Justicia y alto a la persecución

Por Jerónimo Gurrola Grave

La Crónica de Chihuahua
Septiembre de 2017, 21:30 pm

Con frecuencia cada vez más alarmante y atentatoria de las garantías individuales y de la paz social, hay gobernantes que a las carencias de los mexicanos responden con actitudes prepotentes y muchas veces violentas contra los peticionarios y sus líderes, a los que intentan hacer responsables de la inconformidad de la gente, en vez de reconocer que la culpa es de ellos y de quienes concentran abusivamente la riqueza, provocando que en el país haya millones de seres que padecen pobreza, marginación y desempleo. En esta lista, destaca el alcalde de Ciudad Hidalgo, Michoacán, Rubén Padilla Soto, quien ordenó un violento desalojo de comerciantes que tenían más de medio siglo instalados en el centro de ese municipio, agresión precedida por un atentado al dirigente antorchista, Víctor Gaytán Reyes, cuyo domicilio y vehículo fueron tiroteados con más de 80 balazos.

Al día siguiente del desalojo y agresión a esa gente que lo único que busca es ganarse el pan para sus hijos, el alcalde Padilla, publicó un desplegado en donde agradecía al Gobernador de Michoacán, Ing. Silvano Aureoles Conejo y al Subsecretario de Gobernación Federal (SEGOB), René Juárez Cisneros, el apoyo para “limpiar” las calles, o sea por agredir a sus paisanos y dejarlos sin sustento. Cierto o no ese apoyo publicitado por el presidente municipal golpeador, lo que sí nos consta es que en la SEGOB no se atendió nuestra urgente petición de que interviniera para que se respetara los derechos ciudadanos y se le brindara una opción laboral a esos desplazados por la violencia del alcalde.

El gobernador de estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, en lugar de resolver las carencias de cientos de miles de campesinos, colonos y estudiantes, los hace responsables de exigir “mucho”, acusa a sus dirigentes de “intransigencia” y encarcela y agrede a militantes antorchistas cada vez que protestan para exigir solución a sus necesidades más elementales. En la Secretaría de Educación Pública (SEP) se han expuesto las carencias de infraestructura, plazas para maestros y la creación de nuevos planteles educativos en varios estados del país, la respuesta ha sido evasiva y en no pocas ocasiones cerrada. Igualmente, hace más de dos años que el Subsecretario de la SEGOB se comprometió a intervenir para resolver varios asuntos urgentes: el problema que padecen más de 2 mil familias pobres del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, víctimas de un fraude inmobiliario por el que las familias son objeto de abusos, presiones y quema de casas por parte de grupos políticos del Estado que promueven su desalojo violento.

La construcción de obras de comunicación y mejoramiento de vivienda para los habitantes de Yosoñama, Oaxaca, golpeados por la pobreza y los asesinatos cometidos por una banda que actua impunemente en la zona; la construcción de un hospital general en el municipio de Chimalhuacán, y obras de infraestructura para el Centro de Recuperación Ambiental de la Zona Oriente, ambas, del Estado de México. Finalmente, entre otros asuntos importantes, por enésima vez el antorchismo nacional demanda resultados concretos que lleven a la detención y castigo de los autores intelectuales y materiales del secuestro de don Manuel Serrano Vallejo, hombre inocente, padre de la compañera diputada federal y dirigente del antorchismo en la zona oriente del Estado de México, Maricela Serrano Hernández, secuestrado con el claro próposito de doblegarla y golpear políticamente al antorchismo de ese estado.

A 4 años de ese horrible crimen, los verdaderos autores no han sido detenidos y los restos de la víctima no han sido devueltos a sus familiares, a pesar de que el coordinador del Combate al secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Rodrígo Archundia ha declarado que uno de los detenidos señaló al ex diputado local y ex presidente municipal de Ixtapaluca, Armando Corona, de ser el autor intelectual sin que éste haya sido siquiera interrogado, y sí por el contrario, que recibe encomiendas para operar campañas negras en Ixtapaluca y otros lugares, con protección de alguien con poder en la estructura gubernamental.

Por esta razón, para exigir justicia y alto al bloqueo y la violencia gubernamentales, el Movimiento Antorchista Nacional se prepara ya para realizar una campaña de denucia pública entre los mexicanos y para realizar una serie de movilizaciones a la secretaría de Gobernación. Esperamos soluciónes.