pasan a segundo término”, indicó Arroyo Picard.

El doctor Luis Reygadas Rodríguez, especialista en cultura del trabajo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) dijo a este semanario:

“En el TLC se incluyeron reglas laborales, de tal forma que si un trabajador de un país fuera a laborar a otro, gozara de los mismos derechos. Pero no es así: México sigue tratando de competir ofreciendo mano de obra barata, a fin de reducir los costos de producción y proteger a las corporaciones, que utilizan empresas terciarias de contratación para minimizar responsabilidades y abaratar más los costos de mano de obra”.

Alejandro Vega García, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), explicó: “En Walmart hay mucha simulación. Se crean otras empresas cuya única función es contratar a los trabajadores; viene el reparto de utilidades, entonces el trabajador se da cuenta de que no es empleado de Walmart, sino de una empresa outsourcing X que opera dentro de una tienda donde puede haber diversos contratos por especialidades.

“Esto sirve para que se pague lo menos posible de utilidades, pero también en el caso de que el personal quiera organizarse y hacer otro sindicato.

Este formato de las empresas de tercerización tiene muchos años de utilizarse; hay bancos que lo usan desde hace más de 10 años. En términos de organización empresarial esto no es nuevo, pero desde la aprobación de la reforma laboral, se está retomando con fuerza.

“A los empleados se les dice que son asociados, que deben cumplir las metas de trabajo, lo cual evidentemente no supone tener un horario preestablecido; les piden un esfuerzo para que la tienda cumpla sus objetivos, y de esta forma hay un tiempo extra que no es pagado.

Hay una labor ideológica; se crea la idea de que no se tienen patrones, sino que están asociados a un proyecto y son responsables de hacerlo cumplir; de esta forma, no tendrían razones para reclamar a sus propios asociados”, abundó el investigador de CILAS, una organización que brinda asesoría laboral a agrupaciones de empleados de corporaciones como Walmart.

La corporación estadounidense infunde a sus empleados un sentido de pertenencia a una especie de familia, con la que todos sus integrantes deben estar comprometidos a laborar de manera ordenada para la prosperidad de todos, aunque finalmente quienes se enriquecen solo son sus ejecutivos, los accionistas y los sucesores de la familia Walton, que fundó la cadena en 1962 y hoy es la más acaudalada de EE. UU y del mundo.

En sus tiendas no hay trabajadores, sino “asociados” que ejecutan cánticos empresariales para comenzar el día; no cumplen horarios fijos sino “metas” y no tienen jefes, sino “líderes”.

Pero estos “asociados” no reciben compensaciones como los accionistas que poseen valores de Walmex en la BMV. Una cajera gana tres mil 939 pesos al mes; un jefe de piso tres mil 622 pesos y un auxiliar de piso tres mil 590 pesos al mes. A cualquiera de ellos se les puede mover intempestivamente de un sitio a otro para realizar diferentes funciones, según las necesidades de la familia empresarial.

Incluso pueden ser despedidos en cualquier momento, pues el marco laboral neoliberal aprobado en 2012-2013 legalizó la contratación individual terciaria y abrió más facilidades para que la empresa se deshaga de personal sin necesidad de justificantes; también para que los empleados realicen múltiples funciones al mismo tiempo y haya un estricto control de los ritmos de trabajo.

Vega García señaló a buzos que los contratos de protección surgieron durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), el primero de la era neoliberal, y fueron puestos en marcha por su secretario del Trabajo, Arsenio Farell.

En ese tiempo –comentó– los sindicatos corporativos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), principalmente, manifestaban su oposición a ese tipo de contratos, pero hoy en día son sus principales impulsores porque la mayoría de sus dirigentes reciben beneficios personales a cambio de proteger los intereses de las grandes empresas.

Con Walmart trabajan el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores de Supermercados, Centros Comerciales, Similares y Conexos de la República Mexicana (SNETSCCSCRP); la Asociación Sindical de Trabajadores, Empleados y Agentes de las Casas Comerciales, Similares y Conexos del Distrito Federal (ASTEACCSCDF) y el Sindicato Único de Trabajadores del Pan y Similares del Distrito Federal (SUTPSDF), que forman parte de la CTM, y tienen control sobre los contratos de los trabajadores de limpieza, vendedores de panadería, abarrotes, perecederos, ropa, farmacia, mercancías generales, frutas y verduras, auxiliares de mantenimiento, pulidores de pisos; pasteleros, tablajeros y vigilantes.

Los “contratos de protección” están vigentes en las dos mil 280 unidades comerciales de Grupo Walmart: mil 755 de Bodega Aurrerá (487 bodegas, 329 Mi Bodega y 939 Bodega Express); 259 tiendas Walmart; 160 Sam´s Club, 96 Superama y 10 Farmacias Medimart, según un reporte de ventas que el consorcio envió el cinco de diciembre de 2016 a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) consultado por esta revista.

“Si uno analiza los paros que se hicieron en mayo, uno puede darse cuenta de que no hay un proceso de organización, un sindicato que estuviera organizando a la gente; fue una expresión de inconformidad de las personas traducida en acciones. Lamentablemente las personas que participan en este tipo de protestas dentro de una empresa con estas características, corren el riesgo de ser despedidas de manera gradual, porque se convierten en un riesgo.

Son claras las condiciones de indefensión laboral y los obstáculos para tratar de organizarse. Y los sindicatos de protección, los sindicatos charros de la empresa, evidentemente no están interesados en involucrarse en este tipo de cosas”, señaló Vega.

Plan para no repartir utilidades

El reparto de utilidades es uno de los pocos beneficios laborales que sobrevivió a la reforma neoliberal 2012-2013 y que aún sigue vigente en la Ley Federal del Trabajo (LFT), reglamentaria del Artículo 123 Constitucional. Su estipulado básico establece que el 10 por ciento de las utilidades reportadas por las empresas en un año, deben ser repartidas entre el total de sus trabajadores entre el 1º de abril y el 30 de mayo del año siguiente.

De ese 10 por ciento, el 50 por ciento debe repartirse entre los empleados, según el número de días trabajados por cada uno, y el otro 50 por ciento de manera proporcional al monto del salario de cada uno.

La sanción por no hacerlo es una multa de 250 a cinco mil veces el salario mínimo vigente, es decir, un máximo de 400 mil 200 pesos, tomando como base los 80.04 pesos diarios del salario mínimo vigente en el territorio nacional, que rige desde el 1º de enero de 2017.

Según los reportes financieros consultados por buzos, Wal-Mart México, S.A.B. de C.V., (Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable) conocida como Walmex por su nomenclatura en la BMV, obtuvo ganancias en 2016 por 433 mil millones 25 pesos.”

En México, nuestros ingresos totales ascendieron a 433 mil 25 millones de pesos, lo que representó un 9.1 por ciento de incremento comparado con 2015, gracias a un consistente crecimiento en ventas en todos nuestros formatos de autoservicio y clubes de precio (…)”, se indica en el texto Nuestros Resultados (G4-17).

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalaron que el problema es que Grupo Walmart tiene al menos 100 distintos Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) firmados con sindicatos charros o blancos en sus dos mil 280 tiendas, donde laboran sus 228 mil 854 empleados o “asociados”. Además, hay otros trabajadores que laboran dentro del formato de servicios terciarios, internos y externos (insourcings e outsourcings), que operan bajo cobijo del oligopolio comercial.

En su trabajo Contratación Colectiva de Protección en México –en realidad un informe de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) que contó con el respaldo del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, publicado este año– los investigadores Graciela Bensusán, José Alfonso Bouzas Ortíz, Aleida Hernández Cervantes, Claudia Patricia Juan Pineda, María Xelhuantzi López, Mara Muñoz, Jorge Robles y Luis Olivier Reyes Ramos, dicen lo siguiente:

“(…) Respecto de los contratos colectivos celebrados con Walmart, la primera observación que podemos hacer es que con independencia del sindicato que sea titular del mismo, se firma un ‘machote’ único o tipo, e inauditamente a la vez que existen los más de 100 contratos colectivos a los que venimos haciendo referencia, existe un único reglamento interior del trabajo aplicable en todos los establecimientos Walmart. Este hecho evidencia que los términos de la contratación colectiva los define la empresa (…)”.

Una de las firmas que proporciona mano de obra al corporativo trasnacional es el mexicano Grupo GIN, especialista en tercerización laboral, que desde 2013 ha mostrado un franco crecimiento entre las empresas del ramo.

GIN es una empresa independiente que está alcanzando niveles de dominio en el sector, con clientes corporativos de gran tamaño como Walmart y otras como Femsa y Comex. En tanto Manpower, la más cercana competidora, pertenece a la Asociación Mexicana de Empresas en Capital Humano (AMECH) la cual se niega a integrarse GIN.

En diciembre de 2016 la consultora Staffing Industry Analysts divulgó un reporte sobre las outsourcings que brindan servicios de subcontratación a grandes empresas, en cuyo sector tuvieron un crecimiento del 12.9 por ciento entre 2015 y 2016.

En México solo 100 de las 900 empresas terciarias que había en 2015 registraron a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es decir, el 88.8 por ciento de las outsourcings mexicanas desacatan las leyes laborales del país.

A través de algunos medios de comunicación, como Forbes México, el director de Comunicación Corporativa de Walmart México y Centroamérica, Antonio Ocaranza, fijó la posición del corporativo del conflicto laboral de mayo pasado con los empleados: “Este año, como los anteriores, cumplimos con el pago del reparto de utilidades como marca la ley. El pago se realizó el 19 de mayo. En su mayoría nuestros asociados recibieron un pago similar o superior al de 2015”.

También dijo que en años anteriores, junto con el pago de reparto de utilidades, la empresa pagó voluntariamente una gratificación extraordinaria.

“Este año esa gratificación no se hizo porque en marzo la mayor parte de los asociados de la empresa recibió un bono histórico por alcanzar resultados de ventas y utilidades en su unidad. Estamos atendiendo las dudas de asociados para aclarar este tema”.