El caso de Nestora Salgado: una historia de impunidad en México

**En julio de 2013 llegó la primera acusación en su contra. Seis personas recurrieron a la justicia para acusar a Salgado de secuestro de sus familiares. Entre los presuntos secuestrados estaban un joven detenido tres meses antes por la Policía Comunitaria.


El caso de Nestora Salgado: una historia de impunidad en México

La Crónica de Chihuahua
Mayo de 2018, 07:45 am

Magda Coss Nogueda/
actualidad.rt.com

Luchadora social o violadora de derechos humanos. Esas son las dos radicales posturas que los candidatos a la presidencia de México han asumido respecto a Nestora Salgado. Es una historia controvertida, que comenzó en 2012 en el municipio de Olinalá, en el estado de Guerrero.

La inseguridad era rampante; la policía, corrupta. Según cuentan Nestora y sus defensores, la comunidad tenía que hacer algo. Recurriendo a la figura de policía comunitaria, que en general está reservada para los municipios regidos por la ’Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero’ –a pesar de que Olinalá es un municipio "mixto"– la hoy candidata construyó una fuerza armada y se estableció como ’La comandanta’.

En julio de 2013 llegó la primera acusación en su contra. Seis personas recurrieron a la justicia para acusar a Salgado de secuestro de sus familiares. Entre los presuntos secuestrados estaban un joven detenido tres meses antes por la Policía Comunitaria de Olinalá, luego de lesionar a uno de sus integrantes, así como cinco jóvenes (cuatro de ellas mujeres, dos menores de edad) arrestadas por el mismo cuerpo de policía "por irse de parranda sin permiso de sus padres".

Un mes después se extendió una orden de captura contra la líder local, que llevó a su arresto. En ese momento se catearon cuatro de sus "Casas de Justicia" –como denominaba a los centros de detención– y se liberó a 49 personas que, según los testimonios, se encontraban en condiciones infrahumanas.

Nestora Salgado, exlíder de la Policía Comunitaria de Olinala y candidata al Senado por Morena, tras su liberación. 18 de marzo de 2016. / Henry Romero / Reuters
Nestora fue recluida, acusada por las autoridades ministeriales de Guerrero de 50 cargos de secuestro, nueve de privación de la libertad, dos de homicidio consumado, uno de homicidio en grado de tentativa y uno más por robo.

Dos años y ocho meses duró el proceso. Fue finalmente liberada, ya que los jueces encontraron que había "falta de elementos" y que las presuntas víctimas cayeron en contradicciones o no se presentaron a declarar. La defensa de Salgado, además, planteó fallas en el debido proceso.

Nestora fue defendida por parte de algunas organizaciones de derechos humanos, así como del prestigioso despacho de abogados Gómez Mont. El abogado Emiliano Robles Gómez Mont declaró que su defendida solo era culpable de "ignorancia", al aplicar castigos según lo que ella entendía como "usos y costumbres".

Es cierto que se documentaron múltiples errores e incluso abusos de autoridad en el proceso contra Salgado y su policía comunitaria. Las arbitrariedades fueron confirmadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que documentó irregularidades en el proceso.

Candidata al Senado

Así, la coalición de Andrés Manuel López Obrador, hoy puntero en las encuestas, le ofreció una candidatura al Senado, tanto por la vía plurinominal como uninominal, por lo que tiene asegurado un lugar en el Congreso.

No se había reparado en el tema hasta que, en el segundo debate presidencial, el candidato de la alianza PRI-PVEM-NA, José Antonio Meade, leyó uno de los testimonios de las víctimas, acusó a Nestora de ser una secuestradora y le espetó a su competencia: "Queda en tu conciencia, Andrés Manuel". El aludido no respondió nada durante el debate, pero saliendo sí se aseguró de defender a su candidata y aseguró que las acusaciones son falsas.

La controversia se disparó de inmediato y ha dominado el post-debate desde entonces. Víctimas de abusos cometidos por la Policía Comunitaria de Olinalá han demandado que su candidatura sea eliminada; sus aliados aseguran que es difamación, que es una luchadora social. Ella misma presentó una demanda de difamación contra Meade.

A partir de la noticia se supo también que el Poder Judicial de Guerrero tiene aún seis procedimientos en la etapa de apelación contra los autos de libertad que permitieron la excarcelación de Salgado García: cuatro por secuestro, uno por homicidio calificado y uno más por robo y privación ilegal de la libertad. El presidente del Tribunal, Alberto Neri Celis, precisó que los procedimientos "nunca se cerraron".

Si bien la CNDH documentó los abusos que sufrió Nestora y sus policías en manos de la justicia, también documentó aquellas violaciones que padecieron las personas que fueron detenidas por la policía comunitaria.

Destaca el caso de cuatro jovencitas, entre ellas una niña de 11 años y otra de 13, que fueron detenidas en junio de 2013. Aseguraron que Salgado las detuvo "debido a que se habían ido de parranda sin dar aviso a sus padres" y porque estaban "en malos pasos". Fueron llevadas a "las Casas de Justicia para ser reeducadas". A los familiares de una de ellas Salgado les pidió 5.000 pesos para liberarlas.

El documento de la CNDH reúne muchas otras denuncias. El informe incluye el testimonio de otra detenida: "PSPR 2 declaró ministerialmente que el comandante PC3 le realizó tocamientos, y cuando ocurrió, lo informó a otros Coordinadores, quienes sólo se rieron". También, se documentó las condiciones de trabajos forzados de los detenidos y procesos de "reeducación", al mejor estilo Pol-Pot.

Nestora Salgado, en todo caso, sí cumple con los requisitos de ley para ser candidata, y al ganar, contará con fuero para enfrentar el proceso que se sigue aún en su contra.

Sin embargo, el caso narra dramáticamente la crisis de seguridad y política de México. Instituciones disfuncionales, inseguridad; ciudadanos tomando la ley en sus propias manos; violaciones a derechos humanos documentadas que quedan impunes y procesos legales fallidos.

Salgado pudo contar con la defensa de uno de los despachos de abogados más caros del país; sus presuntas víctimas, con una fiscalía incompetente. Al final, el sistema de justicia mexicano es el verdadero culpable.

Y persiste un tema: las víctimas siguen sin voz y los ciudadanos sin certezas sobre la ética de sus candidatos. Si bien los medios han recuperado los testimonios de las víctimas que señalan a Salgado, hoy ella se defiende y los candidatos de oposición la atacan. Todo termina siendo política, sin justicia ni legalidad. Los testimonios de quienes padecieron la justicia a modo de esta policía comunitaria, confirman cómo los políticos toman decisiones y dan posiciones más allá del sentir de los ciudadanos.