La inminente privatización del agua

REPORTAJE NACIONAL// Al retirar la veda, el gobierno facilitó el uso privado del agua. Aunque en este momento no está concesionada a nadie, los decretos permiten que actores privados puedan obtener lo que antes pertenecía al Estado.


La inminente privatización del agua

La Crónica de Chihuahua
17 de julio, 11:39 am

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Daniel Martínez Garbuno

El pasado seis de junio, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto de 10 puntos con el que otorgó el estatus de zona de reserva a 300 de las 756 cuencas hidrológicas que existen en las nueve regiones de la República, con lo que dichas áreas quedaron casi a disposición de quienes puedan comprarlas.

El pasado 17 de junio se hizo público un decreto del presidente Enrique Peña Nieto que en los hechos representa la posibilidad de privatizar el agua en México, lo que afectaría al medio ambiente, a la biodiversidad y a la mayoría de los mexicanos, es decir a quienes cuentan con menos recursos económicos.

Los 10 Decretos de Reserva de agua contaron con la asesoría y el respaldo de diversos organismos internacionales, entre ellos el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF); aunque el documento oficial no usa el término privatización, autoriza a los gobiernos estatales, a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a “concesionar” dichos recursos hidrológicos.

Bajo este esquema, únicamente empresas particulares y los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– podrán explotar el agua por determinado tiempo, para el uso comercial o fabril que quieran darle y según su capacidad económica. En contraste con esta manga ancha que se otorga a las empresas privadas, en el país existen millones de familias que carecen del más elemental servicio de agua, precisamente porque no cuentan con los recursos suficientes para adquirirla.

Apoyo de falsos ambientalistas

La WWF es una organización de conservación ambiental fundada en 1961 y que basa sus estrategias y acciones “en datos científicos sólidos”. Esta institución se ha visto envuelta en varios escándalos a lo largo de sus casi 60 años de historia, como cuando tenía de presidente honorario al entonces rey de España, Juan Carlos I. Entre los mismos españoles y el mundo entero, este señor provocó molestar cuando apareció en una fotografía exhibiendo sus trofeos como cazador de elefantes en Botsuana, África.

En mayo de 2001, el diario alemán Der Spiegel publicó un reportaje en el que se denunciaba que la WWF había dejado de ser una organización defensora del medio ambiente para convertirse en cómplice de las grandes empresas que depredan el medio ambiente en todo el mundo.

En la opinión de agrupaciones independientes como Robin Wood y Rettet den Regenwald, la WWF “garantiza a esos corporativos la licencia para destruir la naturaleza a cambio de enormes donaciones y pequeñas concesiones”, escribieron Jens Glüsing y Nils Klawitter en el diario alemán.

El cinco de junio pasado, la WWF fue la primera en publicar un comunicado defendiendo las acciones del presidente Enrique Peña Nieto. Con el título Decreta el Presidente reservas de agua para el ambiente en cerca de 300 cuencas de México, la organización medioambiental apoyó la “decisión histórica” que, según sus estimaciones, beneficiará a 45 millones de personas, 82 áreas naturales protegidas y 64 humedales de importancia internacional y sitios que entran en el Convenio de Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas).

La Conagua, por su parte, divulgó un comunicado en el que dijo que “Los diez Decretos de Reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”.

Jorge Rickards, director general de WWF-México, elogió el decreto con el argumento de que evitará la grave sobrexplotación, la contaminación y la escasez de agua que hoy afecta a muchos ríos en México.

Los ríos supuestamente beneficiados por el decreto son: el Papaloapan, el Grijalva-Usumacinta, el Pánuco, la Costa Chica y Costa Grande de Guerrero y Oaxaca; el San Fernando-Soto la Marina, el Santiago, el Actopan-Antigua, el Ameca y la costa de Jalisco.

Organizaciones civiles como la Red de Acción por el Agua, la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua difieren de esta apreciación.

“A diferencia de lo que los impulsores de esta medida sostienen, al analizar cada uno de los decretos emitidos y comparando el volumen de las reservas asignadas para la conservación frente a la disponibilidad de la cuenca, se estima que, en promedio, los decretos solo establecieron una protección de poco más del 30 por ciento para conservación ecológica y menos del l1 por ciento para uso doméstico y público urbano”, advirtieron conjuntamente los ambientalistas.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) también publicó una serie de consideraciones frente a los decretos gubernamentales; entre éstas sobresale una en la que se asegura que el gobierno mexicano pudo no haber utilizado la información científica más actualizada para la toma de esa decisión.

“Los diez decretos se basan en estudios técnicos que toman como referencia información generada en 2016 y en algunos casos en 2011”, indicó el Cemda, que asimismo calificó de preocupante que el Gobierno Federal no haya atendido los efectos que el cambio climático, la deforestación, la contaminación atmosférica y el crecimiento de manchas urbanas han tenido sobre la calidad de vida en el país en la última década.

La Cemda dijo que en los últimos tres años la Conagua ha expedido más títulos de concesiones de agua que afectan la disponibilidad de este recurso vital, “cuya variabilidad no ha sido reflejada en los estudios técnicos” empleados en los decretos de junio pasado.

Bandera electoral

En uno de sus discursos de campaña, el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema de los diez decretos e informó que daría instrucciones a Josefa González Blanco, futura titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que los “eche abajo” a partir de diciembre próximo, una vez que tome posesión de la Presidencia de la República.

“Está mal hecho, corrupción otra vez. Se tienen que revertir, replantear y consensuar”, dijo Josefa González Blanco y reprochó que en la creación de los decretos no se consultara a los pueblos originarios.

Las graves consecuencias del decreto

El gran problema de las acciones del Gobierno Federal saliente consiste en que los mantos acuíferos de México, lagunas, ríos y presas pueden terminar en manos de empresas de todo tipo mediante acuerdos bajo la mesa.

Así lo considera Gemma Villagómez Garduño, bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en ecología en la Universidad de Wurzburgo, Alemania. De la misma opinión es Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Al retirar la veda, el gobierno facilitó el uso privado del agua. Aunque en este momento no está concesionada a nadie, los decretos permiten que actores privados puedan obtener lo que antes pertenecía al Estado, comentaron ambos expertos.
La propia WWF señaló que para que esto no se salga de control, la Conagua debe revisar los procesos de concesión de manera transparente; también pidió transparencia al Estado mexicano.

Además de los obvios peligros que la concesión del agua a empresas privadas representa para el consumo humano, especialmente para las comunidades que carecen de este vital recurso, así como de recursos económicos suficientes para disponer de él, Gemma Villagómez planteó la necesidad de no dejar de lado las afectaciones a la biodiversidad mexicana.

“Si se empieza a explotar el recurso sin ningún tipo de control, se puede llegar a secar el cuerpo de agua, lo que puede convertir al lugar en una zona seca después de varios años”, indicó la investigadora, quien insistió en advertir que la ausencia de agua lleva necesariamente a una pérdida de ecosistemas, de diversidad y a una afectación directa sobre las comunidades cercanas.

“En el proceso de implementación de los decretos es posible que se favorezcan usos del agua que no necesariamente son los más sustentables, así como que se propicie el acaparamiento del recurso en algunos pocos concesionarios”, advierte Cemda.

Para la Alianza Mexicana contra el Fracking, la supuesta motivación medioambiental del gobierno mexicano en el momento de la publicación de los decretos fue una “excusa para liberar la posibilidad de concesionar al sector productivo aguas que bajo el régimen de la veda no podían serlo”.

Sin embargo, para la Conagua todo va viento en popa y, según esta institución federal, sus acciones ayudarán a México a reservar el 12 por ciento de los recursos disponibles, un porcentaje superior al mínimo ecológico recomendable. Esto pone al país entre los “más previsores ambientalmente”, superando incluso a países del “primer mundo”.

Pero la bióloga Villagómez no considera acertada esta percepción, pues las declaraciones de la Conagua “lejos de tranquilizarnos, nos confirman su profundo desprecio por los aspectos sociales, culturales y ambientales del agua, al declarar que la gestión del agua es un problema meramente técnico; en múltiples ocasiones las crisis medioambientales son causadas por los proyectos de fracking o los que se han elaborado al amparo de la reforma energética, contando con el aval de los organismos que, en teoría, deben velar por el cuidado del agua.

“El problema que veo ahora es que se abre la oportunidad de que, si alguna autoridad considera que es bueno que se use cierto manto acuífero para la industria o para el fracking, ya lo podrán hacer muy fácilmente. Y, como sabemos, gracias a los altos niveles de corrupción en México, nadie checa si se están haciendo las cosas bien o mal. Ése es el mayor problema: que no habrá manera de reclamar el mal uso del recurso”, finalizó Villagómez.

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