Del reformismo constitucional, a la Larga Distancia

Javier Corral Jurado/ Columna Rotafolio

La Crónica de Chihuahua
Julio de 2014, 16:07 pm

Ejemplo ilustrativo de los limitados alcances que logró la legislación secundaria de Telecomunicaciones y radiodifusión, en relación con los principios establecidos en la reforma constitucional, es la manera en que los defensores de la nueva ley se han concentrado en destacar la eliminación del cobro de Larga Distancia en las llamadas telefónicas, como el beneficio más importante para los ciudadanos. Ahora resulta que la gran reforma constitucional antimonopólica y todo el esfuerzo legislativo reglamentario condujo a la mejora de un plan tarifario de telefonía, nuevas especificidades técnicas para los equipos terminales y portabilidad numérica. Signo inequívoco del ridículo al que ha sido sometido el Congreso, a manos del reinstalado presidencialismo autoritario. No le fue permitido desarrollar, ya no digamos ampliar, los preceptos constitucionales sobre derecho a la información y la democratización de los medios de comunicación y ahora está desatado el clientelismo legislativo con la telefonía.

Una profusa campaña de magnificación y engaño sobre los beneficios de la legislación en Telecomunicaciones está puesta en marcha. Se dicen verdades a medias y francas mentiras, se abulta el contenido de la propaganda con medidas que no vienen en la ley, o corresponden a las disposiciones transitorias del decreto constitucional que las obligó de manera automática e inmediata, como la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta con cobertura nacional y una cadena de carácter público.

Hay nado sincronizado en el conjunto de los medios de comunicación para resaltar beneficios que ya se venían consiguiendo por la vía administrativa, y también para ocultar las debilidades, regresiones, desventajas y achicamientos de la ley. Por su puesto han aparecido muchos padres y madres de la propuesta de eliminar la larga distancia; gana esa carrera del oportunismo político, la Senadora priísta Graciela Ortíz González, quien se declaró autora de la iniciativa, por encima de decenas de éstas en la última década en ambas cámaras del Congreso. Pero dejemos ese lance como una irreverencia al absolutismo presidencial que todo lo concibió en su proyecto.

Refugiados en el nuevo paquete de telefonía que oferta como el acto más valiente de afectación al monopolio de América Móvil, la campaña priísta comete errores garrafales. Es importante desmenuzarlos para que se vea que, incluso en lo que se anuncia como "logros", hay una tomadura de pelo a muchos: "el cambio de número y de compañía se realizará gratuitamente y en un máximo de 24 horas", lo que se conoce como portabilidad numérica y acontece en el país por lo menos desde hace seis años, en que cualquier usuario puede llevarse su número a otra compañía. "Los equipos de telefonía se entregarán desbloqueados, para que sean utilizados con cualquier operador", otra medida que también se obligó desde hace más de dos años en la norma oficial mexicana 184. Lo que no dice la publicidad priísta es que ahora la ley acotó ese desbloqueo del equipo terminal y se realizará "cuando lo pague de contado, liquide su costo o venza el plazo inicial de contratación", pues nomas eso faltaba: que liquidado el equipo no le dieran la clave de desbloqueo.

No hay duda que eliminar la larga distancia es un ahorro para los usuarios, el PRI lo calcula en 19 mil millones de pesos anuales; pero anunciarlo como el mayor avance después de veinte años, es un acto de cinismo político, porque esa eliminación de marras, como el proceso de regulación más lento de cuantos se le han impuesto a la telefonía fue prohijado por varios de los que recién se convirtieron en impulsores de la legislación. Pero la hipocresía es mayor cuando el principal asalto en despoblado a la gente, el redondeo telefónico, no se eliminó, como falsamente lo afirma el gobierno, su partido y varios de sus cómplices en la oposición. La unidad del segundo para medir la duración de las llamadas telefónicas quedó opcional a los concesionarios, y no como debiera ser, una obligación. En el artículo 204 se otorgó libertad tarifaria y ello permite que puedan cobrar por segundo, por llamada, por evento o por minuto, estará sujeto a los planes que ofrezcan, como lo dice el artículo 207: "En el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y los autorizados deberán incluir dentro de su oferta comercial, planes y tarifas, el cobro por segundo, sin perjuicio de otros planes que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad". Obviamente esta medida afectaría parejo a todos los operadores telefónicos, y también en ello se protegió al duopolio de la Televisión, fusionado en Iusacell. El ahorro del paquete telefónico pudo haber sumado otros 37,000 millones de pesos, pero hasta allá no llegó la valentía legislativa.

Están apuntados en la propaganda gubernamental otros "avances" como el de la "multiprogramación". Por ignorancia o simple ausencia de rubor se destaca que "Con el uso de tecnología digital se podrán ofrecer más canales de televisión abierta". Se omite decir que otorgados a los mismos concesionarios y sin la obligación del pago de una contraprestación por la multiplicación del valor comercial que harán del espectro, reforzando además la brutal concentración de medios en unas cuantas manos.