Lexmark en Juárez: la lucha por el mínimo bienestar

**Salarios de hambre, maltratos, despido injustificado y una clase obrera puesta contra la pared.

La Crónica de Chihuahua
Diciembre de 2015, 13:01 pm

El movimiento de los trabajadores despedidos por la transnacional de la computación, pone al descubierto lo que en realidad es la “nueva política laboral” impuesta por los dueños del mundo: la explotación más descarada, consentida por los gobiernos.

Ciudad Juárez, Chih.- El despido de decenas de trabajadores en Ciudad Juárez ha puesto a la gigantesca diseñadora de software y proveedora de cartuchos de tinta, Lexmark, en la mira de la opinión pública, no tan sólo por las revelaciones de explotación hacia los trabajadores con sueldos de 800 pesos a la semana y maltratos por parte de los supervisores, sino también porque es referencia de las condiciones de miles de obreros de maquilas que, a pesar de tener trabajo, sufren de las consecuencias de no tener un buen sueldo, siendo al mismo tiempo, olvidados por sus gobernantes.

El movimiento iniciado por los trabajadores de Juárez comienza a preocupar a la clase política, no está de menos la declaración recientemente hecha por parte del diputado Jesús José Díaz Monárrez, viejo agente de la CTM que dijo que Juárez “esta al borde un estallido social”.

En entrevista, el diputado por el PRI, dijo que se deberían elevar los salarios, y denunció que los trabajadores sobrevivían con 800 pesos semanales.

Para Lexmark, ésta no es la primera vez que sus trabajadores se le rebelan por malas pagas y malos salarios. Desde 1991, fecha en que Lexmark se separó de IBM, sus instalaciones en Estados Unidos, Los Ángeles, tuvieron demandas colectivas por aplicar una política que obligaba a los trabajadores a laborar durante todo el año, sin goce de vacaciones, ya que la compañía no permitía a los trabajadores reprogramar sus vacaciones para la temporada navideña, “o las tomaban o las dejaban” era su política, lo que derivó en un largo proceso jurídico en el que la empresa fue acusada en 2010, por la justicia estadunidense, de robar los salarios de sus empleados.

Con una fuerza laboral que alcanza los 14,000 empleados a nivel mundial, y con ganancias anuales calculadas en $3.7 billones de dólares, la compañía mostró cero sensibilidad al aumentar tan sólo 6 pesos a sus trabajadores en Juárez, elevando su salario mínimo de 114 pesos, a 120.

Otros escándalos de Lexmark incluyen acoso sexual por parte de supervisores, además de vídeos sexuales promovidos por personal de confianza en la compañia.

Miriam Delgado, 37, fue despedida después de más de cinco años de trabajo, la afectada declaró al periódico the Guardian que : “no nos daban mascarillas de protección, o guantes para protegernos, mucha gente tuvo heridas en sus manos durante el trabajo. Nos reducían el salario si llegábamos unos minutos tarde, incluso si nuestros niños se enfermaban y los teníamos que llevar al hospital, los supervisores nos acosaban”.

Los trabajadores, 78 en total, buscaron la ayuda de Susana Prieto Terrazas, abogada que ahora representa a los inconformes y denunció que el gobierno buscó sentar a los trabajadores y a la Comisión de Arbitraje, sin que los obreros tuviesen una representación legal.

Jesús José Díaz Monárrez, ha dicho en reiteradas ocasiones que Prieto Terrazas busca intereses personales, calificándola de oportunista que siempre saca una tajada de este tipo de conflictos; al parecer el conflicto por tomar las riendas del movimiento obrero nacido espontáneamente, pero por causas sólidas que le dan una base legitima, está en marcha.

Jerry Grasso, vicepresidente de Lexmark, ha dicho que la empresa “toma en serio los valores de respeto mutuo entre trabajadores y empleadores, y que están en la mejor disposición de conversar con la parte inconforme”.

La inconformidad de los trabajadores de Lexmark está llamando la atención de otros trabajadores en Ciudad Juárez, que en muchos aspectos sufre de una pobreza que en conjunto con la explotación sufrida en las fábricas, revela los verdaderos avances en estabilidad del estado, más allá de los índices de violencia.