El empleo anticonstitucional del ejército

REPORTAJE ESPECIAL


El empleo anticonstitucional del ejército

La Crónica de Chihuahua
6 de junio, 12:30 pm

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Martín Morales

La oposición de instituciones académicas y organizaciones civiles a la iniciativa de Ley de Seguridad Interior se debe a que ésta es abiertamente neoliberal y tiene como objetivo menoscabar los derechos humanos y criminalizar la protesta social, asegura un análisis elaborado por especialistas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

En el último año y medio se han presentado cuatro iniciativas de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) enfocadas a legalizar la intervención de las fuerzas armadas en problemas que amenacen la paz pública como bloqueos de instalaciones estratégicas (carreteras, plantas de energéticos, etc.) o que pongan en riesgo la gobernabilidad y las instituciones del Estado.

Los activistas e investigadores sociales dijeron a buzos que la eventual aprobación de este tipo de acciones forma parte de un intento autoritario que puede derivar en la aplicación indiscriminada de cateos, en el espionaje a personas o grupos sociales por medios tecnológicos sofisticados como la geolocalización y en detenciones arbitrarias que violenten “legal” y sistemáticamente los derechos humanos.

Los especialistas advirtieron también que dichos partidos, en particular el PRI y el PAN, han logrado ya la aprobación de tres iniciativas estrechamente asociadas con la Ley de Seguridad Interior: dos que legalizan la intervención militar en el ámbito civil y una que otorga al Presidente de la República la facultad de suspender las garantías individuales cuando lo considere conveniente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso en junio de 2016, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), un recurso de inconstitucionalidad en contra de 44 artículos de las reformas aprobadas en abril del año pasado al Código Militar de Procedimientos Penales y al Código de Justicia Militar, porque legalizan la intervención de comunicaciones y los cateos sin el aval de autoridades civiles, lo que se suma a la nueva facultad presidencial para decretar el Estado de excepción cuando considere perturbada la paz pública.

“Quedarían en riesgo las garantías de poner a disposición de la autoridad civil a los detenidos, la presunción de inocencia, el derecho a la asistencia de un abogado. Esto es preocupante, porque será muy fácil que a alguien lo estén metiendo a un cuartel militar sin que haya evidencias sobre el motivo de su detención.

Estos temas son muy delicados, porque, obviamente, darle tanta fortaleza al ejército va ligado a una desprotección de los derechos humanos, y éste es el tema más grave. En un escenario así, habría una aparente democracia, en la cual estaría enraizado un tema de autoritarismo”, dijo a este semanario Manuel Fuentes Muñiz, de la Asociación de Abogados Democráticos (AAD).

“El marco del Tratado de Libre Comercio nos puede estar llevando a una situación de violaciones a los derechos humanos. Las reformas neoliberales, como la energética, han conducido, por la vía de los hechos, a violaciones de los derechos de comunidades indígenas, que han sido arrasadas por empresas trasnacionales; incluso las legislaciones que ya existen en nuestro país permiten que estos corporativos cuenten con el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo el desalojo de personas que se opongan a la apropiación de terrenos. La reforma energética –aplicada a los artículos 27 y 28 constitucionales– canceló derechos, reforzando garantías para el capital, para la inversión, y no para las personas”.

La agrupación civil Seguridad sin Guerra señaló que la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad ha estado implicada en graves casos de violación a los derechos humanos, como lo confirman las recomendaciones que la CNDH emitió entre diciembre de 2006 y abril de 2017 para denunciar 45 ejecuciones extrajudiciales cometidas en ese lapso.

Seguridad para inversionistas

En el análisis de las investigaciones sociales de Clacso se evidencia el paulatino endurecimiento de los sistemas de seguridad interna en los países de latinoamérica, con el objetivo de facilitar labores militares de contrainsurgencia y contención social, ambas asociadas a las exigencias de seguridad planteadas por las empresas trasnacionales, sobre todo estadounidenses, cuyas consecuencias han sido la depredación de la naturaleza, el despojo de tierras y el empobrecimiento generalizado de las poblaciones.

Clacso denuncia que los acuerdos comerciales promovidos por el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) incluyen componentes de seguridad para las inversiones de sus empresas. En el caso del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), puesto en marcha el 1º de enero de 1994 entre México, EE. UU y Canadá, indica el informe, el módulo no estaba implícito, pero se integró en 2005 con el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Esto mismo ocurrió con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) el cual, pese al fracaso de su parte mercantil, continúa vigente como sistema de seguridad.

“(…) Estos tratados tienen un componente de seguridad regional que implica la parte militarizada de los mismos para asegurar su funcionamiento, mediante el control de fronteras y otros espacios estratégicos, por sus recursos, la criminalización de la protesta social, e inclusive la contrainsurgencia (…)”, dice el grupo Trabajo: Fronteras, regionalización y globalización, en el análisis Ubicación crítica del tema en el contexto y en la política pública latinoamericana y caribeña, y en relación con la dinámica global, elaborado como marco teórico de sus actividades para el periodo 2016-2019.

“(…) Así el TLCAN y el ALCA tienen un componente de seguridad, no explícito el primero, y el segundo lo tiene integrado como uno de sus ejes: a) impulsar el libre comercio; b) promover la democracia; y, c) establecer una nueva seguridad regional en todo el Continente. La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) firmada en 2005 confirma esta estrategia.

Y también lo hace la nueva concepción de Seguridad Multidimensional, acordada en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en octubre de 2003 en México. Y aunque el ALCA fue derrotado en su eje comercial por las movilizaciones sociales llevadas a cabo en todo el Continente, y la oposición de varios países, encabezados principalmente por Brasil, a las políticas estadounidenses de subsidios a su propia producción agrícola, el eje de la seguridad regional ha avanzado constantemente (…)”, señala.

El análisis de Clacso indica que “(…) A finales del siglo XX se inició una nueva y dramática expansión intensiva del capitalismo al nivel global, en la cual las relaciones de intercambio capitalistas invaden y mercantilizan ya todas las esferas públicas y privadas que habían permanecido fuera de su alcance (…) Los megaproyectos de las empresas trasnacionales, que se basan en el saqueo de los bienes comunes y la ruptura metabólica, se han convertido en la fuente principal de conflictos socio-ambientales en el Continente.

Estos despojos están considerados ‘formalmente’ en los tratados mencionados, y la firma de mega-acuerdos comerciales, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP, por sus siglas en inglés), o el Acuerdo de Asociación Trasatlántica para el Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), los expandirá e intensificará aún más.

“Los movimientos de resistencia a otras iniciativas económicas neoliberales y a las políticas militaristas han venido incrementándose, aún dentro del interior de EE. UU., donde el Partido Republicano ha estado tratando de imponer leyes antisindicales y leyes antiinmigrantes. En América Latina y el Caribe los movimientos indígenas y campesinos en contra de la explotación de sus territorios por las empresas mineras, petroleras y otras, están avanzando, lo mismo que los movimientos de migrantes, mujeres y otros sectores populares rurales y urbanos (…)”.

Contra la política de saqueo

El doctor Miguel Sánchez Álvarez, investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) e integrante del Clacso, dijo a buzos: “lo que nosotros argumentamos es que se están aplicando políticas de saqueo de minerales, hidrocarburos, del patrimonio biocultural, y desde luego, que provoca la destrucción del ambiente, contaminación de los suelos, de los bosques, de los ríos, mientras los campesinos son mal retribuidos o hasta despojados de sus tierras.

“Hay una explotación indiscriminada, que lejos de beneficiar, condena a los pueblos a la destrucción y la pobreza; y destrucción no solamente de la naturaleza, sino de la vida humana. Lo que queremos es que la sociedad haga conciencia de que México es una nación rica en cultura y biodiversidad y con tanta pobreza porque los dueños originarios de la tierra son explotados como obreros o como jornaleros. Es una situación lamentable.

“En la Uniach trabajamos con el grupo Clacso en el área de la autogestión de los grupos campesinos y la cuestión de la soberanía; no solamente en términos jurídicos, sino en la cuestión de soberanía territorial.

Los pueblos originarios han estado protegiendo durante siglos sus territorios, con sus formas de organización productiva en todo lo que compete a la vida comunitaria. Y esa soberanía no está garantizada por el Ejército, sino por los mismos campesinos, por los pueblos que defienden su territorio, su cultura, sus formas de producción.

Y nosotros vemos que las reformas (neoliberales) lejos de beneficiarlos, siguen afectando no solo a los campesinos de Chiapas, sino de todo el país. Se anteponen razones económicas que quedan fuera de la participación de la sociedad mexicana, de la sociedad campesina, de los pueblos indígenas”dijo Sánchez Álvarez.

Tratados para la ‘‘seguridad’’

El Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), concertado en 2002 por el presidente panista Vicente Fox Quezada y el estadounidense George W. Bush, a fin de complementar el TLCAN, tuvo como finalidad la renovación de la política de seguridad nacional de EE. UU. a raíz de los atentados terroristas a las torres gemelas del World Trade Center (WTC) de Nueva York, en septiembre de 2001.

En ese contexto, Bush expidió una orden ejecutiva denominada “Acta Patriótica” en la que se define que cuando haya un riesgo para la seguridad nacional las fuerzas militares y/o civiles estadounidenses pueden actuar bajo condiciones de Estado de excepción, es decir, que pueden detener, interrogar, entrar a casas, interceptar comunicaciones y hacer cualquier cosa necesaria para garantizar la seguridad de EEUU.

Un detalle central del “Acta Patriótica” de EE. UU., según los investigadores de la Red Mexicana de Acción Frente al Acuerdo del Libre Comercio (RMALC), es el carácter extraterritorial de su aplicación, ya que el gobierno estadounidense se siente con derechos para extenderla en cualquier otro Estado nacional donde esté en riesgo la “seguridad nacional de EE. UU.”.

El ASPAN se concretó en 2005, al final del sexenio foxista, con la participación de EE. UU., Canadá y México; sus acuerdos permanecen en secreto porque no pasaron por los Congresos de los tres países con el argumento de que se trató de una “orden ejecutiva”, cuya figura legal existe en EE. UU. y en Canadá pero no en México, en donde el Presidente carece de esa facultad. Pese a que su contenido no fue revisado por el Senado mexicano, el ASPAN fue puesto en marcha en 2006 por el también mandatario panista Felipe Calderón, quien ese mismo año le declaró la “guerra” al narcotráfico.

En 2008, Calderón y Bush activaron el Plan Mérida, un programa binacional de cooperación para el combate al narcotráfico y el terrorismo, con base en el que México ha recibido millones de dólares, pero también ha comprado equipo y recibido capacitación para elementos militares.

En función de este mecanismo se instalaron en la Ciudad de México oficinas de las agencias de seguridad estadounidenses –Antinarcóticos (DEA), de Inteligencia (CIA), Seguridad Nacional (NSA), Inmigración y Aduanas (ICE)– de las que se desconoce el número de agentes y las operaciones específicas que realizan en el país con el argumento de que se trata de actividades de la “seguridad nacional” de EE. UU.
En febrero de 2015, el Congreso aprobó una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que reformó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para autorizar la portación de armas en territorio nacional a servidores públicos adscritos a servicios de migración y aduanas, así como a los agentes de seguridad de visitantes extranjeros, jefes de Estado, Gobierno y ministros. Para los agentes de seguridad de otros países, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puede autorizar el ingreso y portación de armas superiores a las semiautomáticas y de calibre 0.40, estándares permitidos inicialmente, cuando lo considere justificado.

El citado plan Mérida es equivalente al plan Colombia aplicado en 2009, implementado por los presidentes Álvaro Uribe y George W. Bush, con la misma finalidad de brindar seguridad a la región y de combatir al narcotráfico y al terrorismo, marco en que se han establecido siete bases militares estadounidenses, entre ellas una considerada estratégica, en la región de Palanquero.

El gobierno de Uribe autorizó la operación de esas bases durante diez años y la presencia permanente de 800 militares estadounidenses. Del año 2000 a la fecha el gobierno colombiano ha recibido de EE. UU. más de cinco mil 500 millones de dólares por concepto de apoyo a la lucha contra el narcotráfico.

Cooperación regional bajo presión

En México todavía no existen bases militares de EE. UU., pero el gobierno mexicano ha ido cediendo poco a poco en materia de cooperación para la seguridad regional. Debido a las presiones ejercidas por el actual presidente de esa nación, Donald Trump, a principios de este año el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto aceptó lo que antes se había rechazado: profundizar la cooperación militar por medio del Comando Norte (NorthCom), creado con el ASPAN, para garantizar la seguridad regional de EE. UU.

El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, declaró el 14 de febrero pasado que la Ley de Seguridad Interior abre la puerta para que fuerzas militares extranjeras (sin mencionar específicamente a las estadounidenses) efectúen operaciones coordinadas con fuerzas militares mexicanas en territorio nacional.

El aspecto medular –dijo– está en el artículo 20 de la iniciativa presentada el cuatro de noviembre de 2016 por el diputado del PRI César Camacho Quiroz, en donde se establece la figura de “acuerdos interinstitucionales” para realizar tareas de seguridad interior.

En noviembre de 2015, el diputado panista Jorge Ramos Hernández presentó una iniciativa; en octubre de 2016, el senador panista Roberto Gil Zuarth y en noviembre del mismo año, la del PRI, por conducto de César Camacho Quiroz. En enero pasado hubo otra más del senador del PRD, Miguel Barbosa.

Sin embargo, las del PAN y el PRI de 2016, partidos mayoritarios en el Congreso, son las que destacan los aspectos de control de riesgos políticos por medio de las fuerzas armadas.

Las presiones ejercidas por Donald Trump empezaron a surtir efecto en abril de este año cuando altos militares de EE. UU., mexicanos y centroamericanos se reunieron a puertas cerradas en la isla de Cozumel durante una reunión del NorthCom para definir —hasta donde se pudo saber— un programa de control integral de la inmigración de Centroamérica a la frontera México-EE. UU.

La Quinta Conferencia de Seguridad en Centroamérica (Centsec) se llevó a cabo del 23 al 25 de abril en esa isla mexicana; estuvieron presentes la general Lori Robinson, jefa del NorthCom; el jefe del Comando Sur, almirante Kurt W. Tidd; por México, los secretarios de la Sedena, Salvador Cienfuegos y de Marina, almirante Francisco Soberón, así como los de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Hubo observadores militares del Reino Unido, Canadá, Colombia, Chile y República Dominicana.

Previamente, en febrero de 2017, funcionarios del Departamento de Defensa de EE. UU, se reunieron con sus pares mexicanos en Tapachula, Chiapas para analizar temas de seguridad de la frontera, migración y combate al narcotráfico. El seis de abril, la general Lori Robinson compareció ante el Comité de Servicios Armados del Senado de su país, presidido por el republicano John McCaine, donde reveló que en el marco de cooperación con las fuerzas armadas mexicanas su oficina ha capacitado a más de ocho mil marinos desde 2012; que su país vendió a México equipo, helicópteros y unidades de tierra por mil millones de dólares y que se preparan nuevas acciones regionales con el Ejército y la Marina.

El siete de febrero pasado, el nuevo secretario de la Defensa de EE. UU, James N. Mattis, reconoció a México por asumir la Presidencia de la Junta Interamericana de Defensa 2017 y por aceptar ser la sede de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en 2018, así como ser la sede de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica en 2017.

También acordaron llevar a cabo la tercera Reunión Trilateral de Ministros de Defensa de América del Norte en Washington. Dijo que la cooperación en materia de seguridad regional se enfoca a responder a los desafíos de la defensa de América del Norte por medio de la Cooperación Continental.

Iniciativa de ley

La iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por César Camacho Quiroz, coordinador de los diputados del PRI, busca la preservación de los bienes tutelados por el Estado (en suma, la propiedad privada de nacionales y extranjeros), la gobernabilidad y la integridad de las instituciones ante condiciones extraordinarias que requieran del “uso legítimo” de la fuerza, de la cual puede disponer el presidente de la República.

“(…) la Seguridad Interior, como vertiente de la Seguridad Nacional, implica la posibilidad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), en términos de lo dispuesto por el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, puede utilizarlas para hacer frente a fenómenos que impacten a la Seguridad Interior.

Para ello, en primer término, debe hacer uso de todos los medios y recursos legítimos que se encuentren a su disposición y, en caso de que la situación concreta así lo amerite, bajo el principio de gradualidad en el uso de la fuerza, disponer de las Fuerzas Armadas como la última ratio del Poder Nacional (...)”.

En el artículo 28 se establece que las fuerzas armadas federales podrán hacer uso de “cualquier método” para recolectar información de inteligencia.

“(...) Artículo 28.- Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de Seguridad Interior (…) Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información (…)”.

Sobre el uso de la fuerza en contra de la resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave, se indica en el artículo 3 fracción VIII: “(...)Uso legítimo de la fuerza: utilización de técnicas, tácticas, métodos, armamentos y protocolos que realiza el personal de las fuerzas armadas y federales, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave (…)”.

En el artículo 7 se plantean cuáles son las amenzas a la seguridad interior, en las cuales se señalan, de manera abierta, las que pongan en riesgo la seguridad y paz públicas. “(…)

Artículo 7.- Son amenazas a la Seguridad Interior, siempre que superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, las siguientes: I. Actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la Federación, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional o en alguna de sus partes integrantes; II. Presencia de fenómenos de origen natural o antropogénico, tales como una emergencia ambiental, biológica, nuclear, química, sanitaria o cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad, sus bienes y a la infraestructura de carácter estratégico en áreas geográficas del país, y III. Cualquier otro acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio nacional o en áreas geográficas específicas del país (…)”.

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