La PGJDF filtró información y fotos, y habría alterado la escena en Narvarte: Art. 19

En el documento, titulado “Informe sobre investigaciones de PGJDF en el asesinato de Rubén Espinosa” explica que el Ministerio Público capitalino no siguió los protocolos destinados a preservar la escena del crimen.

La Crónica de Chihuahua
Agosto de 2015, 17:01 pm

La organización Artículo 19 encontró elementos para suponer que la escena del crimen cometido hace un mes en el departamento de la colonia Narvarte fue modificada.

Así lo expone en un informe difundido hoy con motivo de primer mes del asesinato de cinco persona en dicho sector de esta capital, donde murieron cuatro mujeres y el fotorreportero Rubén Espinosa, a cuya familia representa la organización defensora en la indagatoria.

En el documento, titulado “Informe sobre investigaciones de PGJDF en el asesinato de Rubén Espinosa” explica que el Ministerio Público capitalino no siguió los protocolos destinados a preservar la escena del crimen.

Refiere que fue hasta el domingo dos de agosto, dos días después del crimen y cuando era público que había dos perseguidos políticos entre las víctimas, que en el expediente aparecieron datos “fundamentales para soportar la hipótesis oficial”, como los documentos de Mile y su celular.

“El Agente del Ministerio Público, en compañía de personal policial y pericial, debió de haber dado fe de todos los indicios que existieren en el lugar de los hechos desde la primera inspección ministerial, así como también, debieron de haberlos fijado fotográficamente y embalado para su análisis. En la investigación de referencia, no se fijaron fotográficamente ni se dio fe de todos los indicios en la primera inspección ministerial realzada el 31de julio del presente año”, dice el reporte.

“En ese sentido, destaca y preocupa a ARTICLE 19 que haya sido dos días después de la tortura y ejecución de las cinco personas –el 2 de agosto–que personal ministerial haya encontrado diversos indicios fundamentales para soportar la hipótesis oficial, tales como documentos que vinculan a Mile con el vehículo Mustang, teléfonos, computadoras, memorias USB, entre otros. El día de los hechos, el 31 de julio, el personal ministerial no dio fe de tales indicios, lo que genera incertidumbre de que éstos hayan sido introducidos con posterioridad y que patentiza la falta de resguardo y preservación del lugar de los hechos”, agrega.

El reporte cuestiona también, como los abogados coadyuvantes de la familia de la activista Nadia Vera Pérez, que la hipótesis oficial se base en el testimonio de un detenido que fue golpeado.

“Preocupa a Artículo 19 que –aunque se diga lo contrario- una de las pruebas más contundentes para robustecer la hipótesis oficial de la PGJDF, sea la declaración de la única persona detenida Daniel Pacheco Gutiérrez, quien fue presentado ante al Ministerio Público con daños evidentes a su integridad física y quien actualmente ha denunciado tortura por parte de quienes lo detuvieron”, dice.

“Dichas lesiones en rostro, espalda y hombros, fueron debidamente certificadas por los propios peritos médicos legistas encargados de revisar su estado psicofísico previo a su declaración ante el Ministerio Público presenta lesiones, la carga de probar que no se produjeron malos tratos y tortura a dicha persona corresponde al propio Estado. Además de resultar inválido en el proceso tal declaración, se requiere que la investigación iniciada por las violaciones al derecho a la integridad personal arroje resultados inmediatos. Otro elemento a destacar es que la pareja del probable responsable pudo verlo hasta las 19:50 horas del 6 de agosto -39 horas después de su primera declaración ministerial y 44 horas después de su detención. Por otro lado, durante su declaración el hoy inculpado contó con asesoría de un abogado particular, quien ya no lo defiende en la causa penal radicada en el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Penal en el Distrito Federal”, agrega.

FILTRACIONES

Artículo 19 dijo que “con la violación de protocolos internos y faltando a la normatividad”, la Procuraduría capitalina ha filtrado información sobre el caso, “de manera ilegal y dolosa a medios de comunicación, en perjuicio de las víctimas, de la opinión pública y de la libertad de prensa”.

La organización denunció que las filtraciones han sido numerosas, “al grado que actualmente en internet y en diversos medios han circulado las fotos de los cadáveres, los resultados de química realizados a los cuerpos”.

En este contexto, la organización hizo un enérgico llamado a las autoridades ministeriales a detener las filtraciones que se realizan a medios de comunicación, “y que sólo han revictimizado, estigmatizado y criminalizado a las víctimas del múltiple homicidio, así como a sus familiares, generando un juicio mediático que no abona en nada a la búsqueda de justicia”.

Precisó que las filtraciones no son de interés público y solo buscan desviar, manipular la atención pública del caso. Además, dijo, la revelación de ciertos datos, lo que provoca es entorpecer las investigaciones, lo cual atenta contra el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

Artículo 19 refirió que el pasado 27 de agosto el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, le ordenó de manera expresa al Procurador Rodolfo Ríos Garza, a petición de las hermanas de Rubén Espinosa, instrumentar medidas para resguardar la información de la averiguación previa sobre el multihomicidio y evitar que se haga del dominio público.

Manifestó su preocupación de que la Procuraduría del DF no ha permitido el libre acceso al expediente de la investigación y ha condicionado tanto el tiempo de consulta como el acceso a los contenidos de los tomos, a los términos que ha determinado la propia dependencia, lo que ha obstaculizado el ejercicio delos derechos de las víctimas

”A la fecha, el tomo VIII y IX no ha podido ser consultado por las condicionantes de la PGJDF. Por su parte, el tomo VII contiene diligencias ministeriales a las que no pueden acceder las víctimas como es el caso de la declaración del Gobernador de Veracruz [Javier Duarte de Ochoa], misma que se encuentra en sobre cerrado y con instrucciones expresas de la PGJDF de no poderla ver salvo solicitud y acuerdo previo con personal ministerial”.

La organización refirió que la negativa para consultar el expediente donde se encuentra contenida la declaración del Javier Duarte de Ochoa “responde a la solicitud expresa de la CNDH de resguardar la información, haciendo –otra vez- una interpretación restrictiva de estas medidas en detrimento de los derechos de las víctimas”.

Tomado de SinEmbargo