Grave rezago en Chihuahua en legislación de derechos humanos

**De acuerdo a la CNDH, está entre los cinco estados con el menor avance en materia de armonización de sus leyes con respecto a los derechos humanos.

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2016, 22:52 pm

Chihuahua, Chih.- Un análisis realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que Chihuahua se encuentra dentro de los cinco estados con el menor avance en materia de armonización de su legislatura en torno a los derechos humanos, alcanzando un 36.4 por ciento en relación a dichas adecuaciones.

Este porcentaje lo posiciona en el lugar número cuatro a nivel nacional en materia de rezago en armonización de leyes en cuanto a los derechos humanos se refiere, siendo superado por Veracruz con 18.2 por ciento; Sonora con 27.3%; Chiapas con 32.7%; y en quinto lugar se encuentra Morelos con el 63.6 por ciento.

Estas adecuaciones se deben realizar en torno a la reforma de derechos humanos del 2011 la que aportó veintiún nuevas disposiciones jurídicas en esta materia, de las cuales once son susceptibles de proveer los contenidos de una armonización constitucional en las entidades federativas.

La CNDH realizó la revisión a las constituciones de los estados de la federación con la finalidad de conocer el avance de su armonización conforme a las siguientes disposiciones jurídicas:

El principio pro persona.
El principio de universalidad.
El principio de interdependencia.
El principio de indivisibilidad.
El principio de progresividad.
El principio de interpretación conforme a los tratados internacionales.
La obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
La prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales.
La obligación del Estado de fomentar el respeto a los derechos humanos en la educación que imparta.
La obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos.
La obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos en las constituciones de las entidades federativas.