La OCDE recomienda más reformas neoliberales

**El titular de la OCDE ha insistido en que “México es el reformador de la OCDE y del mundo”, y que debe avanzar hacia una nueva ola de reformas estructurales.

La Crónica de Chihuahua
Noviembre de 2015, 21:30 pm

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Martín Morales

Los últimos seis gobiernos federales han modificado gradualmente la Constitución de 1917 privilegiando los intereses empresariales y desarmando jurídicamente a los sectores sociales más desprotegidos del país; esto lo han hecho obedeciendo las instrucciones del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y argumentando que han buscado “la modernización de México”.

Desde el Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) hasta el de Enrique Peña Nieto (2012) se ha modificado la Carta Magna de 1917, suprimiendo la esencia de los artículos que más favorecían al pueblo, principal actor del movimiento revolucionario de 1910; imponiendo leyes que favorecen claramente a los dueños de los grandes capitales nacionales y extranjeros.

La reconfección del modelo de Estado se inició en 1984 y su más reciente fase fue la aprobación de las 11 “reformas estructurales” que el presidente Peña Nieto promovió entre 2012 y 2014, y cuyo contenido responde a los intereses económicos y políticos de la clase dominante en el país y a los de las grandes empresas trasnacionales de Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE).

El periodo de conversión de la poderosa economía mexicana empezó en 1982 con la llegada a la Presidencia de la República del priista Miguel de la Madrid, quien apenas dos años después, en 1984, empezó a promover las “reformas estructurales de primera, segunda y tercera generación” –así definidas por los especialistas en Derecho– con las que paulatinamente se han ido modificando los artículos constitucionales de orientación popular.

Uno de los ejemplos más evidentes de regresión histórica e ideológica es el que sufrió el Artículo 3 constitucional, que modificó la instrucción hecha al Estado mexicano de que impartiera una educación socialista a partir de 1934 –durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas– a la reversión absoluta en 1946, cuando el Gobierno de Manuel Ávila Camacho promovió su contrarreforma.

Otro ejemplo es el Artículo 27, que trata de la posesión social de la tierra, y sufrió las primeras modificaciones en el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) para que los ejidatarios adquirieran la propiedad de las tierras comunitarias y pudieran venderlas. Actualmente, la tierra se ha privatizado y grandes extensiones se encuentran en poder de los corporativos transnacionales de la minería, la agroindustria y próximamente de las empresas petroleras, eléctricas, geotérmicas, etcétera, mientras los campesinos se convierten otra vez en peones u obreros al servicio del capital nacional y extranjero y son transferidos a los cinturones de miseria de las grandes ciudades del país, y de EE. UU.

Los recursos del subsuelo dejaron de ser propiedad de la Nación para volver a manos de particulares, mexicanos y extranjeros, gracias a la reforma enenergética que derribó el concepto de propiedad social de esa riqueza en los artículos 27 y 28. La tierra, que alimentó por siglos a los mexicanos, ha pasado a ser un activo financiero de empresas trasnacionales, desapareciendo la soberanía alimentaria.

El contenido del Artículo 123 constitucional fue dinamitado por la “reforma estructural laboral”, que a partir de diciembre de 2012 debilitó los derechos de los trabajadores beneficiando a la clase patronal, suprimiendo los contratos colectivos, haciendo a un lado las conquistas sindicales como el derecho de huelga y a un salario suficientes para satisfacer las necesidades normales de una familia. La reforma laboral quitó obstáculos a los empresarios institucionalizando los abusos y alentando la acumulación del capital en pocas manos, como se puede constatar en México.

Entrevistado, el constitucionalista Ramiro Bautista Rosas, señaló: “no resulta nada extraño que el efecto de tal transformación constitucional, e incluso regresión, sea una creciente ampliación de la desigualdad social y de la pobreza en la misma magnitud en que se ha modificado el modelo del Estado revolucionario”.

Una nueva Constitución

A la Constitución expedida el 5 de febrero de 1917 se le han hecho 642 modificaciones con base en 225 decretos, cuya mayoría no han sido simples “actualizaciones” sino cambios de fondo cuyo resultado es una nueva Carta Magna.
Sesenta y siete por ciento de tales modificaciones (la mayoría estructurales o de fondo) se hicieron entre 1982 y 2015, así lo expresó el doctor en derecho Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El prestigiado jurista mexicano afirmó que las “reformas estructurales” ejecutadas en el actual sexenio son parte “del ciclo modernizador que inició en 1982, en el sexenio de De la Madrid”. Un tercio de esas reformas, precisó Fix Fierro, se realizaron durante el actual Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a través de la emisión de 58 decretos entre 2012 y este año.

Evolución de las reformas

Las “reformas estructurales” derivaron de los compromisos que México debió asumir con su endeudamiento externo durante el periodo final del sexenio de José López Portillo (1976-1982), una vez que su cacareada “administración de la abundancia” generada por el petróleo terminó en la catástrofe financiera nacional y las fuertes presiones injerencistas del Gobierno de EE. UU.

Al iniciar su sexenio, De la Madrid no hizo sino llevar a la práctica los compromisos adquiridos de su antecesor y comenzó a transformar el Estado, modificando la Carta Magna para ajustarla al modelo neoliberal que se promocionaba en el mundo como la nueva forma de acumulación del capital.

En su investigación Evolución y desarrollo de las reformas estructurales en México (1982-2012), Marina Trejo Ramírez y Agustín Andrade Robles, ambos profesores e investigadores de la Facultad de Economía de la UNAM, detallan que en el periodo 1984-2014 se han ejecutado reformas estructurales en serie, de primera, segunda y tercera generación, que siguen “ampliándose, profundizándose, perfeccionándose”.

Andrade y Trejo detallan que las reformas de primera generación se hicieron entre 1984 y 1994. Las de segunda entre 1996 y 2006 y las de tercera entre 2012 y 2014. Las siguientes reformas, es decir, las que vendrán en los meses próximos –siguiendo el mismo modelo de instrucción externa (BM, FMI y OCDE)– van encaminadas a perfeccionar y ampliar el esquema legal que en México ha tardado tantos años en implantarse a diferencia de otros países, debido a la resistencia había antepuesto el pueblo mexicano.

Los especialistas universitarios indican que las “reformas estructurales” “mantienen la lógica de las implementadas por un modelo que ha entrado en crisis, que a escala mundial no pudieron resolver el problema del crecimiento, que en este momento son un obstáculo para el desarrollo de las nuevas tecnologías, y que en el ámbito social han traído consigo un retroceso en términos de la distribución del ingreso, manifestado en el empobrecimiento de la población y en la conculcación de sus derechos políticos.

”Esto ha motivado el surgimiento de movimientos contestatarios como los Globalifóbicos, los Indignados, los Occupy Wall Street, #YoSoy132, la revolución Pingüina de Chile, que tienen algo en común: vivir en condiciones críticas, en un sistema en donde la desigualdad social es indicador de pobreza y las perspectivas de vida no son equitativas”.

El doctor Ramiro Bautista Rosas, analista político y especialista en materia de Derecho Constitucional, profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, dijo a Buzos: “es un proceso que no ha concluido, sigue avanzando. Ahora bien, las promesas que se han hecho a partir de toda esa dinámica reformista no se han alcanzado, y ése es el problema, el sistema político, porque todo esto ha ido acompañado de promesas de empleo, recuperación salarial, mejores condiciones de vida, y como eso no se alcanza, pues están en una situación complicada, y a eso se responde con reformas políticas, abriéndole campo a los partidos, dándoles prebendas, para ver si por esa vía se tranquilizan las cosas; buscan satisfacer en algún grado las necesidades populares, para calmar un poco las cosas, lo cual se ve muy difícil. Aplican medidas de política económica junto con otras de tipo preventivo, como son los paliativos con programas de asistencia social para matizar el descontento de la gente. Y es que les sale más barato hacerlo así que distribuir la riqueza de una manera más equilibrada”.

Borrar conquistas revolucionarias

El doctor Ramiro Bautista señaló: “la Constitución está muy cambiada, y la orientación general que se le ha dado es otra. El Estado que surgió de la revolución era liberal, capitalista, pero con un profundo sentido social; algunas gentes dicen que un Estado social. Yo no afirmo eso, pero sí era un capitalismo, digamos, moderado en su explotación y con una vocación social importante, derivado del proyecto de la Revolución, pero esto se fue abandonado, yo diría que de manera más marcada desde la época de Miguel Alemán en adelante, y se le fue dando más peso al ámbito de lo privado en detrimento de lo social, fundamentalmente del campo; y entró en una caída brutal a partir de Miguel de la Madrid con la incorporación del neoliberalismo. En los últimos años ese proceso sigue profundizándose ya con mayor velocidad.

“Las fuerzas que hicieron la revolución eran dos grupos en general: Una queriendo echar abajo la dictadura porfirista (Madero, Obregón, Carranza, Calles, etcétera), pero sin cambiar el modo de producción capitalista; y otra vertiente realmente social, encabezada por Emiliano Zapata, Francisco Villa, Felipe Ángeles, que planteaban reivindicaciones sociales, pero sin proponerse tampoco cambiar el modo de producción capitalista; pero éstos, al final, quedaron desplazados y fuera del poder, quedando éste en manos de quienes no tenían un compromiso social serio.

“Para sacar adelante la Constitución se incorporaron al texto los postulados zapatistas, el Plan de Ayala y demás, pero en el Gobierno no estaban los zapatistas, y así era difícil que eso llegara a hacerse realidad, aunque tenían sus programas inscritos en la Constitución, pero nada más. ¿Quién tenía el poder? Pues los otros, los ligados a los intereses particulares mexicanos y extranjeros beneficiados por el Porfiriato. De ahí para acá, salvo en la etapa cardenista, lo social comenzó a llevarse hacia atrás.

“En la actualidad, para sacar adelante las reformas se ha buscado no chocar fuertemente con la opinión pública, se maneja el discurso, sin engañar, es decir, afirman que no se va a privatizar el Instituto Mexicano del Seguro Social y eso es cierto, la institución no, pero se va a ir haciendo más pequeñita, como Pémex o la Comisión Federal de Electricidad, al abrirle espacios a la participación de privados en la prestación de servicios y explotación de los recursos”.

El imperio tras las reformas

Pese a los resultados observados en las últimas tres décadas, sobre todo en la ampliación de la desigualdad (dos millones de nuevos pobres solamente de 2012 a la fecha), el equipo de Gobierno de Enrique Peña Nieto ha anunciado que mantendrá activa su producción legislativa de “reformas estructurales”.

Es lo mismo que se ha hecho desde 1984 y con los mismos desastrosos resultados en materia social conocidos en las últimas tres décadas, cuyo éxito puede medirse con el aumento exponencial de la acumulación del capital en manos privadas y en la misma proporción que existe en el mundo: 1 por ciento de la población mexicana concentra tantos bienes como 99 por ciento de los mexicanos.

La recomendación de la OCDE es seguir con las reformas, como lo expresó su secretario general, José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda del Gobierno de Ernesto Zedillo, del 5 de enero de 1998 al 30 de noviembre de 2000. Pero la OCDE no es la primera en sugerir que la “ola de reformas” de corte neoliberal continúe; antes lo han hecho reiteradamente los gobernantes estadounidenses y los titulares y voceros del BM y FMI, fieles guardianes del orden capitalista mundial, financiados por el Sistema de Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés) de EE. UU. Es decir, la médula internacional a la que se someten los bancos centrales de la mayor parte del mundo y la red financiera trasnacional manejada por banqueros y financieros dueños de corporativos mundiales de todo tipo.

El “reformador” Gurría

En fecha reciente, el secretario de la OCDE ha puesto especial énfasis en la necesidad de una nueva reforma al sistema de pensiones, que según dijo, servirá –como ha dicho de otras reformas– para reducir la desigualdad y la pobreza, aunque evidentemente eso no ocurrió. Por citar algunos ejemplos, la OXFAM señaló recientemente que el 64 por ciento de la riqueza del país está repartida entre el uno por ciento de la población, mientras el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó un aumento de dos millones de pobres entre 2012 y 2014.

En entrevistas y en eventos realizados los días 12 y 23 de octubre, el titular de la OCDE ha insistido en que “México es el reformador de la OCDE y del mundo”, y que debe avanzar hacia una nueva ola de reformas estructurales. El 8 de enero de este año había señalado que México debería comenzar una segunda fase de reformas e indicó dos esferas como objetivo: reformas al Poder Judicial y reestructuración del Estado de Derecho.

El pasado 16 de octubre detalló que el segundo paquete de reformas deberá tocar un esquema para abatir la informalidad en que trabaja aproximadamente 60 por ciento de los poco más de 50 millones de trabajadores mexicanos. Otro paquete abarcaría la transparencia en el ejercicio de la administración pública, así como la mejoría del desempeño de los tribunales de justicia, con acciones para abatir la corrupción, aunque ésta en realidad forma parte de la cultura consuetudinaria del sistema político mexicano.

Como se ha planteado, la orden de ejecutar más reformas estructurales no sale específicamente de la OCDE. Obsérvese, por ejemplo, el señalamiento implícito que el pasado 30 de septiembre hizo Christine Lagarde, directora gerente del FMI, al afirmar que México continuará realizando más “reformas estructurales” porque éstas empezarán a dar resultados positivos en el corto plazo.

Al participar en el foro del Consejo de las Américas, que dirige el exembajador de EE. UU. en México, John Dimitri Negroponte, Lagarde dijo que el gobierno mexicano ha decidido “mantener el curso y continuar con las reformas y sólo por eso, por la determiNación de continuar las reformas y de implementarlas, probablemente contribuirá a generar confianza”. Enseguida, la titular del FMI mencionó las resistencias encontradas ante la aplicación de tales reformas e indicó: “han habido muchos frentes que han sido confrontados por las autoridades mexicanas con una gran valentía”.