El Congreso y la CEDH no quieren llamar a cuentas a Javier Garfio

**Garfio debería estar sentado ante la Diputación Permanente para explicar a detalle por qué trata a los detenidos cual si fueran bultos. Pero no lo hace porque nadie lo obliga.

La Crónica de Chihuahua
Septiembre de 2015, 16:12 pm

Por: Alejandro Salmón Aguilera/ ahoramismo.mx

La Policía Municipal de Chihuahua quedó en medio de un escándalo a finales del mes pasado cuando cinco de sus agentes obligaron a dos detenidos a que se dieran un beso en la boca a cambio de dejarlos en libertad. Lo que nadie reparó en ese momento, y hasta ahora, es que la imagen que captó uno de los agentes involucrados en esos hechos revelaba una violación más a los derechos humanos de los detenidos, como era el que fueran trasladados a los separos de la policía en la caja de una camioneta “pick up”, cual si fueran material de carga o animales de corral.

El hecho, ya comentado en este espacio, no es asunto menor, porque implica un grave riesgo para la vida de las personas que viajan en la caja de la “trocka”, tanto así que los agentes de tránsito suelen aplicar multas a quienes llevan personas en esos vehículos de carga sin que la caja tenga una redila de protección.

El dato cobra fuerza cuando existe el antecedente de un detenido que era llevado en la caja de una “pick up”, sin protección alguna. Esos hechos ocurrieron en el municipio de San Francisco de Conchos, donde el detenido, lesionado de por sí a causa de los golpes propinados por los agentes que lo detuvieron, cayó de la caja del vehículo donde viajaba sin protección alguna y falleció después a causa de ese percance.

Todo lo anterior viene al tema porque la Presidencia Municipal de Chihuahua recibió la recomendación número No. 2/ 2014 en la cual se le pide al alcalde Javier Garfio Pacheco que sancione a los agentes que detuvieron y golpearon a dos personas, y que aplicara medidas para un traslado digno de los detenidos.

La recomendación data del 30 de abril del año pasado y, a juzgar por las imágenes “subidas” a las redes sociales por el mismo agente que filmó a los detenidos dándose un beso, la caja de la troca, sin protección alguna para los trasladados, sigue siendo el vehículo oficial para llevar a las personas infractoras a los separos de la policía.

En la cláusula tercera de la recomendación, se le pide al alcalde que “en lo futuro una medida alterna para el traslado de los detenidos, misma que no deberá ser en vehículos abiertos”.

Han pasado año y medio y, si el alcalde “buscó”, como dice la recomendación, una forma más digna de traslado, no la ha encontrado.

El desacato de la Presidencia Municipal de Chihuahua a la recomendación es un asunto grave, pero también lo es la parsimonia con la que actúa la Comisión Estatal de Derechos Humanos para aplicar las facultades que tiene cuando un ente obligado no da respuesta satisfactoria a sus recomendaciones.

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el ente que reciba la recomendación informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación.

En su caso, tendrá otros quince días adicionales para presentar pruebas correspondientes de que ha cumplido con la recomendación. En caso de no aceptar la recomendación, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.

Esa obligación no está tan fácil, porque la deben cumplir ante el pleno del Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, para que de manera pública le digan a quien quiera oír por qué desoyeron a la CEDH.

Aquí hay alguien que no ha sido a rendir cuentas. Hay alguien que sigue cometiendo un abuso contra los detenidos y no ha aplicado las medidas señaladas por la CEDH para evitar un accidente mayor o, incluso, una infracción a la ley de tránsito por trasladar personas sin cinturón de seguridad. Aquí hay un Congreso del Estado que no ha querido llamar a cuentas a esa autoridad omisa, y una CEDH que se dio por bien servida con emitir su recomendación.

Javier Garfio debería estar sentado ante la Diputación Permanente para explicar a detalle por qué trata a los detenidos cual si fueran bultos. Debería informar cómo y cuándo sancionó a los agentes abusones, pero no lo hace ¿Por qué habría de hacerlo? Si nadie lo obliga.