Desigualdad y pobreza en los municipios mexicanos

REPORTAJE ESPECIAL


Desigualdad y pobreza en los municipios mexicanos

La Crónica de Chihuahua
1ro de agosto, 11:03 am

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Martín Morales

En los dos mil 456 municipios de la República Mexicana, desde 1992, se evidencia que el crecimiento de la actividad económica no ha generado desarrollo social, pues más del 50 por ciento de las comunidades permanece en la desigualdad y la pobreza.

Esta situación general se refleja claramente en los resultados de una investigación realizada por el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico Local (Cedel) de Sinaloa, que en diciembre de 2017 descubrió que en Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, los cuatro municipios que, en conjunto, generaban el 83 por ciento del producto interno bruto (PIB) del estado, albergaban al mismo tiempo el 70 por ciento de la población pobre de la entidad.

Desigualdad y pobreza siguen desplegándose por el territorio nacional, independientemente de que se trate del norte o del sur. Si se comparan los estados y municipios del norte, con mayor desarrollo, con los del sur, históricamente marginados, puede verse claramente la desigualdad regional; pero también se agudiza de manera intrarregional en el norte, entre estados y aun de forma interestatal en entidades con evidente potencial económico y municipios con altos niveles de pobreza o con alto crecimiento económico que albergan a una mayoría de habitantes pobres.

Los datos oficiales del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicado a inicios de 2018, revelan un panorama nacional con crecimiento económico desigual en dos mil 456 municipios con altos indicadores de pobreza y desigualdad en las 32 entidades.

Los datos del Cedel indican que en los estados de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla, donde vive la tercera parte de la población mexicana, se concentra el 45 por ciento de los pobres de México. En el caso de Chiapas, el 77 por ciento de sus 124 municipios vive en pobreza; en Oaxaca, el 70 por ciento de sus 570 municipios; en Guerrero, el 64 por ciento de los 81 municipios; en Veracruz, el 62 por ciento de los 212 ayuntamientos; en Puebla, el 59.4 por ciento de sus 217 ayuntamientos; en Sinaloa, 11 de los 18 municipios, con un promedio del 50 por ciento de la población, viven en situación de pobreza, aunque en Cosalá el porcentaje sea del 70 por ciento y en Choix y Badiraguato la situación sea más dramática, pues 80 por ciento de los pobladores se encuentra en pobreza extrema.

La causa de este fenómeno se encuentra en la política económica aplicada desde los años 80 del siglo XX, enfocada a concentrar la riqueza en pocas manos y a descobijar al resto de la población, resultados que se dejan ver en análisis del Inegi del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y en investigaciones especializadas de centros de estudio como El Colegio de México (Colmex), la organización no gubernamental Oxfam y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En su estudio La distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros en México, la Cepal expone: “En 2014, la riqueza total de México ascendió a 76.7 billones de pesos.

El 37 por ciento de ella estaba en manos de los hogares; el gobierno administraba el 23 por ciento, las empresas privadas el 19, las empresas públicas el nueve, el resto poseía el siete por ciento y las instituciones financieras el cinco.

En promedio, cada hogar tendría, si hubiera una distribución equitativa, 900 mil pesos en activos físicos y financieros, monto que sería más que suficiente para que las personas tuvieran una vida holgada. Sin embargo, la repartición era muy desigual.

“Dos terceras partes de la riqueza está en manos del 10 por ciento más rico del país y el uno por ciento de los muy ricos acaparan más de un tercio. La distribución es todavía más desigual en los activos financieros: el 80 por ciento es propiedad del 10 por ciento más rico”, dice el análisis publicado el año pasado.

El doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C., dijo a buzos: “Es evidente que aun en estados con mayores ingresos per cápita hay municipios que tienen mucha pobreza.

La inequidad está presente, lamentablemente, en todo el territorio nacional, en entidades de altos ingresos o no, y lo que pasa es que el bajo crecimiento económico, la informalidad y la precariedad, están exacerbando la inequidad, y ésta viene incrementándose desde la crisis 1994-1995 y se ha ampliado la brecha entre los que tienen mayores y los que tienen menores ingresos”.

Desde la perspectiva del doctor, existe una precarización laboral en la que el gasto social, es decir los programas gubernamentales de apoyo, no alcanzan a subsanar los problemas sociales.

Los especialistas en el problema de la desigualdad y la pobreza coinciden en que para superarlas es fundamental el fomento del trabajo remunerado. Se ha insistido en que contar con un trabajo es el medio para superar la pobreza. Sin embargo, en un reporte sobre desigualdad divulgado en enero pasado, la Oxfam reveló haber observado una agudización del problema de personas que siguen siendo pobres pese a haber encontrado un empleo.

“Es el problema de la precarización del empleo; se crean empleos, pero con bajo nivel salarial; entonces se presenta este fenómeno, de que hay pobreza aun teniendo un ingreso. Evidentemente, si no hubiera ese ingreso precario, la pobreza sería peor; pero es un hecho que desde 2006 la precarización del empleo se ha elevado”, agregó el especialista.

México, una dramática situación

En su informe mundial de enero de 2018, la Oxfam reportó una “dramática situación” de desigualdad en México y detalló: “El ingreso del cinco por ciento más pobre de México es igual al dos por ciento más pobre del mundo.

Al mismo tiempo, el ingreso del cinco por ciento más rico es similar al ingreso del cinco por ciento más rico en países desarrollados. El modelo económico mexicano beneficia solo a las élites económicas.

Con base en las últimas cifras de Forbes, la riqueza de los mexicanos más ricos en 2017 fue de 116 mil millones de dólares: las 10 personas mexicanas más ricas tienen la misma riqueza que el 50 por ciento más pobre de México.

“De este modo es como los grupos de mayor poder económico ejercen influencia desmedida sobre diferentes políticas públicas para mantener sus privilegios. Esto constituye una captura política del Estado. De 1996 a 2016, los niveles de pobreza y desigualdad han permanecido casi constantes. A pesar de un leve avance en el combate a la pobreza, el ingreso de la mayoría de los hogares mexicanos ha caído”, señala el citado informe.

Para ocultar esta realidad se levantan cortinas de humo con una política de desarrollo social basada en la aplicación de seis mil 491 programas vigentes en los niveles federal, estatal y municipal, cuya ejecución no ha impedido el crecimiento de la pobreza ni de la brecha de la desigualdad. El Coneval convocó a revisar con mirada crítica todos esos programas sociales que han resultado ineficaces.

En marzo de 2018, el Coneval reportó que entre 2008 y 2016 los pobres aumentaron en México en casi cuatro millones para alcanzar un total de 53.4 millones de personas en esa condición, de entre los 123.5 millones de habitantes, según la proyección censal 2017 del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Otros estudios de Oxfam (entre ellos el más reciente, titulado Desigualdad Extrema en México) retratan en porcentajes el incremento de la concentración de la riqueza y la ampliación de las desigualdades, de tal forma que en la actualidad el uno por ciento de la población posee el 43 por ciento de la riqueza en el país.

Isabel Cruz Hernández, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social A.C., dijo a este semanario que los programas no han servido para reducir la pobreza y las desigualdades, porque en realidad no han sido elaborados con ese objetivo.

El problema –dijo– reside en su propio diseño, que no responde a formatos técnicos de probada eficacia, sino al objetivo de crear y mantener clientelas políticas.

“Lo mismo Prospera que los apoyos para adultos mayores, mujeres o las becas se enfocan de una manera clientelar. Hay un ejército de delegados de Prospera controlando a las mujeres”, explicó.

Distorsión y saqueo

Al hablar del informe del Cedel, Jorge Rafael Figueroa Elenes, director de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), destacó la existencia de “ayuntamientos mal administrados, sin dirección ni rumbo fijo, pero en los que brotan por todos lados la corrupción y la impunidad. En Sinaloa, como en cientos de municipios del país, en cada administración municipal los recursos son prácticamente saqueados y se dedican a administrar la pobreza, mientras su condición de empobrecidos y endeudados los tiene en un callejón sin salida”.

Especialistas de la organización Oxfam, entre ellos Diego Vázquez Pimentel, estimaron que como van las cosas con la actual política de desarrollo social, la brecha de la desigualdad continuaría ensanchándose en los próximos años y que para revertir completamente esta situación se necesitarían por lo menos 120 años.

En un informe sobre la desigualdad en México, presentado en noviembre de 2017, Vázquez comparó el de los cuatro años anteriores de la administración gubernamental saliente, en los que el ingreso del l0 por ciento de los hogares pobres creció 10 pesos diarios, de 65 a 75 pesos, o calculado de manera individual, 2.72 pesos diarios por integrante de la casa, insuficientes para comprar un kilo de tortillas.

En otro reporte de investigación de Oxfam, Premiar el Trabajo no la Riqueza, concluido apenas este año, investigadores y analistas concluyeron que “actualmente es difícil encontrar un líder político o empresarial que no exprese públicamente su preocupación por la desigualdad. Sin embargo, lo que cuenta son las acciones, no las palabras, y en esto casi todos suspenden.

De hecho, muchos de ellos promueven activamente políticas que contribuyen al aumento de la desigualdad (…) Oxfam y Development Finance International han elaborado un índice que mide los resultados de las políticas adoptadas por 152 gobiernos en ámbitos que podrían contribuir a hacer frente a la desigualdad, poniendo de manifiesto que la mayoría de ellos no hace lo suficiente para cerrar la brecha”.

Crecimiento desigual

El PIB nacional se incrementó en un dos por ciento en 2017, el nivel más bajo desde 2013, incluso menor al estimado por analistas, de 2.1; también fue bajo comparado con el de 2016, que fue del 2.9 por ciento. En 2015, fue de 3.3 por ciento; en 2014, de 2.8; y en 2013, de 1.4 por ciento. En 2017, el estado con mayor crecimiento fue Baja California, con el 12.4 por ciento, muy por encima del dos por ciento nacional.

En 10 entidades el crecimiento fue negativo. Analistas del Inegi atribuyen el incremento en Baja California al dinamismo registrado en la industria de la construcción, el comercio y otros servicios.

El mismo análisis concluye que en 18 entidades federativas hubo crecimiento económico superior al promedio nacional, ubicado para esta medición en 1.9 por ciento. Otros cuatro estados crecieron, aunque por debajo de este promedio nacional. Pero estos crecimientos contrastan con el de algunos municipios.

Desigualdad y pobreza: distribución municipal

El Coneval concluye que de los dos mil 456 municipios del país, 970 tienen índices de pobreza entre el 75 y el 99 por ciento y que más del 50 por ciento de los habitantes de mil 931 municipios, es decir, del 78 por ciento, padece algún grado de pobreza.

La carencia social más recurrente, según el Coneval, es el acceso a la alimentación asociado a los ingresos insuficientes. El criterio de esta dependencia para determinar la pobreza se basa en que una persona cuente o no con suficiente dinero para comprar una canasta básica, y si presenta al menos una carencia social, es decir, alimentación, rezago educativo, salud, seguridad social, espacio de vivienda de calidad o acceso a servicios básicos.

Con base estas mediciones, el municipio más pobre resultó ser Santo Reyes Yacuná, Oaxaca, donde el 99.9 por ciento de sus habitantes es pobre; mientras que Ecatepec, Estado de México, alberga a la mayor cantidad de pobres en un solo territorio municipal, con un total de 786 mil 843 personas, cuyo número equivale al 42.7 por ciento de su población. De los 874 ayuntamientos con población mayoritariamente indígena u originaria, 194 (el 22 por ciento del total) tuvieron porcentajes mayores al 50 por ciento de habitantes en pobreza extrema.

“En el país hay 59 zonas metropolitanas que agrupan a 367 municipios. De ellos, 144 (39 por ciento del total) tuvieron más del 50 por ciento de su población en situación de pobreza en 2015. La mayoría de estos municipios pertenecen a los estados de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. En los municipios que conforman las zonas metropolitanas del país, el porcentaje de pobreza extrema no superó el 30 por ciento.

Sin embargo, porcentajes superiores al 20 por ciento se registran en los municipios urbanos de los estados de Chiapas, México, Oaxaca, Puebla y Veracruz”, reporta el Coneval.

Las condiciones de pobreza generan otros problemas sociales. El Índice de Equidad Territorial (IET) creado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, permite conocer que la tasa de deserción escolar entre los jóvenes se incrementó del 25 al 33.6 por ciento en el 98 por ciento de los municipios, con especial acento en los municipios de Oaxaca. Se halló un aumento en la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, cuyo porcentaje pasó del 24.9 al 33.6 por ciento.

Otro indicador de la desigualdad municipal fue que en 520 de los 570 municipios oaxaqueños aumentó la mortalidad infantil por enfermedades curables o tratables. Los índices más altos de mortalidad, con más de 80 menores fallecidos por cada mil nacidos, se localizaron en Churintzio, Michoacán; Chilcuautla, Hidalgo; y Tlalmanalco, Estado de México.

Este informe también puso al descubierto enormes disparidades municipales en materia educativa. Es el caso de la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, donde la tasa de analfabetismo es menor al uno por ciento, mientras en Cochoapa el Grande, Guerrero, 56 por ciento de la población mayor de 14 años es analfabeta.

El endeudamiento municipal

En los municipios mexicanos con mayor desigualdad y pobreza la carga de la deuda es otro azote, pues se encuentran a merced del sistema financiero internacional. Datos del sistema de supervisión financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), consignan que al finalizar 2017, 93 municipios se encontraban en “alerta amarilla” por su grado de endeudamiento no solo con la banca de desarrollo a cargo del Gobierno Federal, sino también con la banca comercial mundializada y la Bolsa de Valores.

El ocho de noviembre de 2017, la diputada panista Minerva Hernández, presidenta de la Comisión Bicameral en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, reportó que en 15 años, entre 2002 y 2017, la “Deuda Subnacional” de estados y municipios se incrementó en 146.6 por ciento. En 2002, la cantidad era de 166 mil 218 millones de pesos (mdp) y el año pasado llegó a 564 mil 224 mdp.

El estudio Obligaciones Financieras de los Municipios de México al cuarto trimestre de 2017, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, reveló que de 2008 a 2017 la deuda de los ayuntamientos mexicanos se incrementó en el 102.1 por ciento para alcanzar una cifra de 51 mil 470.4 mdp.

Es decir, aumentó a un ritmo del 7.3 por ciento anual. Casi la mitad de esa deuda (el 48 por ciento) estaba comprometida con la banca comercial, dominada por el sistema financiero mundial. Además, el 2.7 por ciento estaba colocada en la Bolsa de Valores y el 4.5 por ciento relacionada con la apertura de fideicomisos no aclarados. El resto constituía deuda interna, contratada con la banca de desarrollo, controlada por el Gobierno Federal.

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