El agua, el interés privado y el nacional

EDITORIAL// Las empresas capitalistas, antagónicas de la propiedad nacional, no velarán jamás por los intereses de la Nación, de la sociedad en su conjunto. El interés particular no es compatible con el nacional.

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2018, 09:38 am

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Buzos de la Noticia

Voces de investigadores, académicos y organizaciones ambientalistas de diversos matices se han manifestado en contra de un muy reciente decreto del Gobierno Federal que abre la posibilidad de la privatización del recurso agua.

Nuestra Carta Magna, en su artículo 27, señala que “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación…” y más adelante, establece:

“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana…”; en dicha ley no existe una sola parte donde se afirme que puede afectarse el interés público para favorecer al privado.

En un país capitalista, los recursos propiedad de la Nación tienden a pasar a manos de particulares. El interés y la propiedad privados menoscaban y llegan a anular los intereses nacionales; las empresas capitalistas, antagónicas de la propiedad nacional, no velarán jamás por los intereses de la Nación, de la sociedad en su conjunto. El interés particular no es compatible con el nacional; todos los recursos nacionales son medios de producción y tienden a pasar a manos de particulares porque los medios de producción en el capitalismo son propiedad privada.

Cualquier ley que se oponga a esta característica, inherente a la sociedad capitalista, pronto se derogará, reformará o simplemente se pasará sobre ella. Los poderosos cuentan con el dinero suficiente para acallar cualquier inconformidad, comprar a jueces, funcionarios o a la autoridad encargada de velar por la aplicación de esa ley.

Hace varias décadas que los gobiernos en turno vienen reglamentando, reformando y hasta cambiando radicalmente el sentido nacionalista de la Constitución, en este caso de la legislación agraria, para privilegiar los intereses de los poderosos dueños del capital.

Este proceso han sufrido las leyes que rigen sobre los recursos principales de la Nación mexicana: la tierra, el agua y el subsuelo; por ejemplo, las normas que rigen la tenencia ejidal y de pequeña propiedad agraria dejaron de respetarse en los hechos y luego han sufrido cambios, primero sutiles y luego abiertos, hasta llegar a los decretos particulares y a reformas completas de la ley que permitieron la penetración del capital y la preponderancia del interés privado sobre el colectivo.

Los grandes corporativos nacionales y extranjeros siempre han tenido en la mira, los cuerpos de agua y los mantos acuíferos del subsuelo mexicano; eliminar las restricciones para su uso comercial e industrial es uno de sus mayores anhelos.

Todo uso del agua en este sentido era ilegal, por ser este recurso patrimonio de la Nación, que solamente podía ser destinado al uso colectivo bajo la administración del Estado; pero recientemente, el Gobierno Federal emitió diez decretos que supeditan a la vieja legislación y abren las puertas a la iniciativa privada para que ésta haga uso de los cuerpos de agua que antes estaban bajo control del Estado mexicano.

De los peligros y negativas consecuencias que podrían acarrear estos decretos y de las críticas a los mismos por parte de individuos y organizaciones enteradas del problema, se ocupa buzos esta semana.