Guerra sucia en el proceso electoral

** ... Así es como se explica que Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador acusen al candidato priista José Antonio Meade Kuribreña de ser el artífice del incremento del precio de los combustibles y de solapar actos de corrupción.


Guerra sucia en el proceso electoral

La Crónica de Chihuahua
12 de marzo, 20:38 pm

Por: Jerónimo Gurrola Grave

Nuestro país es “sui generis” en todo, incluido en política ya que pesar de que legalmente aún no se inicia el período de campañas políticas sino a partir del 30 de marzo para el caso de los candidatos a puestos federales: presidente de la república, senadores y diputados federales, y a partir del 14 de mayo para los candidatos a diputados locales y ayuntamientos, todos los candidatos partidistas e independientes hacen campaña sin respetar la ley electoral en manos del Instituto Nacional Electoral (INE), responsable de organizar los procesos electorales libres, equitativos y confiables.

Igualmente, en aras de alcanzar al puesto deseado, para descalificarse y conociéndose entre sí, todos se quejan y se acusan de haber cometido actos de corrupción en sus anteriores puestos de la administración pública; malos manejos de los recursos de la gente, nepotismo, cobro de diezmos, lavado de dinero y en algunos casos hasta de narcotráfico, pero nunca pasa nada, todos los mexicanos saben que es parte del “show” que se ha convertido en tradición en tiempos electorales. Pasada la elección todo vuelve a la normalidad; con el andar de la carreta se acomodan las calabazas, como dicen en mi pueblo.

Así es como se explica que Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador acusen al candidato priista José Antonio Meade Kuribreña de ser el artífice del incremento del precio de los combustibles y de solapar actos de corrupción de gobernadores y políticos de su partido. Meade Kuribreña y Andrés Manuel acusan al panista Ricardo Anaya de plagio y sin ideas propias en sus discursos, corrupción y lavado de dinero con empresas fantasma con las que hizo triangulaciones en el extranjero y de malos manejos con los recursos del “PAC” durante el gobierno de Francisco Garrido Patrón, del que también fue su secretario particular.

Y que Meade y Ricardo Anaya acusen a López Obrador de ser un vividor de la política, de ser lobo con piel de cordero, con discurso populista, y que igualmente ha protegido y protege a corruptos de los partidos en que ha militado como al “señor de las ligas”, René Bejarano y su esposa Dolores Padierna, a José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, preso por el asesinato de los 43 estudiantes normalistas o al ahora ex priista Napoleón Gómez Urrutia, gran pecador minero “purificado por Su Santidad” al incorporarse a las filas morenistas. Pero la “guerra sucia” o “campañas negras” entre los candidatos a la presidencia de la república se replica en todos los estados y municipios del país donde hay elección, incluido desde luego Querétaro.

En el Estado se ventilan temas que no necesariamente son guerra sucia y que tienen que ver con las malas administraciones de casi todos los alcaldes y diputados; Marcos Aguilar, Mauricio Kuri, Guillermo Vega, León Enrique Bolaño y Alejandro Ochoa, entre otros. Pero, ¿hasta dónde los ciudadanos le dan importancia a los dimes y diretes entre candidatos? ¿Afectan o benefician las campañas negras para que los votantes puedan decidir a quien otorgarle el sufragio?

Evidentemente que un porcentaje importante de la ciudadanía aunque ubica a los partidos no siempre identifica a los políticos, o cuando menos no a todos, razón por la que el “sacarse sus trapitos al sol” junto con sus propuestas de gobierno orienta a la población a elegir si no “al bueno”, sí al que considera menos malo. Las campañas negras, como las encuestas compradas, se han convertido en algo natural, esperado entre el electorado, como parte de la lucha entre candidatos por llegar al poder.

De todo esto, lo que queda claro es la falta de calidad moral de todos los partidos y candidatos que ocuparán los puestos más importantes en el país, en los estados y los municipios que se supone deben ser personas honorables, trabajadoras y sensibles a las necesidades de los mexicanos pobres, que aportan el dinero y los votos y que es cada vez más necesario un cambio de clase y un cambio de políticos en el poder.

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