Criminal, el posible traslado de jales a Epazoyucan

**Epazoyucan es un municipio con apenas 13 mil 800 habitantes, y el proyecto de Minera del Norte no podría generar empleos bien pagados, además la instalación sólo comportaría riesgos sanitarios y ambientales muy graves para la población.

La Crónica de Chihuahua
Abril de 2017, 19:21 pm

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René Díaz

El proyecto para trasladar de los municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma a Epazoyucan 120 millones de toneladas de jales –residuos metálicos con medio milenio de antigüedad– podría causar un desastre ambiental en perjuicio de la salud de por lo menos un cuarto de millón de habitantes de la región sur del Estado de Hidalgo, advirtieron activistas e investigadores especializados en ecología.

La remoción de dichos escombros, explicaron, implicaría la liberación en partículas de polvo muy fino de elementos altamente contaminantes como cianuro, mercurio, cadmio, arsénico y plomo, que además de provocar gravísimas enfermedades terminales como el cáncer, podrían dañar severamente los recursos hídricos, la atmósfera, la flora y la fauna de esa región hidalguense.

Pero adicional al elevado riesgo de ecocidio derivado de la eventual traslación de los jales se agregan dos acciones que ameritan la mayor descalificación moral: su autorización por parte del gobierno federal y el objetivo oculto del proyecto de remoción: utilizar el terreno donde ahora están ubicados esos residuos en la construcción de un multimillonario desarrollo inmobiliario.

El verdadero negocio que hay detrás del proyecto, denunció Francisco Patiño Cardona, investigador, no está en el rescate del poco oro o la plata aún dispersos en los residuos mineros, sino en las dos mil hectáreas de terreno que quedarían liberadas y que la Minera del Norte vendería a 10 mil pesos el metro cuadrado, según el mercado inmobiliario.

Los primeros jales del negocio

Las voces de alerta contra el proyecto se dieron hace por lo menos tres años cuando se conoció que la Compañía Real del Monte y Pachuca había vendido los jales a la empresa Minera del Norte, perteneciente al grupo regiomontano Altos Hornos de México (AHM), misma que solicitó el permiso de traslado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Sin embargo, Yolanda Ubilla Islas, integrante de la Asociación para la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan (APTBE), comentó a buzos que en 2010 fue cuando ella y algunos de sus compañeros escucharon los primeros comentarios sobre el proyecto de traslado de los residuos a esa demarcación, aunque fue hasta el 2014 cuando se hizo pública la intención.

La activista resalta que cuando se adentró en el tema y buscó la asesoría de especialistas, entre ellos Francisco Patiño Cardona, pudo percatarse de la gravedad del proyecto de traslación de esos residuos y de inmediato la población de Epazoyucan comenzó a integrarse en la APTBE a fin de oponerse y defender su salud y la de los demás municipios que se verían perjudicados con la traslación.

Ubilla Islas dice que pese a que los estudios científicos advierten inviabilidad del proyecto de la Minera del Norte, la delegación de la Semarnat en Pachuca otorgó los permisos correspondientes para verificar el traslado y que si éste no se ha concretado se debe a la movilización de la población hidalguense y a que la presidencia municipal de Epazoyucan no ha otorgado el permisos de cambio de uso de suelo al terreno donde la compañía pretende colocar los jales de Pachuca y Mineral de la Reforma.

Para el investigador Patiño Cardona y el dirigente de la Sociedad Ecologista Hidalguense (SEH), Marco Antonio Moreno Gaytán, detrás de la pretensión de remover los residuos se encuentra un gran negocio inmobiliario, pues de retirarse los 120 millones de toneladas de jales quedarían liberadas dos mil hectáreas de terreno que podrían venderse a un costo promedio de 10 mil pesos el metro cuadrado.

Moreno Gaytán precisó que la empresa regiomontana se propone construir en estos predios desarrollos habitacionales destinados a familias de ingresos altos dirigidos a la clase alta, toda vez que en dicha área no se construye vivienda de interés social. Además, según estimaciones mineralógicas, los jales solo contienen unas10 toneladas de oro y poco más de dos mil de plata, cuya onza troy fluctúa entre los 18 y 20 pesos.

Es decir, enfatizó Moreno Gaytán, el proyecto real de la Minera del Norte y Altos Hornos de México es hacer negocio con la venta de terrenos, obviamente sin que le importe en lo mínimo la depredación ambiental que la remoción de los jales provocaría en la salud y el medio ambiente de los habitantes de Pachuca, Mineral de la Reforma y Epazoyucan, donde depositaría aquellos en un terreno de 400 hectáreas.

Una historia de 500 años

Los residuos en cuestión, de acuerdo con Patiño Cardona, proceden de las explotaciones mineras de la Colonia Española iniciadas en la región de Pachuca, Real del Monte y Mineral del Chico en el año 1552 por cuenta de mineros que utilizaron mano indígena esclava para extraer fundamentalmente plata y en menor proporción oro.

Durante más de 350 años, la tecnología utilizada en las haciendas de beneficio consistió en recuperar la plata mediante el uso de mercurio, elemento químico en extremo contaminante que afectó los ríos, los arroyos y tierras de las tierras de las poblaciones mineras. Este metal es altamente tóxico y destruye los sistemas neuronal y nervioso, produce sordera, ceguera y anencefalia.

El sistema de “beneficio de patio” fue sustituido en esa región hidalguense en 1896 cuando empezó a utilizarse el cianuro para el lavado o lixiviado de minerales –preponderantemente plata en el caso de Pachuca y Real del Monte– método que requiere de elevados volúmenes de agua y que, por lo mismo, genera contaminación de fluidos de superficie y mantos acuíferos.

El uso del cianuro es hoy muy socorrido y su presencia recurrente en regiones mineras –especialmente en las auríferas– provoca en los pobladores enfermedades de los sistemas cardiovascular y nervioso central, así como en el hígado, los riñones y la piel.

Los jales están compuestos en un 70 por ciento con sílice o cuarzo en polvo fino y su contacto produce en las personas silicosis, problema médico que puede provocar la muerte. Este mineral es en extremo punzocortante y puede cortar el acero. Pero además de sílice, el “jale” contiene mercurio, plomo, arsénico y cadmio.

Por ello, Moreno Gaytán, doctor en ciencias químicas especializado en materiales metálicos por la Universidad de Barcelona, considera que el eventual traslado de los jales puede “remover elementos sumamente contaminantes y cancerígenos como el cadmio, arsénico, plomo y mercurio. Su liberación permitiría que el agua de la lluvia se los lleve a mantos acuíferos y con ello contaminar las aguas y el aire, porque es un polvo muy fino que causa severos problemas a la salud, sobre todo a los pulmones”.

Necesaria una consulta pública

El experto responsabiliza a las autoridades del Medio Ambiente de la posible creación de un escenario de riesgo inédito y propone que el gobierno del estado de Hidalgo cumpla en este caso –como no lo ha hecho en otros– con la normatividad vigente que obliga a la organización de una consulta pública para que sean los ciudadanos quienes decidan sobre este proyecto que puede afectar la vida de decenas de miles de personas.

En la población de Epazoyucan, además de gran preocupación entre los ciudadanos, hay molestia profunda hacia las autoridades porque en lugar de defender a la población en riesgo posible de afectación, han autorizado éste y no han entregado siquiera la información indispensable sobre el mismo, violando con ello sus derechos a la salud, a su vida y al conocimiento del problema ambiental implicado.

Yolanda Ubilla Islas responsabiliza a la Semarnat y a la empresa regiomontana de haber violentado su derecho a conocer integralmente el proyecto de traslación de los jales y reveló que solo en una ocasión su organización social tuvo contacto con ésta en 2016 a instancias del gobierno estatal de Hidalgo.

En esa oportunidad, la Minera del Norte se limitó a hablar del traslado y a aseverar que éste no comportaba ningún riesgo sanitario por el cual la ciudadanía debiera preocuparse.

“Lo que ellos no sabían –comentó la activista a buzos– es que nosotros ya nos habíamos informado y que conocíamos el grave daño que nos puede ocasionar una presa de jales en la comunidad. Además, estamos al tanto de que el proyecto requiere de millones de litros de agua y que del uso de ésta pueden desprenderse también muchos daños”.

La activista reveló que a cambio de que el municipio acepte el depósito de los jales en las 400 hectáreas ya citadas –el terreno está muy cercano a la cabecera municipal– ofrece 309 plazas a especialistas en minería, lo que evidentemente no atrae a las autoridades porque dichos trabajos no se desarrollarían en Epazoyucan sino en otros municipios del estado de Hidalgo.

Epazoyucan es un municipio muy pequeño con apenas 13 mil 800 habitantes, de los cuales el 44.4 por ciento son campesinos pobres y el proyecto de Minera del Norte difícilmente podría generar empleos suficientes y bien pagados, además de que su instalación solo comportaría riesgos sanitarios y ambientales muy graves para la población.

La activista destaca que el proyecto prevé varios puntos que inevitablemente afectarían el entorno de su municipio y también al de Pachuca: el traslado de los 120 millones de toneladas; la instalación de una planta de tratamiento; la colocación de una cubierta de membrana que no aguantaría los cinco años programados y la disposición de grandes volúmenes de agua, lo que plantearía severos problemas para Pachuca.

Patiño Cardona sugiere una posible remoción de los jales con riesgos mínimos de contaminación mediante el uso de tiosulfato en la conversión de la arenisca seca en pulpa fluida –tecnología alternativa a la que utiliza cianuro- y su posible utilización en el relleno de los tiros y socavones mineros que hay en Pachuca que frecuentemente provocan hundimientos en algunas partes de la capital hidalguense.

Con esta solución se evitaría la generación de nubes de polvo-jal en Pachuca y las comunidades sociales que median entre esta ciudad y Epazoyucan y la instalación de una “presa de jales” en esta población, donde la contaminación de sílice y los metales pesados (plomo y arsénico) sería permanente, advirtió Patiño.

Moreno Gaytán dijo que los 500 años de explotación minera en Hidalgo han provocado muchos desastres naturales irreversibles en grandes extensiones de tierra con la complacencia, indiferencia y falta de compromiso de las autoridades gubernamentales para oponerse a los negocios privados.

El investigador y ambientalista dijo que la minería “se ha convertido en uno de los grandes enemigos del país” y afirmó categóricamente que la “venta” que la Minera del Norte está haciendo del proyecto de traslado de jales como un programa sustentable “es una mentira, pues el trabajo minero jamás será sustentable, ni amigable”.
Yolanda Ubilla Islas aseveró que los engaños y el ocultamiento de información sobre el caso de Epazoyucan han sido evidentes y deliberados, ya que su organización debió recurrir a Infomex para conocer el proyecto y que solo hasta que se formuló una solicitud de información pudo enterarse que éste ya había sido autorizado por la Semarnat.

Explicó que a las autoridades parece no importarles lo que la población tiene que saber para prevenirse contra los riesgos de salud que puede correr, y citó como ejemplo de negligencia criminal el hecho de que la “presa de jales” de Epazoyucan está ubicada “a unos metros de un arroyo, con lo cual se contaminarían los mantos freáticos y se pondría en riesgo la salud de todas las personas que pudieran consumir esa agua”.

“Las autoridades del Medio Ambiente se defienden al asegurar que la decisión de otorgar los permisos fue una disposición de oficinas centrales, pero en Epazoyucan no cederemos ante la empresa ni ante las autoridades, porque ello sería vender la salud y el futuro de nuestros hijos. Y eso aquí no pasará”, dijo la activista.

Las acciones de activismo de la APTBE incluyen el uso de redes sociales a través de la plataforma charge.org para la concesión de las 10 mil firmas que hasta ahora ha logrado reunir para sus demandas con documentación, sus denuncias públicas en los niveles estatal, nacional e internacional y sus convocatorias a marchas y manifestaciones contra el proyecto ecocida de la Minera del Norte.