La sucia guerra electoral

REPORTAJE ESPECIAL

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Martín Morales

La “guerra de lodo” generada por las elecciones locales de este año –incluyendo la del Estado de México (Edomex)– y el impacto de éstas sobre la elección presidencial de 2018 se está alimentando con las peores excrecencias del sistema político mexicano: actos de corrupción multimillonarios, súbitos enriquecimientos ilícitos, tráfico de influencias, traiciones y venganzas personales y políticas.

Según especialistas en psicología política consultados por buzos, detrás de este lodazal político hay una estrategia electoral de los partidos más grandes del país con el propósito de desalentar el sufragio masivo e incrementar el poder del voto “duro”, pese a que la emisión de menos votos deslegitima a gobernantes y políticos en general.

“La corrupción es un hecho, pero la difusión intensiva de los actos de corrupción es parte de las estrategias de campaña de los distintos partidos políticos; la utilizan en la coyuntura, pero a largo plazo no les beneficia, porque los gobernantes van obteniendo una votación menor que equivale al 12 o 15 por ciento del total del padrón, y ésa es la tendencia, a que lleguen al poder cada vez más deslegitimados”, dijo Manuel González, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Estamos viendo una nueva guerra de lodo de todos contra todos, mientras sigue creciendo la percepción social de que la política es sucia y corrupta. La diferencia la van a hacer quienes creen todavía en la política y quienes ya no, y la cantidad de ciudadanos que ya no cree en la política va en aumento. Esto pudiera estar llegando al 75 por ciento de los ciudadanos”, agregó.

La responsable de este efecto no es la información en sí, sino los actos indebidos de los políticos, actos bien conocidos por la población gracias a la incesante comunicación de los ciudadanos a través de las redes sociales.

Este hecho, sin embargo, ha profundizado el descrédito social de lo político, originando a su vez una descomposición del vínculo gobernante-gobernado y la creación de héroes populares a partir de sujetos con habilidades para enriquecerse de manera ilícita y evadir la acción de la justicia, todo lo cual pone en crisis las bases institucionales de cualquier país, resaltó Josué Tinoco, también especialista en psicología política de la UAM.

“En la parte individual se genera hartazgo, pero en la cultural viene lo más grave, porque hay una mayor pérdida en el pacto social, que está siendo sometido a un bombardeo de descrédito, y eso es lo que perjudica la vida cotidiana.

Más allá de que se pierda la imagen que pudiera tener algún político, se pierde en regulación social. El hartazgo de la población con respecto al gobierno ha existido desde hace mucho tiempo, pero lo que no se está tomando en cuenta es que ahorita el descrédito ya no es de personas, sino de instituciones”, destacó Tinoco.

“Y aquí nos encontramos con que tampoco los candidatos independientes pudieran ser una opción para las personas, porque ya no estarán mirando al candidato ni al partido político, sino a la institución. Perdemos mucho como sociedad por estos usos y costumbres de ciertos políticos”, expuso Tinoco a este semanario.

“En medio de todo esto, las personas concluyen que todos los políticos son corruptos; es decir, la política se sigue desprestigiando. Entonces cualquier opción representará lo mismo y esto influirá en una baja participación electoral”, comentó Manuel González.

Muestra de esa crisis de representación política puede percibirse en el señalamiento de Dulce María García, originaria de San Andrés Ahuahyucan, Xochimilco, vocera del Congreso Nacional Indígena de México (CNI), quien en un testimonio hecho al Colectivo de Acción Solidaria con México (de origen austriaco) habla sobre el proyecto de lanzar una candidata indígena a la Presidencia de la República en 2018, con un proyecto de unidad nacional. “(…)

En México no existe la izquierda, en México no hay una alternativa política. Ningún partido político nos representa (…) nuestros representantes políticos del gobierno son quienes nos venden, quienes nos entregan a las mineras, quienes venden nuestras aguas, quienes no permiten que nuestros campesinos puedan tomar el agua de sus montañas (…)

La corrupción en los partidos políticos

La desacreditación social no impide la asignación de dinero púbico a los partidos políticos. El presupuesto de 2017 fue de cuatro mil 138 millones de pesos, cantidad que incluyó un incremento del 4.6 por ciento con respecto al año anterior, en tanto que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 sufrió un recorte de 239 mil millones de pesos, en el que las partidas más castigadas fueron las de educación y salud.

Los mayores presupuestos partidistas de este año son de mil 34 millones de pesos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI); casi mil millones para Acción Nacional (PAN); 477 millones para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 400 millones de pesos para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En suspicaz correspondencia con la generosidad del Estado mexicano hacia los partidos políticos, los actos de corrupción detectados en los ámbitos de gobierno y la política en general propiciaron que México cayera 28 posiciones en 2016 en el índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que divulga la organización Transparencia Internacional (TI) y cuyo reporte del 25 de enero reveló que el país pasó del sitio 95 en 2015 al 123 el año pasado.

Este análisis se realiza entre 176 países estudiados con base en la aplicación de un puntaje en un intervalo de 0 a 100, en el que el cero representa el país más corrupto y el 100 el menos. México ocupó una posición apenas por encima de Haití, considerada la nación más pobre y marginada de América Latina y el Caribe. Entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar.

Guerra sucia en el PRD

Una de las revelaciones de mayor impacto mediático en las últimas semanas fue hecha por la cadena televisiva Univisión, de Estados Unidos (EE. UU.), en la que se dio a conocer que la “izquierdista” dirigente nacional y senadora del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, posee en la nación vecina un departamento con valor de casi un millón de dólares comprado a la empresa Maxba Development Inc.

La primera reacción de la senadora perredista, el siete de marzo, consistió en responsabilizar a la Contraloría del Senado de la filtración de este dato personal a Univisión. Luego precisó que el valor del inmueble en Florida es en realidad de 14 millones 355 mil pesos, dinero que consiguió por un crédito hipotecario a 30 años, de los cuales le faltan 28 años.

Pero la nota de la cadena de televisión estadounidense, con sede en Florida, reveló que se trata de un inmueble de lujo, de 121 metros cuadrados, localizado en el Boulevard Sunny Isles número 400, departamento 104, dentro de una torre de cristal de 20 pisos, con vista al mar y embarcadero propio.

La divulgación de esta propiedad intensificó el conflicto que Barrales sostenía entonces con el ahora excoordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa Huerta, a quien le exigía dejar la coordinación del PRD en el Senado después de que empezó a manifestarse públicamente a favor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dirigente de Morena.

Esta controversia enderezó hacia Barbosa las sospechas de que él pudo haber filtrado la información a Univisión con obvio propósito político.

Barbosa se ufanaba de acabar con la ofensiva de Alejandra Barrales al indicar que, en un dos por tres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le daría la razón. Sin embargo, la operación le salió mal, perdió y este desechó su gestión.

Al final de cuentas, renunció el 13 de marzo, no sin antes culpar de las presiones en su contra al jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Miguel Ángel Mancera (aspirante a candidato presidencial) por el hecho de alinearse con AMLO, el más probable candidato de Morena a la Presidencia de la República en 2018. Junto con Barbosa renunciaron 12 de los 20 senadores del PRD.

Barrales colocó a Dolores Padierna Luna como coordinadora de la bancada perredista en el Senado, después de haber destituido también al senador Raúl Morón, quien había sido designado sustituto de Barbosa por 15 de los 20 senadores perredistas, aunque la facultad legal corresponda al dirigente del partido. Además, Barrales solicitó el 22 de marzo reincorporarse a la bancada del Senado, con lo cual reactivó su fuero constitucional.

En tanto Carlos Sotelo, Freyes Morales y Margarita Guillaumin, miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, demandaron la renuncia de Barrales a la dirección nacional del partido, por la imposibilidad de desempeñar los dos cargos al mismo tiempo, de acuerdo con el artículo 111 de los estatutos partidistas. Así estaban las cosas en el interior del PRD al cierre de esta edición.

Los “gober-ladrones”

La existencia de cuatro de exgobernadores acusados de robo al erario ha llamado la atención de los ciudadanos. La reciente captura en Guatemala del exmandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tras casi medio año de evasión, contribuyó a remover el lodazal político en que se halla inmerso el país con motivo de los comicios locales del Edomex, Coahuila, Nayarit y Veracruz.

Esta remoción hizo recordar al electorado que el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, está en la cárcel y que el neoleonés priista Rodrigo Medina está acusado por peculado, delitos patrimoniales y ejercicio indebido de funciones, con un perjuicio de tres mil 600 millones de pesos en contra del erario de la entidad, y que ahora se halla libre bajo fianza porque el año pasado consiguió un amparo para evitar ser detenido.

En esa misma lista de políticos-delincuentes figura el exgobernador de Chihuahua César Duarte Jaquez, quien se halla prófugo de la justicia y actualmente es buscado por la Interpol en 180 países, acusado por las actuales autoridades panistas de esa entidad de haber saqueado el erario.

“Vamos por toda la red de corrupción política que se tejió durante la pasada administración, exfuncionarios y particulares que fueron parte de un diseño de delincuencia organizada para el enriquecimiento personal, por supuesto encabezada por el exgobernador César Duarte”, advirtió el actual gobernador panista del estado, Javier Corral Jurado, el 28 de marzo, quien dijo que Duarte se había escapado del país por una de las fronteras chihuahuenses y que se encontraba escondido en El Paso, Texas.

Funcionarios capturados

Al momento de esta notificación pública de Corral contra Duarte, tres ex funcionarios de la administración que éste encabezó en Chihuahua ya habían sido detenidos, mientras se esperaba la captura de otra docena de personas más, entre ellas Enrique Tarín García, quien a finales de marzo estuvo a punto de tomar posesión como diputado federal y adquirir fuero constitucional.

Los tres capturados fueron el exalcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, exsecretario de Obras Públicas; Gerardo Villegas Madriles, exdirector de Administración y Ricardo Yáñez, exsecretario de Desarrollo Urbano y exdirector del organismo de Vivienda (Coesvi).

Tarín García fue responsable de las adquisiciones en el gobierno de Duarte y es acusado de enriquecimiento ilícito, igual que su exjefe. Era suplente del diputado federal del PRI Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, otro de los exfuncionarios denunciados por enriquecimiento ilícito, aunque se cobijó con el fuero constitucional. Hermosillo murió el 20 de marzo en un incidente automovilístico ocurrido a la altura del kilómetro 80 de la carretera Chihuahua-Parral, donde un tráiler perdió una llanta que se impactó contra el parabrisas de su camioneta RAM y le golpeó la cabeza, según un reporte oficial. Era uno de los principales operadores financieros de César Duarte.

A la muerte de Hermosillo, su suplente, Tarín García, se convertiría en automático en diputado federal con todo y fuero. Sin embargo, la historia dio un vuelco y no pudo tomar posesión. El 30 de marzo, cuando lo iba a hacer, se presentó en la Cámara de Diputados, a la que también concurrieron varios agentes ministeriales de Chihuahua a fin de detenerlo.

Éstos no pudieron ejecutar tal acción, de acuerdo con la panista Guadalupe Murguía, presidenta de la Mesa Directiva, porque los policías no presentaron debidamente una orden de captura. Tarín permaneció más de 24 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, lapso durante el cual consiguió un amparo provisional que le permitió salir libre de este recinto. Sin embargo, el 23 de abril un juez determinará si se le otorga o no el amparo definitivo para anular la orden de captura. Por lo pronto, no puede tomar posesión de la diputación federal, la cual le daría fuero constitucional.

De acuerdo con datos aportados por el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y por su secretario de Hacienda, Arturo Fuentes, el exgobernador César Duarte heredó una deuda pública local de 55 mil millones de pesos, la cual creció el 284 por ciento durante su administración, ya que al iniciarse ésta en 2011 el endeudamiento estatal era de solo 12 mil 547 millones de pesos.

En Morena también se cuecen habas

Otro asunto de especial interés público fue el de AMLO, dirigente de Morena y aspirante por su nuevo partido para los comicios presidenciales de 2018, quien fue acusado públicamente por el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de recibir 2.5 millones de pesos mensuales del exgobernador Duarte de Ochoa.

En apoyo a esta denuncia se deslizó una grabación en redes sociales en la que un funcionario de Finanzas del anterior gobierno de Veracruz, Gabriel Deantes Ramos, habla del cumplimiento de un presunto “acuerdo” con Morena. Tras esta filtración, Deantes declaró que la grabación habría sido manipulada para modificar sus dichos.

El gobernador Yunes también denunció públicamente que Jessica Moreno Torres, cuñada de AMLO, esposa de su hermano Arturo López Obrador, había sido nombrada Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno de Duarte de Ochoa el 25 de febrero de 2016, la dependencia más saqueada por éste.

Luego se divulgó que la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade) investigaba a AMLO por la denuncia de Yunes. No obstante, el 28 de febrero, el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, aclaró a la prensa que la investigación a cargo de la fiscalía no era específicamente sobre AMLO y Morena, sino sobre las conductas presuntamente ilícitas en materia electoral del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y de su secretario del Trabajo y de Finanzas, Gabriel Deantes, aunque advirtió que se ampliarían las investigaciones y se indagaría a cuantas personas fuera necesario.

En tanto, el 15 de febrero se divulgó una acusación de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre 14 contratos otorgados por el ex gobernador de Zacatecas, ahora morenista, y titular de la delegación Cuauhtémoc de la CDMX, otorgadas a cuatro personas de origen zacatecano, dos de los cuales presuntamente eran amigos de Catalina Monreal, hija del jefe delegacional.

El total de los contratos fue por 266 millones de pesos. Monreal contestó que el activista de derecha Claudio X. González, titular de MCCI, mentía sobre la presunta adjudicación a Eduardo Mayorga y Rubén Ledezma, empresarios señalados como amigos de su hija.

El clan de los Vázquez Mota

Antes de esta denuncia, MCCI divulgó que Juntos Podemos (JP), encabezada por la ex candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, recibió 900 millones de pesos de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo cual fue negado por la panista el 27 de septiembre de 2016, cuando dijo que JP no tenía carácter legal, por lo cual no podía recibir donaciones, y que se trataba de un proyecto independiente desarrollado en EE. UU. en mayo de 2016 para dar apoyo a migrantes mexicanos.

Sin embargo, MCCI mostró que el financiamiento no lo recibía directamente JP, sino por medio de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), que sí tiene carácter de donatario y las operaciones constaban en un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores aparentemente confirmado con un directivo de JP.

El 27 de marzo, la excandidata presidencial del PAN en 2012, ahora candidata del mismo partido al gobierno del Edomex, rechazó una información periodística publicada ese día, sobre la relación de varios de sus familiares en presuntas operaciones de lavado de dinero. El 28 de marzo, los diputados federales del PRD Omar Ortega y Francisco Martínez Neri presentaron una denuncia ante la PGR con base en ese mismo señalamiento.

Según la denuncia, el padre y seis hermanos de Vázquez Mota estaban bajo investigación de la PGR por realizar operaciones con presunto dinero de origen ilícito. Habrían recibido 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por lavar 400 millones de pesos.

Se habrían efectuado transferencias a varias personas, entre ellas Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, empresa de la cual Josefina Vázquez es accionista. También están involucradas María del Carmen Vázquez Mota, Angélica Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota, y Arnulfo Vázquez Cano, padre de todos los antes citados.

Pleito entre “Moreiras”

En Coahuila, donde también habrá elección de gobernador el cuatro de junio, los dos hermanos priistas Moreira Valdés, Rubén el actual titular del Ejecutivo, y Humberto, exdirigente nacional del PRI y exmandatario local, han protagonizado a la luz pública un intenso conflicto político y familiar.

El episodio más reciente tuvo lugar el 28 de marzo, cuando Rubén Moreira se negó a responder a reporteros locales sobre las declaraciones de su hermano Humberto, quien había afirmado el día 26 que Rubén estaba interviniendo en el proceso electoral a favor del PRI, aunque asegurara lo contrario. Lo responsabilizó, asimismo, de la mala situación financiera del estado, un hecho del que el propio Humberto Moreira fue acusado al término de su mandato sexenal en 2011.

Humberto Moreira será candidato a diputado local del Partido Joven de Coahuila, una vez que el PRI, encabezado por Enrique Ochoa, le negara la candidatura.

En diciembre se divulgó en redes sociales una grabación, no desmentida, en que presuntamente califica de traidor a su hermano Rubén, y en la que advierte que será diputado local y tendrá en sus manos aprobar los presupuestos a los alcaldes priistas, y que incluso, terminará por sacar al PRI del estado.