La represión en Michoacán

Por Omar Carreón Abud

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2017, 19:00 pm

(El autor es Coordinador de la Dirección Nacional de Antorcha Campesina y dirigente en Michoacán, autor del libro "Reivindicar la verdad")

A la una de la mañana del pasado jueves 3 de agosto, un operativo compuesto por policías uniformados, policías sin uniforme, civiles armados y civiles aparentemente desarmados, comandados personalmente por el presidente municipal de Hidalgo, Michoacán, el destacado militante del PRI, Rubén Padilla Soto, destrozaron los puestos anexos al mercado municipal en los que vendían desde hacía 60 años, 100 modestos comerciantes y se robaron sus mercancías. No hay ninguna duda de que la acción estuvo consentida, supervisada y protegida por funcionarios del gobierno del estado que encabeza Silvano Aureoles Conejo, así como por funcionarios de la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong.

Cabe aclarar, antes de continuar con esta denuncia pública, que el señalamiento de la participación de funcionarios de dependendencias estatales y federales no constituye ninguna hipótesis o deseo de complicar innecesariamente la situación que ya de por sí es muy grave, obedece a la declaración pública del gobierno de Hidalgo, Michoacán, que encabeza Rubén Padilla, publicada en La Voz de Michoacán el pasado lunes 7 de agosto en la página 13-A, confesión que no ha sido desmentida por nadie y que a la letra dice: “Especialmente queremos manifestar nuestro agradecimiento al señor gobernador Silvano Aureoles Conejo, al subsecretario de Gobierno del Gobierno de la República (sic), Lic. René Juárez Cisneros, al delegado de Gobernación en Michoacán, el Lic. Hilario Enrique Martini Castillo... por el respaldo unánime al proyecto de mejoramiento de la imagen urbana de Ciudad Hidalgo”.

¡¿“Mejoramiento de la imagen urbana”?! ¿Es esa la tarea principal del gobierno municipal, estatal o federal para ayudar a una entidad federativa como Michoacán en la que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el mes de febrero de este año se cometieron más homicidios dolosos que en los tres años anteriores? En Cd. Hidalgo, como en el resto del estado de Michoacán, no hay empleo para los michoacanos; según datos oficiales, hay en Estados Unidos cuatro millones de trabajadores de origen michoacano y en el estado viven actualmente otros cuatro millones, es decir, que para ganarse la vida, de cada dos michoacanos, uno tiene que abandonar a su familia e irse al extranjero a trabajar. Ahora bien, de los que aquí se han quedado, el 69 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en el empleo informal; “empleo informal” es un eufemismo para ocultar que el trabajador se desempeña en la calle, sin ninguna seguridad laboral, sin salario, sin horario, sin prestaciones, sin vacaciones, sin esperanza de jubilación, sin nada y que ahora, como consecuencia de la política de “mejoramiento” emprendida por los tres niveles de gobierno, ha pasado a ser, por ejemplo, un peligro, un modesto vendedor de jugos, de lentes para el sol o de monitos de peluche. Cabe la pregunta: ¿la autoridad municipal de Hidalgo y los funcionarios estatales y federales que la respaldan de manera “unánime”, van a acabar con todos los comerciantes callejeros que se encuentran en el empleo informal o solamente con los que se hallaban vendiendo en las calles de Ciudad Hidalgo que ambicionan para hacer buenos negocios?

Rubén Padilla Soto es un presidente priísta conflictivo y reaccionario. A falta de obras y servicios que presumir ante los hidalguenses que se están muriendo de enfermedades en los riñones, ha convertido la expulsión de los antiguos comerciantes del centro de la cabecera municipal en su gran obra de gobierno. Padilla Soto es enemigo de la organización popular: Ha dicho en su página de facebook: “No vamos a darle satisfacción a esta organización… yo aquí les hice la invitación que las personas de estas colonias, verdad, quien quiera acudir a la Presidencia Municipal, se les va a atender, pero fuera de ese grupo”, o sea solas, para que se les maltrate. Y no es suposición: el presidente priísta ha protagonizado un intento de agresión física en el interior de su oficina en contra de un colono que se atrevió a contradecirlo. Y, finalmente, para no alargar la lista de peligrosas arbitrariedades, cuando, unos días después de que el Movimiento Antorchista anunciara que les otorgaría su apoyo a los comerciantes amenazados con el desalojo de su centro de trabajo y un comando disparó 84 balazos de alto poder contra el vehículo del dirigente antorchista estacionado afuera de su casa, con diferencia de unos cuantos minutos, llegó “a ponerse a las órdenes para lo que se ofrezca” el propio director de Seguridad Pública municipal, Leonardo Guevara de Ita. Se presentó denuncia de hechos; no hay responsables ni sospechosos.

Para tratar de justificar la expulsión de los comerciantes que han vendido, en los hechos, como parte del mercado municipal durante tres generaciones, la administración que encabeza Padilla Soto lleva todo el año construyendo un mercado a las afueras de la ciudad, un elefante blanco en el que se ha tirado el dinero de los impuestos de los hidalguenses y en el que los pocos que han cedido a las amenazas y se han trasladado allá sin ninguna seguridad en la propiedad del local que ocupan, no venden nada, no ganan ni lo indispensable para mantener a sus familias. El capricho de Rubén Padilla está desierto. ¿Pruebas? Visitarlo, ver fotografías. Pero si no tiene tiempo de ir hasta allá, ni fotografías, le informo que en días pasados empezó a circular una “solicitud voluntaria” entre los empleados del ayuntamiento, mediante la cual, con nombre y firma, el empleado le solicita al Oficial Mayor, Silverio Luna Enriquez, “que el 10% de mi salario total me sea canjeado por vales de compra de los productos que expenden los comerciantes del mercado Villa Hidalgo... “, etc., etc. Alguien con dos dedos de frente, le debe haber informado al edil que hace 100 años que la Revolución Mexicana acabó con las tiendas de raya y que, aunque se sintiera dueño de Ciudad Hidalgo, era muy difícil que fundara otra y el proyecto de “solicitud voluntaria” se detuvo; por lo pronto.

El caso inobjetable es que ahora, gracias a la política puesta en práctica violentamente durante la noche, 100 familias hidalguenses se encuentran sin ingresos y sin forma lícita de ganarse la vida. Descarto completamente que sea un abuso o ganas de crear problemas, exigir ahora y en los días, semanas o meses que vengan, que el gobierno estatal otorgue una alternativa viable para el trabajo y el sostenimiento de todas estas familias. No es ningún abuso ni ninguna exageración ya que el señor gobernador del estado, el licenciado Silvano Aureoles Conejo, 1) fue informado oportunamente de que se preparaba una embestida violenta contra los comerciantes, 2) se le solicitó en tiempo y forma comedida, respetuosa y argumentada que no se usara la fuerza pública para atender el capricho de Rubén Padilla en el sentido de desalojar a los comerciantes y, sobre todo, porque, 3) como respuesta a tal solicitud, el señor gobernador dio su palabra delante de numerosos testigos de calidad en el sentido de que no se usaría la fuerza pública y se buscaría una salida digna que garantizara los ingresos de las familias de los comerciantes y, 4) el señor Gobernador no cumplió su compromiso.