Diputados también dañaron al erario por tardarse en dictaminar cuentas públicas

**Llama la atención el hecho de que denuncias se refieren a las administraciones antepasadas en Chihuahua y Juárez, de Álvaro Madero Muñoz (PAN) y José Reyes Ferriz (PRI).

La Crónica de Chihuahua
Octubre de 2015, 18:46 pm

Por: Alejandro Salmón Aguilera/ ahoramismo

La presentación de nueve denuncias penales contra funcionarios de nueve diferentes ayuntamientos -cuyas gestiones ya terminaron- levantó una ámpula que bien pudo evitarse si el Congreso del Estado hubiese ejercido sus facultades de fiscalización en tiempo y en forma, y no con los criterios político-electorales y cuasi policíacos que ha utilizado desde tiempos inmemoriales.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó la semana pasada un paquete de 81 denuncias por irregularidades encontradas en auditorías a 41 ayuntamientos y a 9 organismos descentralizados del Gobierno del Estado, además de a la misma administración central.

Entre los hechos irregulares denunciados, van desde compras y contratos mal asignados; erróneas clasificaciones de gasto y deuda o contratación de personal sin apego a la normatividad establecida, por mencionar las acciones más frecuentes.

Lo que ha llamado la atención desde que el hecho trascendió en medios de comunicación es que las denuncias en cuestión se refieren a las administraciones antepasadas, que en el caso de Chihuahua y Juárez, se trata de las que encabezaron Álvaro Madero Muñoz (PAN) y José Reyes Ferriz, (PRI) respectivamente.

Es decir, que se trata de irregularidades cometidas entre los años 2009 y 2010 y que fueron encontradas por la ASE desde el año 2012 en su práctica normal de revisión de cuentas públicas.

Si los malos manejos de recursos públicos data de hace casi seis años ¿por qué hasta ahora la denuncia?

Nada más para darnos una idea de las consecuencias de esa lentitud para perseguir irregularidades, habría que aplicar el factor inflacionario a alguna de las cantidades gastadas de manera indebida por alguno de esos gobiernos para darse cuenta que el daño al erario ya es mucho mayor a estas alturas que cuando se cometieron.

Aquí un botón de ejemplo: la ASE encontró un pago irregular por una cantidad de $3’145,196.36 en la construcción de las obras de canalización del arroyo El Mimbre. Son 3.1 mdp del año 2009, que a la vuelta de seis años se convertirían en 3.9 mdp si se agregara el 26.34 por ciento de inflación[i] acumulada desde aquel año y hasta septiembre del 2015, cuando se presentó la denuncia.

La pregunta que muchos se hacen y con la cual reclaman su actuación a la ASE es ¿por qué hasta ahora presentar esas denuncias, si ya han pasado tantos años? La respuesta es simple: porque el pleno del Congreso del Estado tardó cinco años en votarlos. Sin aprobar los informes de auditoría, éstos no se podían convertir en dictámenes y, sin ese factor, tampoco se podrían derivar denuncias penales o administrativas.

Quiere decir que la tardanza de los diputados en aprobar las cuentas públicas tiene también un impacto en el erario, pues el hecho de no dictaminar a tiempo los desvíos de recursos genera una depreciación del dinero que podría recuperar el erario.

El ejemplo citado en este texto es pequeño comparado con otros datos encontrados por la ASE en sus auditorías. Si se sumaran todas las cantidades señaladas y se les agregara el factor inflacionario acumulado entre la auditoría y el dictamen del Congreso es enorme. Quiere decir que el manoseo político y electorero de la facultad fiscalizadora también tiene un impacto en el erario. Lo único que falta ahora es fincarle responsabilidades a los diputados que no aprueban a tiempo los informes de la ASE, por el daño que esto causa al erario.

[i] INEGI: Calculadora de inflación