El año más violento en México, visto desde uno de los municipios más peligrosos

**Un cuerpo en una casa de Tecomán, Colima, uno de los lugares en México en donde ha aumentado la violencia/ Foto crédito: Rodrigo Cruz, para The New York Times.


El año más violento en México, visto desde uno de los municipios más peligrosos

La Crónica de Chihuahua
8 de agosto, 10:00 am

Tecomán, Colima.- Estaba desparramado en una silla blanca, con el cuello torcido a la derecha. A pocos centímetros había un teléfono celular, como si justo hubiera terminado una llamada. Tenía puesto unos zapatos con las agujetas desamarradas; era una imagen mórbida de lo que se ha convertido la “vida” en este poblado colimeño.

Israel Cisneros tenía 20 años. Murió de manera instantánea en la casa de su padre. Cuando llegó la policía a la escena del crimen, el segundo homicidio reportado esa noche, la sangre que salía del ojo izquierdo de Cisneros –donde recibió el balazo– ya estaba algo endurecida y comenzaba a agrietarse; la cara y el cuello de Cisneros parecían tener escamas de color rojo.

Alguna vez, Colima fue uno de los estados más seguros de México y un lugar al que iban en busca de santuario los mexicanos que querían huir de los enfrentamientos con narcotraficantes. Ahora los funcionarios de Tecomán, un pueblo agricultor en la costa del Pacífico, apenas y se encogen de hombros cuando ocurren dos homicidios en unas pocas horas. Ya no es algo fuera de lo común.

El año pasado, Tecomán fue de los municipios más mortíferos de México, con una tasa de homicidio de 151,8 por cada 100 mil habitantes, según un análisis independiente de datos oficiales. (El promedio para todo Colima fue de 42,12 homicidios dolosos por 100.000 habitantes y el promedio nacional, de 16,81, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). La cifra de Tecomán bien podría aumentar al doble este año, lo que lo vuelve uno de los ejemplos más claros de una crisis nacional.

México se acerca a su momento más mortífero en décadas: más de 100.000 muertes, 30.000 desaparecidos y miles de millones de dólares en la hoguera de la lucha contra el crimen organizado, y las flamas siguen vivas.

En los primeros seis meses de este año ya se han dado más homicidios a nivel nacional que en el mismo periodo de los últimos veinte años, cuando empezaron los registros.

En algunas de esas escenas del crimen, como la habitación en la que Cisneros terminó tirado en una silla, solo hubo una víctima. En otras hubo varias. Pero la mayor frecuencia de estos es indicativa de la creciente violencia del narcotráfico. Los grupos criminales llegan cada vez más a zonas antes seguras y han dejado un rastro de homicidios que, según algunos conteos, es mayor al vivido en el punto más crítico de la guerra contra el narco, en 2011.

“Lo que está pasando aquí está pasando en todo el estado, todo el país”, dijo José Guadalupe García Negrete, el presidente municipal de Tecomán. “Es como un cáncer”.

Es una tendencia que, para el presidente Enrique Peña Nieto, representa mucho más que un vapuleo de la estrategia para combatir al crimen organizado. También es un reto fundamental a la narrativa principal de su gobierno: que México se mueve en el sentido opuesto a la violencia y la inseguridad.

Antes de llegar al cargo, Peña Nieto aseguró que cambiaría la imagen del país en el mundo al transformarla de una nación agobiada a una reconocida a nivel global como líder en materia energética, educativa, comercial y en telecomunicaciones.

Funcionó, por un tiempo. Sus reformas económicas avanzaron en el congreso y, aún cuando la violencia se hizo evidente con la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014, aumentó el turismo y cayeron las tasas de homicidio; era algo a lo que el presidente mencionaba en sus discursos.

Pero las cifras ya no encajan con esa narrativa. Los números totales de homicidios van en aumento. La violencia se ha hecho sentir hasta en zonas turísticas como Los Cabos, en Baja California Sur.

“El gobierno de Peña Nieto subestimó muy seriamente, o malentendió, la naturaleza del problema que vivía México”, dijo David Shirk, profesor de la Universidad de San Diego que ha estudiado la guerra contra el narco. “Pensaron que con usar mercadotecnia cambiarían la conversación y enfocarían la atención de la gente en todas las cosas buenas que estaban pasando para alejarla del problema de violencia que pensaron era exagerado”.

El gobierno afirma que ha encarado a la violencia con toda la seriedad. Pero el aumento en los homicidios lo causan diversos factores: la debilidad de la policía local y estatal, la fractura de los grupos criminales después de que sus líderes han sido arrestados, el incremento en la demanda de drogas en Estados Unidos y el flujo de dinero y armas que manda a México.

“El gobierno de la República se ha pronunciado públicamente sobre el repunte de violencia como un asunto de atención prioritaria”, mencionó el secretario de Gobernación en un comunicado. Agregó que las fuerzas armadas han sido desplegadas a ciudades peligrosas como Tecomán.

Ahora, ante las cifras, los funcionarios han presentado a un nuevo presunto culpable: dicen que las reformas al sistema jurídico promovidas por el gobierno anterior fracasaron y eso es lo que ha vuelto a México más peligroso que nunca.

La reforma judicial que empezó en 2008 y culminó el año pasado –con ayuda de más de 300 millones de dólares otorgados por Estados Unidos– es considerada el cambio más importante a la jurisprudencia en México en más de un siglo. Pretende enmendar el Estado de derecho y ha adoptado un modelo muy similar al estadounidense, en el que hay presunción de inocencia, la evidencia se presenta en una corte abierta al público y se busca que sea más difícil esconder la corrupción.

Eso conlleva, también, que no haya detenciones arbitrarias y que los sospechosos que son detenidos sin prueba deben ser liberados. Por eso varios funcionarios argumentan que el sistema acusatorio es responsable de que haya más crimen y una mayor impunidad.

Durante meses, políticos del gobernante Partido de la Revolución Institucional (PRI) han sentado las bases para coartar el sistema acusatorio; han buscado revertir, por ejemplo, protecciones como la inadmisibilidad de evidencia obtenida por medio de la tortura.

Con el aumento de la violencia, el gobierno puede argumentar a favor de revisiones y poderes como poder detener a sospechosos durante años en lo que hay un juicio.

García Negrete, el presidente municipal de Tecomán, entiende muy bien el dilema que enfrenta el presidente. Es uno de siete hijos de una familia de agricultores de limón, un defensor de su municipio que no quiere que se convierta en sinónimo de homicidios.

Si se pronuncia mucho sobre la violencia, podría reducir a su comunidad a una estadística. Si se queda callado, Tecomán podría terminar siendo controlada por criminales sin que él pueda enfrentárseles solo.

Pero García Negrete ha decidido no guardar silencio. Sombrero de vaquero en mano, ha acudido ante el congreso y se ha reunido con políticos en la capital, lo que le valió algo de ayuda para Tecomán. Aunque no ha hecho tanta diferencia.

El gobierno mexicano envió a fuerzas de la Marina, el Ejército y la Policía Federal. A principios de 2017 hubo más operativos pero el resultado no cambió: los homicidios aumentaron.

“No puedes atacar un problema tan fundamental como este nada más podando las hojas o cortando las ramas”, dijo García Negrete. “Tienes que llegar a las raíces”.

Así que decidió llevar su mensaje a la juventud. Una tarde reciente, decenas de colegiales hicieron fila en el calor del verano para la graduación de primaria, en la cual el alcalde –después de ajustarse el sombrero– dio un discurso.

Tecomán estaba perdiendo sus valores, dijo, las tradiciones que habían mantenido unidas a las familias y lejos a los criminales. Tras secarse la frente, continuó al decir que fuerzas externas estaban afectando el tejido de la comunidad y que los ciudadanos necesitaban redoblar esfuerzos para mantenerse fuertes y unidos.

“Celebramos la vida, no la muerte, acá en Tecomán”, dijo. “Debemos ser arquitectos de nuestras vidas y futuros”.

Las estadísticas del gobierno sobre incidencia delictiva por mes, cuyos registros comenzaron en 1997, sugieren que hay un camino difícil por delante. Mayo y junio pasados rompieron récords de homicidios dolosos en comparación con las últimas dos décadas.

El número total de homicidios de todo México también va en ascenso; ahí también mayo y junio rompieron récords. Este año se encamina a ser el más mortífero desde que hay registro, que comenzó en 2014.

Y en las calles de Tecomán hay cierto sentimiento de audacia. Una noche reciente, un Vokswagen rojo iba corriendo a casi 130 kilómetros por hora; cuatro patrullas persiguieron el auto hasta que un oficial le disparó a una llanta trasera. El conductor luchó con la policía y, ya esposado, le dijo al oficial que lo tenía sometido que se verían de nuevo.

“Ya saben cómo termina y qué les pasa”, dijo, antes de gritarle a un amigo: “¡Ven a matarlos ya! ¡Mátalos!”.

La violencia quizá se ha vuelto algo familiar y conocido. Los restaurantes todavía tienen clientes y las familias celebran bautizos. Las parejas se reúnen en la plaza central en la que los niños juegan fútbol y los ancianos están sentados en las bancas para disfrutar del calor del sol.

Ángela Hernández llevó a su hijo de cinco años a comprar helado. Dijo que cuando se mudó a Tecomán hace una década casi no había homicidios, pero que no se siente atemorizada.

“Realmente solo alcanza a los que están en el mundo criminal”, dijo.

A la pregunta de si le preocupaba que su hijo estuviera creciendo en un ambiente donde la violencia es cotidiana, respondió: “Es mejor que se acostumbre”. Su hijo estaba jugando cerca en el kiosco, y añadió: “Esto no va a cambiar, en nada”.

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