Está el campo mexicano en las garras del capital internacional

REPORTAJE ESPECIAL/ LA CRÓNICA DE CHIHUAHUA

La Crónica de Chihuahua
Septiembre de 2014, 18:55 pm

facebook @twitterMartín Morales Silva

Si se contempla hacer en México una reforma agraria con el punto de vista estrictamente capitalista, la modernización consistirá en la apertura del campo a los mercados que dominan las trasnacionales agroalimentarias de exportación y hacerlo productivo y competitivo con base en someter a los productores al pago de biotecnología moderna que afectará el medio ambiente y será peligrosa para la salud de los mexicanos.

También implicará obligar a los campesinos de ejidos y comunidades rurales –la mayoría indígenas– a vender sus tierras a empresas agropecuarias privadas que después los contratarán como jornaleros, que los condenarán a emigrar a Estados Unidos o a convertirse en trabajadores de mano de obra barata en actividades petroleras, gaseras, hidrológicas, mineras, de construcción y empresas de servicios.

Así se perfila la próxima reforma estructural del campo mexicano, cuya parte medular consistirá en una nueva reforma al Artículo 27 constitucional en materia de propiedad social de la tierra, será complementaria de la reforma energética recién aprobada por el Congreso de la Unión y profundizará la orientación capitalista y monopólica de las demás reformas estructurales.

Es decir, la reforma agraria del Presidente de la República Enrique Peña Nieto no tendrá el sentido esperado por los empobrecidos ejidatarios y comuneros del centro y sur del territorio, que esperaban una reforma encaminada a devolver al campo mexicano las características propias del campesinado dedicado a la producción para el autoconsumo y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria nacional.

En el marco del 99 aniversario de la Ley del 6 de enero –la reforma agraria impulsada en 1915 por Venustiano Carranza, hacendado coahuilense y entonces Presidente de la República– el 6 de enero de 2014, el actual primer mandatario mexicano anunció una reforma estructural para “modernizar al campo”, cuyo objetivo sería transformar el marco jurídico del sector agropecuario para hacerlo más justo, productivo, rentable, sustentable y competitivo a escala internacional.

Tan amenazante resultó el anticipo de la próxima reforma –la doceava en lo que va del sexenio– que diversas organizaciones campesinas, ambientales y civiles se agruparon en el Frente Nacional el Campo es de Todos (FNCT), a fin de evitar la modificación del Artículo 27 de la Constitución, que terminará por desbaratar la propiedad social de la tierra y despojar a sus empobrecidos poseedores.

Los integrantes del FNCT temen que la reforma de Peña Nieto sea una profundización de la reforma agraria de 1992, promovida por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien declaró terminado el reparto agrario y modificó el Artículo 27 constitucional para que ejidatarios y comuneros pudieran vender legalmente sus parcelas y tierras comunales, objetivo que a la fecha (22 años después) sólo se ha logrado en el 2.5 por ciento de esas propiedades comunitarias.

La intención de fondo de la reforma salinista fue, desde entonces, fomentar la explotación capitalista en el campo, no obstante, los campesinos mexicanos han resistido calladamente a esa reforma con obediencia a los valores tradicionales de su propia cultura ancestral y ecológica, coincidieron Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); Alejandro Cruz de la organización Maíz y Adelita San Vicente, vocera de la organización Sin Maíz no hay País.

La codicia de las trasnacionales

El interés económico por las 103.88 millones de hectáreas de tierras de propiedad social está centrado en su enorme riqueza, pues contienen el 80 por ciento de los bosques y selvas del país; el 74 por ciento de la biodiversidad; las dos terceras partes de los litorales del país y 22.5 millones de hectáreas cultivables, que no producen a todo su potencial por falta de apoyo del Gobierno, cuyo desinterés se debe indudablemente al propósito de modificarles el régimen de propiedad.

A las riquezas ya enumeradas deben sumarse los yacimientos de agua, petróleo, gas y minerales que hay en el subsuelo de estas tierras de propiedad social, así como su posición estratégica para el paso de poliductos, instalaciones de geotermia, minas o tendidos de transmisión de electricidad, entre otros.

De acuerdo con datos oficiales consultados por este semanario, en México existen actualmente cinco millones 222 mil ejidatarios y comuneros –titulares y herederos–, quienes poseen 31 mil 785 núcleos agrarios, distribuidos en 103.88 millones de hectáreas, que representan el 53 por ciento del territorio nacional, cuya extensión total es de 196 millones de hectáreas. Se trata de 29 mil 442 ejidos y dos mil 343 comunidades agrarias. La suma de éstos es equivalente al territorio de Venezuela; dos veces el de España y 1.5 veces el de Francia.

Las entidades con más núcleos agrarios son Veracruz, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, coincidentemente las entidades con población más pobre de México y donde los titulares actuales, alrededor de cuatro millones de ejidatarios y comuneros, poseen extensiones de cinco hectáreas en promedio, mismas que están abandonadas o subutilizadas “gracias” a las políticas agrarias del Gobierno federal, que ha concentrado sus financiamientos y programas productivos, entre ellos Procampo, en los 500 mil productores privados del país, especialmente los del Norte de México.

“En el Sur, donde tenemos la mayor cantidad de recursos, agua y tierra, la mayoría de los campesinos siembran para el autoconsumo, no son beneficiarios de apoyos para sembrar y llevar sus productos al mercado; siembran para comer, caso diferente de los productores del norte, que producen para el mercado. El Gobierno ya no quiere que se produzcan alimentos, porque considera que es más barato traerlos del extranjero; ¿entonces, qué pasa? Que la tierra tendrá otro fin”, comentó Alejandro Cruz, dirigente de la organización Maíz.

Leyes para beneficiar al gran capital

Para los dirigentes campesinos, la propuesta contemplada en la reforma energética para que los corporativos privados “negocien” con los ejidatarios el uso de sus tierras es una pantalla. Alejandro Cruz resaltó que para garantizar la explotación de las zonas rurales ejidales y comunitarias se requiere una reforma al 27 constitucional, misma que suponen vendrá dentro de la anunciada reforma estructural del campo. “En la reforma energética ya dejaron planteado que las actividades energética, minera, geotérmica y eléctrica, tendrán prioridad sobre cualquier otra actividad; es decir, que son más importantes que producir alimentos”.

“Cuando una trasnacional se acerque a pedirle su tierra a los ejidatarios o comuneros para explotar, por ejemplo, energéticos, el ejidatario no podrá decir que no, porque si lo hace el corporativo puede acudir ante un juez para exigir el cumplimiento de la supremacía de la actividad energética. Pero esto va en contra de la misma Constitución, en la que se dice que debe garantizarse la seguridad de la propiedad social; por eso necesitan modificar el régimen de tenencia social de la tierra”.

“Con la reforma al 27 constitucional van a tratar de hacer legales las leyes secundarias de la reforma energética; por eso las organizaciones del FNCT hicimos una marcha el 23 de julio y estamos creando un movimiento que detenga esa reforma al 27, para evitar el despojo de tierras”.

Víctor Suárez, dirigente de la ANEC, señaló: “La reforma energética colocó al campo en una condición secundaria respecto a las prioridades del desarrollo nacional, para favorecer el despojo de los recursos naturales; eso está previsto en la contrarreforma energética, ahora quieren complementar la reforma al 27 constitucional de 1992, con la destrucción, la privatización, de la propiedad social de la tierra, del ejido y la comunidad agraria.

“Esto favorecerá la perdida de la soberanía alimentaria, cuyo objetivo es satisfacer al 100 por ciento la demanda interna de alimentos, para no depender del extranjero, ya que el control del sistema alimentario quedará en manos de las trasnacionales agroalimentarias”, añadió Suárez.

Los beneficiarios

Las empresas trasnacionales buscan el lucro sin medida y entre ellas destacan Monsanto, Syngenta, Cargil, Dupont, ADM, Dow Agrosciense, BASF, Dreyfus y Bunge, que dominan el mercado de las semillas, pesticidas, agroquímicos y fertilizantes.
Monsanto domina el mercado internacional de semillas transgénicas, entre ellas las de maíz, modificadas genéticamente por medio de biotecnología para obtener mayor rendimiento productivo y de capital, pese al peligro sanitario y ambiental que implican.

Estos corporativos tienen presencia en México y esperan ampliar sus actividades. Las oficinas de Monsanto y Cargill están en Santa Fe, Distrito Federal; Pionner Hi-Bred International, subsidiaria de DuPont, cuyos lemas son “juntos podemos alimentar al mundo” y “los milagros de la ciencia”, está en la colonia Chapultepec Morales del DF.

Las de Syngenta, en la colonia del Valle; Dow Agroscienses, subsidiaria de Dow Chemical, tiene su central en Zapopan, Jalisco; BASF (Bayer Cropscience), cuyo lema es “ayudando a alimentar un planeta con hambre”, en la colonia Granada, cerca de Polanco. ADM tiene su planta en Gómez Palacio, Durango; Bunge Limited o Bunge Foods de México está domiciliada en la colonia San Miguel del DF y en 2013 compró los molinos de Grupo Altex, S. A. de C. V.

Otras empresas trasnacionales son Nestlé, la compañía agroalimentaria más grande del mundo –elabora la marca Nescafé– y los corporativos mexicanos con presencia en Latinoamérica como Bimbo, que produce panes y pasteles industrializados; Maseca (harina de maíz), Bachoco (avícola), Gamesa (galletas), Grupo Modelo (cerveza) y Sabritas (botanas y frituras de maíz).

Entre las trasnacionales dedicadas a explotar petróleo y gas resaltan Shlumberger, Halliburton –que también se dedica a reconstruir ciudades devastadas por el ejército estadounidense y recuperar zonas petroleras–; Exxon, Shell y Chevron. Una de las principales generadoras y conductoras de electricidad es la española Iberdrola y entre las comercializadoras de agua potable figuran FFC y Veolia.

Las empresas mineras más relevantes son la First Majestic Silver Corporation, que extrae plata y que el pasado 26 de agosto empezó a cotizar en el mercado local de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); Goldcorp, que explota oro y es de la misma nacionalidad; el corporativo minero local Grupo México –responsable de la contaminación del río Sonora– y Arcelor Mittal, que produce hierro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y es el principal proveedor de acero de Estados Unidos.

Empresas sin escrúpulos

Monsanto es una trasnacional que se ha ganado el aborrecimiento popular y oficial por sus abusos en países latinoamericanos como Venezuela, donde ha usado su ejército privado (el corporativo de seguridad Blackwater (a veces adopta otros nombres como Xe-Services), que protege bienes empresariales. Los principales accionistas de Monsanto son las familias de banqueros Rothchild y Rockefeller, la primera de Inglaterra, con ascendencia judía y la segunda estadounidense; el magnate George Soros y, más recientemente, el dueño de Microsoft, William Gates.

Monsanto tiene un largo y negro historial criminal; fue propietaria de los laboratorios del Distrito de Ingeniería Manhattan, integrados al Proyecto Manhattan, que desarrolló las bombas atómicas que Estados Unidos lanzara el 6 y el 9 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón, poniendo fin, con este genocidio, a la Segunda Guerra Mundial. Los Rothchild y Rockefeller formaron parte del grupo de familias que financiaron ese proyecto criminal.

Monsanto creó y comercializó durante décadas el famoso insecticida DDT, declarado tóxico desde 1972 y que en mayo de 2005 fue incluido en la lista de los 12 compuestos más peligrosos para la humanidad por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con base en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Otro producto tóxico, también de Monsanto, es el PCB, usado en aceites industriales.

Hay evidencias de la peligrosidad sanitaria de sus semillas transgénicas, entre ellas las de maíz, arroz y algodón, así como sus correspondientes plaguicidas y herbicidas, hechos también sobre diseño genético. Especialistas de la Unión Europea (UE) denunciaron sus efectos dañinos para la ecología y la salud humana –son cancerígenos– y en 2013 la UE prohibió sus productos y expulsó de su territorio a Monsanto, aunque ahora hace operaciones con Pionner de DuPont para que la UE le reabra el mercado europeo a sus mercancías.

El estudio del PNUMA sobre los insecticidas advierte que “los plaguicidas y productos químicos industriales peligrosos pueden matar a la gente, producir daños en el sistema nervioso e inmunitario, provocar cáncer y desórdenes reproductivos, así como perturbar el desarrollo normal de lactantes y niños”.

El grupo de especialistas que elaboró este diagnóstico señaló que los 12 compuestos contraindicados “son altamente tóxicos, estables y persistentes, y tienen una duración de décadas antes de degradarse; se evaporan y se desplazan a largas distancias a través del aire y el agua, y se acumulan en el tejido adiposo (graso) de los seres humanos y las especies silvestres”, provocando enfermedades. Sin embargo, las trasnacionales usan singulares lemas para sus negocios agroalimentarios como el de Monsanto: “sacar más alimentos de una gota de lluvia”.

Devastación del medio ambiente

Las empresas trasnacionales encubren publicitariamente sus actividades mientras diversifican sus formas de acumulación de capital. Participan en las bolsas de valores de todas las naciones del mundo, entre otras, en los mercados de commoditys, de materias primas como petróleo, gas, oro plata y, desde luego, granos básicos como maíz, soya y trigo, que para aquéllos son como petróleo crudo para fabricar gasolina. Vistas así, las necesidades alimentarias de la humanidad son secundarias, aunque la publicidad de los corporativos señale lo contrario.

Como parte del agronegocio (agribussines) buscan la eficiencia económica a cualquier costo, por encima de daños sanitarios y ecológicos; acaparan toneladas de “materias primas” alimentarias de acuerdo con sus necesidades financieras, dado que cotizan en las principales bolsas de valores del mundo, entre ellas la de Nueva york. Los capitalistas más especulativos incluso venden producciones agrícolas futuras, esto es, toneladas de granos que todavía no se cultivan ni cosechan, pero cuya existencia y conservación prevén por medio del uso de tecnología, es decir, con manipulación genética.

Consiguen la subordinación de productores al generar una dependencia a sus insumos agrícolas como fertilizantes, semillas híbridas y transgénicas, con sus respectivos fertilizantes y pesticidas, que son diseñados para formar “paquetes tecnológicos” que deben adquirirse bajo contrato. Las tierras se intoxican, sólo responden a las semillas genéticamente modificadas y de esta manera los corporativos se apoderan de la comida mundial y van transformando a los productores en peones.

Las semillas naturales, autóctonas o ecológicas, como las del maíz, permiten su cultivo de manera infinita; las diseñadas tecnológicamente, no. Si se planta la semilla de segunda generación no produce nada. Así obligan al agricultor a comprar a la trasnacional la semilla y sus paquetes tecnológicos todos los años. Esas semillas pueden ser híbridas, es decir, combinaciones de dos o más especies, o bien transgénicas, modificadas genéticamente, y no sólo con genes de otras especies de semillas sino incluso con genes animales.

Los antecedentes están en la “revolución verde” de los años 50, pero fue en 1999 cuando empezaron a patentar sus productos genéticamente modificados, amparados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual establecido por la Organización Mundial del Comercio.

En México, la autorización para sembrar transgénicos se encuentra en litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde organizaciones civiles, ambientalistas y campesinas han conseguido detener –hasta ahora– su utilización plena, aunque la reforma al campo agilizaría la entrada de ese tipo de cultivos.

El mecanismo sería una profundización de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, aprobada en 2005, cuyo reglamento se publicó en 2008, mientras que el 6 de marzo de 2009 tocó el turno al Decreto que modifica el Reglamento de la Ley de Bioseguridad, con el que se estableció el Régimen de Protección Especial al Maíz y se autorizó al inicio de plantaciones a partir de septiembre de ese año, mismo que está suspendido y corporativos como Monsanto pelean por destrabarlo.

Detrás de la nueva “reforma agraria” está la visión del capitalismo trasnacional, representado por un puñado de corporaciones trasnacionales de la industria agrícola, alimentaria, energética y de recursos naturales como la biodiversidad y el agua, para quienes todos los productos –incluidos los alimentos– deben generar rendimientos al capital sin reparar en la destrucción del medio ambiente y el empobrecimiento de la población.