Concesionan cárceles y propician mano de obra esclava

**En 2012, el gobierno federal inaugurará ocho nuevos centros penitenciarios privados concesionados a poderosos grupos empresariales como Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la Constructora y Edificadora GIA.

La Crónica de Chihuahua
Febrero de 2012, 13:46 pm

Por Martín Morales

Este año, el Gobierno federal inaugurará ocho nuevas cárceles que no serán como las que se conocen, sino centros penitenciarios privados concesionados a poderosos grupos empresariales de la talla de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la Constructora y Edificadora GIA.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la inversión privada en los nuevos penales federales será de 32 mil 822 millones de pesos.

La adjudicación se efectuó con base en Contratos de Prestación de Servicios (CPS) por 22 años, y el proyecto fue diseñado por Protego Asesores, empresa del exsecretario de Hacienda Pedro Aspe Armella.

Lo más preocupante para José Luis Cisneros, especialista en sistema penitenciario y criminología, es que estas instituciones se regirán por las leyes del mercado, es decir, leyes del lucro. “Es una especie de privatización de la justicia”, dijo el experto en entrevista.

En el marco de la lucha contra el crimen organizado, el número de presuntos delincuentes y presos sentenciados se ha incrementado a un grado tal que las 337 cárceles que existen en México registran un promedio de saturación del 134 por ciento.

La sobrepoblación penitenciaria, propiciada en gran parte por la lentitud en la administración de la justicia (40 por ciento de los 231 mil 510 reclusos están en prisión preventiva), podría incrementarse con la privatización de cárceles, toda vez que los empresarios privados hallarían un jugoso negocio en la concesión de centros penitenciarios a 22 o hasta a 40 años.

La justificación para privatizar las cárceles consiste en que la manutención de los reclusos es demasiado cara (en junio se calculó la cifra en 34 millones de pesos diarios) y en que los tres niveles de Gobierno han sido incapaces de contener la ola de fugas masivas. Tan sólo en 2010 y 2011 hubo ocho evasiones grupales por año. La más grande de 2011 fue de 59 internos, quienes se fugaron del penal de Nuevo Laredo el 15 de julio, y antes, el 17 de diciembre de 2010, se evadieron de esa misma cárcel 141 reclusos.

Los inversionistas

A partir del segundo semestre de 2012, se pondrán en marcha las primeras cárceles concesionadas a empresas particulares, y se sumarán a las seis que actualmente son operadas directamente por el Gobierno federal. Con esto comenzará una transformación del sistema penitenciario nacional.

Lo relevante es que las concesionarias son las empresas Ingenieros Civiles Asociados (ICA), de Bernardo Quintana Isaac, cuyo inversionista estrella es Carlos Slim; Constructora y Edificadora GIA, S.A de C.V., propiedad de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas; Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), de Antonio Boullosa Madrazo y Olegario Vázquez Raña; Homex, encabezada por Eustaquio de Nicolás, uno de los líderes del mercado de la construcción de vivienda; Tradeco, de Federico Martínez Salas, exfuncionario de Pemex, y Arendal (asociada a la estadounidense ARB en 1997), de José de Jesús García Vázquez. Otros centros penitenciarios se terminarían después, concesionados a Copachisa, subsidiaria de Cementos Chihuahua, S.A. de C.V., encabezada por Federico Terrazas, y CIMSA, de Alberto Schroeder.

Los ocho nuevos centros tendrán capacidad para dos mil 500 internos en promedio, y su costo unitario ronda los cuatro mil millones de pesos (mdp). El de Chiapas lo edifica Arendal, con una inversión de cuatro mil 426 mdp; en Guanajuato construye ICA, con tres mil 749 mdp, y el de Sonora, también ICA, con tres mil 796 mdp. Otras son Homex, en Morelos; Prodemex, en Durango y Michoacán; Tradeco, en Coahuila, y GIA, en Oaxaca.

Además, habrá una cárcel de “supermáxima seguridad” ubicada en Papantla, Veracruz, para 256 internos. Este tipo de presidios recibirán a los internos procesados por delitos federales que se encuentran dispersos en cárceles del fuero común de diversas entidades.

José Luis Cisneros, especialista en el sistema penitenciario y criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), dijo a buzos que el objetivo es consolidar una industria penitenciaria en la que los empresarios se hagan cargo de edificar y operar las cárceles de acuerdo con patrones de manejo confidencial de Estado pero con una lógica de rendimiento comercial de fondo.

En adelante podría aplicarse el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) –creado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)–, que fue aprobado por el Congreso de la Unión en diciembre de 2011 para que las empresas puedan obtener una concesión hasta por 40 años y generar negocios alternos a la obra principal con el visto bueno del Gobierno que concesiona.

De acuerdo con José Luis Cisneros, las empresas estarán facultadas para cobrar al Estado por los servicios que ofrezcan en los centros de reclusión, incluyen y operan las cárceles es hacer negocio, y una de las formas de hacerlo es usar la mano de obra de los presos, con lo cual producen un esclavismo con tiendas de raya –porque legalmente los internos no pueden recibir paga en efectivo– sustentado en un presunto ejercicio de la ley.

“Es una gran irresponsabilidad. Se abrirá la puerta a más violaciones de los derechos humanos en el interior de los penales. Los problemas del sistema penitenciario, como la sobrepoblación, no se resolverán con esto; al contrario”.

El especialista en sistema penitenciario hizo ver que la sobrepoblación en las cárceles –uno de los argumentos para abrirlas a la participación privada– es consecuencia de la mala administración de la justicia: es demasiado lenta y condena a personas que por el nivel de sus delitos no deberían estar internadas.

Saturación costosa

De acuerdo con la SSP, el sistema carcelario estatal ha sido superado en su capacidad. Los datos oficiales indican que las 337 cárceles que hay en el territorio nacional registran un 134 por ciento en promedio de saturación.

La población de internos pasó de 86 mil en 1994 a 231 mil 510 en 2011; la mayoría de ellos –93 por ciento– está ahí por delitos del fuero común, como robo, lesiones, daños en propiedad ajena, fraude, abuso de confianza, secuestro, violación y homicidio. El siete por ciento restante corresponde especialmente a reclusos federales por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro; otros, por delitos fiscales y ataques a las vías de comunicación.

Las entidades donde se concentra la sobrepoblación, además del Distrito Federal, son el Estado de México, Sonora, Jalisco y Baja California. En el caso de la capital del país, el índice de saturación de los reclusorios es del 21 por ciento, en tanto que el de las otras entidades mencionadas es del 50 por ciento.

Según los especialistas, el alto costo de la manutención de presos en las cárceles es consecuencia de la inoperante prisión preventiva. A México le cuesta dos mil millones de pesos al año la manutención de presos no sentenciados. De acuerdo con el estudio Los
mitos de la prisión preventiva en México, de Guillermo Zepeda Lecuona con el apoyo del Open Society Institute, “la prisión preventiva en México es indebida, injusta y costosa”.
El académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) precisa que el uso indiscriminado de la prisión preventiva contradice el texto constitucional y las leyes internacionales: “Más del 40 por ciento de las personas señaladas como probables responsables son encarceladas”.

En 2009 había 95 mil 407 internos en prisión preventiva (41.5 por ciento) y 134 mil 508 sentenciados (58.5 por ciento). “La prisión preventiva es en muchos casos injusta. Cada año, alrededor de 50 mil personas –uno de cada cuatro imputados– que inicialmente fueron señaladas por el ministerio público son dejadas en libertad al no comprobarse su responsabilidad. Muchas de ellas fueron privadas de su libertad, por lo cual perdieron la salud, la familia y el trabajo”.

Según los números de la investigación de Guillermo Zepeda, para agosto de 2009 ya había una saturación promedio de 134 por ciento en las cárceles del país, aunque en algunas la saturación se elevó a 270 por ciento, especialmente con internos en condiciones de prisión preventiva, cuyo costo de manutención era de 140 pesos, es decir, 13 millones de pesos diarios.

En adelante podría aplicarse el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) –creado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)–, que fue aprobado por el Congreso de la Unión en diciembre de 2011 para que las empresas puedan obtener una concesión hasta por 40 años y generar negocios alternos a la obra principal con el visto bueno del Gobierno que concesiona.

De acuerdo con José Luis Cisneros, las empresas estarán facultadas para cobrar al Estado por los servicios que ofrezcan en los centros de reclusión. En adelante podría aplicarse el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) –creado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)–, que fue aprobado por el Congreso de la Unión en diciembre de 2011 para que las empresas puedan obtener una concesión hasta por 40 años y generar negocios alternos a la obra principal con el visto bueno del Gobierno que concesiona.

“Lo más preocupante –dijo– es que se consolida una especie de privatización de la justicia”. La aplicación de la justicia y la adjudicación de penas carcelarias se regirán de acuerdo con las leyes del mercado y del lucro.

Mano de obra entre rejas

“El interés empresarial es mantener un número suficiente de reclusos en sus cárceles –apuntó Cisneros– para asociarse con empresas, ofrecer la mano de obra disponible y aprovecharse de los prácticamente nulos derechos laborales de los internos”. De ahí que se intensifique el negocio de la manufactura de piezas, de tal forma que las corporaciones nacionales y trasnacionales coloquen plantas en el interior de los penales privados a fin de que los concesionarios de los centros penitenciarios obtengan ganancias.

Se trata de una conversión de fondo, que traspasa la responsabilidad de las cárceles a empresas particulares, como sucede en Estados Unidos desde la década de los años 80. El lado negro en aquel país es la promoción del encarcelamiento preventivo de indocumentados latinos para convertirlos en mano de obra de las corporaciones que operan en los centros carcelarios privatizados.

Está a punto de hacerse realidad lo que hace tres años parecía sólo ficción en la serie televisiva Capadoccia, de HBO Latino: el negro trasfondo de una cárcel construida y operada por una empresa que esclaviza a los internos y los somete a los intereses comerciales.

“La prisión preventiva queda evidenciada como una práctica en expansión que ha sido utilizada irracional e indiscriminadamente”, describe Zepeda Lecuona en su estudio.

Los derechos de los presos se ven amenazados con la entrada de capital privado a los centros de reclusión porque implica proyectos comerciales para darles rentabilidad financiera a sus administradores. Un corporativo no ve una cárcel como un centro de readaptación social.
Para José Luis Cisneros, las cárceles privadas representan un retroceso al siglo XIX, con su formato de trabajos esclavizantes.