Desenfrenada contaminación industrial

REPORTAJE ESPECIAL/ La Crónica de Chihuahua


Desenfrenada contaminación industrial

La Crónica de Chihuahua
30 de mayo, 17:45 pm

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Martín Morales

Activistas e investigadores especializados en ecología denuncian que la burocracia ambiental de México se limita a recibir pasivamente denuncias contra la contaminación, pero no actúa como verificadora, previsora y protectora contundente de los riesgos que los desechos industriales provocan en la salud y la economía de millones de mexicanos.

En un reporte divulgado el ocho de mayo pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reportó la existencia de cuatro mil 78 sitios contaminados en territorio nacional generados por la actividad industrial, sin que esta dependencia o la Secretaría de Salud (SS) advirtieran de las consecuencias sanitarias para los habitantes de esas zonas.

Carlos Álvarez Flores, activista ecológico desde hace 28 años y dirigente de México, Comunicación y Ambiente A.C, dijo a buzos que la Profepa no tiene una idea cabal de cuántos sitios contaminados existen realmente en México, ni de sus consecuencias, porque se limita a recabar las denuncias recibidas de gobiernos estatales, municipales o de particulares.

Álvarez manifestó que hay 350 mil puntos del territorio mexicano en los que sustancias químicas de alto riesgo están en contacto con el medio ambiente, pero la Profepa solo cuenta con poco más de 500 inspectores, de los que únicamente cuatro o cinco hacen trabajo de campo en cada entidad, pues los demás forman parte de la estructura administrativa.

La exposición a esas sustancias peligrosas o su ingesta, están asociadas directamente con enfermedades del riñón o pulmones, y hasta con la muerte, pero el Gobierno Federal se niega a aceptar este impacto de la contaminación, dijo buzos el abogado Raymundo Espinosa Hernández, representante de la organización civil Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA).

“Sobre el impacto real del incremento de la contaminación en la salud de los mexicanos, nosotros hemos hecho solicitudes de información y lo que nos han respondido es que esto es un tema de seguridad nacional. Entonces en este país no hay acceso a la información oficial en materia de salud relacionada con la contaminación industrial

“El pretexto para el abandono del tema ambiental relacionado con la industria, es la atracción de inversión privada y la generación de empleos. Y digo pretexto porque no está demostrado que se tenga un impacto positivo en la economía mexicana ni en la economía de las regiones en donde operan las empresas que dañan al medio ambiente”, señaló el ambientalista.

En el análisis Industria y medio ambiente, que formó parte del Compendio de Estadísticas Ambientales de 2010, y de la primera edición del Inventario Nacional de Generación de Residuos Peligrosos, elaborado por la Semarnat se destaca: “el impacto ambiental que las industrias tienen sobre el medio ambiente y los recursos naturales ha sido considerable, no tan solo como resultado del crecimiento de la producción sino también gracias a que dicho crecimiento se concentró en sectores de alto impacto ambiental”.

Se reconoce también que debido a la “desigual distribución geográfica de la industria y la dispar presencia de tipos de industrias en cada región, sus efectos ambientales difieren sustantivamente. Se pueden distinguir estados con una alta intensidad de generación de contaminantes con relación a su producto, como parece ser el caso de Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz”.

Paraíso para inversión extranjera

Los especialistas en ecología afirmaron que en México las actividades industriales se realizan prácticamente sin cortapisas en materia medio-ambiental, gracias a lo cual se ha transformado en un “paraíso” para las inversiones extranjeras que requieran lugares, obviamente ajenos a sus territorios, donde puedan soltar libremente su basura tóxica, obtener grandes ganancias a cambio de un puñado de empleos mal pagados.

“Hay un consentimiento expreso; hay complicidad; hay componendas sobre valores entendidos.

No es que el Presidente o un gobernador inviten a los inversionistas y les digan: vengan y no cuiden el medio ambiente; no, eso no les van a decir, pero en niveles más abajo, ya cuando viene la negociación, como hemos visto, hasta les regalan terrenos, vienen las exenciones de impuestos, les regalan el agua, les construyen libramientos carreteros.

Y cuando llegan al punto del cumplimiento de registros, autorizaciones, licencias y permisos, lo que menos importa es el tema ambiental. La Profepa ni siquiera se hace presente para verificar el cumplimiento de las normas ambientales”, señaló Carlos Álvarez.

Cuando la Profepa o las autoridades ambientales de estados y municipios quieren apretar en este rubro, las empresas inmediatamente se quejan, van con el gobernador o hasta con el Presidente de la República, y su advertencia es la misma: si nos siguen presionando, cerramos la empresa y nos la llevamos a otro lado. Y cuando los gobernantes escuchan eso, se quedan pasmados.

Es así como México se ha convertido en un paraíso para las trasnacionales tóxicas. “Por eso hay miles y miles de sitios contaminados en el territorio nacional”, enfatizó Álvarez.

Protección a industrias ecocidas

En el ya citado texto de Semarnat, Industria y medio ambiente, no se menciona la contaminación producida por las cementeras, particularmente la generada por el corporativo trasnacional Cemex, considerada la firma más contaminadora del país por ciudadanos, organizaciones civiles y aun por instituciones oficiales.

El 5 de julio de 2016, Marco Antonio Moreno Gaitán, vocero de la Sociedad Ecologista y México, Comunicación y Ambiente, demandó la actuación de la Semarnat y de la Profepa para verificar a las cementeras asentadas en Tula, Hidalgo y Apasco, Estado de México.

Demandó cambios a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 040 para agilizar las verificaciones, al tiempo que solicitó a la Secretaría de Salud (SS) que diera a conocer detalles sobre el incremento de enfermedades causadas por la contaminación en las comunidades aledañas a esas cementeras.

La firma Cemex es una de las más denunciadas ante autoridades ecológicas municipales, estatales y federales en Jalisco, Guerrero y Puebla; en esta última entidad se han presentado numerosas denuncias por parte de habitantes de las zonas aledañas a la planta instalada en la región de Cholula.

El dos de mayo de 2016, los habitantes de Concepción Pardiñas reportaron al diario poblano El Popular que un insoportable hedor inundaba la comunidad a causa de que el horno de la planta cementera que opera en ésta usaba basura a modo de “combustible”.

El 23 de mayo de 2016, Jorge Tadeo Vargas, activista de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración, denunció la existencia de un convenio entre el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y Cemex para el traslado de 12 mil toneladas diarias de desechos sólidos urbanos -es decir basura común- para su quema en los hornos de las plantas de esta cementera en Puebla y Huichapan, Hidalgo.

Según Tadeo Vargas, el contrato se firmó en 2011 y establece el pago de 140 pesos por tonelada de basura con “valor calórico”; es decir, los desechos que pueden incinerarse: trapos, plásticos, llantas, entre otros, que generan gases tóxicos que contaminan el aire.

Autoridad ambiental negligente

Raymundo Espinosa insistió en que la Profepa no cuenta con el personal necesario para cumplir con sus labores y que, por lo mismo, es indispensable ampliar su capacidad de operación y sus atribuciones legales para prevenir los problemas ambientales.

“La Profepa no tiene la capacidad para verificar todo el territorio nacional, incluso, ellos mismos lo reconocen. Hay tantos asuntos por atender en el país, y no tienen la capacidad para responder a todos; atienden los casos demasiado graves, o sobre los cuales se ha insistido mucho en medios de comunicación; de lo contrario, no tienen ni idea de lo que está pasando”.

El ocho de mayo de este año, Profepa reportó la existencia de cuatro mil 78 sitios contaminados en territorio nacional, de los cuales el 67 por ciento son responsabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los ambientalistas revelaron que estos datos proceden de las denuncias recibidas por la dependencia, ya que su capacidad de operación es muy limitada, pues entre enero de 2013 y enero de 2017, realizó dos mil 182 inspecciones, en dos de cada tres de ellas detectó irregularidades.

Los estados de la República con más focos de contaminación denunciados en 2013 fueron: Jalisco, con 99; Estado de México, 96; Oaxaca, 90; Michoacán, 73; y Puebla, 70. En total, la dependencia recibió mil 541 denuncias, de las que 656 consistieron en tala ilegal de árboles y cambios en el uso del suelo de bosques, selvas y áreas naturales; 181 por daños a la fauna; 149 por la contaminación de la atmósfera; 133 relacionadas con violaciones a la ley ecológica; 122 por emisión de residuos peligrosos; 73 por violación a la zona federal marítimo terrestre y 67 por daños al agua.

En 2015, con base en el Sistema Informático de Sitios Contaminados (Sisco), la Semarnat reportó 635 sitios altamente contaminados en territorio nacional; que el 46 por ciento de éste mostraba degradación ambiental y que en el periodo 2004-2011 se habían producido 1.92 millones de toneladas de residuos peligrosos.

En febrero de 2015, la Profepa registró seis mil 500 sitios contaminados, entre los cuales 20 mostraban alto grado de toxicidad a consecuencia del vertido, depósito o enterramiento de 167 millones de metros cúbicos de residuos formados por sustancias químicas relacionadas con actividades industriales, mineras, extracción de hidrocarburos y explotación agrícola. Los focos de contaminación se ubicaban en los estados de Sonora, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Durango Jalisco, Guanajuato y Veracruz.

Efectos nocivos del neoliberalismo

“Con el pretexto de que harán inversiones y aumentará la oferta de empleos, se promueve que empresas extranjeras vengan a nuestro país. Sin embargo, en lo que hay que fijarse es en que, a partir del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), se establecieron dos pilares importantes para las inversiones de estos países en México:

Uno es el tema de la desregulación de la explotación de la fuerza de trabajo (reforma laboral) y el otro la desregulación en materia ambiental. Estas dos son las fuentes de riqueza, la naturaleza y el trabajo, y éstos fueron los pilares en torno a los cuales se construyó el TLCAN”, denunció Raymundo Espinosa.

“En los hechos, no ha habido un interés real por proteger los derechos de los trabajadores ni la soberanía energética de la Nación, y tampoco sobre los riesgos ambientales que esto provocaría.

Al contrario, tal parece que lo que ofrece el gobierno mexicano a los inversionistas externos es un espacio al que pueden venir a tirar su basura tóxica, a causar daños ambientales, no en su país, con lo cual a quienes ponen en riesgo es a nosotros.

La política de cuidado del medio ambiente ha sido secundaria y aplicada a cuenta gotas; la autoridad solamente actúa en casos muy escandalosos y sus intervenciones no son suficientes en relación con la magnitud del impacto negativo causado”, agregó el activista.

Miriam Alfie Cohen, investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirma en su trabajo Conflictos socio-ambientales: la minería en Wirikuta y Cananea, de 2015, lo siguiente: “Mientras las empresas sigan viendo en México un sitio de inversión libre, sin ningún castigo o sanción frente al daño; mientras puedan pagar multas que no afectan sus ganancias; mientras los diferentes niveles de gobierno sigan permitiendo abrirse de par en par sin ninguna restricción o legislación realmente eficiente que propine fuertes castigos al contaminador, las empresas seguirán edificando sus acciones a partir de un discurso de ‘responsabilidad social’ que no convence a los habitantes locales, ofreciendo empleos temporales, mal pagados y de alto riesgo y judicializando la protesta, desconociendo los intereses de diversos actores sociales y profundizando el conflicto”.

Alto costo ambiental

En su análisis Industria y medio ambiente, la Semarnat hace alusión a algunas emisiones industriales contaminantes de mayor impacto ambiental, pero no cita entre ellas a las cementeras, las más tóxicas:

“Destacan entre los giros industriales que más afectan el ambiente la petroquímica básica, la química y la industria metalúrgica, que en total pueden representar más de la mitad de la contaminación generada por el sector. En materia de residuos peligrosos, las industrias química, metalúrgica y automotriz son los sectores industriales con mayor generación, les siguen la industria eléctrica y la de alimentos”.

En esta aproximación a un inventario de emisiones contaminantes, se dice que la siderúrgica realiza descargas ácidas a sistemas de agua, así como polvos, gases y humos expulsados al aire, que son derivados del carbón.

La minería genera riesgos de contaminación en su fase de explotación, especialmente cuando opera presas de jales y se producen escurrimientos y arrastres de residuos minero-metalúrgicos peligrosos, de alta afectación ambiental, y también cuando descarga aguas residuales, materiales y sustancias peligrosas. Sus emisiones al aire se producen durante los procesos de fundición y refinación.
La industria minero-cuprífera provoca efectos contaminantes en el agua mediante descargas ácidas, de metales y cianuro de sodio, aceites lubricantes utilizados y sólidos suspendidos; y en el aire a través de partículas de polvo derivadas de su proceso industrial. La industria de la celulosa, elaboradora del papel, contamina el agua con materia orgánica y sustancias cloradas, así como el aire debido a sus procesos de combustión.

Con respecto a la industria petrolera, la Semarnat dice que contamina fundamentalmente a través de la petroquímica o refinación de petrolíferos –gasolinas, aceites, plásticos, etc.– pero no especifica el tipo de contaminantes emitidos, aunque resalta que sus actividades generan altos niveles de contaminación y deterioro del medio ambiente.

También resalta que la industria peletera, dedicada a la conversión de pieles de animales en productos artesanales, contamina mediante la emisión de los residuos que se desprenden del “descarne” o “raspa” de los cueros, de su corte y aun de su coloración: éstas son sustancias, generalmente sales, materiales orgánicos, grasas, pelos, taninos vegetales y sintéticos que vierten en el aire y el agua en polvos, gases y humos.

La industria azucarera, además de las emisiones derivadas del consumo del combustóleo que se usa para llevar a cabo su proceso industrial, genera descargas de materia orgánica como bagazo, cachaza y vinazas.

Minería, pobreza y devastación

En su investigación Conflictos socio-ambientales: la minería en Wirikuta y Cananea (UAM-2015), Alfie Cohen expone: “(…) El Banco Mundial (BM) y otras instituciones financieras internacionales promueven las actividades mineras en países menos desarrollados como un mecanismo para el desarrollo económico y el combate a la pobreza.

El BM ha ayudado a financiar importantes proyectos mineros, y en algunos casos es partícipe de ellos. Sin embargo, hay muy poca evidencia de que la minería contribuya a reducir la pobreza. Un estudio de Michael Ross (2001) para Oxfam América, muestra cómo los países poseedores de importantes recursos minerales son los más pobres del mundo”.

“(…) Lejos de que la minería proporcione ganancias a la población local y extermine la pobreza a su paso, solo conlleva una serie de conflictos de destrucción de especies endémicas, de uso de químicos que afectan a la población, de riesgos por ‘accidentes’ y la presencia de importantes conflictos sociales entre diversos sectores. (…)”.

En Sonora, particularmente en la emblemática región de Cananea, la contaminación provocada por la minería es muy evidente. En noviembre de 2015, los habitantes de esta población padecieron una lluvia ácida derivada de los residuos peligrosos emitidos por la Mina de Buenavista del Cobre, principal productora de ese metal en México, propiedad del Grupo México, encabezado por Germán Larrea Mota Velasco, uno de los hombres más ricos del país.

El seis de octubre de 2014, este complejo minero derramó 40 mil metros cúbicos de químicos tóxicos al río Bacanuchi, los cuales vertieron en el río Sonora.

La organización Greenpeace México denunció que esos 40 mil metros cúbicos de tóxicos eran producto de una descarga de lixiviados mineros que contenían sulfato de cobre mezclado con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados (aluminio, cadmio, cobre, manganeso, níquel, arsénico), sumamente dañinos para el entorno ecológico y para una 22 mil personas que habitan en lugares colindantes con los ríos Bacanuchi y Sonora en los municipios de Hermosillo, Baviácora, Ures, Banamichi, Aconchi, Arizpe y San Felipe.

Sobre los daños a la salud humana, Greenpeace señaló que estos químicos mezclados en el agua provocan daños renales, hepáticos, pulmonares, reproductivos y neurológicos; dan origen a padecimientos como cáncer en diversas partes del cuerpo y pueden causar la muerte inmediata, por ejemplo en caso de una ingesta de arsénico.

Este riesgo sanitario no desaparecerá antes de cinco años; es decir, no antes de 2019. Debido a ello, la Profepa impuso al Grupo Minero México la ridícula multa de 40 millones de pesos y la obligación de monitorear la calidad del agua del río Sonora cada quince días. Es decir, el transgresor de la ley ambiental solo fue condenado a mantenerse al tanto de que sus actos irresponsables no ocasionen daños a la población mientras el riesgo continúa latente.

Unos días después del derrame de Buenavista del Cobre hubo otra descarga de contaminantes derivada de la mina de la empresa Proyecto Magistral, en el municipio de El Oro, Durango, cuyo principal contenido fueron dos mil metros cúbicos de agua mezclados con cianuro, un tóxico famoso por su capacidad letal. Las consecuencias sanitarias de esta acción se desconocen hasta ahora.

Greenpeace destacó en fecha reciente que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el 70 por ciento de los ríos mexicanos tienen algún grado de contaminación y que las autoridades mexicanas np están haciendo prácticamente nada para revertir esta situación, debido tanto a la permisibilidad misma de las leyes vigentes como de la facilidad con que las instituciones toleran estas acciones criminales a cambio de resarcimientos pecuniarios como si se tratara del pago de multas de tránsito.

“Lo que se pone frente a frente es la producción económica ante la naturaleza, el medio ambiente. Lo que han hecho es desarrollar sus versiones de economía verde, programas internacionales, sustentabilidad, que en realidad no resuelven el problema, que tratan de esconderlo, se hacen reparaciones superficiales, pero no tienen el objetivo de atender las causas de fondo”, comentó finalmente Raymundo Espinosa, de la ANAA.

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