Llegó el sexto aniversario del asesinato de los Solorio, sin justicia

**Joaquín Solorio denunció que la carpeta de investigación ha estado “durmiendo el sueño de los justos” y que, a pesar de que se tiene identificado al presunto homicida, la Fiscalía no ha concretado una orden de aprehensión ya existente.

La Crónica de Chihuahua
Octubre de 2018, 12:09 pm

El Diario

Chihuahua, Chih.- La familia de Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras y activistas exigieron justicia en el sexto aniversario luctuoso de los exintegrantes de la organización campesina El Barzón.

De acuerdo con Joaquín Solorio, la carpeta de investigación ha estado “durmiendo el sueño de los justos” y, a pesar de que se tiene identificado al presunto homicida, la Fiscalía no ha concretado una orden de aprehensión existente.

“Vamos a realizar una protesta porque el tiempo sigue pasando y no se ha encontrado ningún culpable. En la anterior administración se hicieron las diligencias, existe una orden de aprehensión, la autoridad sabe quién es el responsable pero no han hecho nada”.

Solorio asegura que después de dos años transcurridos de la actual administración estatal, apenas pretenden empezar a hacer algunas diligencias.

“No hemos sido recibidos por el Fiscal General del Estado, en la zona centro nos han atendido pero apenas empiezan a querer hacer algunas diligencias después de dos años de que están al frente. No se le ha dado seguimiento puntual al caso”, indica.

La familia de Ismael Solorio Urrutia y su esposa Martha Manuela Solís Contreras acusó que la Fiscalía General del Estado cuenta con toda la información para detener a los responsables, quienes aseguran, viven en el mismo ejido que ellos, Benito Juárez del municipio de Buenaventura.

SEIS AÑOS DEL ASESINATO

El 22 de octubre de 2012, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras, fueron asesinados cuando transitaban en la carretera de Álvaro Obregón a Cuauhtémoc con rumbo a la ciudad de Chihuahua. Sus cuerpos fueron encontrados dentro de una camioneta de su propiedad estacionada en una brecha del campo menonita número ocho.

De acuerdo con los impactos de bala que presentaba el vehículo, los agresores dispararon en repetidas ocasiones y, según declaraciones hechas por allegados a las víctimas así como por integrantes de El Barzón, previo a los homicidios Ismael y Manuelita recibieron amenazas de muerte debido a que lideraban la lucha contra los daños que ocasionó en la región la minera Mag Silver y su filial El Cascabel, así como la sobreexplotación de pozos irregulares, a cargo principalmente de algunos menonitas de la región.

Luego del asesinato de la pareja, cientos de campesinos afiliados a El Barzón montaron un plantón frente a palacio de gobierno emitiendo diversas exigencias a la autoridad así como la necesidad de contar con protección.

La semana previa al deceso de Solorio-Solís, ejidatarios y barzonistas de Benito Juárez habían tenido roces violentos donde se acusaban mutuamente de perjudicar la economía local como consecuencia de los conflictos agrarios.

En ese lapso ya se habían registrado enfrentamientos a golpes entre ambos bandos, por lo que el gobierno del estado fue alertado de que, de no mediar en dicho conflicto podría haber muerte, ya que existían armas de por medio.

El sábado 13 de octubre de ese año, luego de ser golpeados por un grupo de asalariados de la minera, Ismael Solorio y su hijo Eric, un contingente de El Barzón y las organizaciones que con él se solidarizaban se hicieron presente en el palacio de gobierno para exigir que el Ejecutivo Estatal garantizara la gobernabilidad en el pueblo y la integridad física de todos quienes participaban en el movimiento barzonista.

Posterior a la entrevista colectiva con el Secretario de Gobierno, un grupo de gente pagada por la mina acudió al Congreso del Estado, donde fueron apoyados por legisladores del PRI. En dicha reunión se volvió a atacar y amenazar a quienes formaban parte de la mayoría ejidal que se oponía a la mina.

Al conocerse de la ejecución, dirigentes de El Barzón y acompañantes de algunas organizaciones civiles de Chihuahua acudieron a Palacio de Gobierno a plantear sus exigencias ante el entonces gobernador César Duarte parar que se hiciera justicia ante el doble crimen que a la fecha, un sexenio más tarde, sigue sin encontrarse al culpable.

Con impotencia, a dos años de la tragedia, la familia recrimina que no hay voluntad para hacer justicia por los dos defensores de derecho humanos, ya que sólo uno de los presuntos responsables cayó abatido por agentes ministeriales, cuando quiso huir al pedirle que se detuviera para revisar su vehículo.

Ayer, en el ejido Benito Juárez conmemoraron con testimonios la vida y el sentido de la muerte del matrimonio, mientras que la familia anunció que denunciarán al presidente municipal de Buenaventura, Pablo Ruiz Solís, porque en pasado informe de gobierno, presentó como invitados especiales a representantes de la minera, aun cuando por asamblea, decidieron expulsar a la compañía minera.

La familia de los Solorio Solís cuenta con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que han sido amenazados en diferentes ocasiones, puesto que su lucha contra la sobreexplotación de acuíferos y la minera.