Leyes anticorrupción, humo en los ojos para los pobres

Por Abel Pérez Zamorano

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2016, 22:05 pm

(El autor es un chihuahuense nacido en Témoris, Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor-investigador en la División de Ciencias Económico-administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo.)

Dependiendo del diagnóstico de una enfermedad será el tratamiento aplicado para curarla, y para esto hay que ir a sus causas profundas; de lo contrario, todo queda en mera apariencia, ofrecer analgésicos o simples placebos, dejando intacto el problema y engañando al paciente simulando que se le cura. En nuestro caso, ese paciente es la sociedad mexicana, un país enfermo, entre otras cosas de corrupción gubernamental y empresarial, a la que se arrastra al pueblo mismo. Pero conviene, de entrada, ir con cautela, pues muchos de quienes con más estridencia condenan la corrupción y la usan como anatema contra sus enemigos políticos, suelen resultar a la postre sus más entusiastas practicantes; claro, mientras ha servido como bandera para crear imágenes de políticos impolutos. Con diferencia de frecuencia y volumen, los partidos políticos han hecho del combate a la corrupción una rentable bandera, sustituyendo con ella la atención a problemas tan grandes como la pobreza. Ahora mismo, con la aprobación de la Ley 3de3 se pretende crear en la opinión pública la sensación de haber atendido un sentidísimo, quizás el más sentido, reclamo social, con lo que legisladores y líderes partidistas quedan muy satisfechos, justificada su función misma como servidores públicos. Y aunque alguna utilidad pueden tener estas medidas legales, siempre será bueno poner las cosas en sus justos términos.

Hagamos un ejercicio lógico meramente hipotético. Supongamos que, como por ensalmo, se elimina completamente la corrupción, que ni funcionarios, empresarios o ciudadanos comunes torcerán la ley en su provecho, ¿qué pasará con los grandes problemas sociales? No veo cómo vayan a desaparecer, sólo porque ya no exista corrupción. Seguirá ahí la injusta distribución de la riqueza, que está legalmente estatuida; la obtención de cuantiosas ganancias por los corporativos empresariales se hace legalmente, al amparo de un sistema fiscal regresivo que aplica menos impuestos a quien más gana, todo legal, impecablemente; continuarán los monopolios controlando los mercados, y los trabajadores percibiendo salarios miserables, legalmente fijados por la Conasami, todo absolutamente “legal”, como también lo es la pérdida de derechos laborales con la reforma, sus contratos a prueba y las empresas outsourcing; igualmente legal es el coyotaje de cosechas por los intermediarios que se apropian el producto del trabajo de los campesinos, “limpiamente”, sin violar ley alguna. También “apegado a derecho” es que el 58 por ciento de la fuerza laboral ocupada esté condenada a trabajar en el sector informal, y el que más de tres y medio millones de familias carezcan de vivienda tampoco es obra de la corrupción; están así porque, en estricto apego al modelo económico, no tienen para pagarla, y, protegido por las leyes, el Estado se ha desentendido de esa responsabilidad. En resumen: la pobreza es legal y aunque no haya corrupción, los trabajadores seguirán siendo “legalmente” explotados. Por último, en asuntos políticos, los candidatos a cargos de elección popular son designados por los partidos, cuyas cúpulas se confabulan, presentan al ungido y luego, siguiendo el protocolo, todos debemos “elegir” entre cuatro o cinco propuestos; esa es nuestra democracia, como la ley manda.

Como puede verse, aun si no hubiera violación a la ley, ello no sería obstáculo para que la injusticia, la pobreza y el hambre siguieran imperando, y es que la ley se hizo precisamente para proteger y asegurar que funcione el modelo económico-político vigente, en el cual tienen su origen los males sociales descritos, exactamente lo que debe cambiarse, si no se quiere estar jugando al héroe. Sus raíces están en el poder “legalmente establecido”, protegido por esas leyes cuya rigurosa aplicación se quiere cuidar. Por cierto, en la manufactura de la propia ley pudo verse quién y cómo impone el orden a seguir. El Senado de la República había incluido en el texto que también los empresarios debían rendir declaración sobre sus bienes; pero al sentirse afectados, estos respondieron, se reunieron en el Ángel de la Independencia y desde ahí exigieron al gobierno echar atrás y enmendar la ley, y, rápidamente el “error cometido” por los señores senadores fue corregido. Desde ahí se ve que tan justa e imparcial es la labor legislativa. Y esto que “nadie está por encima de la ley”.

Y mientras somos testigos de tanta diligencia para obedecer la orden de los ricos, y mientras los autores de la ley viven en la euforia, permítaseme recordar, aunque ponga la nota discordante: ¿y las eternamente desatendidas necesidades de los más pobres, dónde quedan? Ellos son los olvidados en todas estas fiestas de los políticos “decentes”; mientras tanto, los gobernadores se dan gusto negándose impunemente, pero siempre al amparo de la normatividad, que para eso fue hecha, a resolver elementales peticiones populares. Leyes van y leyes vienen, pero ni legisladores ni gobernantes se ocupan de los humildes. Por el contrario, gobiernos de izquierdas y derechas rechazan atender peticiones de servicios básicos, por ejemplo, con el argumento de que muchas veces se trata de colonias “irregulares”; o sea, la ley usada como escudo contra el pueblo.

No olvidemos, como decíamos antes, que la corrupción es una característica inmanente a la economía de mercado, donde imperan la ley de la competencia económica, el poder del dinero como valor social supremo, y donde es principio fundamental la maximización de la ganancia; en tales circunstancias, el error de diagnóstico consiste en atribuir el fenómeno a factores subjetivos, considerándolo como una desviación de la norma, de lo legal y correcto, resultado de la perversidad de personas que ya nacieron “malas”. Y, consecuentemente, la solución ofrecida es de igual naturaleza, homeopática: similia similibus curantur (lo semejante cúrese con lo semejante), imponer las más prohibiciones legales posibles y tapar todos los recodos donde puedan operar los transgresores. Pero dada la naturaleza del fenómeno, aunque algo puede atenuar, es previsible que dure mientras subsistan sus causas. La corrupción debe ser combatida, sí, pero a fondo, asumiendo todas sus implicaciones, esto es, haciendo que gobierne el pueblo, organizado y educado, insuperable vigilante de sus propios derechos e intereses, sin necesidad de autonombrados tutores que lo tratan como a menor de edad. Económicamente deben adoptarse mecanismos que permitan una efectiva distribución, que al menos acote el poder económico y político de la plutocracia; asimismo al elevar los ingresos de la población se salvará también a los pobres de verse empujados por su miseria a buscar fuera de la ley lo que hoy se les niega dentro de ella, como ocurre con los “ninis”, los millones de desempleados o trabajadores mal pagados y con millones de campesinos que no pueden vivir de sus parcelas, viéndose por ello forzados a ocuparse en actividades ilícitas para sobrevivir.