La dependencia alimentaria de México

REPORTAJE ESPECIAL/ El Banco de México informó en marzo de 2018, que el principal producto alimentario importado por México es un residual de la industria agroalimentaria de EEUU, el maíz amarillo transgénico plantado por Monsanto.


La dependencia alimentaria de México

La Crónica de Chihuahua
18 de junio, 11:00 am

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Martín Morales Silva

La dependencia alimentaria de México ha pasado de ser un riesgo a una realidad que el presidente Enrique Peña Nieto quiso matizar el ocho de mayo pasado, cuando calificó la autosuficiencia alimentaria como un mito que debía romperse: “la realidad es que hoy ningún país produce todo lo que consume y éste es un mito que hay que romper, ningún país hoy en el mundo produce todo lo que consume… en un mundo globalizado francamente no hace sentido ni razón el aspirar a la autosuficiencia, ha sido una política del pasado, equivocada”.

Estados Unidos (EE. UU.) posee autosuficiencia alimentaria y además cuenta con el respaldo de México, que no la tiene, pero se ha convertido en su proveedor número uno de alimentos, con lo que, de paso, le ayuda a fortalecer su seguridad alimentaria; a cambio, nuestro país importa residuos de su industria agroalimentaria, cuyas trasnacionales, a su vez, se encargan de solucionar la falta de productos requeridos en el mercado de EE. UU. usando los del campo mexicano, en donde explotan sin problemas los recursos naturales, obtienen incentivos del gobierno para producir, reciben suficiente agua, consiguen mano de obra muy barata, reduciendo con todo esto sus costos de producción, para enviar luego estos productos a su país de origen en forma de exportación, y sin aranceles, gracias a las amplias facilidades otorgadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), primera versión, vigente desde 1994, en cuya segunda versión trabajan actualmente los tres gobiernos participantes, EE. UU., Canadá y México.

Sobre las operaciones de las trasnacionales agroalimentarias en México, dos investigadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) María Cristina Streffen y María Tarrío explican en su trabajo Neoliberalismo y crisis agroalimentaria: adaptación y resistencia de los ejidatarios mexicanos: “(…) la intensificación progresiva de la industrialización de la agricultura (…) ha implicado la globalización de la cadena agroindustrial de producción y comercialización y la integración (…) de distintas formas de agricultura bajo contrato que consagran la estrecha vinculación entre los agricultores y los proveedores de insumos y compradores de los productos, de tal manera que son los agronegocios los que toman las decisiones acerca de qué cultivar. Estas decisiones no toman en cuenta la obligación de proporcionar alimentación tanto a las familias de los productores como al conjunto de la población (…)”.

Jean Ziegler en su obra Los Nuevos Amos del Mundo (2013), señala que junto a trasnacionales de otros ramos, corporaciones agroalimentarias como Monsanto, Cargill, Dow Agroscience, Pioneer y Syngenta son impulsoras de la gobernanza global, que no es otra cosa que la privatización paulatina del poder político en los países debilitados por su propia embestida.

Así se entiende cómo es que las corporaciones agrícolas utilizan como base de transferencia al campo mexicano para asegurar el envío de alimentos básicos al mercado alimentario de EE. UU., mientras otro tanto lo exportan a otros mercados, entrelazando sus operaciones con otras de menor escala, como los locales Maseca, Bachoco y Bimbo, dueñas del negocio agroalimentario mexicano.

Mitos alimentarios

Al participar en la 34 Asamblea del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el ocho de mayo pasado, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la autosuficiencia alimentaria es un mito; una posición completamente distinta a la que tenía en 2016, cuando anunció que México estaba a siete por ciento de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, porque ya producía el 68 por ciento de los alimentos requeridos por la población, muy cerca del 75 por ciento del estándar que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) tiene para considerar que un país tiene autosuficiencia alimentaria.

El mandatario pareció ignorar que ese mismo estándar de la FAO establece un estimado de hasta 25 por ciento de importaciones de alimentos, para no poner en riesgo la soberanía alimentaria del país, y que México compra en el extranjero el 57 por ciento de éstos, 75 por ciento de los cuales se los compra a EE. UU.

La ingeniera agrónoma Adelita San Vicente Tello, dirigente de la organización Semillas de Vida A.C., dijo a buzos: “lo que estamos importando son alimentos básicos, maíz, arroz, frijol, los 10 productos señalados como estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; y entonces menos tenemos soberanía. En 25 años de neoliberalismo, con el TLCAN, las trasnacionales agroalimentarias han procurado imponernos un modelo de alimentación a su modo y conveniencia”.

En el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, promulgada el siete de diciembre de 2001, se mencionan los 10 productos “básicos y estratégicos” para México: maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne (de bovinos, porcinos, aves) y pescado, cuya mayor parte actualmente es importada de EE. UU., mientras en el artículo 3 inciso XXXII se define Soberanía Alimentaria como: “(…) La libre determinación del país en materia de producción, abasto, y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional (…)”.
“Yo creo que nuestra sociedad de hoy tiene que demandar qué necesita, suficiente y de calidad, y sobre todo, culturalmente adecuado”, dijo Adelita San Vicente, al indicar que el modelo corporativo agroalimentario procura destruir la cultura alimentaria de consumidores y productores locales, para imponer sus reglas y productos, incluyendo productos alimentarios industrializados de todo tipo, refrescos, comida chatarra, todo lo que representa el gran negocio para las corporaciones, arrebatándole a los mexicanos su derecho a mantener un tipo de alimentación sana y natural, incluyendo como hace muchos años, los productos culturalmente integrados a su dieta, como los de la milpa, maíz, frijol, calabaza, chile, nopales, etcétera.

En torno al momento en que comenzó a modificarse el esquema de alimentación mexicano, Adelita San Vicente señala que “el parteaguas fue el TLCAN (1994), aunque desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) ya se había empezado a acabar con la infraestructura agropecuaria, y con la expedición de la Ley de Minería (2014) el campo mexicano, recibió un duro golpe; los territorios rurales se vaciaron de personas para que las corporaciones pudieran extraer toda la riqueza de nuestro campo.

La nutrióloga Xaviera Cabada, analista de la organización civil El Poder del Consumidor, indicó a este semanario que “México sí puede alcanzar la autosuficiencia alimentaria, solo que las políticas públicas actuales están muy mal; con un diseño adecuado, aún en un contexto globalizado, se podría conseguir, porque México tiene los elementos.

Aquí se puede cultivar prácticamente cualquier alimento; por la diversidad de climas, se pueden producir los alimentos nutricionalmente necesarios para un ser humano. Hay capacidades en tierras, climas, existen pequeños productores que pueden satisfacer la demanda de todo el país; hay suficientes insumos, la clave está en qué importas y qué exportas, en que el país decida el tipo producción requerida para su alimentación (no las agroindustrias)”.

El ocho de mayo pasado, el Presidente de la Republica confirmó el papel de México en la consolidación de la estrategia de seguridad nacional de EE. UU., con el aseguramiento de la producción de alimentos para su población, al manifestar que en 2016, México se convirtió en el proveedor número uno de alimentos de EE. UU., señaló que en los últimos tres años se ha confirmado la capacidad productiva del campo mexicano y el país ya es una potencia agroindustrial, porque vende 20 por ciento más alimentos de los que compra en el mundo.

“Hoy México es auténticamente una potencia mundial en materia agroalimentaria (…) en los primeros cinco años de este gobierno, en comparación con el mismo periodo del sexenio anterior, el sector agropecuario registró un crecimiento real acumulado de 13.6 por ciento. Tan solo en los últimos tres años, este sector ha crecido el doble que el resto de la economía. La conquista de mercados externos ha sido un factor determinante (…) México es ya el decimosegundo país que más alimentos produce en todo el mundo y el décimo octavo país que más alimentos exporta a nivel global”.

El mandatario aprovechó para resaltar también la importancia del TLCAN para el desarrollo de los campesinos de México y el bienestar de los mexicanos en general, porque hoy en día existe “un campo más productivo y exportador (el cual) nos ha permitido, por primera vez en 25 años, tener una balanza agroindustrial superavitaria (…) se trata de la primera vez que esto sucede desde que se firmó el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y esto da cuenta de cómo los vínculos comerciales entre los dos países son profundos y benefician a productores y consumidores”. Destacó además la relevancia de la importación de alimentos, porque “es lo que nos permite asegurar que los mexicanos tengan una gran diversidad de alimentos y de productos que enriquecen su diaria alimentación”.

En términos numéricos, México ciertamente estabilizó su balanza comercial agropecuaria (relación entre importaciones y exportaciones de productos) deficitaria hasta 2015. A partir de ese año empezó a alcanzar superávit, que en 2017 representó una diferencia de cuatro mil 800 mdd de dólares (mdd). Pero el mandatario no dijo que las importaciones de alimentos de EE. UU. a México en realidad subsanan la falta de producción de básicos para los consumidores mexicanos, maíz, frijol, arroz, pollo, huevo, carne, ocasionada porque se le da prioridad a la producción agroalimentaria de artículos para su exportación a EE. UU., cuyos consorcios, ni siquiera pagan impuestos, gracias a las reglas del TLCAN.

El 18 de abril de 2017, el pleno del Senado, con mayoría de legisladores priistas, aprobó una iniciativa para modificar el artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable “(…) para garantizar la soberanía alimentaria e implementar medidas orientadas a fortalecer el sector agropecuario (…) la Comisión dictaminadora precisa que las acciones que se realicen deben estar dirigidas a mejorar la situación del campo en el país, ya que México, a pesar de contar con los recursos naturales idóneos para la agricultura, no ha sido capaz de garantizar la alimentación (…)”.

La pesada carga del TLCAN

La doctora en Economía Blanca Rubio, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en su artículo La Soberanía Alimentaria en México: una asignatura pendiente, publicado en el número 36 (2015) de la revista Mundo Siglo XXI del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del IPN, escribió: “(…) durante las décadas de los años setenta y ochenta, existían aranceles a la importación de alimentos, por lo que la producción nacional se encontraba ‘protegida’ de la competencia internacional.

En consecuencia, a pesar de la necesidad externa de alimentos, la producción nacional era la base principal de la oferta alimentaria para la población. La situación cambió radicalmente con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994, pues a partir de entonces se liberaron gradualmente los aranceles de los cultivos básicos, hasta llegar en 2008 a la apertura total del mercado y con ello, a la supeditación cabal de nuestra agricultura a las estrategias de expansión comercial de Estados Unidos. Desde entonces, se consolidó una dependencia estructural de granos básicos hasta llegar a importar en 2013, el 93% de la soya consumida en el país, el 83% del arroz, el 64% del trigo y el 31% del maíz (…)”.

Rubio describe que al incrementarse los precios internacionales de los cultivos básicos en 2008, durante la crisis alimentaria, organizaciones como Vía Campesina y FAO plantearon la urgencia de que los países que sufrían dependencia alimentaria recuperaran su soberanía alimentaria, basándose en la promoción de pequeñas unidades productivas:

“(…) Sin embargo, en México, la dependencia alimentaria en vez de frenarse se profundizó en la etapa crítica del capitalismo. Mientras los precios de los granos crecían en las dos fases de la crisis alimentaria (2008 y 2010-11), las importaciones fueron aumentando con efectos nocivos para la población, ante el aumento de la inflación, el déficit de la balanza de pagos y por la falta de estímulos a la producción nacional (…)”.

En su libro El Dominio del Hambre. Crisis de hegemonía y alimentos (2014), la doctora Rubio describe con precisión las etapas en que EE. UU. ha expandido su dominio económico-político sobre países débiles por medio del control de la producción de los alimentos básicos.

Señala que al término de la Segunda Guerra Mundial, el campo agrícola de EE. UU. quedó prácticamente intacto a diferencia del europeo, que estaba destruido; esto le dio una pauta para lanzarse a dominar la producción de productos alimenticios básicos, durante la era de la posguerra (1945-1970).

La autora explica que para aumentar su capacidad productiva, EE. UU. lanzó la llamada “Revolución Verde”, cuyo laboratorio experimental fue al campo mexicano, antes de impulsarlo al mundo; esta estrategia permitió impulsar el crecimiento de sus corporativos trasnacionales agroalimentarios, encargados a su vez de implementar nuevos sistemas productivos tecnológicos, en busca de una producción masiva de alimentos, mismos que han aterrizado en el actual esquema biotecnológico de manipulación genética de semillas y fabricación de pesticidas específicos, también impulsados agresivamente en México, que en países como Francia y Rusia están terminantemente prohibidos por su probada repercusión negativa en la salud humana, sobre todo por ser precursores de cáncer.

La dependencia de EE. UU.

La magnitud y consecuencias de la dependencia alimentaria, resultan evidentes. En marzo de 2017, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados (CEDRSSA), divulgó un informe en el que resalta que el 75 por ciento de las importaciones de alimentos dependen de EE. UU., lo que ha redundado en una condición de poder que el presidente estadounidense Donald Trump ha utilizado como arma de presión contra México en el marco de las “renegociaciones” del TLCAN; las compras mexicanas de alimentos de EE. UU. pasaron de 5.6 mil mdd en 1993, a 25.2 mil mdd en 2016; y según datos del CEDRSSA, en 1993, un año antes de la entrada en vigor del TLCAN, México era el cuarto comprador de maíz estadounidense, por un monto de 13 mdd, mientras para 2016, se convirtió en el número uno, con una cantidad de dos mil 400 mdd.

El Banco de México (Banxico) informó en marzo de 2018, que actualmente el principal producto alimentario importado por México es un residual de la industria agroalimentaria de EE. UU., el maíz amarillo transgénico plantado por Monsanto en EE. UU. y usado para alimentar animales; México importa 14 millones de toneladas promedio anuales de maíz amarillo, con un costo (a 2017) de dos mil 385 mdd; adquiere soya (195.9 miles de mdd); trigo (115.5 miles de mdd); semillas varias como las de nabo (75.2 miles mdd), además de dos millones de toneladas de carne de cerdo; 250 mil toneladas de leche; 37 mil toneladas de huevo, así como otras tantas miles de toneladas de pollo, especialmente de piernas y muslos, que a los estadounidenses no les gustan, porque prefieren la pechuga y las alas; además importamos frijol, uvas, manzanas, peras, membrillos, arroz, sorgo, algodón; sin olvidar los 195 mil barriles diarios de gasolina equivalentes al 52 por ciento de la utilizada en el país, así como gas natural, medicamentos y vacunas.

Alejandro Cruz, dirigente de MAIZ, entrevistado por buzos dijo: “lo que han hecho es darle prioridad a los megaproyectos de las corporaciones mundiales, agroalimentarias, del petróleo, de la minería. Ya no se piensa en la producción de alimentos básicos, porque se han dedicado a concesionar las tierras de nuestro país, aunque esto va en contra de la misma Constitución. En el artículo 27 inciso 20 se indica que la agricultura es de interés público, pero a esto ya no le hacen caso.

Dependencia alimentaria y sometimiento

Las reformas emprendidas en 1985 durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) fueron las primeras impulsoras de la conversión de la economía mexicana al neoliberalismo, cuyo esquema de funcionamiento exige retirar todo control del Estado al desarrollo de las corporaciones, abriendo de par en par las puertas de los mercados locales a las trasnacionales, entre ellas las agroalimentarias, mientras los países del primer mundo, encabezados por EE. UU., van en sentido contrario, cerrándose, controlando su propio mercado, practicando abiertamente el proteccionismo, mientras alientan un mundo de libres mercados globalizados, sometiendo a países debilitados como México, como lo ha mostrado de manera reiterada Donald Trump.

Las corporaciones agroalimentarias trasnacionales van apropiándose de la comida humana, vista como rentable mercancía para sus agrobusiness imponiendo su lucrativo pero sanitariamente letal modelo biotecnológico de negocios, argumentando que la producción industrial agrícola genéticamente manipulada multiplicará la producción de comida en beneficio de la creciente humanidad.

Estos argumentos se han traducido en las políticas alimentarias de México. Con claridad se puede leer en la página 17 del documento Planeación Agrícola 2017-2030 presentado por el entonces secretario de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, acerca de la necesidad de los productos genéticamente manipulados. Se expone que a pesar de la disminución en el ritmo de crecimiento de la población mundial, se calcula que para 2050 habrá 9.7 mil millones de personas, 1.7 mil millones más que ahora, por lo que se requerirá aumentar en un 50 por ciento la producción de alimentos, con base en nuevas biotecnologías.

Los especialistas consultados coincidieron que con las reformas al artículo 27 constitucional en materia de propiedad social de la tierra productiva y la primera versión del TLCAN en 1994, se marcó el inicio del desmontaje del agro mexicano para ceder los espacios a los negocios agroalimentarios, como a la explotación de hidrocarburos, agua y minas. La población rural fue expulsada hacia el campo de EE. UU. o hacia la periferia de las grandes ciudades. Menos del 20 por ciento de la población vive hoy en regiones rurales, según datos validados por el Banco Mundial (BM).

La organización internacional Vía Campesina se pronunció en octubre de 2017 por reforzar en el mundo el concepto de Soberanía Alimentaria: “(…) La Seguridad Alimentaria y la Soberanía Alimentaria, son categorías absolutamente diferentes, tanto en su origen como por sus objetivos; la segunda es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas alimentarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias, reclamando la alimentación como un derecho.

Por su parte, para la FAO, existe Seguridad Alimentaria cuando las personas tienen en todo momento el acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias, concepto ligado al libre mercado; de esta manera, si las familias no cuentan con acceso económico a los alimentos, simplemente, no comen.


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